47 procesos contra el ex fiscal Luis Camilo Osorio duermen el sueño de los justos
Si la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se dedicara de tiempo completo a estudiarlos, la tarea podría llevarse el equivalente a dos períodos legislativos.
Si la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se dedicara de tiempo completo a estudiarlos, la tarea podría llevarse el equivalente a dos períodos legislativos.
Revista Cambio (www.cambio.com.co/792/index.html), No. 792, 3 de septiembre de 2008;
Si la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se dedicara de tiempo completo a estudiar los procesos contra el ex fiscal Luis Camilo Osorio, la tarea podría llevarse el equivalente a dos períodos legislativos, pues son 47 expedientes relacionados con investigaciones penales y disciplinarias que comprometen al hoy embajador en México. Causas promovidas por ex fiscales que trabajaron bajo sus órdenes, veedores cívicos, congresistas, ciudadanos del común e incluso la Corte Suprema de Justicia, tribunal que participó en su elección para el período 2001-2005.
Varias de sus actuaciones en la Fiscalía General lo rondan como un fantasma y con frecuencia salen del baúl para atizar la hoguera del escándalo. La preclusión que bajo su administración le fue declarada a la investigación contra el general (r) Rito Alejo del Río, sindicado por nexos con los paramilitares en la época más aciaga de la violencia en Urabá, es hoy motivo de un debate impulsado por la Procuraduría que intenta evitar que la figura de la "cosa juzgada" se convierta en garantía de impunidad para numerosos crímenes que serían imputables a Del Río. El auto inhibitorio concedido al ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus por el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, llevó recientemente a la Corte Suprema de Justicia a pedirle a la Comisión de Acusación que siga las huellas que podrían llevar a descubrir un prevaricato.
La infiltración de los paramilitares en la Dirección Seccional de Fiscalías de Norte de Santander durante el período de Ana María Flórez, conocida como 'La Batichica', y en la Dirección Seccional del Valle mediante gente de la cuerda de narcotraficantes aliados de Iván Urdinola, son todavía casos no resueltos sobre los cuales el ex fiscal Osorio tendría que dar explicaciones ante su juez natural.
CAMBIO obtuvo una relación detallada de los expedientes -37 penales y 10 disciplinarios-, de los cuales el 95 por ciento reposa enmohecido en los anaqueles. Y es que las actuaciones de la Comisión de Acusación no siguen un curso regular, sino que se han movido al vaivén de los escándalos.
La causa más adelantada tiene que ver con una denuncia por indignidad y mala conducta que presentó el senador del Polo Gustavo Petro -una piedra en el zapato de Osorio- por posible favorecimiento a los paramilitares. Este proceso y otro por injuria y calumnia, presentado por el mismo Petro después de que el ex Fiscal lo acusó de haber infiltrado a la Fiscalía para conseguir informantes, están a cargo del representante liberal Germán Olano. Pero no solo son los más avanzados, son también los que se refieren a los cargos más graves. El resto está engavetado (ver recuadro).
Los testigos que hasta hoy han declarado en relación con el tema del paramilitarismo coinciden en señalar a Osorio como responsable directo de la infiltración de la Fiscalía en sectores críticos. El ex Fiscal se defiende diciendo que no estuvo al tanto de esos asuntos porque legalmente estaba obligado a respetar la autonomía de sus fiscales en la toma de decisiones.
Elsida Molina Méndez, una abogada que se vinculó en 1992 a la Fiscalía y quien se retiró en 2003 cuando se desempeñaba como fiscal de segunda instancia en Cúcuta, declaró bajo juramento ante la Comisión que Osorio era amigo y protector de la directora seccional de la Fiscalía en Norte de Santander, Ana María Flórez, y que la mantuvo en el cargo pese a que su relación con organizaciones criminales era un secreto a voces.
Según Molina y otros testigos, antes de que 'La Batichica' huyera a comienzos de 2004, se registraron hechos muy graves en su jurisdicción, incluidas las muertes violentas de los fiscales Rosario Silva y Carlos Arturo Pinto, encargados de las más delicadas investigaciones sobre violación de derechos humanos, y quienes fueron asesinados por paramilitares con los cuales solía reunirse Flórez. Entre la lista de víctimas de la época también figuran David Corzo, jefe de investigación de la Fiscalía seccional, y el propio esposo de la directora seccional, Alfredo Flórez Ramírez.
Desde finales de 2007, cuando Osorio rindió indagatoria por primera vez, los investigadores no han suspendido la búsqueda de testigos calificados. Entre esos potenciales testigos está la ex fiscal María Lucía Luna, despedida por Osorio pocos días después de que ella decidiera la detención del general Del Río, en julio de 2001. Pedro Díaz, ex director de la Unidad de Derechos Humanos, y uno de los afectados por la poda que Osorio hizo en esa unidad, ha dicho desde su exilio que está dispuesto a aportar a la Comisión de Acusación toda la información que tiene disponible sobre todas estas presuntas actuaciones irregulares.
Pese a la gravedad de las imputaciones contenidas en los procesos, Osorio no ha considerado la posibilidad de dejar la misión diplomática para enfrentar los cargos. Para su abogado, Jaime Granados, la presunción de inocencia está vigente en todos los procesos y él y su cliente se tomarán el tiempo necesario para desvirtuarlas.
ENGAVETADOS
Las denuncias contra el ex fiscal Luis Camilo Osorio por prevaricato son las más rezagadas en la Comisión de Acusación de la Cámara. Una de ellas -expediente No. 1357- está radicada desde el 21 de agosto de 2003 y no hay evidencia de que el representante de Convergencia Ciudadana a cargo de la investigación, Carlos Arturo Quintero Marín, haya hecho algo para tramitarla.
Por el mismo delito hay un proceso radicado el 30 de agosto de 2003, que aun está en fase preliminar. Su responsable es el representante conservador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar. Y uno por prevaricato por omisión, en manos del liberal Jaime Enrique Durán, duerme en su escritorio desde el 9 de septiembre de 2004.
De los 10 procesos disciplinarios, ninguno ha sido resuelto.
Varias de sus actuaciones en la Fiscalía General lo rondan como un fantasma y con frecuencia salen del baúl para atizar la hoguera del escándalo. La preclusión que bajo su administración le fue declarada a la investigación contra el general (r) Rito Alejo del Río, sindicado por nexos con los paramilitares en la época más aciaga de la violencia en Urabá, es hoy motivo de un debate impulsado por la Procuraduría que intenta evitar que la figura de la "cosa juzgada" se convierta en garantía de impunidad para numerosos crímenes que serían imputables a Del Río. El auto inhibitorio concedido al ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus por el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, llevó recientemente a la Corte Suprema de Justicia a pedirle a la Comisión de Acusación que siga las huellas que podrían llevar a descubrir un prevaricato.
La infiltración de los paramilitares en la Dirección Seccional de Fiscalías de Norte de Santander durante el período de Ana María Flórez, conocida como 'La Batichica', y en la Dirección Seccional del Valle mediante gente de la cuerda de narcotraficantes aliados de Iván Urdinola, son todavía casos no resueltos sobre los cuales el ex fiscal Osorio tendría que dar explicaciones ante su juez natural.
CAMBIO obtuvo una relación detallada de los expedientes -37 penales y 10 disciplinarios-, de los cuales el 95 por ciento reposa enmohecido en los anaqueles. Y es que las actuaciones de la Comisión de Acusación no siguen un curso regular, sino que se han movido al vaivén de los escándalos.
La causa más adelantada tiene que ver con una denuncia por indignidad y mala conducta que presentó el senador del Polo Gustavo Petro -una piedra en el zapato de Osorio- por posible favorecimiento a los paramilitares. Este proceso y otro por injuria y calumnia, presentado por el mismo Petro después de que el ex Fiscal lo acusó de haber infiltrado a la Fiscalía para conseguir informantes, están a cargo del representante liberal Germán Olano. Pero no solo son los más avanzados, son también los que se refieren a los cargos más graves. El resto está engavetado (ver recuadro).
Los testigos que hasta hoy han declarado en relación con el tema del paramilitarismo coinciden en señalar a Osorio como responsable directo de la infiltración de la Fiscalía en sectores críticos. El ex Fiscal se defiende diciendo que no estuvo al tanto de esos asuntos porque legalmente estaba obligado a respetar la autonomía de sus fiscales en la toma de decisiones.
Elsida Molina Méndez, una abogada que se vinculó en 1992 a la Fiscalía y quien se retiró en 2003 cuando se desempeñaba como fiscal de segunda instancia en Cúcuta, declaró bajo juramento ante la Comisión que Osorio era amigo y protector de la directora seccional de la Fiscalía en Norte de Santander, Ana María Flórez, y que la mantuvo en el cargo pese a que su relación con organizaciones criminales era un secreto a voces.
Según Molina y otros testigos, antes de que 'La Batichica' huyera a comienzos de 2004, se registraron hechos muy graves en su jurisdicción, incluidas las muertes violentas de los fiscales Rosario Silva y Carlos Arturo Pinto, encargados de las más delicadas investigaciones sobre violación de derechos humanos, y quienes fueron asesinados por paramilitares con los cuales solía reunirse Flórez. Entre la lista de víctimas de la época también figuran David Corzo, jefe de investigación de la Fiscalía seccional, y el propio esposo de la directora seccional, Alfredo Flórez Ramírez.
Desde finales de 2007, cuando Osorio rindió indagatoria por primera vez, los investigadores no han suspendido la búsqueda de testigos calificados. Entre esos potenciales testigos está la ex fiscal María Lucía Luna, despedida por Osorio pocos días después de que ella decidiera la detención del general Del Río, en julio de 2001. Pedro Díaz, ex director de la Unidad de Derechos Humanos, y uno de los afectados por la poda que Osorio hizo en esa unidad, ha dicho desde su exilio que está dispuesto a aportar a la Comisión de Acusación toda la información que tiene disponible sobre todas estas presuntas actuaciones irregulares.
Pese a la gravedad de las imputaciones contenidas en los procesos, Osorio no ha considerado la posibilidad de dejar la misión diplomática para enfrentar los cargos. Para su abogado, Jaime Granados, la presunción de inocencia está vigente en todos los procesos y él y su cliente se tomarán el tiempo necesario para desvirtuarlas.
ENGAVETADOS
Las denuncias contra el ex fiscal Luis Camilo Osorio por prevaricato son las más rezagadas en la Comisión de Acusación de la Cámara. Una de ellas -expediente No. 1357- está radicada desde el 21 de agosto de 2003 y no hay evidencia de que el representante de Convergencia Ciudadana a cargo de la investigación, Carlos Arturo Quintero Marín, haya hecho algo para tramitarla.
Por el mismo delito hay un proceso radicado el 30 de agosto de 2003, que aun está en fase preliminar. Su responsable es el representante conservador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar. Y uno por prevaricato por omisión, en manos del liberal Jaime Enrique Durán, duerme en su escritorio desde el 9 de septiembre de 2004.
De los 10 procesos disciplinarios, ninguno ha sido resuelto.
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