Estado de los derechos humanos en Venezuela/JORGE CASTAÑEDA
Como si Hugo Chávez no contara ya con suficientes problemas -la caída del precio del petróleo, la expulsión del embajador de Estados Unidos en Venezuela, y la del venezolano en Washington, el registro de su país por cuarto año seguido en la lista negra norteamericana de cómplices del narcotráfico, el estallido inflacionario local, y las dudas sobre la suerte de su partido en las próximas elecciones- recibe un nuevo golpe. El 18 de septiembre, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, de cuya Junta Directiva me confieso orgullosamente miembro) hizo público en Caracas un informe demoledor sobre Una década de Chávez. Describe, analiza y condena las repetidas amenazas, restricciones y violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el triunfo chavista en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. El subtítulo del informe lo dice todo: "Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Por fin una organización seria, independiente y acreditada en el mundo, se aboca a este tema en Venezuela, y emite una opinión fundamentada y desprovista de estridencias o exageraciones.
El informe de HRW, dado a la luz en la capital venezolana por José Miguel Vivanco (a quien nadie puede acusar de chavofobia; se ha convertido en un némesis de Álvaro Uribe por su oposición al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos), se centra en cinco grandes capítulos del estado que guardan la democracia, la justicia y la libertad en la cuna del libertador. Aunque no alcanzó a incorporar los últimos atropellos de Chávez al inhabilitar a centenares de candidatos de oposición, incluyendo a Leopoldo López, el alcalde de Chacao y probable triunfador en los comicios por la Alcaldía Mayor de Caracas de haber podido contender, HRW enumera el conjunto de episodios de "discriminación política" cometidos por el Gobierno desde 1998. Proporciona ejemplos concretos, contrasta estos hechos tanto con los derechos inscritos en la Constitución venezolana de 1999 (ya redactada por el propio Chávez) como con los tratados internacionales firmados por el país desde tiempo atrás. La discriminación política consiste, ante todo, en la aplicación de criterios políticos (es decir, de filochavismo) a la contratación, despidos, otorgamiento de créditos en las empresas o actividades del Estado, y sobre todo, al funcionamiento de la empresa petrolera PDVSA.
El segundo capítulo se refiere a la situación del poder judicial, y cómo, paulatinamente, Chávez ha ido subordinando al poder político a los jueces y tribunales venezolanos, en franca violación de la Constitución y de los instrumentos internacionales y regionales (como la Convención Americana de Derechos Humanos y la CartaDemocrática Interamericana, firmada por el Gobierno de Chávez). La reciente ratificación por el Tribunal Supremo de la inhabilitación de los candidatos opositores constituye un nuevo y grave ejemplo de esta subordinación.
Como lo ha sido la actuación de los tribunales en los conflictos relativos a los medios de comunicación, el tercer capítulo del informe de Human Rights Watch. Para la ONG, la polarización de los medios, el endurecimiento de los delitos que penalizan expresiones determinadas, la regulación de los contenidos de los medios, el control sobre la difusión de radio y televisión, y la falta de protección judicial a la libertad de expresión, representan manifestaciones del carácter cada vez más antidemocrático del régimen chavista, en un ámbito decisivo. El informe de HRW muestra no sólo las cortapisas impuestas a la libertad de expresión en Venezuela, sino también la forma en que se han ido legalizando las restricciones, al avalarlas el poder judicial.
La estructura del siguiente apartado, a saber, aquel dedicado a la libertad sindical y al desempeño de los sindicatos, es la misma. En primer término, HRW expone las obligaciones contraídas al respecto por el Estado venezolano ante la comunidad internacional: tratados y principalmente convenios de la OIT; inmediatamente después, explica las disposiciones legales internas, para luego denunciar cómo durante de "la década de Chávez" se han ido mermando los derechos sindicales. Tanto en lo referente a la libertad de asociación, como de huelga y de negociación colectiva, así como a las represalias ejercidas contra los trabajadores de PDVSA que se fueron al paro en 2003, el informe documenta los abusos, las intenciones y la "falta de protección judicial de la libertad sindical". En un país con una tradición sindical -corporativista, en ocasiones corrupta y burocrática, sin duda, pero combativa y democrática también- se trata de un retroceso mayúsculo.
Por último, Human Rights Watch aborda el tema de la sociedad civil, con la misma óptica: las normas internacionales y venezolanas vigentes, los atropellos contra defensores de derechos humanos, ONG, los ejemplos de abuso judicial y, de nuevo, las limitaciones a la protección judicial. Este capítulo resulta tal vez el más importante, porque conduce a las conclusiones que se desprenden de esta labor excepcional.
Ya lo han dicho otros colaboradores en estas páginas. La sociedad civil venezolana, de tiempo atrás una de las más dinámicas y vigorosas de América Latina, ha resistido hasta ahora con éxito a la embestida autoritaria de Hugo Chávez. Venezuela hoy no es una dictadura; no es Cuba, no es Chile bajo Pinochet, no es Arabia Saudí. Pero esto no se debe a las buenas intenciones de su presidente, sino más bien al contrario: a la fuerza y firmeza de una oposición desunida en lo político y electoral (hasta hace poco), pero feroz en la defensa de sus conquistas civiles de antaño. No sólo esa sociedad rechazó las pretensiones autoritarias de Chávez en el referéndum de diciembre; no sólo echó abajo la refundación del aparato de inteligencia y seguridad; no sólo protestó contra el cierre de RCTV y logró que en Internet cuente con un público superior a otras televisoras; sobre todo ha sabido mantener, a pesar de todo, la vigencia de las libertades. Pero, como lo demuestra de manera palmaria Human Rights Watch, nada está escrito. La tentación, la deriva, la ambición, están todas presentes.
La segunda conclusión reside en la importancia de la normatividad jurídica internacional. HRW insiste una y otra vez en que a través de los abusos descritos, el Gobierno de Chávez viola compromisos internacionales contraídos libremente por su país. En todo caso por ello, aún si aceptáramos la tesis castro-chavista-priísta de que la soberanía nacional se sitúa por encima de valores universales como los derechos humanos, la firma de dichos instrumentos por Venezuela hace que lo que en ese país suceda no sea únicamente asunto de los venezolanos. Incumbe a todos los Gobiernos y ciudadanos de los países que también suscribieron esos tratados, y que se acogen a ellos cuando han agotado instancias jurídicas internas sin lograr defender sus derechos fundamentales. Cuando Chávez viola repetidamente el derecho a la protección judicial consagrado en un sinnúmero de convenciones, arremete no sólo contra los venezolanos, sino contra todos aquellos que en algún momento necesitarán, o requirieron de, dichas convenciones. Como alguien que, hace unas semanas, logró que, por primera vez en la historia, el Estado mexicano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar, justamente, su derecho a la protección judicial inscrito en el artículo 25 del llamado Pacto de San José, hablo con conocimiento de causa.
El segundo capítulo se refiere a la situación del poder judicial, y cómo, paulatinamente, Chávez ha ido subordinando al poder político a los jueces y tribunales venezolanos, en franca violación de la Constitución y de los instrumentos internacionales y regionales (como la Convención Americana de Derechos Humanos y la CartaDemocrática Interamericana, firmada por el Gobierno de Chávez). La reciente ratificación por el Tribunal Supremo de la inhabilitación de los candidatos opositores constituye un nuevo y grave ejemplo de esta subordinación.
Como lo ha sido la actuación de los tribunales en los conflictos relativos a los medios de comunicación, el tercer capítulo del informe de Human Rights Watch. Para la ONG, la polarización de los medios, el endurecimiento de los delitos que penalizan expresiones determinadas, la regulación de los contenidos de los medios, el control sobre la difusión de radio y televisión, y la falta de protección judicial a la libertad de expresión, representan manifestaciones del carácter cada vez más antidemocrático del régimen chavista, en un ámbito decisivo. El informe de HRW muestra no sólo las cortapisas impuestas a la libertad de expresión en Venezuela, sino también la forma en que se han ido legalizando las restricciones, al avalarlas el poder judicial.
La estructura del siguiente apartado, a saber, aquel dedicado a la libertad sindical y al desempeño de los sindicatos, es la misma. En primer término, HRW expone las obligaciones contraídas al respecto por el Estado venezolano ante la comunidad internacional: tratados y principalmente convenios de la OIT; inmediatamente después, explica las disposiciones legales internas, para luego denunciar cómo durante de "la década de Chávez" se han ido mermando los derechos sindicales. Tanto en lo referente a la libertad de asociación, como de huelga y de negociación colectiva, así como a las represalias ejercidas contra los trabajadores de PDVSA que se fueron al paro en 2003, el informe documenta los abusos, las intenciones y la "falta de protección judicial de la libertad sindical". En un país con una tradición sindical -corporativista, en ocasiones corrupta y burocrática, sin duda, pero combativa y democrática también- se trata de un retroceso mayúsculo.
Por último, Human Rights Watch aborda el tema de la sociedad civil, con la misma óptica: las normas internacionales y venezolanas vigentes, los atropellos contra defensores de derechos humanos, ONG, los ejemplos de abuso judicial y, de nuevo, las limitaciones a la protección judicial. Este capítulo resulta tal vez el más importante, porque conduce a las conclusiones que se desprenden de esta labor excepcional.
Ya lo han dicho otros colaboradores en estas páginas. La sociedad civil venezolana, de tiempo atrás una de las más dinámicas y vigorosas de América Latina, ha resistido hasta ahora con éxito a la embestida autoritaria de Hugo Chávez. Venezuela hoy no es una dictadura; no es Cuba, no es Chile bajo Pinochet, no es Arabia Saudí. Pero esto no se debe a las buenas intenciones de su presidente, sino más bien al contrario: a la fuerza y firmeza de una oposición desunida en lo político y electoral (hasta hace poco), pero feroz en la defensa de sus conquistas civiles de antaño. No sólo esa sociedad rechazó las pretensiones autoritarias de Chávez en el referéndum de diciembre; no sólo echó abajo la refundación del aparato de inteligencia y seguridad; no sólo protestó contra el cierre de RCTV y logró que en Internet cuente con un público superior a otras televisoras; sobre todo ha sabido mantener, a pesar de todo, la vigencia de las libertades. Pero, como lo demuestra de manera palmaria Human Rights Watch, nada está escrito. La tentación, la deriva, la ambición, están todas presentes.
La segunda conclusión reside en la importancia de la normatividad jurídica internacional. HRW insiste una y otra vez en que a través de los abusos descritos, el Gobierno de Chávez viola compromisos internacionales contraídos libremente por su país. En todo caso por ello, aún si aceptáramos la tesis castro-chavista-priísta de que la soberanía nacional se sitúa por encima de valores universales como los derechos humanos, la firma de dichos instrumentos por Venezuela hace que lo que en ese país suceda no sea únicamente asunto de los venezolanos. Incumbe a todos los Gobiernos y ciudadanos de los países que también suscribieron esos tratados, y que se acogen a ellos cuando han agotado instancias jurídicas internas sin lograr defender sus derechos fundamentales. Cuando Chávez viola repetidamente el derecho a la protección judicial consagrado en un sinnúmero de convenciones, arremete no sólo contra los venezolanos, sino contra todos aquellos que en algún momento necesitarán, o requirieron de, dichas convenciones. Como alguien que, hace unas semanas, logró que, por primera vez en la historia, el Estado mexicano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar, justamente, su derecho a la protección judicial inscrito en el artículo 25 del llamado Pacto de San José, hablo con conocimiento de causa.
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