No pensé en nada, ni en salvar la vida": superviviente matanza Tlatelolco
Publicado en EcoDario.es; 1/10/2008
"En ese momento no pensé en nada, ni en salvar la vida. En ese instante observas, observas. Sólo empiezas a considerar los riesgos sufridos mucho tiempo después", relata Rául Álvarez Garín, al describir su fotografía mental de la matanza de Tlatelolco, hace 40 años.
Es el recuerdo de su incredulidad al ver que soldados y paramilitares mexicanos estaban disparando contra miles de estudiantes que, como él, se manifestaban el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) en Ciudad de México.
Inspirado en las revueltas izquierdistas que ese año agitaron al mundo, el movimiento estudiantil mexicano se movilizaba contra la represión del Estado, que estaba concentrado en ofrecer al mundo una fachada de paz social ante el inicio de los Juegos Olímpicos 10 días después.
No era la primera vez que los jóvenes fueron atacados, pero sus temores no alcanzaban para sospechar la matanza que se avecinaba aquella tarde, por la cual 40 años después ningún responsable ha penado un día de cárcel.
"Estábamos prevenidos de persecuciones, detenciones y eventualmente alguna acción de violencia con resultados fatales. Pero no una acción militar de esa magnitud", admitió en una entrevista con la AFP Garín, entonces un dirigente del Consejo Nacional de Huelga que encabezaba el movimiento estudiantil.
Se desconoce el número de muertos pero los cálculos oscilan entre los 44 de la versión oficial y al menos 300, según investigaciones independientes.
"Una estimación con bases firmes te indica que en las primeras dos horas y media de la matanza se dispararon 70.000 cartuchos percutidos. Es una cantidad brutalmente excedida", recriminó Garín, quien fue detenido aquella tarde.
Se calcula que había unos 8.000 hombres y mujeres jóvenes y niños en la plaza aunque los militares siempre defendieron que únicamente se arremetió contra una treintena de guerrilleros camuflados.
Rodolfo Echeverría era aquellos años un militante del Partido Comunista y estuvo en la plaza aquella tarde, pero una oportuna cita le obligó a marcharse y dejar a su mujer en la manifestación, que se preveía tranquila.
"Yo me enteré de todo a la la noche por la televisión. Mi mujer llegó y me contó que ella y una hermana lograron huir de la explanada y esconderse en un departamento de un edificio cercano. Una mujer les abrió. Dentro ya había más gente", rememora Echeverría, de 72 años, en una entrevista con la AFP realizada en la misma plaza de las Tres Culturas.
Echeverría, quien hoy es funcionario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, asegura que antes de la masacre, el Estado había tolerado la febril actividad política de una juventud ávida de libertades.
Meses antes, "la Ciudad de México vivió la democracia más amplia porque andaban los jóvenes en los barrios, en las oficinas, en las fábricas, en las calles distribuyendo e informando todo lo que era el movimiento" estudiantil, explica.
Echeverría fue detenido tres meses después y, como Garín, fue conducido en un primer momento a un centro militar.
"Los interrogatorios se desarrollaron en todos los casos bajo una presión física y psicológica directa. Todos los interrogatorios pueden ser calificados de tortura", denunció Garín.
Ningún militar pagó por ello y los maltratos se convirtieron en un tema tabú, incluso por la propia voluntad de los supervivientes.
"Al ser cuestionados, la mayoría de los detenidos negó haber sido torturados. Nuestro machismo nos obligaba a hacernos los duros, a decir que lo aguantamos, a no admitir ante los demás que tuvimos miedo", desarrolló.
Cuatro décadas después el dolor persiste entre supervivientes y allegados, hoy transformado en impotencia y preocupación porque la memoria de la matanza no se pierda.
Como creen que la impunidad goza de buena salud en México, los activistas opinan que el camino hacia la justicia está más allá de sus fronteras.
"Este 40 aniversario no es el momento de dar un carpetazo (cerrar) al asunto. Es el preámbulo de los juicios internacionales. Lo que aquí dicen que no es prueba, afuera no tienen duda de que lo es", definió Garín.
En cambio, Rodolfo Echeverría discrepa. "El problema no es encarcelar o no a Luis Echeverría (entonces ministro del Interior y luego presidente, acusado de genocidio). Él se va a morir señalado como un represor 'cabrón' criminal. Lo importante es que se sepa lo que hizo la policía y el ejército contra la sociedad. No pueden meter la cabeza en un hoyo pretendiendo que aquello no sucedió". gbv/ol/dk
"En ese momento no pensé en nada, ni en salvar la vida. En ese instante observas, observas. Sólo empiezas a considerar los riesgos sufridos mucho tiempo después", relata Rául Álvarez Garín, al describir su fotografía mental de la matanza de Tlatelolco, hace 40 años.
Es el recuerdo de su incredulidad al ver que soldados y paramilitares mexicanos estaban disparando contra miles de estudiantes que, como él, se manifestaban el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) en Ciudad de México.
Inspirado en las revueltas izquierdistas que ese año agitaron al mundo, el movimiento estudiantil mexicano se movilizaba contra la represión del Estado, que estaba concentrado en ofrecer al mundo una fachada de paz social ante el inicio de los Juegos Olímpicos 10 días después.
No era la primera vez que los jóvenes fueron atacados, pero sus temores no alcanzaban para sospechar la matanza que se avecinaba aquella tarde, por la cual 40 años después ningún responsable ha penado un día de cárcel.
"Estábamos prevenidos de persecuciones, detenciones y eventualmente alguna acción de violencia con resultados fatales. Pero no una acción militar de esa magnitud", admitió en una entrevista con la AFP Garín, entonces un dirigente del Consejo Nacional de Huelga que encabezaba el movimiento estudiantil.
Se desconoce el número de muertos pero los cálculos oscilan entre los 44 de la versión oficial y al menos 300, según investigaciones independientes.
"Una estimación con bases firmes te indica que en las primeras dos horas y media de la matanza se dispararon 70.000 cartuchos percutidos. Es una cantidad brutalmente excedida", recriminó Garín, quien fue detenido aquella tarde.
Se calcula que había unos 8.000 hombres y mujeres jóvenes y niños en la plaza aunque los militares siempre defendieron que únicamente se arremetió contra una treintena de guerrilleros camuflados.
Rodolfo Echeverría era aquellos años un militante del Partido Comunista y estuvo en la plaza aquella tarde, pero una oportuna cita le obligó a marcharse y dejar a su mujer en la manifestación, que se preveía tranquila.
"Yo me enteré de todo a la la noche por la televisión. Mi mujer llegó y me contó que ella y una hermana lograron huir de la explanada y esconderse en un departamento de un edificio cercano. Una mujer les abrió. Dentro ya había más gente", rememora Echeverría, de 72 años, en una entrevista con la AFP realizada en la misma plaza de las Tres Culturas.
Echeverría, quien hoy es funcionario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, asegura que antes de la masacre, el Estado había tolerado la febril actividad política de una juventud ávida de libertades.
Meses antes, "la Ciudad de México vivió la democracia más amplia porque andaban los jóvenes en los barrios, en las oficinas, en las fábricas, en las calles distribuyendo e informando todo lo que era el movimiento" estudiantil, explica.
Echeverría fue detenido tres meses después y, como Garín, fue conducido en un primer momento a un centro militar.
"Los interrogatorios se desarrollaron en todos los casos bajo una presión física y psicológica directa. Todos los interrogatorios pueden ser calificados de tortura", denunció Garín.
Ningún militar pagó por ello y los maltratos se convirtieron en un tema tabú, incluso por la propia voluntad de los supervivientes.
"Al ser cuestionados, la mayoría de los detenidos negó haber sido torturados. Nuestro machismo nos obligaba a hacernos los duros, a decir que lo aguantamos, a no admitir ante los demás que tuvimos miedo", desarrolló.
Cuatro décadas después el dolor persiste entre supervivientes y allegados, hoy transformado en impotencia y preocupación porque la memoria de la matanza no se pierda.
Como creen que la impunidad goza de buena salud en México, los activistas opinan que el camino hacia la justicia está más allá de sus fronteras.
"Este 40 aniversario no es el momento de dar un carpetazo (cerrar) al asunto. Es el preámbulo de los juicios internacionales. Lo que aquí dicen que no es prueba, afuera no tienen duda de que lo es", definió Garín.
En cambio, Rodolfo Echeverría discrepa. "El problema no es encarcelar o no a Luis Echeverría (entonces ministro del Interior y luego presidente, acusado de genocidio). Él se va a morir señalado como un represor 'cabrón' criminal. Lo importante es que se sepa lo que hizo la policía y el ejército contra la sociedad. No pueden meter la cabeza en un hoyo pretendiendo que aquello no sucedió". gbv/ol/dk
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A 40 años de la matanza de Tlatelolco el silencio estatal perdura en México
13:32 - 1/10/2008
A 40 años de la matanza de Tlatelolco, los responsables murieron o se hicieron viejos, pero ninguno ha pagado ante la justicia la brutal represión ocurrida el 2 de octubre de 1968 contra estudiantes mexicanos que dejó al menos 44 muertos, según cifras oficiales.
La impunidad es la línea que une a estos 40 años en los "que no se ha logrado ni en el tiempo moderno, ni con la experiencia lamentable y la llaga abierta del movimiento del 68, terminar o disminuir a niveles más lógicos de la impunidad que vive el país" dijo a la AFP José Antonio Ibáñez, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El 2 de octubre de 1968 a las 18h00 cientos de militares mexicanos dispararon contra los manifestantes cuando unos 8.000 integrantes del movimiento estudiantil se encontraban reunidos en la plaza de Las Tres Culturas (o Tlatelolco) en la capital mexicana.
La refriega duró hasta la medianoche dejando un número aún indeterminado de muertos entre estudiantes, vecinos, militares y policías, así como 2.360 personas detenidas.
La madrugada del 3 de octubre de 1968 un vocero de la presidencia informó que había 20 muertos y 70 heridos, pero los medios internacionales y la CIA registraron en su momento unos 300 decesos y tiempo después el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que fueron entre 30 y 40 fallecidos.
Los cinco presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1929-2000) que le siguieron mantuvieron un hermetismo total sobre la masacre y sólo en 1998 se formó una comisión legislativa que llamó a declarar, sin mayores repercusiones, a Luis Echeverría, ministro del interior en 1968 y después presidente de México.
"La investigación más cuidadosa es la que hizo Kate Doyle de The National Security Achive de Estados Unidos que logró documentar 44 casos" dijo, por su parte, el investigador y promotor de la defensa de los derechos humanos, Sergio Aguayo.
La fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Delitos del Pasado, creada en 2003 por el gobierno de derecha de Vicente Fox, investigó el caso.
Como resultado del trabajo de la fiscalía, el ex presidente Luis Echevería es el único que enfrenta un arresto domiciliario por su avanzada edad, pero no por los hechos del 68, sino por la llamada guerra sucia de los años 70.
Díaz Ordaz murió en 1970, mientras que Echeverría por su edad "había perdido el sentido de la realidad y hoy la perdió ya en serio", dice Jacinto Rodríguez, autor de "1968: todos los culpables", un texto que salió a la venta esta semana.
"La mayoría de los militares involucrados ya están muertos, ya murió el (entonces) secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García y muchos otros", agrega.
La fiscalía trató de fincar a Echeverría responsabilidades por el delito de genocidio, pero fue incapaz de acreditarlo jurídicamente.
"Fox obstaculizó a la fiscalía y se comprometió con el viejo régimen para darle una amnistía de facto", aseguró Aguayó.
Esta fiscalía especial fue disuelta en 2006 y el seguimiento de los hechos de 1968 se relegó a una instancia de segundo nivel en la Procuraduría General de la República (PGR).
"El gobierno de (Felipe) Calderón no habla de eso, no creo que esté dispuesto a colaborar" y la evidencia de ese desinterés es que los archivos de la ex fiscalía están desaparecidos y la PGR niega toda información al respecto, agrega Aguayo.
Sin embargo, los mexicanos aún pueden buscar "una justicia a partir de una verdad histórica y saldar la herida con la sociedad", sostiene Rodríguez.
En términos legales los delitos han prescripto, pero no caducaron ni social ni moralmente, y por eso una comisión de la verdad sería lo más adecuado, coinciden especialistas.
Pero también están de acuerdo en que son escasas las posibilidades de que prospere durante el gobierno de Calderón, cuando el ejército está nuevamente en las calles por el combate al crimen organizado, en una guerra que sólo en 2008 ha dejado más de 3.000 muertes.
lp/ol/dk
A 40 años de la matanza de Tlatelolco, los responsables murieron o se hicieron viejos, pero ninguno ha pagado ante la justicia la brutal represión ocurrida el 2 de octubre de 1968 contra estudiantes mexicanos que dejó al menos 44 muertos, según cifras oficiales.
La impunidad es la línea que une a estos 40 años en los "que no se ha logrado ni en el tiempo moderno, ni con la experiencia lamentable y la llaga abierta del movimiento del 68, terminar o disminuir a niveles más lógicos de la impunidad que vive el país" dijo a la AFP José Antonio Ibáñez, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El 2 de octubre de 1968 a las 18h00 cientos de militares mexicanos dispararon contra los manifestantes cuando unos 8.000 integrantes del movimiento estudiantil se encontraban reunidos en la plaza de Las Tres Culturas (o Tlatelolco) en la capital mexicana.
La refriega duró hasta la medianoche dejando un número aún indeterminado de muertos entre estudiantes, vecinos, militares y policías, así como 2.360 personas detenidas.
La madrugada del 3 de octubre de 1968 un vocero de la presidencia informó que había 20 muertos y 70 heridos, pero los medios internacionales y la CIA registraron en su momento unos 300 decesos y tiempo después el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que fueron entre 30 y 40 fallecidos.
Los cinco presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1929-2000) que le siguieron mantuvieron un hermetismo total sobre la masacre y sólo en 1998 se formó una comisión legislativa que llamó a declarar, sin mayores repercusiones, a Luis Echeverría, ministro del interior en 1968 y después presidente de México.
"La investigación más cuidadosa es la que hizo Kate Doyle de The National Security Achive de Estados Unidos que logró documentar 44 casos" dijo, por su parte, el investigador y promotor de la defensa de los derechos humanos, Sergio Aguayo.
La fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Delitos del Pasado, creada en 2003 por el gobierno de derecha de Vicente Fox, investigó el caso.
Como resultado del trabajo de la fiscalía, el ex presidente Luis Echevería es el único que enfrenta un arresto domiciliario por su avanzada edad, pero no por los hechos del 68, sino por la llamada guerra sucia de los años 70.
Díaz Ordaz murió en 1970, mientras que Echeverría por su edad "había perdido el sentido de la realidad y hoy la perdió ya en serio", dice Jacinto Rodríguez, autor de "1968: todos los culpables", un texto que salió a la venta esta semana.
"La mayoría de los militares involucrados ya están muertos, ya murió el (entonces) secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García y muchos otros", agrega.
La fiscalía trató de fincar a Echeverría responsabilidades por el delito de genocidio, pero fue incapaz de acreditarlo jurídicamente.
"Fox obstaculizó a la fiscalía y se comprometió con el viejo régimen para darle una amnistía de facto", aseguró Aguayó.
Esta fiscalía especial fue disuelta en 2006 y el seguimiento de los hechos de 1968 se relegó a una instancia de segundo nivel en la Procuraduría General de la República (PGR).
"El gobierno de (Felipe) Calderón no habla de eso, no creo que esté dispuesto a colaborar" y la evidencia de ese desinterés es que los archivos de la ex fiscalía están desaparecidos y la PGR niega toda información al respecto, agrega Aguayo.
Sin embargo, los mexicanos aún pueden buscar "una justicia a partir de una verdad histórica y saldar la herida con la sociedad", sostiene Rodríguez.
En términos legales los delitos han prescripto, pero no caducaron ni social ni moralmente, y por eso una comisión de la verdad sería lo más adecuado, coinciden especialistas.
Pero también están de acuerdo en que son escasas las posibilidades de que prospere durante el gobierno de Calderón, cuando el ejército está nuevamente en las calles por el combate al crimen organizado, en una guerra que sólo en 2008 ha dejado más de 3.000 muertes.
lp/ol/dk
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