Columna Bitácora del director/Pascal Beltrán del Río
Excélsior, 23 de noviembre de 2008;
Contra el crimen, comunicación y percepción
En estos días, varios lectores me han preguntado qué pienso de las recientes detenciones de funcionarios de procuración de justicia a quienes se ha acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
En específico, muchos quieren saber si la llamada Operación Limpieza del gobierno federal es una buena noticia, porque se está poniendo orden en la casa, o si se trata más bien de una reacción tardía y superficial que sólo nos permite asomarnos a un barril de porquería cuya profundidad resulta imposible de determinar.
Les he respondido con honestidad: no lo sé. Y no lo sé porque la autoridad ha sido incapaz de dar certeza a la opinión pública sobre cuáles son los objetivos de lo que, se supone, es una depuración a fondo de los cuerpos policiacos encargados de combatir a las bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos, y cuál es su grado de avance.
Son ya muchos los días en que hemos amanecido con la noticia de que un importante funcionario o ex funcionario del ramo ha sido arraigado, detenido o citado a declarar. Esas acciones ya han comenzado a desplazar informativamente a los golpes policiacos contra la delincuencia, como son los decomisos de droga y armas, así como la aprehensión de capos y sicarios.
Como solía ocurrir con los tapados, y aún sucede con los cambios en el gabinete, la turbulencia en los organismos de seguridad mantiene a la expectativa a varios informadores, quienes tratan de adivinar cuál será el siguiente nombre en la lista y hasta dónde llegará la limpia.
Ante eso, uno tiene que preguntarse qué están haciendo los delincuentes mientras la autoridad asea la casa, si esa limpieza es lo suficientemente certera y profunda, y si logrará poner fin al problema de la penetración de las instituciones.
Lo anterior viene a cuento porque tenemos a la vista una muestra de cómo el gobierno se ha lanzado en una guerra contra el crimen organizado sin poner mayor atención en la percepción pública sobre la inseguridad.
Por ejemplo, ¿de qué sirve dar la impresión de que el caso de los granadazos del 15 de septiembre en Morelia ha sido resuelto (cosa que dudo), y ofrecer innumerables evidencias de que la caída del avión en que viajaba Juan Camilo Mouriño fue accidental (cosa que creo), si ahora la mitad de la población teme ser víctima de un ataque terrorista?
Ese último dato me lo obsequió María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, durante una entrevista para el programa Así se habla, que se transmitirá esta noche por Cadenatres. “El tema del terrorismo no aparecía antes entre las preocupaciones públicas sobre la inseguridad”, me dijo. Ahora está entre las más visibles.
El gobierno tiene un serio problema de comunicación, apuntó, en la misma entrevista, el experto Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). En efecto, no ha sido capaz de dar certidumbre en la guerra contra los criminales —con respecto al rumbo, el balance y la duración del conflicto—, con todo y que hay que reconocerle la captura de criminales conspicuos y el aseguramiento de cuantiosos arsenales y cargamentos de droga.
A cambio, hemos visto apilarse los cadáveres de ejecutados, más de cuatro mil sólo este año, un espectáculo dantesco que el gobierno parece presenciar con parsimonia y sin ofrecer mayores explicaciones, pese a que en la refriega estén muriendo también ciudadanos inocentes.
Si los británicos pudieron sobreponerse al asedio alemán a su isla durante la Segunda Guerra Mundial fue sobre todo gracias a la comunicación constante que mantuvo con su pueblo el primer ministro Winston Churchill, porque las capacidades militares de Gran Bretaña estaban por debajo de las de la Alemania nazi.
Guardadas todas las proporciones con respecto a ese enfrentamiento, es evidente que el gobierno podría beneficiarse de una buena comunicación y no dejar huecos en la comprensión pública de lo que está ocurriendo.
A nivel mundial hay una abundante literatura que indica la importancia de ganar la guerra psicológica al crimen al mismo tiempo que se le ataca policial y jurídicamente.
Y es que la percepción pública de la seguridad frecuentemente está peleada con el juicio de los expertos en esa materia. Cualquier estrategia para combatir al crimen organizado estará severamente limitada si no se busca tender puentes entre la sociedad y los órganos de procuración de justicia.
Eso ya lo han entendido muchos países. Por ejemplo, Gran Bretaña, cuyo Home Office (ministerio del interior) conduce, desde 1982, encuestas periódicas para conocer la percepción sobre la delincuencia y los niveles de preocupación con respecto a distintos tipos de crimen, así como el grado de satisfacción con el trabajo de la policía. Dichas encuestas se dan a conocer y sirven para diseñar políticas públicas con el fin de prevenir el delito.
Lo mismo hace el Departamento de Justicia de Canadá, pese a que, en la encuesta más reciente, sólo uno de cada seis canadienses piensa que su comunidad es más insegura que otras en el mismo país, lo que habla de una escasa preocupación pública por la delincuencia.
Con la honrosa excepción de la consulta La policía que queremos, realizada por la CDHDF y de la cual damos cuenta en esta edición de Excélsior, ¿por qué no existe algo similar en México? Si el gobierno federal y las administraciones estatales gastan grandes cantidades de dinero en encuestas que sólo conocen los funcionarios, ¿por qué no diseñar una gran encuesta pública sobre la actitud de la población con respecto a la delincuencia que oriente la estrategia del gobierno?
Quizá la respuesta sea que las autoridades, de todos los niveles, siguen apostando al efecto mediático de sus acciones contra la inseguridad, sin considerar que la percepción pública no sólo obedece a lo que sale en los medios.
Lo sabremos el próximo viernes, cuando se reúna el Consejo Nacional de Seguridad Pública para cumplir con la evaluación de los primeros 100 días
En estos días, varios lectores me han preguntado qué pienso de las recientes detenciones de funcionarios de procuración de justicia a quienes se ha acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
En específico, muchos quieren saber si la llamada Operación Limpieza del gobierno federal es una buena noticia, porque se está poniendo orden en la casa, o si se trata más bien de una reacción tardía y superficial que sólo nos permite asomarnos a un barril de porquería cuya profundidad resulta imposible de determinar.
Les he respondido con honestidad: no lo sé. Y no lo sé porque la autoridad ha sido incapaz de dar certeza a la opinión pública sobre cuáles son los objetivos de lo que, se supone, es una depuración a fondo de los cuerpos policiacos encargados de combatir a las bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos, y cuál es su grado de avance.
Son ya muchos los días en que hemos amanecido con la noticia de que un importante funcionario o ex funcionario del ramo ha sido arraigado, detenido o citado a declarar. Esas acciones ya han comenzado a desplazar informativamente a los golpes policiacos contra la delincuencia, como son los decomisos de droga y armas, así como la aprehensión de capos y sicarios.
Como solía ocurrir con los tapados, y aún sucede con los cambios en el gabinete, la turbulencia en los organismos de seguridad mantiene a la expectativa a varios informadores, quienes tratan de adivinar cuál será el siguiente nombre en la lista y hasta dónde llegará la limpia.
Ante eso, uno tiene que preguntarse qué están haciendo los delincuentes mientras la autoridad asea la casa, si esa limpieza es lo suficientemente certera y profunda, y si logrará poner fin al problema de la penetración de las instituciones.
Lo anterior viene a cuento porque tenemos a la vista una muestra de cómo el gobierno se ha lanzado en una guerra contra el crimen organizado sin poner mayor atención en la percepción pública sobre la inseguridad.
Por ejemplo, ¿de qué sirve dar la impresión de que el caso de los granadazos del 15 de septiembre en Morelia ha sido resuelto (cosa que dudo), y ofrecer innumerables evidencias de que la caída del avión en que viajaba Juan Camilo Mouriño fue accidental (cosa que creo), si ahora la mitad de la población teme ser víctima de un ataque terrorista?
Ese último dato me lo obsequió María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, durante una entrevista para el programa Así se habla, que se transmitirá esta noche por Cadenatres. “El tema del terrorismo no aparecía antes entre las preocupaciones públicas sobre la inseguridad”, me dijo. Ahora está entre las más visibles.
El gobierno tiene un serio problema de comunicación, apuntó, en la misma entrevista, el experto Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). En efecto, no ha sido capaz de dar certidumbre en la guerra contra los criminales —con respecto al rumbo, el balance y la duración del conflicto—, con todo y que hay que reconocerle la captura de criminales conspicuos y el aseguramiento de cuantiosos arsenales y cargamentos de droga.
A cambio, hemos visto apilarse los cadáveres de ejecutados, más de cuatro mil sólo este año, un espectáculo dantesco que el gobierno parece presenciar con parsimonia y sin ofrecer mayores explicaciones, pese a que en la refriega estén muriendo también ciudadanos inocentes.
Si los británicos pudieron sobreponerse al asedio alemán a su isla durante la Segunda Guerra Mundial fue sobre todo gracias a la comunicación constante que mantuvo con su pueblo el primer ministro Winston Churchill, porque las capacidades militares de Gran Bretaña estaban por debajo de las de la Alemania nazi.
Guardadas todas las proporciones con respecto a ese enfrentamiento, es evidente que el gobierno podría beneficiarse de una buena comunicación y no dejar huecos en la comprensión pública de lo que está ocurriendo.
A nivel mundial hay una abundante literatura que indica la importancia de ganar la guerra psicológica al crimen al mismo tiempo que se le ataca policial y jurídicamente.
Y es que la percepción pública de la seguridad frecuentemente está peleada con el juicio de los expertos en esa materia. Cualquier estrategia para combatir al crimen organizado estará severamente limitada si no se busca tender puentes entre la sociedad y los órganos de procuración de justicia.
Eso ya lo han entendido muchos países. Por ejemplo, Gran Bretaña, cuyo Home Office (ministerio del interior) conduce, desde 1982, encuestas periódicas para conocer la percepción sobre la delincuencia y los niveles de preocupación con respecto a distintos tipos de crimen, así como el grado de satisfacción con el trabajo de la policía. Dichas encuestas se dan a conocer y sirven para diseñar políticas públicas con el fin de prevenir el delito.
Lo mismo hace el Departamento de Justicia de Canadá, pese a que, en la encuesta más reciente, sólo uno de cada seis canadienses piensa que su comunidad es más insegura que otras en el mismo país, lo que habla de una escasa preocupación pública por la delincuencia.
Con la honrosa excepción de la consulta La policía que queremos, realizada por la CDHDF y de la cual damos cuenta en esta edición de Excélsior, ¿por qué no existe algo similar en México? Si el gobierno federal y las administraciones estatales gastan grandes cantidades de dinero en encuestas que sólo conocen los funcionarios, ¿por qué no diseñar una gran encuesta pública sobre la actitud de la población con respecto a la delincuencia que oriente la estrategia del gobierno?
Quizá la respuesta sea que las autoridades, de todos los niveles, siguen apostando al efecto mediático de sus acciones contra la inseguridad, sin considerar que la percepción pública no sólo obedece a lo que sale en los medios.
Lo sabremos el próximo viernes, cuando se reúna el Consejo Nacional de Seguridad Pública para cumplir con la evaluación de los primeros 100 días
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