El Poder Judicial Federal cuestionó severamente a Dato' Param Cumaraswamy, relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, por lo sesgado de su informe, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 8 de abril de 2002 en Ginebra, Suiza.
El Sr. Param estuvo en México del 13 al 23 de mayo del 2001 y en abril siguiente dio a conocer su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; ahí estableció en sus conclusiones que la impunidad y la corrupción son “un tremendo problema social”, además de que más de 70 por ciento de los jueces mexicanos son corruptos.
Dos meses después de conocido el informe que la puso en cuestión severamente, el Poder Judicial de la Federación decidió ofrecer una contundente respuesta, en un documento de 211 cuartillas, editado por la SCJN.
El texto fue entregado por el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro Góngora Pimentel, al presidente Vicente Fox el 31 de mayo de ese año para que éste lo enviara vía diplomática a la ONU y fuera tomado en cuenta el punto de vista del Poder Judicial de la Federación en la decisión final que adopte la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el estado que guarda la independencia de los juzgadores en el país.
El documento denominado: Respuesta al informe del relator de la ONU para la independencia de jueces y magistrados, constituye una respuesta oficial al informe que relato y cuestiona las “imprecisiones, falta de congruencia, manejo de información cuestionable y carencia de una correcta metodología”.
Señala que no es admisible “que se cuestione todo un Poder Judicial con cifras que son simples valoraciones subjetivas y se haga una recomendación que poco tiene que ver con la magnitud de lo afirmado”.
Señala que “preocupa igualmente que aun con base en esas expresiones carentes de toda metodología y de sustento probatorio, el relator aceptara informaciones que están muy lejos de la realidad y que no resisten ningún juicio serio o razonable”.
Tras enfatizar que la misión de Dato Param resultó “nociva”, porque en lugar de hacer una investigación para ver en qué forma se apoyaba la independencia de los jueces -que era su mandato-, “lo que hizo fue denostarla”.
Respecto al valor que dio a las expresiones de la opinión pública en el informe, los ministros establecen: “estamos de acuerdo con que es muy importante lo que la opinión pública manifieste..., sin embargo, no es aceptable que sea el único elemento que se tome en cuenta, porque entonces se pierde objetividad y lo que se informa carece de seriedad. La independencia existe al margen de que la población la perciba o no, la percepción es sólo un indicio, pero no es un elemento esencial de la existencia de la independencia”, indica el texto.
Enfatiza que tampoco aporta nombres de los denunciantes para poder proceder a la investigación correspondiente. “Tampoco se dice que se realicen investigaciones más exhaustivas en los casos que se conocen. Es decir, no se tiene nada que recomendar, sólo una actividad de prevención que ya se ha venido aplicando de manera regular en el Poder Judicial Federal desde 1982”.
Para fundamentar sus críticas, el texto de los ministros destaca frases del informe como “por lo que ha podido saber el relator”, “el relator pudo saber”, “se tiene impresión que”, por lo que señalan “el único valor que puede dársele a estas expresiones es el de constituir el inicio de lo que puede ser una investigación, pero en ningún momento debe ser el único fundamento ni tampoco la conclusión de una investigación”.
También se afirma que el relator “excedió su mandato” y, por tanto, “su actuar no debe ser tomado en consideración”.
El Sr. Param estuvo en México del 13 al 23 de mayo del 2001 y en abril siguiente dio a conocer su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; ahí estableció en sus conclusiones que la impunidad y la corrupción son “un tremendo problema social”, además de que más de 70 por ciento de los jueces mexicanos son corruptos.
Dos meses después de conocido el informe que la puso en cuestión severamente, el Poder Judicial de la Federación decidió ofrecer una contundente respuesta, en un documento de 211 cuartillas, editado por la SCJN.
El texto fue entregado por el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro Góngora Pimentel, al presidente Vicente Fox el 31 de mayo de ese año para que éste lo enviara vía diplomática a la ONU y fuera tomado en cuenta el punto de vista del Poder Judicial de la Federación en la decisión final que adopte la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el estado que guarda la independencia de los juzgadores en el país.
El documento denominado: Respuesta al informe del relator de la ONU para la independencia de jueces y magistrados, constituye una respuesta oficial al informe que relato y cuestiona las “imprecisiones, falta de congruencia, manejo de información cuestionable y carencia de una correcta metodología”.
Señala que no es admisible “que se cuestione todo un Poder Judicial con cifras que son simples valoraciones subjetivas y se haga una recomendación que poco tiene que ver con la magnitud de lo afirmado”.
Señala que “preocupa igualmente que aun con base en esas expresiones carentes de toda metodología y de sustento probatorio, el relator aceptara informaciones que están muy lejos de la realidad y que no resisten ningún juicio serio o razonable”.
Tras enfatizar que la misión de Dato Param resultó “nociva”, porque en lugar de hacer una investigación para ver en qué forma se apoyaba la independencia de los jueces -que era su mandato-, “lo que hizo fue denostarla”.
Respecto al valor que dio a las expresiones de la opinión pública en el informe, los ministros establecen: “estamos de acuerdo con que es muy importante lo que la opinión pública manifieste..., sin embargo, no es aceptable que sea el único elemento que se tome en cuenta, porque entonces se pierde objetividad y lo que se informa carece de seriedad. La independencia existe al margen de que la población la perciba o no, la percepción es sólo un indicio, pero no es un elemento esencial de la existencia de la independencia”, indica el texto.
Enfatiza que tampoco aporta nombres de los denunciantes para poder proceder a la investigación correspondiente. “Tampoco se dice que se realicen investigaciones más exhaustivas en los casos que se conocen. Es decir, no se tiene nada que recomendar, sólo una actividad de prevención que ya se ha venido aplicando de manera regular en el Poder Judicial Federal desde 1982”.
Para fundamentar sus críticas, el texto de los ministros destaca frases del informe como “por lo que ha podido saber el relator”, “el relator pudo saber”, “se tiene impresión que”, por lo que señalan “el único valor que puede dársele a estas expresiones es el de constituir el inicio de lo que puede ser una investigación, pero en ningún momento debe ser el único fundamento ni tampoco la conclusión de una investigación”.
También se afirma que el relator “excedió su mandato” y, por tanto, “su actuar no debe ser tomado en consideración”.
El documento del Poder Judicial indica que “diez días no es tiempo suficiente para conocer el sistema y la organización de justicia en un Estado federal”. Tomándose en cuenta que se visitaron dos tribunales colegiados de circuito cuando hay un total de 131 tribunales de circuito, 54 unitarios, así como 386 juzgados de distrito en todo el país.
Durante su visita a México, el relator sólo estuvo en Chihuahua, Nayarit y el Distrito Federal, lo cual representa 9.37 por ciento de los órganos jurisdiccionales, por lo que “es obvio que este porcentaje no puede considerarse como una muestra representativa”, indica el documento.
Respecto a la gran mayoría de las recomendaciones que hace Dato Param, el documento cuestiona su falta de conocimiento de la justicia en México, empezando porque confunde lo que es la justicia federal con la local; los defensores de oficio de uno y otro fuero, la capacitación de jueces y exámenes de selección de jueces y magistrados federales, así como el control patrimonial que hay sobre juzgadores. Es decir, para los ministros, la inmensa mayoría de sus propuestas “han sido superadas a nivel federal”
Durante su visita a México, el relator sólo estuvo en Chihuahua, Nayarit y el Distrito Federal, lo cual representa 9.37 por ciento de los órganos jurisdiccionales, por lo que “es obvio que este porcentaje no puede considerarse como una muestra representativa”, indica el documento.
Respecto a la gran mayoría de las recomendaciones que hace Dato Param, el documento cuestiona su falta de conocimiento de la justicia en México, empezando porque confunde lo que es la justicia federal con la local; los defensores de oficio de uno y otro fuero, la capacitación de jueces y exámenes de selección de jueces y magistrados federales, así como el control patrimonial que hay sobre juzgadores. Es decir, para los ministros, la inmensa mayoría de sus propuestas “han sido superadas a nivel federal”
Cierto el informe del relator Dato’Param Cumaraswamy, divulgado el pasado 9 de abril es demoledor con el sistema de justicia en nuestro país; empero, el diagnóstico contiene numerosos errores y visiones parciales que sólo pueden devenir de un relator que basó estudio en una visita de diez días a México.
Análistas como Jorge Fernández, dicen que el informe acierta en un punto central: “el sistema de impartición y procuración de justicia en nuestro país no funciona”.
Análistas como Jorge Fernández, dicen que el informe acierta en un punto central: “el sistema de impartición y procuración de justicia en nuestro país no funciona”.
Dice Jorge que en el año 2000, unos pocos meses antes de que el relator de la ONU visitara México, se denunciaron un millón 339 mil delitos, pero según encuestas oficiales, se cometieron otros 5 millones 354 mil delitos que no fueron denunciados. Es decir, el 98 por ciento de esos delitos ha quedado impune. Es evidente que el sistema como está no funciona.
Señala que en los últimos años ha habido algunos avances importantes en el sistema de justicia en el ámbito federal, pero en el local sigue habiendo deficiencias notables, lo que se torna más grave aún porque el 94% de los delitos que se cometen son del fuero común y deben ser atendidos por la justicia local, de los estados, cuyo índice de eficiencia es ínfimo. La inexistencia de un código penal único entre la federación y los estados, los espacios y vacíos de poder, y la corrupción que en ellos se genera, alimentan la impunidad.
Señala que en los últimos años ha habido algunos avances importantes en el sistema de justicia en el ámbito federal, pero en el local sigue habiendo deficiencias notables, lo que se torna más grave aún porque el 94% de los delitos que se cometen son del fuero común y deben ser atendidos por la justicia local, de los estados, cuyo índice de eficiencia es ínfimo. La inexistencia de un código penal único entre la federación y los estados, los espacios y vacíos de poder, y la corrupción que en ellos se genera, alimentan la impunidad.
Hay muchos jueces corruptos que demuestran los graves problemas que caracterizan al sistema de justicia.
Las críticas hechas por jueces mexicanos, empezando por Genaro Góngora, a la presunta superficialidad con la que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU descalificó a nuestro sistema de justicia pudieran ser válidas, salvo en un punto: el documento de ONU concluye que los mexicanos no tienen confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia; los mexicanos desconfían de sus jueces y tribunales.
La supuesta pobreza metodológica del estudio dado a conocer hace unas semanas por Dato'Param Coomaraswamy, relator de la ONU, es un asunto irrelevante frente al tamaño del problema de fondo.
La supuesta pobreza metodológica del estudio dado a conocer hace unas semanas por Dato'Param Coomaraswamy, relator de la ONU, es un asunto irrelevante frente al tamaño del problema de fondo.
¡En serio!
Los casos son muchos
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