Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Los ecos de la Operación Limpieza
La detención de Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador contra la delincuencia organizada, sumada a los otros mandos de cuerpos de seguridad que están siendo investigados, algunos ya en calidad de detenidos, otros arraigados, confirma dos cosas: primero, el grado de penetración que logró el crimen organizado y la falta consecuente de controles al nivel de la responsabilidad asumida por esos mandos y, también, lo que constituye quizás el avance más notable en la lucha contra el crimen organizado en los últimos años: con traidores dentro de las filas gubernamentales nunca se podría avanzar sólidamente en esta batalla.
Pero no nos engañemos: no estamos hablando de ocho o diez hombres que se vendieron al narcotráfico. La penetración debe ir mucho más allá. Simplemente, según la información que se ha divulgado, existen varias nóminas de un mismo cártel manejadas por distintas personas: lo que se está descubriendo es una (o dos) de ellas.
Dicen que el pescado se pudre primero por la cabeza y, en ese sentido, estos golpes, más los que se sumen en los siguientes días, son muy positivos, pero si el narcotráfico logró comprar a algunos de los principales operadores nacionales, ¿por qué no puede hacer lo mismo con las autoridades locales, los jueces, así como grupos y organizaciones sociales, políticas o de medios? Eso es en realidad lo que está en juego con la Operación Limpieza. Será muy difícil quedarse solamente en estas detenciones y las autoridades tendrán que ir más allá. Y ya con los arraigos y las detenciones en marcha, debe venir una segunda etapa más seria: ampliar las indagatorias, pero hacerlo también con pruebas sólidas. Hasta ahora, las investigaciones realizadas han llevado a la detención de distintos implicados y se ha comenzado la cadena con testimonios de testigos protegidos que dieron datos sobre ciertos funcionarios y luego estos mismos fueron inculpando a otras autoridades. Existe un flujo de información en este sentido, de Estados Unidos, y también de nuestras fuentes, tanto civiles como militares.
Pero todo eso deberá plasmarse en datos duros. Es verdad que en algunos aspectos las pruebas serán difíciles de obtener: ni siquiera el dinero, se habla de cantidades astronómicas, podrá comprobarse en todos los casos que fue recibido, porque en muchos sentidos existe la posibilidad de colocarlo en otras manos o lavarlo. Sin embargo, deben existir pruebas que vayan más allá de los testigos protegidos. Eso resulta clave en todo esto, lo mismo que las confesiones que han realizado varios de los inculpados una vez arraigados. Porque la red tiene que ser más profunda.
En este sentido, una vez más, se debe estar atento a las estrategias de distracción que pudieran establecerse. Uno de los arraigados es Javier Herrera Valles, ex subsecretario de la SSP. Este señor comenzó a ser investigado desde varios meses atrás y fue separado de su cargo en la Secretaría, su hermano también está detenido, acusado de relaciones con el narcotráfico. Pero Herrera Valles, cuando comenzó a ser investigado, inició una larga campaña de denuncias contra otros funcionarios, para cubrir sus acusaciones y construir así una coartada funcional en caso de que, como ocurrió, fuera detenido. Lo grave es que, en muchos espacios, por más descabelladas que fueran sus declaraciones y acusaciones y aunque no mostrara prueba alguna de ellas, se citaba a Herrera Valles como una fuente irrefutable: con sus testimonios, jamás sustentados en nada que no fueran sus palabras, se han hecho desde reportajes hasta libros. Y ahora, ya detenido, algunos, incluidas organizaciones civiles de rostro cada vez más cuestionable, parecen medir con distinta vara su presunta traición con respecto a otros mandos de seguridad detenidos por los mismos delitos e involucrados por los mismos denunciantes. Y quieren convertir a un delincuente en un mártir, simplemente porque no pueden aceptar que la fuente de tanta información era producto de la corrupción y la desinformación del narcotráfico. No es nuevo: ya lo intentaron en el pasado las personas cercanas, por ejemplo, a Jesús Gutiérrez Rebollo. Fueron las pruebas duras, no las declaraciones, las que hundieron a aquel ex fiscal antidrogas. Lo mismo debería suceder ahora. Herrera Valles, además, ha designado como su abogada defensora a otro personaje ligado con algunas de las historias más oscuras de nuestro pasado reciente: Silvia Raquenel Villanueva, una mujer que ha sufrido cuatro atentados, que fue defensora de los principales personajes del cártel del Golfo durante años (se asegura que fue ella quien cobró la recompensa por la detención de Javier García Ábrego), luego apareció defendiendo a miembros del cártel de Sinaloa, siguió haciéndolo con personajes ligados a Los Zetas, toda su carrera la ha hecho en ese ambiente. ¿Por qué un hombre que se quería presentar como el denunciante incorrupto de la SSP eligió para defenderlo a una de las abogadas paradigmáticas en la defensa de conocidos narcotraficantes?
La Operación Limpieza, con todo lo que implica, apenas comienza, habrá que ver mucho y las autoridades, sobre todo la PGR, tendrán que trabajar ajustando sus investigaciones para que, cuando las mismas vayan a los juzgados, no se desvanezcan. Por lo pronto, es lo más importante que ha sucedido en la lucha contra el narcotráfico. Y no nos engañemos: este desmoronamiento de las redes de protección tiene un origen claro. Los golpes que recibieron los cárteles de los Beltrán Leyva (aliados a Los Zetas, los Arellano y Vicente Carrillo), por una parte, y el cártel de Sinaloa, a partir de la detención de Jesús Zambada por la otra, en los últimos meses. Los golpes los pusieron en el límite del enfrentamiento y todos comenzaron a denunciar a todos. Las cosas no se dan por sí solas, al menos no en ese ámbito.
La detención de Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador contra la delincuencia organizada, sumada a los otros mandos de cuerpos de seguridad que están siendo investigados, algunos ya en calidad de detenidos, otros arraigados, confirma dos cosas: primero, el grado de penetración que logró el crimen organizado y la falta consecuente de controles al nivel de la responsabilidad asumida por esos mandos y, también, lo que constituye quizás el avance más notable en la lucha contra el crimen organizado en los últimos años: con traidores dentro de las filas gubernamentales nunca se podría avanzar sólidamente en esta batalla.
Pero no nos engañemos: no estamos hablando de ocho o diez hombres que se vendieron al narcotráfico. La penetración debe ir mucho más allá. Simplemente, según la información que se ha divulgado, existen varias nóminas de un mismo cártel manejadas por distintas personas: lo que se está descubriendo es una (o dos) de ellas.
Dicen que el pescado se pudre primero por la cabeza y, en ese sentido, estos golpes, más los que se sumen en los siguientes días, son muy positivos, pero si el narcotráfico logró comprar a algunos de los principales operadores nacionales, ¿por qué no puede hacer lo mismo con las autoridades locales, los jueces, así como grupos y organizaciones sociales, políticas o de medios? Eso es en realidad lo que está en juego con la Operación Limpieza. Será muy difícil quedarse solamente en estas detenciones y las autoridades tendrán que ir más allá. Y ya con los arraigos y las detenciones en marcha, debe venir una segunda etapa más seria: ampliar las indagatorias, pero hacerlo también con pruebas sólidas. Hasta ahora, las investigaciones realizadas han llevado a la detención de distintos implicados y se ha comenzado la cadena con testimonios de testigos protegidos que dieron datos sobre ciertos funcionarios y luego estos mismos fueron inculpando a otras autoridades. Existe un flujo de información en este sentido, de Estados Unidos, y también de nuestras fuentes, tanto civiles como militares.
Pero todo eso deberá plasmarse en datos duros. Es verdad que en algunos aspectos las pruebas serán difíciles de obtener: ni siquiera el dinero, se habla de cantidades astronómicas, podrá comprobarse en todos los casos que fue recibido, porque en muchos sentidos existe la posibilidad de colocarlo en otras manos o lavarlo. Sin embargo, deben existir pruebas que vayan más allá de los testigos protegidos. Eso resulta clave en todo esto, lo mismo que las confesiones que han realizado varios de los inculpados una vez arraigados. Porque la red tiene que ser más profunda.
En este sentido, una vez más, se debe estar atento a las estrategias de distracción que pudieran establecerse. Uno de los arraigados es Javier Herrera Valles, ex subsecretario de la SSP. Este señor comenzó a ser investigado desde varios meses atrás y fue separado de su cargo en la Secretaría, su hermano también está detenido, acusado de relaciones con el narcotráfico. Pero Herrera Valles, cuando comenzó a ser investigado, inició una larga campaña de denuncias contra otros funcionarios, para cubrir sus acusaciones y construir así una coartada funcional en caso de que, como ocurrió, fuera detenido. Lo grave es que, en muchos espacios, por más descabelladas que fueran sus declaraciones y acusaciones y aunque no mostrara prueba alguna de ellas, se citaba a Herrera Valles como una fuente irrefutable: con sus testimonios, jamás sustentados en nada que no fueran sus palabras, se han hecho desde reportajes hasta libros. Y ahora, ya detenido, algunos, incluidas organizaciones civiles de rostro cada vez más cuestionable, parecen medir con distinta vara su presunta traición con respecto a otros mandos de seguridad detenidos por los mismos delitos e involucrados por los mismos denunciantes. Y quieren convertir a un delincuente en un mártir, simplemente porque no pueden aceptar que la fuente de tanta información era producto de la corrupción y la desinformación del narcotráfico. No es nuevo: ya lo intentaron en el pasado las personas cercanas, por ejemplo, a Jesús Gutiérrez Rebollo. Fueron las pruebas duras, no las declaraciones, las que hundieron a aquel ex fiscal antidrogas. Lo mismo debería suceder ahora. Herrera Valles, además, ha designado como su abogada defensora a otro personaje ligado con algunas de las historias más oscuras de nuestro pasado reciente: Silvia Raquenel Villanueva, una mujer que ha sufrido cuatro atentados, que fue defensora de los principales personajes del cártel del Golfo durante años (se asegura que fue ella quien cobró la recompensa por la detención de Javier García Ábrego), luego apareció defendiendo a miembros del cártel de Sinaloa, siguió haciéndolo con personajes ligados a Los Zetas, toda su carrera la ha hecho en ese ambiente. ¿Por qué un hombre que se quería presentar como el denunciante incorrupto de la SSP eligió para defenderlo a una de las abogadas paradigmáticas en la defensa de conocidos narcotraficantes?
La Operación Limpieza, con todo lo que implica, apenas comienza, habrá que ver mucho y las autoridades, sobre todo la PGR, tendrán que trabajar ajustando sus investigaciones para que, cuando las mismas vayan a los juzgados, no se desvanezcan. Por lo pronto, es lo más importante que ha sucedido en la lucha contra el narcotráfico. Y no nos engañemos: este desmoronamiento de las redes de protección tiene un origen claro. Los golpes que recibieron los cárteles de los Beltrán Leyva (aliados a Los Zetas, los Arellano y Vicente Carrillo), por una parte, y el cártel de Sinaloa, a partir de la detención de Jesús Zambada por la otra, en los últimos meses. Los golpes los pusieron en el límite del enfrentamiento y todos comenzaron a denunciar a todos. Las cosas no se dan por sí solas, al menos no en ese ámbito.
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