Jueces en huelga en España

Lo que arriesgamos los jueces/Juan Pablo González, magistrado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial

Publicado en EL CORREO DIGITAL, 18/02/09;

La convocatoria de una huelga nunca es una buena noticia. Cuando esa huelga afecta a la Administración de Justicia, entendida como un servicio público esencial y vinculada al ejercicio de uno de los poderes del Estado, no puede dejar de ser motivo de preocupación. Las dos asociaciones judiciales convocantes han recordado que de todos son conocidas las graves carencias de recursos materiales y personales que sufre la Justicia en nuestro país. Efectivamente, jueces y magistrados hemos venido reclamando a los poderes públicos, de manera reiterada y desde hace ya muchos años, que se realicen las inversiones necesarias en medios humanos y materiales para la definitiva modernización de la Administración judicial, que permita ofrecer a los ciudadanos la Justicia de calidad que la sociedad española necesita.
Nadie duda de que muchas de las reivindicaciones y objetivos planteados exigen atención inaplazable. Así, la efectiva y urgente instauración de la oficina judicial con delimitación precisa de las funciones y la responsabilidad de cada uno de sus miembros, o la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías mediante la intercomunicación de las bases de datos, el establecimiento de sistemas de alerta y la interconexión entre las distintas comunidades. Pero más allá de dichas necesidades, cuya realidad nadie discute, es preciso reflexionar sobre los males más profundos que aquejan a nuestro sistema judicial y que no han podido ser corregidos a pesar de las inversiones y de las reformas llevadas a cabo durante los últimos 20 años.
El sistema judicial español, aún necesitado de urgentes e inaplazables reformas estructurales, dista mucho de ser caótico, y, de hecho, la mayor parte de los asuntos y conflictos son resueltos en un tiempo inferior al empleado en los países de nuestro entorno. En gran medida, ello obedece al esfuerzo que realizan día a día jueces, magistrados y personal al servicio de la Administración de Justicia. No obstante, cabe reconocer que siguen produciéndose dilaciones injustificadas y que las disfunciones e ineficiencias son algo más que una mera anécdota, provocando el descrédito generalizado y la pérdida de legitimación del sistema en su conjunto. Descrédito muchas veces magnificado en una sociedad en la que lo patológico, lo disfuncional, es siempre noticia y motivo de controversia.
Pero entre las justas y razonables reivindicaciones de los convocantes existen otras, como la de triplicar la inversión en la Administración de Justicia o la de duplicar el número de magistrados que ni son realistas ni responden a una seria y serena reflexión. La solución a los problemas de la Justicia de España va más allá de la mera multiplicación de sus efectivos personales y materiales. Se necesita un cambio de mentalidad que ponga fin a un modelo organizativo que no está preparado para responder a las demandas de una sociedad del siglo XXI, y cuyos miembros, por su reclutamiento, sus gustos, su manera de percibirse a sí mismos, están impregnados de principio a fin de los hábitos de una organización tribunalicia. Se pueden y se deben hacer muchas cosas -algunas no cuestan dinero- como una más racional organización del trabajo, o la implementación de reformas legislativas que pongan freno a una litigiosidad en incontenible ascenso, muchas veces artificial. Pero sin ese cambio de mentalidad de todos los servidores de la Justicia -jueces, fiscales, funcionarios, abogados-, sin un nuevo modelo organizativo y sin un acuerdo sincero y leal entre todas las administraciones y poderes públicos en la búsqueda de soluciones integrales y perdurables, con la vista puesta en los intereses de los ciudadanos y no en los intereses contingentes y coyunturales de los grupos políticos, no será posible avanzar con seriedad en la dirección adecuada.
El que quiere, que es el Poder Judicial, no puede, y el que puede, que es el Gobierno, nunca ha querido, y así podemos continuar años y años poniendo parches, dando palos de ciego, siempre a remolque de los acontecimientos. La convocatoria de una huelga, que el ministro de Justicia parece empeñado en promover con sus incesante provocaciones, puede llegar a convertirse en un arma de doble filo, un desahogo estéril para un colectivo que se siente maltratado y que considera que su esfuerzo no ha sido justamente reconocido. La conversión de los jueces en meros funcionarios, el cuestionamiento de su capacidad para el autogobierno, la deslegitimación y el debilitamiento de sus órganos de dirección, que algunos de manera inconsciente están propiciando, son las amenazas que se ciernen a raíz del paro convocado.
Quién explicará en el día de hoy a los ciudadanos afectados las molestias y perjuicios ocasionados como consecuencia de la suspensión de actos judiciales. Cómo explicar a esos ciudadanos que los primeros obligados a respetar la legalidad se amparen en un discutido derecho que, hoy por hoy, carece de cobertura y regulación legal. ¿No sería más razonable alentar con toda la firmeza que sea necesaria el buen fin de las negociaciones abiertas entre las asociaciones judiciales, legítimas representantes de jueces y magistrados, y los interlocutores institucionales desde la prudencia, la serenidad y la responsabilidad institucional? Un nuevo paradigma, una nueva organización que vincule la responsabilidad a la independencia, el servicio a la dignidad, la calidad y la eficacia a la modernidad sólo es posible si todos renunciamos a ver los problemas desde nuestro propio prisma y si somos capaces de gestionar el cambio que los nuevos tiempos demandan con otra mirada. Algunos han hablado de una nueva carrera judicial. Empecemos por no perder la confianza de los ciudadanos.