Reporte Indigo. Febrero de 2009;
Marisela Morales Ibáñez, acusada de falsificar información.
Por Anabel Hernández, reportera.
Marisela Morales Ibáñez, acusada de falsificar información.
Por Anabel Hernández, reportera.
Marisela Morales Ibáñez, subprocuradora de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) desde 2005, tiene abierta la averiguación previa No. 140/ DGDCSPI/2005 acusada de falsificación de pruebas y de delito contra la administración de justicia.
En 2003, la funcionaria acusó a varios elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) de sustraer documentación clave del caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Morales Ibáñez, entonces coordinadora general de Investigación de la PGR, acusó a Benjamín Cuauhtémoc Sánchez Magallán, ex coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, por la supuesta pérdida o sustracción de la constancia de la entrevista realizada el 25 de agosto de 1998 al nuncio Girolamo Prigione dentro de la averiguación previa SE/001/95, referente a la investigación del homicidio de Posadas Ocampo.
Las presuntas falsas acusaciones contra Sánchez Magallán derivaron en una orden de aprehensión en su contra. Obtuvo un amparo porque el juez primero Distrito “A” de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal detectó irregularidades en la integración del pliego de consignación con el que la PGR solicitó la orden de aprehensión.
La denuncia presentada por Sánchez Magallán señala que Marisela y su equipo asentaron como ciertos hechos falsos en el acuerdo de consignación de la averiguación previa SCGD/CGI/004/02.
Al transcribir seis declaraciones ministeriales de los presuntos responsables de la sustracción de la declaración de Prigione, “efectuaron veintisiete falsificaciones del contenido real de esas diligencias”. La funcionaria acusada de adulterar una declaración ministerial es hoy la responsable de la Operación Limpieza.
Y mientras algunas averiguaciones previas se integran al vapor, en el caso de la subprocuradora de la PGR, el proceso ha ido lento. En 2006 y 2007, la Procuraduría dejó estancada la integración de la averiguación.
Carrera polémica
Quienes conocen la trayectoria de Marisela Morales Ibáñez, de 38 años de edad, actual titular de la SIEDO, saben que siempre ha estado al frente de las operaciones especiales de la PGR, las más controvertidas y de las cuales no siempre ha salido bien librada. La describen como una mujer temperamental que aplica a sus subordinados la filosofía de que “si no estás conmigo, estás contra mí”. Pero con sus superiores es condescendiente y accesible. Por ejemplo, al ser nombrada titular de la SIEDO, no tuvo empacho en permitir que a los funcionarios del área, la Drug Enforcement Agency (DEA) de Estados Unidos aplicara los exámenes de polígrafo.
También hace concesiones a los testigos protegidos. Se afirma que el hijo de “El Rey” Zambada, acogido con el seudónimo de “María Fernanda”, duerme en el primer piso de la SIEDO, en el área de la Coordinación Técnica, y los fiscales lo han visto bajar con toallas en el hombro al área de regaderas destinada a los agentes federales de investigación (AFIS) adscritos a la PGR.
Este testigo también puede hacer pedidos especiales de alimentos. Mientras el personal de la PGR ordena comida al Café Colón, restaurante con el que la PGR tiene un convenio, los testigos que duermen en camastros tienen permiso hasta de pedir comida árabe.
Marisela Morales gusta de las buenas joyas. Entre sus adquisiciones más recientes, según su última declaración patrimonial, está un reloj Cartier de 30 mil pesos y un juego de collar y aretes con valor de 20 mil pesos comprado en 2008.
Pese a sus múltiples responsabilidades como funcionaria pública, la titular de la SIEDO se da tiempo de ganar dinero extra prestando “servicios profesionales”, según quedó asentado en su declaración patrimonial, aunque no se especifica el tipo de trabajos que realiza.
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Morales Ibáñez empezó joven en el Ministerio Público. De 1993 a 1995, trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como agente del Ministerio Público en la Subdirección de Agente del Ministerio Público adscrito al Reclusorio Oriente. En 1995 fue nombrada subdelegada de Control de Procesos en la Delegación Coyoacán.
Dos años después ingresó a la Subprocuraduría de Control de Procesos “A” de la PGJDF como directora de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Administración de la Justicia.
Finalmente, en 1997 ingresó a la PGR, específicamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud, como jefa de Unidad.
Al llegar el procurador Rafael Macedo de la Concha en diciembre de 2000, Morales Ibáñez empezó a ascender rápidamente. En junio de 2001 fue nombrada coordinadora general de Investigación de Delitos. Era la responsable de coordinar a los agentes del Ministerio Público en la integración de averiguaciones previas y procesos.
Se afirma que se convirtió en una de las colaboradoras más cercanas de Macedo de la Concha, y esa cercanía la hizo participar en los casos más controvertidos.
Dio seguimiento a la averiguación previa abierta a Raúl Salinas de Gortari en 1996 por el delito de peculado. Marisela Morales Ibáñez era la responsable de integrar correctamente la averiguación, ampliar las pruebas e investigar a fondo el caso. Al final se dejó caer la averiguación previa contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y fue liberado en el sexenio de Vicente Fox sin que el gobierno interpusiera una apelación a la resolución del juez.
Junto con el subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR, Carlos Vega Memije, Marisela Morales participó en la integración del expediente penal para el desafuero del entonces jefe de Gobierno
del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador por el caso de El Encino. Presuntamente, López Obrador desobedeció la orden emitida por un juez para detener la construcción de una vía pública en un terreno supuestamente privado llamado El Encino, por lo que habría incurrido en desacato. El caso fracasó por el impacto político negativo que tuvo para el gobierno de Vicente Fox. Marchas multitudinarias y una opinión pública convencida de que la intención no era proceder en un caso judicial más, sino inhabilitar al jefe de Gobierno del D.F. como candidato a la Presidencia de la República en 2006.
El gobierno de Fox desistió del caso para no pagar los costos políticos, lo cual sólo confirmó que había una intención más electoral que jurídica.
Después, en mayo de 2005, Marisela fue nombrada titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Servidores Públicos y tenía la coordinación de ministerios públicos de la federación. En mayo de 2008 asumió el cargo de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.
Ya como titular de la SIEDO, Morales Ibáñez jugó un rol estelar en la detención de los presuntos responsables de lanzar granadas en el zócalo de Morelia, Michoacán, el 16 de septiembre de 2008.
La subprocuradora afirmó que gracias a una llamada anónima recibida el 24 de septiembre, la PGR logró capturar a los tres autores materiales del atentado. Señaló que los detenidos declararon pertenecer al grupo de Los Zetas y que reconocieron ser los autores materiales del ataque con granadas de fragmentación que dejó ocho personas muertas y más de 100 heridas.
Las autoridades incluso presentaron a los medios de comunicación un video de los testimonios.
En un reportaje publicado por la revista Proceso, familiares, vecinos y abogados de los presuntos autores materiales afirmaron que los tres acusados estaban en Lázaro Cárdenas cuando sucedieron los hechos. Aseguraron que los presuntos responsables fueron secuestrados y “torturados física y psicológicamente” para que se declararan culpables.
Declaración extraviada
Como coordinadora general de Investigación de Delitos en el sexenio pasado, Marisela Morales Ibáñez también encabezó la última fase de la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. Aunque su jefa era la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, Marisela tenía el control del seguimiento de la averiguación previa y de las líneas de investigación.
Cuando inició el gobierno de Vicente Fox y se reabrió el caso del cardenal, se descubrió que presuntamente había sido sustraída del expediente la declaración hecha por Girolamo Prigione, quien fungía como nuncio apostólico cuando Posadas Ocampo fue asesinado. Lima Malvido hizo oficial y pública la desaparición del documento en 2002.
El presunto robo del documento habría sido cometido por funcionarios de la PGR durante la administración de Ernesto Zedillo.
En un informe presentado en mayo de 2003, Morales Ibáñez afirmó que ya se había ejercitado acción penal en contra de los cuatro ex servidores públicos responsables. Precisó que estaban siendo procesados en el Juzgado Noveno de Distrito en el Distrito Federal.
Los cuatro acusados fueron Ismael Eslava Pérez, ex subprocurador; los agentes del Ministerio Público Arturo Romero Juárez y María Isabel González Chávez, y Benjamín Cuauhtémoc Sánchez Magallán, ex coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Se les abrió la averiguación previa SCGD/CGI/004/02, y en 2003 se les giró orden de aprehensión
en la causa penal 18/2003.
A mitad del camino, el caso se cayó. Sánchez Magallán ganó el juicio de amparo 649/2003. El juez primero Distrito “A” de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal resolvió que la “justicia de la unión amparaba y protegía a Sánchez Magallán en contra de la orden de aprehensión “por resultar violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) al haberse girado en su contra una orden de aprehensión, sin que haya quedado acreditado el cuerpo del delito que se me imputó”.
La sentencia fue confirmada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Y lo mismo ocurrió con los otros acusados.
Demanda contra Marisela
Sánchez Magallán demandó en 2005 a Marisela Morales Ibáñez y a sus subordinados Francisco de Jesús Díaz Macedo, Josué David A. Martínez Hernández y Rosa María Mena Galicia por falsificación de documentos y delito contra la administración de justicia.
A la fecha, tanto Marisela como el resto de los acusados siguen laborando en la PGR, según consta en la información oficial de la Secretaría de la Función Pública. En su escrito de denuncia, Sánchez Magallán acusa a los funcionarios de “haber asentado como ciertos hechos falsos en el acuerdo de consignación de la averiguación previa SCGD/CGI/004/02”. Señala que Morales Ibáñez “dolosamente” alteró seis declaraciones ministeriales “fundamentales” rendidas por él, Arturo Romero Juárez, Javier García Ávila, Fortino Delgado Carrillo, José Antonio Ortega Sánchez y José Isabel González Chávez.
“Efectuaron veintisiete falsificaciones del contenido real de esas diligencias al añadir o agregar el nombre del suscrito Benjamín Cuauhtémoc Sánchez Magallán, y los licenciados Ismael Eslava Pérez, Arturo Romero Juárez y José Isabel González Chávez en donde no existía, por no haber sido declarado de esa forma, con lo que se tras tornó el sentido y las circunstancias de los hechos ahí narrados, ya que al agregar insistentemente nuestros nombres en veintisiete ocasiones, donde no fueron mencionados, dan como resultado una falsa realidad de los hechos, y cambian el sentido esencial de las cosas, así como de la averiguación previa”, se afirma en la denuncia penal contra la actual titular de la SIEDO.
Los artículos 243 y 244 fracción VII del Código Penal Federal señalan que se constituye el delito de falsificación de documentos cuando se realice la falsificación de documento público, por servidor público; añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones; asentando como ciertos hechos, o como confesados los que no lo están; si el documento en que se asientan se extendiere para hacerlo constar y como prueba de ellos.
“…al haber elaborado el pliego de consignación, añadiendo en veintisiete ocasiones, nuestros nombres, asentaron como ciertos hechos, o como confesados los que no lo están, al ejercitar la acción penal, con lo que alteraron la investigación y causaron un daño irreparable a la credibilidad de la institución de procuración de justicia, además de que retrasaron en forma irreversible la integración de la averiguación previa, y como consecuencia, alteraron la verdad histórica de los hechos”, señala la denuncia.
En este documento, del cual tiene copia Reporte Índigo, se precisan las 27 presuntas alteraciones de las declaraciones ministeriales. Los cambios tienden a favorecer al exsubprocurador Eslava Pérez, ya que en varias ocasiones se le exime de su responsabilidad en la toma y resguardo de la declaración del nuncio Girolamo Prigione. O su responsabilidad se diluye aumentando el número de supuestos implicados.
En cambio, adquieren responsabilidad otros funcionarios, como Sánchez Magallán y los ministerios públicos Romero Juárez y González Chávez.
En la denuncia penal se afirma que el licenciado José Reynoso Castillo, juez noveno de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, al librar la orden de aprehensión y dictar auto de formal prisión, “actuó bajo consigna”. Se asegura que sin existir los elementos constitutivos del delito de ejercicio indebido de servicio público, reprodujo presuntas alteraciones a las declaraciones ministeriales hechas por los agentes de la PGR y dictó auto de formal prisión.
Respecto al presunto delito “contra la administración de la justicia”, Sánchez Magallán acusa a Marisela Morales Ibáñez y coacusados de “haber vulnerado en forma maliciosa y arbitraria mis derechos humanos, al negarme el beneficio de una defensa, y la presunción de inocencia, esto es así, puesto que nunca se me imputó el ilícito por el que se ejercitó acción penal en mi contra, como consta en la causa penal 18/2003, ya que en las dos ocasiones que fui citado a comparecer, fue en calidad de testigo”.
Caso congelado
Mientras algunos casos son integrados a gran velocidad en la PGR, como los de la Operación Limpieza, otros pueden permanecer congelados durante años. Éste es el caso de la averiguación previa contra la actual titular de la SIEDO.
El 18 de enero de 2007, Sánchez Magallán interpuso una queja ante el visitador general de la PGR por dilación de la justicia. Denunció que la responsable de la integración de la averiguación previa en contra de Morales Ibáñez, la ministerio público Mónica Contreras Franco, titular de la Mesa XV adscrita a la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, ha retrasado las investigaciones, lo “que se traduce en una negación de procuración de justicia”.
“La primera ocurrió del mes febrero al mes de agosto del año próximo pasado, cuando dejó de actuar en la averiguación previa sin existir causa o acuerdo que así lo señale, desde el siete de febrero del año en curso, en que se hizo cargo de dicha Mesa Investigadora, y hasta la fecha, no ha realizado diligencias alguna en la citada indagatoria, tendientes a esclarecer los hechos denunciados, lo que se traduce en mi perjuicio en una denegación de procuración de justicia, al contravenir flagrantemente las garantías constitucionales”, señala el escrito.
La queja fue dirigida con copia para el procurador Eduardo Medina Mora y el contralor interno de la PGR.
Hasta la fecha, la averiguación contra Morales Ibáñez no avanza. Ni siquiera ha sido llamada a declarar. La funcionaria continúa como responsable de integrar las averiguaciones previas contra ex servidores públicos acusados de presuntamente vender información a los narcotraficantes Beltrán Leyva. Para ello, se apoya en testimonios hechos por testigos protegidos cuyos dichos en ocasiones son contradictorios e incluso falsos.
Algunos de los ex servidores públicos acusados se quejan de que se están inventando pruebas en su contra. También señalan que los jueces recibieron expedientes rasurados –sin muchas pruebas presentadas a su favor– para que dictaran auto de formal prisión.
Las consecuencias del expediente abierto contra la titular de la SIEDO no son menores.
Si la funcionaria repite el mismo patrón del que se le acusa en la integración de las averiguaciones previas de la Operación Limpieza, los casos podrían derrumbarse, beneficiando por igual a culpables e inocentes, si es que los hay.
El efecto sería multiplicador, no sólo en los casos de delincuencia organizada que actualmente lleva la PGR en territorio nacional, sino también en las cortes de Estados Unidos, donde prevalece la lealtad procesal (fairness). Los abogados de narcotraficantes extraditados, como Osiel Cárdenas Guillén y Héctor Palma Salazar, “El Güero Palma”, podrían encontrar excusas para desechar los casos. Dentro del gobierno federal, muchos desconocían la averiguación previa abierta contra Marisela Morales Ibáñe z, y comienza a preocupar
En 2003, la funcionaria acusó a varios elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) de sustraer documentación clave del caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Morales Ibáñez, entonces coordinadora general de Investigación de la PGR, acusó a Benjamín Cuauhtémoc Sánchez Magallán, ex coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, por la supuesta pérdida o sustracción de la constancia de la entrevista realizada el 25 de agosto de 1998 al nuncio Girolamo Prigione dentro de la averiguación previa SE/001/95, referente a la investigación del homicidio de Posadas Ocampo.
Las presuntas falsas acusaciones contra Sánchez Magallán derivaron en una orden de aprehensión en su contra. Obtuvo un amparo porque el juez primero Distrito “A” de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal detectó irregularidades en la integración del pliego de consignación con el que la PGR solicitó la orden de aprehensión.
La denuncia presentada por Sánchez Magallán señala que Marisela y su equipo asentaron como ciertos hechos falsos en el acuerdo de consignación de la averiguación previa SCGD/CGI/004/02.
Al transcribir seis declaraciones ministeriales de los presuntos responsables de la sustracción de la declaración de Prigione, “efectuaron veintisiete falsificaciones del contenido real de esas diligencias”. La funcionaria acusada de adulterar una declaración ministerial es hoy la responsable de la Operación Limpieza.
Y mientras algunas averiguaciones previas se integran al vapor, en el caso de la subprocuradora de la PGR, el proceso ha ido lento. En 2006 y 2007, la Procuraduría dejó estancada la integración de la averiguación.
Carrera polémica
Quienes conocen la trayectoria de Marisela Morales Ibáñez, de 38 años de edad, actual titular de la SIEDO, saben que siempre ha estado al frente de las operaciones especiales de la PGR, las más controvertidas y de las cuales no siempre ha salido bien librada. La describen como una mujer temperamental que aplica a sus subordinados la filosofía de que “si no estás conmigo, estás contra mí”. Pero con sus superiores es condescendiente y accesible. Por ejemplo, al ser nombrada titular de la SIEDO, no tuvo empacho en permitir que a los funcionarios del área, la Drug Enforcement Agency (DEA) de Estados Unidos aplicara los exámenes de polígrafo.
También hace concesiones a los testigos protegidos. Se afirma que el hijo de “El Rey” Zambada, acogido con el seudónimo de “María Fernanda”, duerme en el primer piso de la SIEDO, en el área de la Coordinación Técnica, y los fiscales lo han visto bajar con toallas en el hombro al área de regaderas destinada a los agentes federales de investigación (AFIS) adscritos a la PGR.
Este testigo también puede hacer pedidos especiales de alimentos. Mientras el personal de la PGR ordena comida al Café Colón, restaurante con el que la PGR tiene un convenio, los testigos que duermen en camastros tienen permiso hasta de pedir comida árabe.
Marisela Morales gusta de las buenas joyas. Entre sus adquisiciones más recientes, según su última declaración patrimonial, está un reloj Cartier de 30 mil pesos y un juego de collar y aretes con valor de 20 mil pesos comprado en 2008.
Pese a sus múltiples responsabilidades como funcionaria pública, la titular de la SIEDO se da tiempo de ganar dinero extra prestando “servicios profesionales”, según quedó asentado en su declaración patrimonial, aunque no se especifica el tipo de trabajos que realiza.
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Morales Ibáñez empezó joven en el Ministerio Público. De 1993 a 1995, trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como agente del Ministerio Público en la Subdirección de Agente del Ministerio Público adscrito al Reclusorio Oriente. En 1995 fue nombrada subdelegada de Control de Procesos en la Delegación Coyoacán.
Dos años después ingresó a la Subprocuraduría de Control de Procesos “A” de la PGJDF como directora de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Administración de la Justicia.
Finalmente, en 1997 ingresó a la PGR, específicamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud, como jefa de Unidad.
Al llegar el procurador Rafael Macedo de la Concha en diciembre de 2000, Morales Ibáñez empezó a ascender rápidamente. En junio de 2001 fue nombrada coordinadora general de Investigación de Delitos. Era la responsable de coordinar a los agentes del Ministerio Público en la integración de averiguaciones previas y procesos.
Se afirma que se convirtió en una de las colaboradoras más cercanas de Macedo de la Concha, y esa cercanía la hizo participar en los casos más controvertidos.
Dio seguimiento a la averiguación previa abierta a Raúl Salinas de Gortari en 1996 por el delito de peculado. Marisela Morales Ibáñez era la responsable de integrar correctamente la averiguación, ampliar las pruebas e investigar a fondo el caso. Al final se dejó caer la averiguación previa contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y fue liberado en el sexenio de Vicente Fox sin que el gobierno interpusiera una apelación a la resolución del juez.
Junto con el subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR, Carlos Vega Memije, Marisela Morales participó en la integración del expediente penal para el desafuero del entonces jefe de Gobierno
del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador por el caso de El Encino. Presuntamente, López Obrador desobedeció la orden emitida por un juez para detener la construcción de una vía pública en un terreno supuestamente privado llamado El Encino, por lo que habría incurrido en desacato. El caso fracasó por el impacto político negativo que tuvo para el gobierno de Vicente Fox. Marchas multitudinarias y una opinión pública convencida de que la intención no era proceder en un caso judicial más, sino inhabilitar al jefe de Gobierno del D.F. como candidato a la Presidencia de la República en 2006.
El gobierno de Fox desistió del caso para no pagar los costos políticos, lo cual sólo confirmó que había una intención más electoral que jurídica.
Después, en mayo de 2005, Marisela fue nombrada titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Servidores Públicos y tenía la coordinación de ministerios públicos de la federación. En mayo de 2008 asumió el cargo de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.
Ya como titular de la SIEDO, Morales Ibáñez jugó un rol estelar en la detención de los presuntos responsables de lanzar granadas en el zócalo de Morelia, Michoacán, el 16 de septiembre de 2008.
La subprocuradora afirmó que gracias a una llamada anónima recibida el 24 de septiembre, la PGR logró capturar a los tres autores materiales del atentado. Señaló que los detenidos declararon pertenecer al grupo de Los Zetas y que reconocieron ser los autores materiales del ataque con granadas de fragmentación que dejó ocho personas muertas y más de 100 heridas.
Las autoridades incluso presentaron a los medios de comunicación un video de los testimonios.
En un reportaje publicado por la revista Proceso, familiares, vecinos y abogados de los presuntos autores materiales afirmaron que los tres acusados estaban en Lázaro Cárdenas cuando sucedieron los hechos. Aseguraron que los presuntos responsables fueron secuestrados y “torturados física y psicológicamente” para que se declararan culpables.
Declaración extraviada
Como coordinadora general de Investigación de Delitos en el sexenio pasado, Marisela Morales Ibáñez también encabezó la última fase de la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. Aunque su jefa era la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, Marisela tenía el control del seguimiento de la averiguación previa y de las líneas de investigación.
Cuando inició el gobierno de Vicente Fox y se reabrió el caso del cardenal, se descubrió que presuntamente había sido sustraída del expediente la declaración hecha por Girolamo Prigione, quien fungía como nuncio apostólico cuando Posadas Ocampo fue asesinado. Lima Malvido hizo oficial y pública la desaparición del documento en 2002.
El presunto robo del documento habría sido cometido por funcionarios de la PGR durante la administración de Ernesto Zedillo.
En un informe presentado en mayo de 2003, Morales Ibáñez afirmó que ya se había ejercitado acción penal en contra de los cuatro ex servidores públicos responsables. Precisó que estaban siendo procesados en el Juzgado Noveno de Distrito en el Distrito Federal.
Los cuatro acusados fueron Ismael Eslava Pérez, ex subprocurador; los agentes del Ministerio Público Arturo Romero Juárez y María Isabel González Chávez, y Benjamín Cuauhtémoc Sánchez Magallán, ex coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Se les abrió la averiguación previa SCGD/CGI/004/02, y en 2003 se les giró orden de aprehensión
en la causa penal 18/2003.
A mitad del camino, el caso se cayó. Sánchez Magallán ganó el juicio de amparo 649/2003. El juez primero Distrito “A” de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal resolvió que la “justicia de la unión amparaba y protegía a Sánchez Magallán en contra de la orden de aprehensión “por resultar violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) al haberse girado en su contra una orden de aprehensión, sin que haya quedado acreditado el cuerpo del delito que se me imputó”.
La sentencia fue confirmada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Y lo mismo ocurrió con los otros acusados.
Demanda contra Marisela
Sánchez Magallán demandó en 2005 a Marisela Morales Ibáñez y a sus subordinados Francisco de Jesús Díaz Macedo, Josué David A. Martínez Hernández y Rosa María Mena Galicia por falsificación de documentos y delito contra la administración de justicia.
A la fecha, tanto Marisela como el resto de los acusados siguen laborando en la PGR, según consta en la información oficial de la Secretaría de la Función Pública. En su escrito de denuncia, Sánchez Magallán acusa a los funcionarios de “haber asentado como ciertos hechos falsos en el acuerdo de consignación de la averiguación previa SCGD/CGI/004/02”. Señala que Morales Ibáñez “dolosamente” alteró seis declaraciones ministeriales “fundamentales” rendidas por él, Arturo Romero Juárez, Javier García Ávila, Fortino Delgado Carrillo, José Antonio Ortega Sánchez y José Isabel González Chávez.
“Efectuaron veintisiete falsificaciones del contenido real de esas diligencias al añadir o agregar el nombre del suscrito Benjamín Cuauhtémoc Sánchez Magallán, y los licenciados Ismael Eslava Pérez, Arturo Romero Juárez y José Isabel González Chávez en donde no existía, por no haber sido declarado de esa forma, con lo que se tras tornó el sentido y las circunstancias de los hechos ahí narrados, ya que al agregar insistentemente nuestros nombres en veintisiete ocasiones, donde no fueron mencionados, dan como resultado una falsa realidad de los hechos, y cambian el sentido esencial de las cosas, así como de la averiguación previa”, se afirma en la denuncia penal contra la actual titular de la SIEDO.
Los artículos 243 y 244 fracción VII del Código Penal Federal señalan que se constituye el delito de falsificación de documentos cuando se realice la falsificación de documento público, por servidor público; añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones; asentando como ciertos hechos, o como confesados los que no lo están; si el documento en que se asientan se extendiere para hacerlo constar y como prueba de ellos.
“…al haber elaborado el pliego de consignación, añadiendo en veintisiete ocasiones, nuestros nombres, asentaron como ciertos hechos, o como confesados los que no lo están, al ejercitar la acción penal, con lo que alteraron la investigación y causaron un daño irreparable a la credibilidad de la institución de procuración de justicia, además de que retrasaron en forma irreversible la integración de la averiguación previa, y como consecuencia, alteraron la verdad histórica de los hechos”, señala la denuncia.
En este documento, del cual tiene copia Reporte Índigo, se precisan las 27 presuntas alteraciones de las declaraciones ministeriales. Los cambios tienden a favorecer al exsubprocurador Eslava Pérez, ya que en varias ocasiones se le exime de su responsabilidad en la toma y resguardo de la declaración del nuncio Girolamo Prigione. O su responsabilidad se diluye aumentando el número de supuestos implicados.
En cambio, adquieren responsabilidad otros funcionarios, como Sánchez Magallán y los ministerios públicos Romero Juárez y González Chávez.
En la denuncia penal se afirma que el licenciado José Reynoso Castillo, juez noveno de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, al librar la orden de aprehensión y dictar auto de formal prisión, “actuó bajo consigna”. Se asegura que sin existir los elementos constitutivos del delito de ejercicio indebido de servicio público, reprodujo presuntas alteraciones a las declaraciones ministeriales hechas por los agentes de la PGR y dictó auto de formal prisión.
Respecto al presunto delito “contra la administración de la justicia”, Sánchez Magallán acusa a Marisela Morales Ibáñez y coacusados de “haber vulnerado en forma maliciosa y arbitraria mis derechos humanos, al negarme el beneficio de una defensa, y la presunción de inocencia, esto es así, puesto que nunca se me imputó el ilícito por el que se ejercitó acción penal en mi contra, como consta en la causa penal 18/2003, ya que en las dos ocasiones que fui citado a comparecer, fue en calidad de testigo”.
Caso congelado
Mientras algunos casos son integrados a gran velocidad en la PGR, como los de la Operación Limpieza, otros pueden permanecer congelados durante años. Éste es el caso de la averiguación previa contra la actual titular de la SIEDO.
El 18 de enero de 2007, Sánchez Magallán interpuso una queja ante el visitador general de la PGR por dilación de la justicia. Denunció que la responsable de la integración de la averiguación previa en contra de Morales Ibáñez, la ministerio público Mónica Contreras Franco, titular de la Mesa XV adscrita a la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, ha retrasado las investigaciones, lo “que se traduce en una negación de procuración de justicia”.
“La primera ocurrió del mes febrero al mes de agosto del año próximo pasado, cuando dejó de actuar en la averiguación previa sin existir causa o acuerdo que así lo señale, desde el siete de febrero del año en curso, en que se hizo cargo de dicha Mesa Investigadora, y hasta la fecha, no ha realizado diligencias alguna en la citada indagatoria, tendientes a esclarecer los hechos denunciados, lo que se traduce en mi perjuicio en una denegación de procuración de justicia, al contravenir flagrantemente las garantías constitucionales”, señala el escrito.
La queja fue dirigida con copia para el procurador Eduardo Medina Mora y el contralor interno de la PGR.
Hasta la fecha, la averiguación contra Morales Ibáñez no avanza. Ni siquiera ha sido llamada a declarar. La funcionaria continúa como responsable de integrar las averiguaciones previas contra ex servidores públicos acusados de presuntamente vender información a los narcotraficantes Beltrán Leyva. Para ello, se apoya en testimonios hechos por testigos protegidos cuyos dichos en ocasiones son contradictorios e incluso falsos.
Algunos de los ex servidores públicos acusados se quejan de que se están inventando pruebas en su contra. También señalan que los jueces recibieron expedientes rasurados –sin muchas pruebas presentadas a su favor– para que dictaran auto de formal prisión.
Las consecuencias del expediente abierto contra la titular de la SIEDO no son menores.
Si la funcionaria repite el mismo patrón del que se le acusa en la integración de las averiguaciones previas de la Operación Limpieza, los casos podrían derrumbarse, beneficiando por igual a culpables e inocentes, si es que los hay.
El efecto sería multiplicador, no sólo en los casos de delincuencia organizada que actualmente lleva la PGR en territorio nacional, sino también en las cortes de Estados Unidos, donde prevalece la lealtad procesal (fairness). Los abogados de narcotraficantes extraditados, como Osiel Cárdenas Guillén y Héctor Palma Salazar, “El Güero Palma”, podrían encontrar excusas para desechar los casos. Dentro del gobierno federal, muchos desconocían la averiguación previa abierta contra Marisela Morales Ibáñe z, y comienza a preocupar
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Éste es un ejemplo de las alteraciones que se le atribuyen a Marisela Morales
TEXTO ORIGINAL
(4) “...SEGUNDA CONCLUSIÓN: Los responsables del manejo de la A.P. SE/001/95 eran los licenciados ISMAEL ESLAVA PÉREZ, BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN Y JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA…”.
FALSIFICACIÓN
(4) “...SEGUNDA CONCLUSIÓN: Los responsables del manejo de la A.P. SE/001/95 eran los licenciados BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ, MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN Y JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA…”.
TEXTO OR IGINAL
(10) “...A LA DECIMA TERCERA.- Que diga el declarante si el licenciado ISMAEL ESLAVA PÉREZ, le comento que haría con la documentación original de las diligencias del 25 veinticinco de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho…”.
FALSIFICACIÓN
(10) “...A LA DECIMA TERCERA.- Que diga el declarante si el licenciado BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN, ISMAEL ESLAVA PÉREZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ
CHÁVEZ, le comento que haría con la documentación original de las diligenciad del 25 veinticinco de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho…”.
TEXTO OR IGINAL
(6) “...3.- Lic. JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA, Subprocurador General de Coordinación y Desarrollo, era quien ordenaba las diligencias, fijaba fechas, lugares de declaración y manejada por conducto del Lic. ISMAEL ESLAVA PÉREZ y de BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN la investigación del homicidio del Cardenal JUAN JESÚS POSADAS OCAMPO…”.
FALSIFICACIÓN (6) “...3.- Lic. JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA, Subprocurador General de Coordinación y Desarrollo, era quien ordenaba las diligencias, fijaba fechas, lugares de
declaración y manejada por conducto del Lic. BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN, ARTURO ROMERO JUÁREZ, Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, y de BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN la investigación del homicidio del Cardenal JUAN JESÚS POSADAS OCAMPO...”.
TEXTO ORIGINAL
(4) “...SEGUNDA CONCLUSIÓN: Los responsables del manejo de la A.P. SE/001/95 eran los licenciados ISMAEL ESLAVA PÉREZ, BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN Y JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA…”.
FALSIFICACIÓN
(4) “...SEGUNDA CONCLUSIÓN: Los responsables del manejo de la A.P. SE/001/95 eran los licenciados BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ, MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN Y JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA…”.
TEXTO OR IGINAL
(10) “...A LA DECIMA TERCERA.- Que diga el declarante si el licenciado ISMAEL ESLAVA PÉREZ, le comento que haría con la documentación original de las diligencias del 25 veinticinco de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho…”.
FALSIFICACIÓN
(10) “...A LA DECIMA TERCERA.- Que diga el declarante si el licenciado BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN, ISMAEL ESLAVA PÉREZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ
CHÁVEZ, le comento que haría con la documentación original de las diligenciad del 25 veinticinco de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho…”.
TEXTO OR IGINAL
(6) “...3.- Lic. JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA, Subprocurador General de Coordinación y Desarrollo, era quien ordenaba las diligencias, fijaba fechas, lugares de declaración y manejada por conducto del Lic. ISMAEL ESLAVA PÉREZ y de BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN la investigación del homicidio del Cardenal JUAN JESÚS POSADAS OCAMPO…”.
FALSIFICACIÓN (6) “...3.- Lic. JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA, Subprocurador General de Coordinación y Desarrollo, era quien ordenaba las diligencias, fijaba fechas, lugares de
declaración y manejada por conducto del Lic. BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN, ARTURO ROMERO JUÁREZ, Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, ARTURO ROMERO JUÁREZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CHÁVEZ, y de BENJAMÍN CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ MAGALLÁN la investigación del homicidio del Cardenal JUAN JESÚS POSADAS OCAMPO...”.
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