El caso de Lucía Morett

Abogados policías
PATRICIA DáVILA Y GLORIA LETICIA DíAZ

Revista Proceso (www.proceso.com.mx), 1694, 19 de abril de 2009;

La pretensión de dos abogados identificados con la ultraderecha en México, José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, de impulsar investigaciones extranacionales sobre la presunta participación de mexicanos en la guerrilla colombiana se topó con un fuerte obstáculo: una demanda ante la Procuraduría General de la República y las autoridades de Ecuador por pretender arrogarse atribuciones de “órganos públicos” o policiacos.
Una denuncia presentada ante la PGR de México y un documento entregado a la Fiscalía y a la embajada de Ecuador solicitan a ambos gobiernos aplicar el derecho internacional e interno de cada nación para impedir que dos abogados, quienes proceden como si fueran “órganos públicos”, realicen en Ecuador investigaciones y pesquisas en torno a actividades que involucran a ciudadanos mexicanos con la guerrilla colombiana.
Relacionadas con el caso de Lucía Morett y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la denuncia y la petición fueron interpuestas por la defensa de Rogelio Ortega Martínez, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, en contra de las acciones emprendidas por los abogados José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.
El 24 de marzo y el 7 de abril de 2008, Ortega Sánchez y Velasco Arzac presentaron, por separado, una denuncia (PGR/SIEDO/UEITA/028/2008) por la presunta participación de ciudadanos mexicanos en las FARC a raíz de que la estudiante de la UNAM Lucía Andrea Morett Álvarez fue herida por el ejército colombiano cuando se encontraba en un campamento de la guerrilla establecido en Ecuador.
Un año después, el 18 de marzo de 2009, ambos abogados acudieron nuevamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar la segunda ampliación de la denuncia (la primera se añadió al expediente el 13 de mayo de 2008).
En el nuevo documento, Ortega Sánchez y Velasco Arzac piden a la PGR solicitar a los gobiernos de Colombia y Ecuador la información que sustente la acusación penal por delincuencia organizada en contra de Lucía Morett, pues entre otras cosas suponen que también se halla involucrado Rogelio Ortega Martínez.
Esto, porque, afirman, “algunos de los últimos archivos que lograron abrir los expertos de la policía hablan de negocios entre las FARC y bandas mexicanas en un delito que está conmocionando al país centroamericano (sic): el secuestro. Son correos entre Reyes, Olga Marín, Marcos Calarcá y un hombre identificado como ‘Rogelio’”.
Según el argumento del Consejo Ciudadano, presuntamente el nombre completo de ese hombre podría ser Rogelio Ortega Martínez, quien habría pedido a Olga Marín y Marcos Calarcá en 2002 un préstamo de 40 mil dólares con la garantía de que pagaría una cantidad mayor porque estaba por recibir el rescate de una persona secuestrada.
Todo porque el 1 de marzo pasado el periódico El Tiempo de Colombia publicó uno de los mensajes encontrados en la computadora de ‘Reyes’ que, fechado el 22 de enero de 2002, señala:
“… Además de plantearnos que de ganar la rectoría tendríamos más apoyo, lo importante es que nos planteó el siguiente negocio. Un grupo que trabaja para él y que viene de las luchas anteriores, como forma de finanzas, hicieron (sic) una retención (secuestro) hace tres meses; están negociando (…) Ellos piden 20 millones de dólares y ya les están ofreciendo 4 y medio; dice que pronto estará llegando a 10 y que seguramente ahí cerrarán el trato. Esto nos contó para plantearnos un préstamo de 40 mil dólares. Ofrecen pagar el doble y algo de solidaridad en efectivo…”
“Son mentiras e infamias”
En entrevista con Proceso, Rogelio Ortega Martínez dice estar indignado por esas “mentiras e infamias” que han circulado en su contra.
“Hay una predisposición mediática que me produce daño moral en mi trabajo y mi familia”, afirmó. Después, molesto, admitió: “No esperaba que esa mentira llegara a tomar esa dimensión; por eso, cuando salieron notas en periódicos y revistas en las que se hacía mención de un ‘Rogelio’, yo pensé que se trataba de un homónimo.”
En 1983, Rogelio Ortega Martínez fue miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por Genaro Vázquez Rojas, y su incursión en este organismo también fue utilizada en su contra por Ortega Sánchez y Velasco Arzac para ligarlo con la guerrilla colombiana.
“La ACNR –explica Rogelio Ortega– fue refundada en los años ochenta. Ya no tenía el perfil armado de la agrupación creada por Genaro Vázquez, sino que era sólo una expresión política. Esta información la manipula Ortega Sánchez en la demanda en mi contra.
“En esa época –prosigue– yo fui uno de los dirigentes más activos para que el Estado mexicano amnistiara a compañeros que habían sido exiliados a Cuba, por su participación en la guerrilla del maestro Genaro Vázquez. Una vez que con movilizaciones logramos la amnistía, fui a Cuba por los compañeros José Bracho y Demóstenes Lozano para reintegrarlos a la lucha legal.”
Asegura que José Antonio Ortega Sánchez, “como representante de la derecha”, manipula también en su contra la realización de un coloquio internacional de estudios sobre la paz que se realizó en el año 2000 y al cual asistieron los representantes de las FARC en México, Olga Marín y Marco León Calarcá.
Eso, dice, no obstante que “se trató de un acto público realizado en el Centro Internacional de Acapulco, y a mí, como coordinador de asesores del entonces rector Florentino Cruz Ramírez, me tocó organizarlo. No sólo vino gente de Colombia, sino de Guatemala, Uruguay, Chile, Argentina, en fin, países con experiencia en temas de pacificación”.
Según el profesor universitario, es fácil comprobar que las aseveraciones del presidente del Consejo Ciudadano y del presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, son falsas: “Soy un personaje ampliamente conocido, vivo modestamente de mi trabajo académico. Por eso nunca me dediqué a la política. Lo de México Posible (partido efímero fundado por Patricia Mercado) fue por un momento. En el instituto doy clases de licenciatura, maestría y doctorado. ¿A qué hora voy a subirme a la montaña o a la sierra a organizar una guerrilla y secuestros?”.
Asegura que la exhibición que el abogado Ortega Sánchez hizo de su persona en los medios de comunicación con la difusión de la denuncia en su contra no sólo es preocupante, sino que pone en riesgo su vida: “Podría haber alguien que por la sospecha que sembró este señor, quiera hacer justicia por propia mano. Lo responsabilizo por el daño que mi familia y yo pudiéramos sufrir”.
Días después de que el universitario fue vinculado con las FARC por Ortega Sánchez, la madrugada del 22 de marzo, un comando de hombres armados atacaron el edificio del IIEPA-IMA, dispararon cuando menos nueve balazos y dañaron el sistema de aire acondicionado y algunas aulas, según la denuncia Tab/GAR/145/2009.
Y es que, finalmente, el catedrático de la UAG decidió contrademandar a Ortega Sánchez y a Velasco Arzac.
A través de su abogado, Mariano Albor Salcedo, Rogelio Ortega envió una carta a Washington Pesántez Muñoz, fiscal general de Ecuador, donde le expresa su preocupación por “… el papel que le han asignado como informante y colaborador de personas físicas y organizaciones mexicanas al margen de las normas de derecho internacional e interno de cada país y que, como verá, tiene objetivos definidos en contra de personas e instituciones de los sectores desprotegidos de la sociedad mexicana que son, en este caso, estudiantes, profesores e investigadores sociales, pertenecientes a diferentes instituciones universitarias del país”.
Le expone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha interpretado en años recientes el principio de supremacía contenido en la Constitución y que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del máximo tribunal de los mexicanos, los tratados internacionales tienen un valor mayor que la legislación ordinaria de carácter federal.
En ese sentido, establece que las relaciones jurídico-penales entre ambos países se encuentran sujetas o vinculadas a instituciones de primer orden, como los derechos fundamentales, que son los derechos del hombre incorporados positivamente a la legislación nacional y originados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
En ese orden de ideas, puntualiza, debe considerarse la vigencia de los tratados internacionales suscritos regional y bilateralmente por Ecuador y México, que son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado de Extradición entre los gobiernos de México y Ecuador, y el Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal que establecieron ambos países.
El texto enviado al fiscal ecuatoriano por el abogado Albor concluye con “la petición de que cesen los actos de colaboración al margen de las leyes de los dos países”, y argumenta:
“Los individuos y las organizaciones (Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno) de origen mexicano que han sido recibidas por usted predican y practican la aplicación del castigo penal al margen de las garantías y los derechos del hombre y del debido proceso legal; para ello, aducen los argumentos justificativos más oscuros que registra la historia cuando se persigue por el color de la piel, por el credo que se profesa o, lo que es más grave, por lo que se piensa.”
Copia de esta misiva fue enviada por Mariano Albor Salcedo también al embajador de Ecuador en México, Galo Galarza Dávila.
El defensor del catedrático de la UAG interpuso finalmente, el jueves 2, una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). En ésta, y en referencia a las organizaciones presididas por Ortega Sánchez y Velasco Arzac, advierte que en México se ha organizado un conjunto de asociaciones que, aun cuando su objetivo es la observación y crítica de las autoridades, incurren en hechos que perjudican los bienes jurídicos más preciados para los mexicanos: la vida, la libertad y el patrimonio.
Tales agrupaciones, enfatiza, han desviado su comportamiento y objetivos, ya que sus prácticas actuales las han conducido a arrogarse funciones públicas de investigación y persecución de delitos que, por su naturaleza, legitimidad y legalidad, corresponden a los órganos de un Estado de derecho, como es el Ministerio Público.
–¿Por qué tanto el gobierno de Ecuador como el de México permiten que esas organizaciones se tomen esas facultades? –se pregunta a Mariano Albor.
–No sé. Lo que puedo decirle es que en la denuncia solicitamos a la PGR que se investigue a los funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque han sido evidentes las omisiones en que han incurrido, pues esas organizaciones privadas actúan a través de sus representantes para irrumpir e intervenir en los asuntos que son competencia única y exclusiva de los pueblos y gobiernos de países extranjeros.
“De ahí que hayamos decidido dirigirnos al fiscal de Ecuador, quien a sabiendas de que existen tratados internacionales y conductos diplomáticos, abre canales institucionales a particulares mexicanos de organizaciones civiles mexicanas.”
Albor considera que no puede permitirse que organizaciones particulares, cualquiera que sea su origen nacional, actúen libremente. Y explica que México ya ha sancionado migratoriamente a extranjeros que, según el criterio de las autoridades, han intervenido en asuntos de carácter público interno. Cita un ejemplo:
El 20 de septiembre de 2007, después de una conferencia de prensa en la que los abogados estadunidenses Jeffrey Robert Anderson, Michael George Finnegan y David Gerard Clohessy denunciaron al cardenal Norberto Rivera Carrera por presuntamente encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar, a quien acusaron de haber abusado sexualmente de 26 menores de edad, llegaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) e intentaron trasladar a dichos abogados a sus instalaciones (Proceso 1605).
Ese día, por la noche, el INM informó que los abogados ingresaron al país con pasaporte de turistas, lo que les impedía realizar actividades lucrativas o remuneradas, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Población. El incidente estuvo a punto de crear un conflicto diplomático.