El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, a fin de tipificar las conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra el ejercicio periodístico.
Al apoyar la propuesta, el presidente de la Mesa Directiva, César Duarte Jáquez, enfatizó que en el contexto del combate a la delincuencia organizada y en el propio proceso democrático es elemental generar mayores condiciones de seguridad para el ejercicio libre del periodismo.
“Es importante que esta Legislatura envíe un mensaje de fortaleza para este oficio que corre riesgos día con día, sobre todo donde se encuentra la de la delincuencia organizada de manera permanente queriéndose imponer en regiones del país por encima de la autoridad constituida”.
César Duarte recordó que el 13 de noviembre, en Ciudad Juárez, fue asesinado Armando Rodríguez, quien era reportero del Diario de Ciudad Juárez y que crímenes como el de él se han dado a lo largo y ancho del país.
Reiteró que con esta reforma el mensaje de la Cámara de Diputados es fortalecer la profesión para que se desempeñe con libertad y que por ello se suma a la propuesta junto con el diputado por Chihuahua Israel Beltrán Montes (PRI).

En tanto, la diputada Claudia Cruz Santiago (PRD) refirió que en 2007 el Comité para la Protección de Periodistas reportó que 23 comunicadores han muerto en cumplimiento de su labor informativa, y que otros 14 murieron en circunstancias poco claras en los últimos 15 años.
Asimismo, mencionó que en 2008 Reporteros Sin Fronteras en su informe reconoce que la libertad ha progresado jurídicamente con la despenalización de los delitos de prensa a nivel federal, pero también denuncia que el país se mantiene como el sitio más peligroso del continente para periodistas.
Dijo que la CNDH reportó que del 2000 al 2007, 37 periodistas fueron asesinados y que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR informó que de febrero de 2006 al mismo mes de 2008 se cometieron 219 delitos, incluidos los de asesinato, extorsión y amenazas.
Agregó que el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) informa que en 2007 hubo 6 periodistas asesinados; en 2008, 14 y en la que va de este año, tres; dos en Guerrero y una Veracruz.
En este escenario, el diputado Gerardo Priego Tapia, presidente de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, asentó que con la aprobación del dictamen se avanza en la protección de la libertad de expresión y se pronunció por “reglamentar la publicidad del Estado para evitar que el dinero de los mexicanos sirva para comprar la conciencia de los periodistas”.
En tanto, el secretario de la Comisión de Justicia, Jorge Mario Lescieur Talavera, explicó que se planteó un tipo acotado para tipificar sólo las agresiones en contra de la actividad periodística y no de la libertad de expresión, pues esto último traería como consecuencia la obligación del Ministerio Público de integrar averiguaciones previas por delitos que no necesariamente entrañen ataques con dicha función.
Añadió que la tipificación de las conductas que vulneren el derecho de la libertad de expresión de los periodistas es protector, no sólo para la actividad, sino también de los medios de comunicación porque a través de ellos se hace efectiva la función de informar.
Dijo que se consideró a la actividad periodística como el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticas, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas.
En el documento se establece que esta tarea puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio.
Además se asienta que a quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

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