El Universal, miércoles 09 de marzo de 2011;
Presunto culpable ya ganó otra batalla. Ayer un Tribunal Federal en materia administrativa le enmendó la plana a la juez Blanca Lobo al revocar la suspensión provisional que llevó a que el documental saliera de las salas de cine. Los tres magistrados consideraron que la suspensión: “causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información contenido en el artículo sexto de la Constitución”. Y que ese derecho “goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática, es decir, tiene una doble faceta que exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
En cuanto Cinépolis reciba la notificación, y esperemos que no tarden mucho, Presunto culpable regresará a las salas.
Es un gran triunfo y qué bueno, porque este documental fue concebido desde un inicio como un arma de batalla, y al menos en este tema ya sentó precedente.
La historia viene de lejos. Desde que se funda en el año 2000 la División de Estudios Jurídicos en el CIDE, el equipo que encabezaba Ana Laura Magaloni se propuso retratar primero y luego promover reformas que mejoraran el sistema de justicia. En 2003 publicaron su primera encuesta de recolección de datos de población en reclusorios y confirmaron la gravedad del problema. Algunos viajaron a Chile y se entusiasmaron con el éxito que estaba teniendo en ese país la Reforma Procesal Penal que introdujo allá los juicios orales. En 2006 Roberto Hernández y Layda Negrete hicieron en 2006 El túnel, un primer documental que exponía justamente las virtudes del ejemplo chileno. El tema siempre fue materia de estudio, pero también una causa.
Presunto culpable se financió inicialmente gracias a 60 mil dólares que Ana Laura Magaloni consiguió de la Fundación Hewlett. Después se irían sumando muchos otros, empresarios, productores, la mayoría por el convencimiento de que esta historia estaba destinada a despertar la indignación y a movilizar a una sociedad que en todo momento es víctima potencial de este sistema.
Conociendo esta historia me impresionó leer el lunes en La Jornada a Julio Hernández: “Significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por Felipe Calderón, pero fundamentalmente por Estados Unidos”.
Felipe Calderón no había llegado a la presidencia cuando este proyecto ya prendía los debates en la sala de lecturas del CIDE. Y el apoyo del Presidente a los juicios orales es de dientes para afuera, la verdad es que en este sexenio a lo que le han metido dinero es a la policía y no a la procuración de justicia. Este año, el presupuesto para la SSP federal aumentó 10%, el de la Procuraduría, sólo 1%.
Es cierto, lo que proponen es un cambio radical que conlleva riesgos, pero, ¿quién puede, sin tener que recurrir a complots internacionales, apoyar el actual sistema
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Es un gran triunfo y qué bueno, porque este documental fue concebido desde un inicio como un arma de batalla, y al menos en este tema ya sentó precedente.
La historia viene de lejos. Desde que se funda en el año 2000 la División de Estudios Jurídicos en el CIDE, el equipo que encabezaba Ana Laura Magaloni se propuso retratar primero y luego promover reformas que mejoraran el sistema de justicia. En 2003 publicaron su primera encuesta de recolección de datos de población en reclusorios y confirmaron la gravedad del problema. Algunos viajaron a Chile y se entusiasmaron con el éxito que estaba teniendo en ese país la Reforma Procesal Penal que introdujo allá los juicios orales. En 2006 Roberto Hernández y Layda Negrete hicieron en 2006 El túnel, un primer documental que exponía justamente las virtudes del ejemplo chileno. El tema siempre fue materia de estudio, pero también una causa.
Presunto culpable se financió inicialmente gracias a 60 mil dólares que Ana Laura Magaloni consiguió de la Fundación Hewlett. Después se irían sumando muchos otros, empresarios, productores, la mayoría por el convencimiento de que esta historia estaba destinada a despertar la indignación y a movilizar a una sociedad que en todo momento es víctima potencial de este sistema.
Conociendo esta historia me impresionó leer el lunes en La Jornada a Julio Hernández: “Significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por Felipe Calderón, pero fundamentalmente por Estados Unidos”.
Felipe Calderón no había llegado a la presidencia cuando este proyecto ya prendía los debates en la sala de lecturas del CIDE. Y el apoyo del Presidente a los juicios orales es de dientes para afuera, la verdad es que en este sexenio a lo que le han metido dinero es a la policía y no a la procuración de justicia. Este año, el presupuesto para la SSP federal aumentó 10%, el de la Procuraduría, sólo 1%.
Es cierto, lo que proponen es un cambio radical que conlleva riesgos, pero, ¿quién puede, sin tener que recurrir a complots internacionales, apoyar el actual sistema
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Columna Astillero/Julio Hernández López
La Jornada 7 de marzo de 2011;
Un documental de muy buena factura ha conmocionado a México. Presunto culpable es la obra cinematográfica –sin entrar a discusión de géneros– que más ha impactado la conciencia social respecto a problemas estructurales del país; en el caso, respecto a la ineficacia y el atraso de los sistemas de procuración y administración de justicia, comprobados productores de presuntos culpables pero, también, de presuntos inocentes.
Ejemplo de las distorsiones que hoy se viven lo da la sostenida y apasionada denuncia de una supuesta censura que hasta ahora no se ha cumplido: la cinta sigue en cartelera, la taquilla camina rumbo a marcas históricas, la publicidad gratuita continúa y los principales representantes de los poderes políticos, económicos y mediáticos han encontrado un resquicio ideal para disfrazarse de guerrilleros verbales en defensa de la libertad de la expresión y en contra de las injusticias denunciadas en pantalla. No sólo eso: se ha instalado un increíble silencio colectivo (una aprobación virtual) ante la decisión política del gobierno federal de no cumplir la suspensión provisional ordenada por un juez (causal, en otros momentos, de procesos de desafuero con sentido electoral), otorgando así un cheque en blanco al poder ejecutivo para que en función de sus consideraciones haga su voluntad.
A contracorriente, pero es necesario decirlo: no hay ni hubo censura, sino el recto cumplimiento de una función judicial. La fuerza mediática volcada en favor del documental ha pretendido linchar a una juez, Blanca Lobo Domínguez, por dar curso a la solicitud de un ciudadano que al creer violentados sus derechos e intereses acudió a las instancias que le pueden amparar. Pero los presuntos culpables de ahora son la juez Lobo y el solicitante de la suspensión provisional, el joven Víctor Daniel Reyes que, en caso de serlo, sería el eslabón culpable más débil de la larga cadena que produce la escandalosa injusticia mexicana a la que el documental en mención denuncia con enjundia pero solamente en tramos procesales, en los rangos inferiores, sin subir la mira ni plantear el contexto general que propician, administran y disfrutan muchos de quienes bajo el manto de esta obra pretenden limpiar culpas y lanzar defensas encendidas a libertades y derechos que usualmente mancillan: crear injusticias para luego
En realidad, significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por FC pero, fundamentalmente, por EU. La instauración de un sistema judicial basado en el estilo del vecino país ha sido largamente impulsada por los principales productores de Presunto culpable, sobre todo por Ernesto Canales Santos, el presidente del patronato de Renace, la asociación con sede en Monterrey que ayuda a personas pobres que sufren injusticia judicial (Renace a la que se transfieren, más que donar, las ganancias de Presunto culpable. Es decir, se envían a la cuenta de uno de los mismos productores ejecutivos, Canales Santos, quien preside otra agrupación, el Instituto Mexicano para la Justicia en el que, según se ve en http://bit.ly/hmfhJC, aparecen como asesores Layda Negrete y Roberto Hernández, los motores principales del documental. Es decir, las ganancias, según sean reportadas por Cinépolis, que con esta obra se ha estrenado como empresa distribuidora de películas, ya no sólo exhibidora, no irán a un ámbito distante, ajeno, incompartido, sino a las mismas cuentas del grupo que ha impulsado este proyecto: presunta donación).
A contracorriente, pero es necesario decirlo: no hay ni hubo censura, sino el recto cumplimiento de una función judicial. La fuerza mediática volcada en favor del documental ha pretendido linchar a una juez, Blanca Lobo Domínguez, por dar curso a la solicitud de un ciudadano que al creer violentados sus derechos e intereses acudió a las instancias que le pueden amparar. Pero los presuntos culpables de ahora son la juez Lobo y el solicitante de la suspensión provisional, el joven Víctor Daniel Reyes que, en caso de serlo, sería el eslabón culpable más débil de la larga cadena que produce la escandalosa injusticia mexicana a la que el documental en mención denuncia con enjundia pero solamente en tramos procesales, en los rangos inferiores, sin subir la mira ni plantear el contexto general que propician, administran y disfrutan muchos de quienes bajo el manto de esta obra pretenden limpiar culpas y lanzar defensas encendidas a libertades y derechos que usualmente mancillan: crear injusticias para luego
“combatirlas”.
En realidad, significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por FC pero, fundamentalmente, por EU. La instauración de un sistema judicial basado en el estilo del vecino país ha sido largamente impulsada por los principales productores de Presunto culpable, sobre todo por Ernesto Canales Santos, el presidente del patronato de Renace, la asociación con sede en Monterrey que ayuda a personas pobres que sufren injusticia judicial (Renace a la que se transfieren, más que donar, las ganancias de Presunto culpable. Es decir, se envían a la cuenta de uno de los mismos productores ejecutivos, Canales Santos, quien preside otra agrupación, el Instituto Mexicano para la Justicia en el que, según se ve en http://bit.ly/hmfhJC, aparecen como asesores Layda Negrete y Roberto Hernández, los motores principales del documental. Es decir, las ganancias, según sean reportadas por Cinépolis, que con esta obra se ha estrenado como empresa distribuidora de películas, ya no sólo exhibidora, no irán a un ámbito distante, ajeno, incompartido, sino a las mismas cuentas del grupo que ha impulsado este proyecto: presunta donación).
Canales Santos es un abogado corporativo que ha estado al servicio de Visa, Alfa y Femsa, y ha formado parte de consejos de administración con miembros de las familias Canales Clariond. Un vicepresidente de Renace es Alberto Santos de Hoyos, quien fue diputado y senador por el PRI y que fue principal accionista de Gamesa, además de ser consejero de Axtel, Seguros Comercial América, Grupo Cydsa y Sigma Alimentos. En su propio grupo (Ingenios Santos, Automotriz Santos y Empresas Santos), el vicepresidente de Renace ha enfrentado acusaciones de beneficiarse de rescates públicos polémicos, como el relacionado con los productores de azúcar (el imprescindible Carlos Fernández-Vega, en http://bit.ly/hIl13U, toca el tema). Otro vicepresidente, Ernesto Rangel Hinojosa, fue director general de administración de Grupo Vitro, y miembro de su consejo de administración en 1998, como puede verse en http://bit.ly/gclKlQ junto a Jaime Serra Puche, Lorenzo Zambrano (Cemex), Ernesto Martens Rebolledo (Cintra, luego funcionario con Fox), y Alejandro Garza Lagüera (Pulsar). El tesorero es Fernando Turner Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes que fue destacado orador en favor de AMLO en reciente comida en el Distrito Federal.
A tales empresarios y abogados corporativos, en su faceta de filántropos en asuntos judiciales, irán las ganancias de Presunto culpable en cuanto ésa es la matriz, junto al CIDE, al que pertenecen Negrete y Hernández y que ya antes produjo otro esfuerzo de esclarecimiento jurídico en la revisión de los expedientes de Acteal. Lo que se busca es crear un ambiente propicio para las reformas judiciales calderonistas, impulsadas desde EU, que desde ahora son duramente impugnadas por cuanto pretenden celeridad en la resolución del enorme rezago judicial pero sin sustento ni bases firmes para garantizar inocencias o culpabilidades. Un ejemplo ya se tuvo en Chihuahua en el caso del asesino de la hija de Marisela Escobedo. Otro ejemplo se vive ya, de manera distinta, en el caso del joven Reyes, primo del asesinado que dio pie al documental en mención y que ahora es linchado mediática y socialmente y a quien incluso se le niega, con aires clasistas, el derecho a defender su imagen y la de su familiar víctima de homicidio. ¿Presunto culpable para que haya presuntos inocentes? ¡Hasta mañana!
A tales empresarios y abogados corporativos, en su faceta de filántropos en asuntos judiciales, irán las ganancias de Presunto culpable en cuanto ésa es la matriz, junto al CIDE, al que pertenecen Negrete y Hernández y que ya antes produjo otro esfuerzo de esclarecimiento jurídico en la revisión de los expedientes de Acteal. Lo que se busca es crear un ambiente propicio para las reformas judiciales calderonistas, impulsadas desde EU, que desde ahora son duramente impugnadas por cuanto pretenden celeridad en la resolución del enorme rezago judicial pero sin sustento ni bases firmes para garantizar inocencias o culpabilidades. Un ejemplo ya se tuvo en Chihuahua en el caso del asesino de la hija de Marisela Escobedo. Otro ejemplo se vive ya, de manera distinta, en el caso del joven Reyes, primo del asesinado que dio pie al documental en mención y que ahora es linchado mediática y socialmente y a quien incluso se le niega, con aires clasistas, el derecho a defender su imagen y la de su familiar víctima de homicidio. ¿Presunto culpable para que haya presuntos inocentes? ¡Hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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