Columna PLAZA PÚBLICA /Miguel Ángel Granados Chapa
Violar tantito la Constitución
Reforma, 26 May. 11
En su artículo 37 la Constitución establece que se pierde la ciudadanía mexicana, entre otras causas, "por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente". El jueves pasado el secretario de Seguridad Pública recibió una condecoración de la Policía Nacional de Colombia (un reconocimiento al mérito) de manos del presidente Juan Manuel Santos, lo que da idea de la relevancia de la distinción. No contaba con la autorización congresional, por lo que claramente se colocó en la hipótesis de la pérdida de la ciudadanía.
Con banalidad, la mayoría priista en la Cámara de Diputados estimó que no era para tanto, que sólo se violó un poquito la Constitución , o que hay textos cuya vulneración es más grave que otros, y pasó por alto el incidente. No dejó de poner en vergüenza al secretario predilecto del Presidente, quien, si quiere gloriarse de la admiración que suscita en la policía colombiana, tendrá que rehacer el camino: solicitar el permiso de la Permanente (o del Congreso si aguarda a septiembre) y, previa devolución del reconocimiento indebidamente aceptado, aceptarlo de nuevo y poder usar la expresión metálica de ese reconocimiento.
El permiso fue solicitado el miércoles previo a la recepción de la medalla, unas horas antes de que ocurriera el acto protocolario en Bogotá. Pero además de haberlo pedido a última hora, quiso trampearse al no fijar la fecha del acto diplomático, a fin de ocultar que el acto volitivo de aceptación había ya ocurrido. Por ello, la Comisión Permanente le dio un trato convencional a la solicitud y la remitió a comisiones. Es probable que, de explicarse la premura, se hubieran obviado los trámites y la autorización se hubiera extendido a tiempo para que García Luna recibiera la condecoración sin problema alguno. En cambio, una semana después, ayer, la Permanente sobreseyó el caso. Dio por inválida la petición porque se refería a un hecho consumado, y dio vuelta a la hoja.
Las bancadas del PRI y el PAN adujeron argumentos baladíes en pro y en contra. Los tricolores, que dieron un portazo en la cara a García Luna, le perdonaron la vida. Debieron iniciar el procedimiento consecuente con la clara disposición constitucional. En defensa del secretario García Luna, en cambio, los panistas argumentaron que no se trataba de una condecoración sino de un reconocimiento y por lo tanto no se requería pedir permiso y hasta hubo un exceso al hacerlo. Es claro, apenas se consulta el diccionario de la Real Academia de la Lengua , que condecoración es "acción y efecto de condecorar" y que este verbo significa "darle honores" a una persona. Eso fue, entre policías, lo que ocurrió hace una semana.
Aunque los legisladores no tomen a pecho el texto constitucional, mucha gente se conduce conforme a él. Con algunas excepciones, no hay sesión de las Cámaras o de la Permanente donde no se expidan autorizaciones para aceptar o usar condecoraciones o, lo que es materialmente más importante para los interesados, para prestar "servicios oficiales" a un gobierno extranjero, so pena de perder la ciudadanía. Las embajadas en México se aseguran de que sus futuros empleados cuenten con el permiso constitucional antes de iniciar una relación laboral o de prestación de servicios profesionales. El artículo 37 es respetado por la generalidad de las personas: les importa mantener la ciudadanía.
El proceder de García Luna no es trivial. Muestra la percepción que tiene de sí mismo. Se siente por encima de la ley. Una vez que fue clara la precariedad de su posición ante el reconocimiento colombiano, pretendió remediar el desacato arguyendo que sólo mantenía "en custodia" la medalla correspondiente. No sólo por encima de la Constitución se piensa el secretario, sino también por encima de los gobernados, a quienes supone retrasados mentales. La violación constitucional se produjo desde el momento mismo en que aceptó ser condecorado por la Policía Nacional colombiana. Es la aceptación sin permiso lo condenable. Tener en custodia la pieza metálica puede significar un tardío acto de discreción y anunciar que no será usada. Pero ya es suya; la aceptó, la recibió y se ufanó de hacerlo.
Quizá en algo tiene razón García Luna, si mi suposición de que nos cree retrasados mentales corresponde con la percepción que tiene de nosotros. Sólo siendo retrasados mentales nos resulta admisible la terquedad presidencial de mantenerlo en un cargo que requiere una sólida conciencia de respeto a la ley. No sólo a partir del 8 de mayo en que Javier Sicilia demandó la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Mucho antes se ha ofrecido sobrada evidencia de que cumplir la ley no es el fuerte de García Luna. Lo muestra su biografía profesional, desde sus años en la naciente Policía Federal Preventiva, en la Agencia Federal de Investigación y en la Secretaría de que es ahora titular.
Casualmente, el mismo día en que el Poder Legislativo admitió que García Luna violara la Constitución , sin consecuencia alguna, apareció un nuevo cable de los difundidos por WikiLeaks (publicado en México por La Jornada ). Cuando apenas cumplía su tercer mes como secretario, en febrero de 2007, ofreció sin cortapisas a Michael Chertoff, entonces secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos: "libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública". Y le "expresó su esperanza" de que esa Secretaría "pueda ayudarle a establecer programas para asegurar la integridad" de sus agentes.
miguelangel@granadoschapa.com
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