Columna Bitácora de Pascal

Hank: las armas y los votos

Columna Bitácora del director/Pascal Beltrán del Río

 No necesita uno remitirse a las muchas historias negras que circulan sobre Jorge Hank Rhon y su enorme riqueza para ver en él una de las versiones más nefastas de los negocios y la política en México.

Adicto a la superchería y las excentricidades, misógino y arrebatado, el hijo de Carlos Hank González ha conseguido hacerse de una fortuna calculada en mil millones de dólares gracias a Caliente, el ubicuo emporio de apuestas y juegos que capitanea desde Tijuana.

Los escándalos que han rodeado a Jorge Hank desde su llegada a la ciudad fronteriza, hace un cuarto de siglo, no obstruyeron su ascenso a posiciones prominentes en la sociedad local.

Ante las acusaciones de estar relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero, el empresario y político siempre ha tenido respuestas similares a la que dio a los periodistas Antonio Heras y Alonso Urrutia hace cuatro años: “Que me lo prueben… Si eso fuera realidad no estaría donde estoy; no podría ir a Estados Unidos cada que yo quiero, ni podría andar libremente por mi país”.

En 2004, Hank arrebató al PAN la alcaldía de Tijuana y en 2007 intentó llegar a la gubernatura de Baja California. Recientemente, su equipo de futbol, Xoloitzcuintles, logró ascender a la Primera División del futbol mexicano, y su fundación altruista Por Ayudar, dirigida por su esposa María Elvia Amaya, anunció que la cantante Shakira incluyó a la ciudad en su gira Sale el sol y se presentará en concierto el próximo 30 de julio en el estadio Caliente.

Desde hace al menos un año, se especulaba con la posibilidad de que Hank pudiera contender nuevamente por la gubernatura, que ha estado en manos del PAN desde 1989. El 1 de diciembre pasado, admitió sus aspiraciones cuando asistió a la toma de posesión del alcalde de Tijuana, el priista Carlos Bustamante, en una ceremonia en la que también estuvo la entonces dirigente del partido, Beatriz Paredes.

Esos planes han quedado en veremos desde la madrugada de ayer, cuando elementos del Ejército detuvieron a Jorge Hank y otras diez personas en posesión de lo que, a decir de un boletín oficial de la Procuraduría General de la República, es un arsenal compuesto por 88 armas y más de nueve mil cartuchos útiles.

Escribo estas líneas mientras se desarrollan los acontecimientos. A reserva de poder hacer una reflexión más tranquila, basada en un conocimiento completo de los hechos en Tijuana, no dejan de llamarme la atención las reacciones de bote pronto que suscitó la noticia.

Los comentarios espontáneos en la red social Twitter se polarizaron. Al mediodía de ayer, podía uno encontrar júbilo y condena por igual.

Por un lado estaban quienes pensaban que “por fin” se había hecho justicia al detener a un hombre señalado como corrupto y violento, y, por otro, quienes argumentaban esto no era un simple acto de aplicación de la ley sino un quinazo calderonista, un “hanquinazo” que ocurría apenas a un mes de las elecciones de gobernador en el Estado de México.

Como siempre, la verdad no suele estar en las posiciones extremas que muchos adoptan en México. ¿A qué autoridad se le puede señalar por cumplir con su responsabilidad, que es aplicar la ley? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo ignorar las consecuencias que esta detención puede tener sobre los electores, del Estado de México e incluso del resto del país?

Por un lado, se acusa al gobierno federal de no tener éxito en el combate contra el crimen y la corrupción, pero cuando se detiene a un personaje poderoso y controvertido como Jorge Hank Rhon —quien deberá contar con las garantías procesales a que tiene derecho todo acusado—, se escatima la resolución con la que al parecer actúa la autoridad.

Por otro, se olvida que en política suele no haber casualidades. La detención de Jorge Hank —cuya familia, sobra decirlo, se funde con el PRI, el Grupo Atlacomulco y el Estado de México— sucede en momentos en que ese partido parece tener seguro su triunfo en la entidad que gobierna su virtual candidato presidencial en 2012, y alumno destacado del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto.

Yo no encuentro contradicción entre decir que uno debe dar oportunidad al Ejecutivo de mostrar las evidencias que llevaron al Ejército a realizar una redada en un domicilio particular —y que el detenido ofrezca sus pruebas de descargo— y afirmar que, en política, las “cacerías de brujas”, por usar una expresión del líder priista Humberto Moreira, son parte del repertorio.

Por eso, afirmar que el gobierno federal debió abstenerse de la acción en Tijuana a fin de no enrarecer el clima político me parece cínico. Y asegurar que esto no tiene nada que ver con las elecciones del próximo 3 de julio, en el Estado de México y otras tres entidades, me parece ingenuo.

Sería absurdo pedirle a la autoridad no actuar ante la comisión de un delito, o exigirle que sólo lo haga fuera del calendario electoral. Sin embargo, la narración de los hechos en el boletín oficial, que tardó cerca de 12 horas en darse a conocer, también deja lugar a muchas dudas, pues parece estar construido a modo de justificar, mediante una supuesta flagrancia, la invasión castrense de un domicilio particular.

Muchas veces he argumentado en este espacio que el necesario combate al delito no debe hacerse por encima de la ley. Me he pronunciado en contra del abuso de la figura del arraigo y del evidente maltrato físico de personas que son presentadas ante los medios como culpables de un delito. El descrédito de un individuo como Hank no sustituye una orden de cateo o de aprehensión, pues la justicia no debe ser un acto de venganza.

Es necesario preguntarse por qué no se actuó antes contra Jorge Hank si desde hace años hay una denuncia arraigada en la PGR —presentada por Felipe Ruanova Zárate, quien fue funcionario de la desaparecida SAHOP—, en la que se acusa a Hank de haber despojado a la nación del terreno de 83 hectáreas en el que hoy se asientan el estadio Caliente, una plaza comercial, un centro de apuestas y el fraccionamiento Puerta de Hierro, entre otras de sus propiedades.

Por otro lado, se nos tomaría por bisoños si creyéramos que no hay relación entre los hechos del sábado en la madrugada y el relanzamiento de la campaña del candidato panista a la gubernatura del Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena. Hoy, a las 12 del día, en la Plaza Cívica de Tlalnepantla, ocurrirá un mitin de campaña al que está previsto que asistan todos los aspirantes presidenciales del PAN, así como los gobernadores surgidos de ese partido, entre otros personajes.

No digo eso como juicio de valor. Me queda claro que los gobiernos, de todos signos, hacen eso: ocasionalmente utilizan las capacidades de procuración de justicia para hacer política. Si no fuera así, aquí habría una enorme coincidencia, y, le repito, en estos casos no creo en ellas.

En todo caso, hay que estar atentos de qué consecuencias políticas tendrá la acción en Tijuana. Porque, independientemente de sus motivaciones, las tendrá.

Si Hank termina libre, como sucedió con los alcaldes y otros funcionarios de Michoacán, la procuración de justicia se habrá llevado un raspón y quizá Acción Nacional no pueda capitalizar el hecho como quisiera. Pero es probable que dentro de un mes el ex alcalde siga encarcelado o bajo arraigo, y ese sea el tiempo que necesita Bravo Mena, el ex secretario particular del presidente Calderón, para remontar el pobre apoyo que tiene hasta ahora en las encuestas.

En cambio, si se logran probar delitos cometidos por Hank el gobierno logrará una gran carambola: acreditar, con hechos, su combate a la delincuencia, y establecer en la mente de los electores que votarán en 2012 que el riesgo de que el PRI vuelva a Los Pinos es empoderar a personajes abominables como aquél.