Humala recibe un país con más de 230 conflictos

Bombas de tiempo en el corazón de Perú

Humala recibe un país con más de 230 conflictos sociales que generan violencia y desalientan las inversiones en las áreas más pobres de la sierra y la selva

F. GUALDONI / J. CORDERO - Lima –

El País, 06/06/2011;

Hay más de 230 conflictos sociales activos o latentes en Perú, la mayoría en áreas rurales pobres que han quedado marginadas del enorme crecimiento económico que disfruta el país desde hace un decenio gracias en gran parte a las exportaciones de minerales, cuyos precios se han disparado ante el apetito de China. Más de la mitad de esos conflictos involucran a la comunidad indígena, tienen que ver con una protesta por una explotación minera y generan violencia. Cientos de miles de inversiones han sido congeladas hasta que el Gobierno resuelva estos conflictos e incluso parte de los 40.000 millones de dólares que las empresas extranjeras ya se han comprometido a desembolsar en el país andino está en revisión. Todos estos conflictos ejercerán una enorme presión sobre el Gobierno del presidente electo Ollanta Humala, tanto desde el punto de vista político como del gasto público, porque los votos de los lugares donde se producen han sido clave en la victoria nacionalista del domingo.

Las comunidades indígenas tienen sus razones para oponerse a las concesiones mineras o forestales. El sector contamina mucho, apenas genera mano de obra directa en la zona de explotación, y para colmo el Estado peruano ha demostrado ser bastante ineficiente a la hora de revertir en las áreas más pobres el dinero que recibe de las empresas a través de los impuestos. La combinación ha creado bombas de tiempo que ninguno de los dos anteriores gobiernos, el de Alejandro Toledo y el saliente de Alan García, han sabido desactivar a tiempo. El caso más trágico se produjo justamente hace dos años, el 5 de junio de 2009, cuando una protesta indígena que llevaba dos meses sin ser resuelta estalló en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el que murieron 33 personas, 23 de ellas policías. Fue en Bagua, en la región de Amazonas, y se la recuerda como el Baguazo.

El detonante fueron unas leyes forestales y del uso de la tierra del cultivo que pretendían estimular las inversiones en la zona. Los indígenas reclamaron su derecho a ser consultados antes de que se aprobase cualquier proyecto dentro de sus tierras y el Gobierno se resistió a la petición. Dos años después poco ha avanzado el Ejecutivo de Lima para evitar sucesos similares. Con preocupante regularidad se producen bloqueos de carreteras, manifestaciones violentas y huelgas. La más reciente, que amenazó incluso la campaña electoral, está latente en la región de Puno, limítrofe con Bolivia. Los pobladores de diferentes zonas bloquearon carreteras, asaltaron edificios públicos y cometieron saqueo. Exigen que toda su región sea declarada libre de actividades mineras y petroleras. El Gobierno consiguió una frágil tregua.

En abril pasado, las persistentes protestas en la provincia de Islay, en Arequipa, obligaron al Ejecutivo a cancelar el proyecto Tía María de la empresa estadounidense Southern Copper. Lima objetó el informe del impacto medioambiental de la explotación minera cuando la firma ya había invertido más de 430 millones de dólares, la mitad de lo previsto. Hace más de un año, el Congreso aprobó una la ley de que obliga a consultar a los indígenas antes de aprobar nuevos proyectos, pero la norma fue rechazada por el Ejecutivo, que la devolvió al Parlamento. Desde entonces, el proyecto legal está en el aire. El congresista humalista Javier Diez Canseco, declaró ayer que Humala abrirá una vía de diálogo con las comunidades para que haya un interlocutor válido para frenar los conflictos antes de que acaben en tragedia.

Humala llama a la unidad nacional para gobernar

El nacionalista logra por muy poca ventaja arrebatar la presidencia a su rival Keiko Fujimori.- El país reclama al Gobierno electo señales claras de que mantendrá la economía de mercado

FERNANDO GUALDONI | Lima 06/06/2011

La memoria ha vencido al miedo en las presidenciales peruanas. Ollanta Humala, el líder nacionalista que ha despertado mucha inquietud por su pasado radical, ha triunfado sobre la populista Keiko Fujimori y el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, identificado con el autoritarismo y la corrupción. La victoria ha sido por muy poco, lo que obliga a Humala, el primer presidente claramente de izquierdas elegido en las urnas en la historia de Perú, a dar lo antes posible señales de que fue sincero cuando prometió que respetará las libertades civiles y el modelo de desarrollo económico que ha permitido al país andino crecer casi al ritmo de China en el último decenio.

"Hoy renuevo mi compromiso con el pueblo peruano de impulsar el crecimiento económico con inclusión social", ha dicho Humala en la plaza Dos de Mayo de Lima, tras proclamarse vencedor. "Sabemos que gobernar no es un tema de una sola persona, vamos a convocar a los mejores técnicos independientes para poder hacer un gobierno de concertación donde nadie se sienta excluido y donde todos estén representados (...) La campaña terminó y es hora de realizar un gobierno de concertación, esperanza y cambio". El mensaje es el que esperaban los votantes menos convencidos con Humala, los indecisos que lo prefirieron por oposición a su adversaria y los que, al fin y al cabo, le dieron la presidencia.

El grueso del voto nacionalista, el que espera un mayor presencia del Estado en el interior del país y el que en todos estos años ni ha olido la bonanza económica, también ha tenido su mensaje: "No se puede hablar de que el Perú avanza si hay tantos peruanos en la pobreza. Vamos a corregir eso con políticas que resuelvan el problema de la educación, de la salud, de las infraestructuras, a la vez que le cerraremos el paso a la corrupción", ha dicho el presidente electo. El apoyo del interior fue crucial para el nacionalista, de hecho fue una batalla de la sierra y la selva peruanas contra Lima, contra la centralización de un poder que ha sido incapaz de redistribuir mejor la riqueza y de llevar a las instituciones hasta los confines de un país con una geografía hostil y una historia que siempre ha favorecido el desarrollo de la costa.

La ansiedad por saber los puestos clave del Gobierno electo de Humala es incontrolable. La Bolsa de Lima ha llegado a desplomarse más de un 12% y la cotización ha estado suspendida algunas horas. Las acciones de la minera Buenaventura o el consorcio Credicorp, el mayor grupo financiero peruano; se han hundido en el mercado internacional. Aunque la patronal empresarial ha felicitado al líder nacionalista desde primera hora, al mercado no le ha bastado. Querían saber los inversores los nombres clave del gabinete: el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, y el jefe de Gabinete.

El grueso del equipo económico que acompaña a Humala procede del ex gobierno de Alejandro Toledo. Uno de ellos, Kurt Burneo, ha asegurado que el nuevo gobierno mantendrá la disciplina fiscal y respetará la inversión privada. Para el banco central se habla de mantener al actual presidente, Julio Valverde, y como jefa de gabinete ha vuelto a sonar Beatriz Merino, quien ya ocupó el cargo con Toledo y luego fue Defensora del Pueblo. Tiene una reputación intachable y es íntima amiga del Nobel Mario Vargas Llosa, quien ha avalado su posible designación. El escritor, que dio su apoyo a Humala durante la campaña, ha dicho que la victoria del partido Gana Perú ha supuesto "la derrota del fascismo".

El fujimorismo ha optado en gran medida por el silencio de la derrota. Mientras la prensa esperaba unas palabras de Keiko Fujimori, uno de los candidatos a la vicepresidencia de Fuerza 2011, Rafael Rey, ha comparecido en un canal de televisión y ha reconocido implícitamente que una de las claves de la derrota de la candidata había sido el escándalo por las esterilizaciones forzadas a más de 250.000 mujeres indígenas durante el mandato de Alberto Fujimori. La hija pidió unas tibias disculpas por esas prácticas y negó de forma encendida que aquello había sido fruto de una brutal política de Estado para el control de la natalidad. Recordó además que el Congreso había investigado y archivado el asunto. Pero muchas mujeres peruanas no le creyeron y le retiraron su apoyo.

Keiko Fujimori entendió tarde que reivindicar el legado de su padre y rodearse de sus colaboradores le iban a traer más dolores de cabeza que satisfacciones. En la última semana de campaña perdió la ventaja que había cosechado en las encuestas y empezó a "esconder" a los portavoces de su grupo demasiado identificados con el fujimorismo. En el acto final en Lima se presentó rodeada de políticos de centro: Allí estaban dos ex contendientes presidenciales: el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski y el ex alcalde de Lima Luis Castañeda, el economista liberal Hernando de Soto y la ex responsable de Economía del actual Gobierno aprista, Mercedes Aráoz. Curiosamente, estas figuras con las que Keiko intentó espantar los fantasmas del fujimorismo acabaron por convertirla en la candidata de la clase alta, y le restaron parte del apoyo popular que había heredado de su padre.