XXX Sesión del Consejo de Seguridad Pública

El Presidente Calderón en la XXX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

30 jun 2011 | Tres intervenciones a saber:

Discurso.

Señor Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente del Senado de la República.

Diputado Francisco Salazar, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señora y señores Gobernadores.

Señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Señoras y señores Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores Generales de Justicia, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Maestra Lorena Martínez, Presidenta Municipal de Aguascalientes y de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro.

Señor ingeniero Héctor Larios Santillán, Coordinador General del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Distinguidos representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan.

Distinguidos Legisladores.

Señoras y señores representantes de los medios de comunicación.

Señores Secretarios.

Señora Procuradora.

Distinguidos invitados especiales.

Señoras y señores:

Me es satisfactorio participar con todos ustedes en esta XXX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Haremos en él una revisión de la evolución que presenta la Estrategia Nacional de Seguridad, así como de los avances en los compromisos que hemos adquirido en el seno de este Consejo y en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

En el caso de la Presidencia del Consejo, debo informar a ustedes, que hemos dado especial importancia a escuchar y dialogar con los representantes de la sociedad civil.

Hemos sostenido diálogos con asociaciones religiosas, con académicos, con medios de comunicación, con organizaciones civiles, con los distintos Poderes y con los diferentes órdenes de Gobierno.

Hemos también dialogado con víctimas del delito en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Chihuahua y en otros lugares. En particular, mi encuentro del jueves pasado, cuando me reuní con representantes del movimiento Por un México de Paz con Justicia y Dignidad, tuvo una especial relevancia.

Para mí, ha sido una experiencia intensa y aleccionadora que me ha permitido evaluar críticamente muchos aspectos de las decisiones públicas en la materia y reforzar convicciones para seguir luchando por la seguridad de los mexicanos.

El diálogo ha sido un espacio para escuchar la voz de quienes han perdido un ser querido a manos de los delincuentes. A todos nos ha conmovido profundamente el testimonio desgarrador de María Elena Herrera, una valiente madre de familia que ha sufrido la inimaginable tragedia de perder a cuatro de sus hijos en distintos eventos, en dos diferentes estados.

Quizá ellos han sido víctimas por partida triple, víctimas de la delincuencia, después, víctimas de la impunidad y en buena manera, también debemos reconocerlo, víctimas de la indiferencia de las instituciones.

He platicado con muchas personas con historias muy parecidas a la mía, nos dijo María Elena. Y en todos los casos encontramos una constante: Grupos criminales coludidos con los cuerpos de seguridad, procuradurías que se niegan a investigar, autoridades que se niegan a aceptar las investigaciones que nuestras propias familias hacen, policías honestos, que cuando se atreven a denunciar a sus jefes corruptos, son asesinados.

Y sentenció la propia María Elena: superar el miedo es el primer paso. Luego viene superar la humillación de las autoridades que no nos hacen caso, y el maltrato de parte de quien debiera garantizarnos la justicia.

Así nos señaló y nos exigió María Elena, entre lágrimas de tristeza y de rabia, que hiciéramos nuestro su dolor y su indignación. Tuve la oportunidad de platicar  con ella más tarde, y me dijo que a pesar de lo difícil y doloroso de la situación, su corazón de madre le decía que sus hijos aún están vivos.

Esperamos, sinceramente, que así sea, pero sé que en cualquier caso ninguno de nosotros puede estar en paz hasta que no sepamos qué pasó con ellos, sea el Gobierno de Guerrero, donde desaparecieron unos, o el de Veracruz, donde desaparecieron otros, o el de Michoacán, de donde son originarios, o el Gobierno Federal.

Las fuerzas de seguridad también han sufrido el embate de los criminales. Pienso en cientos de policías, y soldados, y marinos, municipales, estatales o Federales. Y pienso, también, en el caso que nos planteó ahí la señora Araceli Rodríguez Nava, madre del Policía Federal Luis Ángel León Rodríguez, quien desapareció a manos de criminales sin escrúpulos, junto con seis de sus compañeros cuando iban a una misión para proteger a los habitantes de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Como comentó ella ese día, los integrantes de la banda que operan esa zona, como le comenté, perdón, a ella ese día, integrantes de la banda que opera en esa zona habían sido aprehendidos la víspera y era posible que entre los detenidos estuviera alguno o algunos de los autores materiales de esos hechos.

En efecto, quiero compartirles que así fue, los criminales, varios de los detenidos han admitido ese delito y están ya en espera de ser juzgados por la privación ilegal de la libertad y la muerte de esos heroicos Policías Federales. Confiamos en que serán juzgados conforme a derecho para que se haga justicia en este doloroso caso.

Hoy, más que hacer un llamado político, quiero apelar al sentido humano que hay en cada uno de los integrantes del Consejo de Seguridad, como seres humanos, como servidores públicos, como responsables de las instituciones del país, a todos debe indignarnos la muerte y el sufrimiento de miles de mexicanos, a todos debe indignarnos que se sigan cometiendo secuestros.

Tenemos la obligación legal, ética, humana, de responder al llamado de las víctimas y trabajar sin egoísmos y sin cálculo político en la parte que a cada uno nos corresponde.

En especial, en el Diálogo de Chapultepec se hicieron dos demandas muy sentidas:

Por una parte, el llamado a identificar a las víctimas de la ola de la violencia desatada por los criminales, a vencer su anonimato y preservar su memoria.

Por otra, la necesidad de romper el círculo vicioso de impunidad que propicia más violencia.

Quiero compartir algunas ideas respecto de éstos y otros temas.

Por lo que toca a la deshumanización en el trato a las víctimas, es necesario que las autoridades de todos los niveles, hagamos el mayor esfuerzo posible y que nos corresponde para poner nombre y apellido a quienes han fallecido a consecuencia de la violencia criminal, preservar la memoria de las víctimas es el primer paso hacia un futuro de paz y justicia para el país.

Necesitamos saber quiénes son las personas que han fallecido, independientemente de las condiciones en las que murieron, es fundamental saberlo sin importar si se trata de jóvenes que han sido reclutados por los cárteles o personas que han sido secuestradas, o desaparecidas, o asesinadas por criminales, o que hayan muerto en algún enfrentamiento entre delincuentes, o entre éstos y las autoridades.

Los Gobiernos tenemos que trabajar codo con codo en esta difícil tarea. Es muy importante que el Ministerio Público competente en estos casos de homicidio, desarrolle diligencias para preservar la escena del crimen y facilitar así, la identificación de las víctimas.

En algunos casos, los restos mortales de quien fallece no son solicitados por los familiares, simplemente porque no saben que ocurrieron esos hechos. Y al mismo tiempo, muchas familias no saben qué les ha pasado a sus seres queridos que han desaparecido, ni saben dónde buscarlos.

El Estado debe cumplir cabalmente, a través de todas sus instancias de Gobierno, su tarea de investigar cada uno de los casos, y de identificar a las personas fallecidas hasta donde sea humana y técnicamente posible.

Cada una de las personas que han perdido la vida, debe ser vista como lo que es: como un ser humano y no como una estadística.

Como dijo,  ahí mismo, Julián Le Barón: necesitamos que la violencia nunca se trivialice ni se justifique, y mucho menos que se olvide.

Por eso, celebro enormemente el Acuerdo logrado por la Conferencia Nacional de Procuradores, y del que también se dará cuenta a este Consejo. Me refiero al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.

Este instrumento servirá para que las autoridades competentes procedan a la preservación de la escena del crimen, a la recolección adecuada de las evidencias, al cuidado de la cadena de custodia y, sobre todo, a la plena identificación de cada persona fallecida.

Por otra parte, señores, es urgente abocarnos a la búsqueda de quienes han desaparecido a causa de la violencia criminal. Hoy, no se tiene un claro registro de cuántas personas han desaparecido a manos de delincuentes, cuántos fueron arrancados de sus hogares, levantados en la  calle y no pueden estar con sus padres, o con sus esposas e hijos.

Debemos concentrarnos en buscarlos, en perseguir y forzar a la delincuencia para que los devuelva y nos diga qué pasó con ellos y, en el peor de los casos, que puedan descansar en paz, y cerca de los suyos.

El dolor de la sociedad debe llevarnos, también, al diseño de un sistema  de atención a las víctimas, que integre los esfuerzos que, quizá, separadamente, estamos realizando, actualmente, diversos  órdenes de Gobierno y diversas dependencias.

Y tenemos que revisar, paso a paso, con sensibilidad y sensatez, toda la cadena de eventos que vive una persona, cuyo familiar ha desaparecido, ha resultado herido o ha fallecido.

A dónde y con quién tiene que acudir, cómo presentar su denuncia, quién debe realizar las investigaciones, quién la mantiene al tanto, quién le brinda orientación legal y apoyo psicológico, quién la o lo protege de las amenazas.

Sólo así, será posible articular una respuesta coherente del Estado mexicano ante el dolor de miles de familias desgarradas.

La otra exigencia de la sociedad que fuera planteada ahí de manera reiterada, fue la necesidad de poner un alto a la impunidad. Entre llanto, los familiares de las víctimas describieron el suplicio que es la búsqueda de justicia en nuestro país. Hablaron del temor de acudir a presentar denuncias ante policías o Ministerios Públicos que están o pueden estar, mejor dicho, coludidos con los delincuentes.

La indignación de ser maltratados por servidores públicos que no fueron lo suficientemente sensibles o de plano fueron prepotentes, la rabia de escuchar un lenguaje retorcido, a veces incomprensible, que muchas veces asumimos los abogados y también lo hacen, en no pocas ocasiones, los Ministerios Públicos o los jueces que terminan por liberar a criminales que son claramente culpables por razones que son francamente inentendibles.

Allá afuera hay miles de padres, de hermanas, hermanos, hijos, mamás que están viviendo los momentos más amargos y desesperantes de su vida, tocando a la puerta de Procuradurías, de Servicios Forenses y de Juzgados.

Son mujeres y hombres que deambulan por oficinas públicas, algunas veces con niños pequeños de la mano, cargando fólders con documentos del caso y fotografías de sus familiares.

Muchas de estas familias, de manera valiente deciden, incluso actuar e investigar por su  cuenta. Hay casos en que los mismos deudos entregan a los delincuentes a la autoridad o aportan información suficiente para su captura.

Es el caso de la señora Isabel Miranda de Wallace, Premio Nacional de los Derechos Humanos, quien con su propio esfuerzo logró que fueran detenidos desde el primero hasta el último de los delincuentes que secuestraron y asesinaron a su hijo.

Esto nos revela una vez más, que es indispensable no sólo identificar perfectamente a las víctimas del crimen, sino también investigar cada homicidio, cada desaparición y que no paremos hasta encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia.

Mientras no brindemos a cada víctima la paz que sólo la justicia puede traer, nuestro país seguirá lastimado por heridas que no pueden cerrarse.

Yo sé muy bien, señora y señores Gobernadores, que la tarea es abrumadora. Sé que es muy difícil, sobre todo cuando se trata de hechos dantescos perpetrados por criminales sin escrúpulos, pero éstos casos no deben quedar impunes.

Ya hemos avanzado en algunos de ellos. No hemos avanzado, por ejemplo, en el caso de las fosas de Durango. Sí hemos avanzado en otros como el caso de las fosas de Tamaulipas.

Hemos detenido a decenas de implicados, incluyendo a los policías de San Fernando que se coludieron con los criminales. Capturamos a uno de los líderes de la célula que perpetró estos horribles crímenes. Y seguiremos investigando éste y todos los casos de homicidios colectivos ocurridos en Durango, en Tamaulipas y en otras partes.

Y sé también, que es muy difícil resolver todos los casos, porque el número de víctimas supera, muchas veces, la capacidad de las Procuradurías, los Ministerios Públicos y los servicios periciales. Pero tenemos que hacer todos un esfuerzo para escalar esas capacidades, y fortalecer a las instituciones en materia de seguridad y de justicia.

Es imprescindible romper el círculo vicioso de la impunidad, porque a más impunidad, mayores son los estímulos y los incentivos para que la criminalidad crezca. Mientras más impunidad, más crimen, y mientras más crimen, más impunidad.

Tenemos que romper ese círculo vicioso, vencer la impunidad y reducir, también, y cómo consecuencia la criminalidad.

Por otra parte, es preciso recordar que a la par de la violencia y de las muertes generadas por el crimen organizado, es absolutamente indispensable hacer un alto en el camino para preguntarnos si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para combatir los delitos más comunes, los que más agravian a la ciudadanía, los más frecuentes.

Hablo del ama de casa a la que le arrebatan el monedero, hablo del estudiante al que le quitan el celular, hablo del obrero al que le roban su quincena en el microbús. Éstos y otros delitos del orden común constituyen cerca del 90 por ciento de los ilícitos que se cometen diariamente en el país, tan sólo el robo con violencia ocupa más del 84 por ciento del total de los delitos.

Quiero aquí reconocer el gran esfuerzo y la excelente iniciativa desplegada por varios gobiernos estatales para enfrentar estos y otros delitos que caen en su ámbito de competencia, a través del Operativo CONAGO I, impulsado por el Presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Este operativo ha alcanzado resultados importantes y celebro que aún en modalidades sorpresivas, tenga carácter ahora de permanente.

Y tenemos que ir más allá, por eso quiero convocarlos a que tomemos un acuerdo para que de una vez hagamos a un lado cualquier diferencia y nos enfoquemos en objetivos muy claros y muy concretos para los próximos meses.

Concretamente, cómo vamos a reducir los delitos que más afectan cotidianamente a la gente. En cuánto queremos disminuir el robo de autos, el robo con violencia, la extorsión, en particular, la extorsión telefónica y sobre todo qué vamos a hacer para reducir el secuestro que sigue siendo uno de los delitos que más agravian y más preocupan a nuestra sociedad.

Actuemos en ello con honestidad y con firmeza, y hagamos las cosas con verdadera voluntad de que sucedan, porque eso es lo que México exige de nosotros. Pongamos un alto a los criminales que quieren vernos divididos y ver nuestros esfuerzos fragmentados.

De nuestro éxito en el abatimiento, en la reducción de estos delitos dependerá de que devolvamos a los mexicanos la tranquilidad que les debemos, la justicia que reclaman.

Unamos fuerzas, señoras, señores Gobernadores, para reducir esos delitos: el robo, el secuestro, la extorsión, el homicidio y, agregaron varios Gobernadores, la trata de personas, y también, mejorar nuestro esfuerzo en el tráfico de armas.

Actuemos unidos como un solo México frente a esta criminalidad, independientemente de la discusión formal de a quién compete investigar y perseguir tales delitos.

Finalmente. Hay algo fundamental que tiene que ver con la reducción de la criminalidad, y esa es la prevención del delito. Una  tarea en la que todos podemos y debemos redoblar esfuerzos.  Los Gobiernos debemos  ganar la carrera de las oportunidades frente a los grupos de delincuentes que buscan llevarse a  nuestros jóvenes.

Tenemos que redoblar el esfuerzo, y brindarles más y mejores oportunidades, más y mejores servicios de educación y salud, abrir más espacios para la cultura y el deporte y, sobre todo, generar más oportunidades de empleo entre todos.

Esta es una responsabilidad que compartimos y, también, una gran oportunidad de mejorar en materia de seguridad. Un joven que está en el aula o practica el deporte, un joven con salud y opciones de desarrollo, es un joven alejado de la violencia, de la criminalidad y de las adicciones.

Señoras y señores:

En ese Diálogo de Chapultepec, Julián Le Baron señaló: la violencia no se limita a un sexenio, ni se gesta en un sexenio, ni se termina en un sexenio. No es causada sólo por el narcotráfico, ni por la pobreza; es el resultado de un proceso de descomposición y abuso social que lleva mucho tiempo. Yo coincido  plenamente.

Nuestro esfuerzo no es sólo y quizá, ni principalmente contra el narcotráfico. Es una lucha por la seguridad, es una lucha por el Estado, como señaló Alejandro Martí.

Y como dije antes a los representantes de las víctimas: la corrupción, el miedo, quizá la costumbre de verlos siempre ahí, hicieron que la plaga de la violencia y el crimen fueran carcomiendo, poco a poco, las paredes y los techos de nuestra casa común, hasta que un día muchas de esas paredes, simple y sencillamente, se derrumbaron.  Fue una fuerza acumulada, a través de corruptelas, de miedos, de intereses, que un día estalló, como la energía acumulada bajo un volcán, que un día hace erupción.

Es nuestra obligación reforzar los cimientos y reconstruir esta casa común, que es la Patria que vamos  a heredar a nuestros hijos. Y esa reconstrucción, que implica reconstruir las instituciones de seguridad y de justicia, sólo la podemos hacer de la mano de la sociedad, porque ahí están nuestros mejores aliados en la labor de gobernar.

Ahí están quienes han padecido por culpa de los delincuentes y, también, por omisiones del Estado, y hoy están en pie, con propuestas, luchando por construir un México mejor.

Ahí están Alejandro Martí, Isabel Miranda, María Elena Morera; como también están Javier Sicilia, Julián Le Barón, María Elena Herrera, y muchos, muchos otros ciudadanos más, que están transformando su dolor y su justa indignación, en un esfuerzo por construir las instituciones que México necesita.

No hay que temer a los ciudadanos; hay que gobernar con ellos, y hay que impulsar estos cambios indispensables con la fuerza de ellos.

Que la tristeza y el dolor nos lleven a una estrategia más fuerte y más contundente, en la que estemos todos comprometidos, en la que trabajemos todos en la misma dirección.

Que la tristeza y el dolor den paso a la generosidad y a la solidaridad que necesitamos para que una nueva luz de esperanza llegue a todos los mexicanos.

Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, y declaro inaugurada la XXX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aquí, en estas instalaciones del Campo Marte.

Muchas gracias.

***

Segunda intervención del Presidente

Me parece, señoras y señores integrantes del Consejo, que por una parte es muy valiosa y creo que, reitero, que es inapreciable la participación de la sociedad civil en el Consejo y en el seguimiento del esfuerzo que todos realizamos para combatir los delitos.

Y, por otra parte, me parece también atendible que toda la información que se ponga a disposición del Consejo pueda ser conocida, validada, fortalecida. De manera tal que, como dice el Jefe de Gobierno, pueda ser productivo.

Han sido las instrucciones dadas al Consejo y al Secretariado Técnico para la información procesada, generada, manejada por las entidades públicas, que ciertamente, y me parece que es de encomiarse y reconocerse el esfuerzo de la Organización de Alto al Secuestro, para que una intervención de la sociedad civil, quizá por primera vez en el Consejo, y esto también es un dato que hay que valorar, se presente acompañada de un reporte estadístico.

Creo que, entonces, lo que procedería es valorar, en su justa medida, esta intervención, creo que es un llamado de atención a todos nosotros para avanzar tal y como la sociedad nos lo exige en un delito muy delicado, que sigue presente y que sigue entristeciendo a muchas familias en México.

Como ha dicho el Secretario de Gobernación, también, el poner a consideración, poner a disposición de todos, la señora y señores Gobernadores, esta información, ciertamente hubiera sido, puede ser más provechoso, quizá en la próxima sesión, conocerla de antemano.

Pero, en fin, ya está, ponerla a consideración de todos ustedes, que hagan llegar la información y observaciones pertinentes a la Secretaría Ejecutiva, que con base en los distintos equipos de trabajo integrados, o que están por integrarse a propuesta de la CONAGO, se enfoque, específicamente, el trabajo hacia la estrategia de combate al secuestro que ha sido presentada por la Procuradora General de la República, a nombre de los Procuradores del país, y que nos demos una fecha pertinente para, incluso cumplido el plazo que ha sido aprobado el 15 de agosto, para el diseño de esta estrategia y los parámetros; revisarlo ya con todas las cifras y con todos los elementos de análisis más completos.

Quiero reconocer que ha habido, que habiendo un gran pendiente, y en eso coincido con la señora Wallace, siendo un compromiso fundamental de todos integrar esas unidades antisecuestro desde que celebramos el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 2008, aún quedan, ciertamente, muchos pasos por dar, muchas unidades aún pendientes, y de las integradas, muchos elementos aún pendientes de pasar por prueba de control de confianza, por ejemplo.

Pero que, por otra parte, ha habido, como dice el Jefe de Gobierno, un avance y un avance sustancial, que también es justo aquilatar y reconocer, y que está contenida en los reportes, eso sí, que han sido distribuidos, compartidos y validados por cada uno de los Secretarios Técnicos de las entidades federativas.

Entonces, simplemente remito a lo que estaba comentando el Secretario Ejecutivo y complementado con la propuesta del Secretario de Gobernación de que, como dice el Jefe de Gobierno, la información que se ponga disponible al Consejo, en los casos en que ello sea posible, se ponga disponible con la anticipación pertinente, en este caso, esta información que se haga del conocimiento y entrega de cada una de las entidades, que se conozca, que se revise, que se enriquezca y que eso sirva de un insumo para la estrategia de combate al secuestro, en la cual coincidimos plenamente con ésta y prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil, que es una tarea pendiente para todos, y que, estoy seguro, que en la medida en que estemos coordinados, vamos a poder superar este problema.         

Tercer y última intervención del Presidente:

Más que mensaje, estimadas amigas, estimados amigos, integrantes del Consejo de Seguridad Pública, distinguidos invitados especiales.

Simplemente unas reflexiones sobre algunos temas muy importantes que vimos el día de hoy.

Uno. Enfatizar el valor, para todos, de este esfuerzo renovado, en materia de la estrategia de combate al secuestro, que no es nueva, es de los primeros acuerdos que tuvimos, por lo menos en lo que a mi Administración toca, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero que nos permita sumar esfuerzos a Federación y a entidades federativas, para abatir este flagelo que, insisto, es un delito muy sentido y que agravia notablemente a la sociedad civil.

Segundo. También, reiterar la exhortación y la congratulación, también, de que acordemos ponernos de acuerdo en diseñar, y en un plazo perentorio al 15 de agosto, la forma, los términos, los plazos, hasta, yo creo, que las tasas de reducción de delitos que, queremos ver, precisamente, y que son los que más agravian, quizá, no los que han llamado más la atención de  la opinión pública nacional e internacional, pero sí los que más agravian cotidianamente al ciudadano, concretamente el caso del robo, que es el delito más cometido en el país, con más de un 80 por ciento de incidencia; y el secuestro, que ya mencioné, así como la extorsión, la extorsión telefónica, el homicidio mismo y la trata de personas.

Tercero. También, quiero refrendar la importancia del protocolo para el tratamiento de los casos de personas fallecidas, que ha sido suscrito por las Procuradurías. Me parece que todos debemos poner un muy especial énfasis en este tema, que cada persona que fallezca o haya fallecido en el país, sea tratada con la dignidad de una persona humana, sea tratada no como un número o una estadística, sino como un ser humano, con nombre, apellidos, familia, y que debemos poner a través de estos protocolos a seguir por las Procuradurías Generales de Justicia y la Procuraduría General de la República, nuestro mayor empeño.

Cuarto. Es refrendar el tema de los propósitos que se han establecido; los propósitos, los métodos y las metas, si se me permite la expresión, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y por las propias leyes que ha venido aprobando el Congreso, y que también hay que agradecerle, entre ellas la Ley de Seguridad Pública.

Obviamente, el propósito que todos queremos es que la seguridad crezca en el país, que se reduzca la inseguridad y que se reduzca la criminalidad. Eso es el propósito general y unánimemente compartido.

Y las metas que, desde luego, habrá que revisar algunas y establecer otras, podrán tener puntos específicos. Sin embargo, a mi entender, lo que este Consejo, y el Compromiso por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ha establecido son, más que metas en sí mismas, son procesos.

Yo recuerdo muy bien la expresión utilizada, esta expresión que es utilizada o fue utilizada, por el entonces Rector del Tecnológico de Monterrey, el doctor Rafael Rangel Sostmann. Decía: Tenemos una situación de enorme daño, pero para cambiarla necesitamos cambiar los procesos que seguimos para resolver los problemas. Si no cambiamos los procesos, no vamos a resolver los problemas. El sólo cambio de los procesos no se identifica con una meta, pero el cambiar el proceso, y cambiarlo bien, es el paso más corto, por muy largo que éste sea, para resolver el problema.

Pongo un ejemplo: Tenemos un problema enorme de secuestro, que todos coincidimos en su gravedad e importancia. Tenemos un instrumento para combatir el secuestro, se mencionó aquí, y no quiero reincidir en el debate, las Células o las Unidades Antisecuestro en cada entidad federativa, porque es un delito, además, del orden común; yo diría, tantas células como sean necesarias, acordes con el problema.

Mientras  no teníamos Células Antisecuestro, no sólo capacitadas sino, sobre todo, confiables, era evidente que el  tema del secuestro seguiría, y seguiría creciendo; no teníamos ni siquiera estadísticas confiables.

Una parte del procedimiento que se establece en los compromisos, es formar las Células o las Unidades Antisecuestro, no sólo formarlas, sino que esas Unidades Antisecuestro sean confiables; es decir,  que todos y cada uno de sus miembros pasen por control de confianza,  para que no se repita la experiencia que se ha presentado en algunos casos, donde las propias bandas de secuestradores, conectadas con las Células Antisecuestro, hacen un negocio completo, porque capturan a las víctimas, controlan el  proceso de negociación y, finalmente, controlan la impunidad.

Por eso, es tan importante un proceso nuevo, que ha tomado, coincido, demasiado tiempo para que haya esas Células.

Lo mismo en la formación. Queremos policías confiables como un prerrequisito. El resultado que queremos es que baje la inseguridad. Para ello, necesitamos policía; parece tautológico, pero es la verdad, necesitamos policía confiable. Mientras no tengamos policía confiable, no vamos a tener eficacia en la reducción de los delitos.

El proceso es tener policía confiable, y dentro de ese proceso es tener Centros de Control de Confianza.

Cuál es mi punto.

Que el seguimiento que da este Consejo, es sobre los procesos que hemos acordado tanto en el Acuerdo como en la Ley, para enfrentar nuestro problema. El cumplimiento paulatino de los procesos, no entrega per se el resultado que queremos en la meta, pero es la vía para llegar a la meta.

La meta cuál es.

Que bajen los homicidios, que bajen los secuestros, que bajen los robos; que bajen, en fin, cualquier tipo de delito.

En resumen. Yo exhorto a que aceleremos el paso para reformar nuestros procesos. Yo creo, observo, de la última reunión de Consejo a esta fecha, un avance muy importante, insuficiente, por supuesto, lo reconozco, lo admito, creo que es evidente para todos.

Pero hay un avance. Hay un avance porque en estos seis meses avanzamos más en certificación, por ejemplo, de Centros de Control de Confianza, que en los dos años anteriores.

Hay un avance, por ejemplo, en el número de personal, altos mandos, que han pasado el proceso de control de confianza, que no se habían hecho tampoco en los dos años anteriores.

Creo que hay avances, y tenemos que ir más aprisa en los procesos, que nos permitan ir a resultados concretos. Estos resultados, creo, además, pueden y deben establecerse en este impulso de CONAGO, que retoma el Consejo de Seguridad, para que en cuatro o cinco delitos básicos haya metas y programas específicos, al cual todos nos comprometemos.

Coincido en la necesidad de que haya más ejercicios de este tipo, más reuniones del Consejo de Seguridad Pública para hacerlo. Podríamos hacer una, incluso, cerrando el plazo del 15 de agosto para establecer esa estrategia de delitos comunes. Así que, señor Gobernador (Peña Nieto), no descarte, que no es ésta la última de las reuniones a las que asista, pero podemos hacerla.

Yo enfatizaría simplemente que lo importante, también, es que funcionen las Comisiones, porque esas Comisiones tienen la clave de que el Consejo funcione. En honor a la verdad, con todo y que se quiso abreviar la Sesión, dando por escrito los informes, sin participación de los ponentes, aún así, son sesiones largas, porque es muy grande el Consejo. Es enorme.

Entonces, funcionalmente es importante que participen mucho más activamente las Comisiones y darle seguimiento a eso.

Coincido, también, en el tema de recursos. Y aquí hay que hacer dos cosas:

El equipo de trabajo que ya se acordó a petición de la CONAGO, para que con la Secretaría de Hacienda se vean las prioridades establecidas en el Consejo y cómo expresarlas en el Presupuesto el año que entra.

Y, segundo, una reasignación de Presupuestos. A nivel Federal, el Presupuesto en materia de Seguridad se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, más que duplicado.

Los recursos destinados a las entidades federativas también han crecido y se han creado, incluso, otros fondos, ya no me acuerdo del nombre del último, porque soy malo para los acrónimos y por eso realmente no me gustan.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: El Subsidio para la Policía Acreditable.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Sí, el Subsidio para la Policía Acreditable, que también debe tener algún acrónimo misterioso por ahí, pero ese. Tenemos el FAS, el FORTAMUN, en SUBSEMUN. En fin.

Han crecido los recursos para las entidades. Y también creo que hay que rejerarquizar adentro de las propias entidades, porque, también, si observamos el gasto público, en los últimos cuatro años, en promedio; es decir, ha habido entidades que sí han gastado más, pero en promedio el gasto público de las entidades federativas para el problema de la seguridad no ha crecido sustancialmente en términos reales. Ha permanecido casi igual.

Entonces, necesitamos hacer las tres cosas: reasignar, buscar más recursos centralmente, estoy totalmente de acuerdo; reasignar los recursos que ya tenemos, muchos de los cuales no se han ejercido, quizá por las reglas, quizá por la manera de aplicar los recursos mismos, pero no se han ejercido. Creo que hay que ver la manera de usarlos.

Y tercero. También reasignar hacia adentro de las propias entidades, dándole a la problemática de seguridad la prioridad que tiene para los ciudadanos; es decir, habrá otros presupuestos y otros ramos presupuestales que tradicionalmente usamos, pero que quizá no tienen la importancia que ahorita tiene la seguridad para el ciudadano.

Y, bueno, termino agradeciendo a todos ustedes su presencia en este Consejo, la participación de todos los integrantes que han intervenido, también, y especialmente, la participación de la sociedad civil, a través de Alto al Secuestro, de la señora Isabel Miranda de Wallace; a través del Observatorio Ciudadano, de don Héctor Larios Santillán.

Yo estoy convencido de que la construcción de ese México que queremos, con paz, con justicia. Un México seguro. Un México que, sin perder su carácter democrático y libre, sea un México de amplias avenidas de seguridad pública, que tanta falta hacen.

Pero para llegar se necesita indispensablemente la voz de la sociedad civil y el diálogo abierto con los ciudadanos. Así que, bienvenido ese diálogo con los ciudadanos.

Y si me permiten, les pido que me acompañen para hacer la Declaratoria Solemne de Clausura.

Hoy, siendo las 14 horas del 30 de junio de 2011, declaro formalmente clausurados los trabajos de la XXX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Muchísimas gracias a todos ustedes.

Fuente:  Presidencia de la República