Columna Razones

Los políticos que apostaron por el narco/Jorge Fernández Menéndez

Columna Razones,

Excélsior, 22 de septiembre de 2011

Otra vez la política y la violencia, la política y el crimen organizado, la política y las elecciones. Los 35 cuerpos arrojados en la principal avenida de Boca del Río en Veracruz y la detención de Saúl Solís Solís, apodado El Lince, uno de los principales operadores del cártel de Los Templarios, primo de Servando Gómez La Tuta, en Michoacán, vuelven a relacionar, por distintas sendas, al crimen con la política.

En Veracruz, la semana pasada, un grupo ligado al cártel del Chapo Guzmán, subió a internet un video en el que divulgaba que comenzaría a operar en el estado una organización que llamaban Los Matazetas. Si nos atenemos a la información que se ha divulgado hasta ahora respecto a los cuerpos que fueron arrojados en Boca del Río y a su perfil criminal (todos tenían antecedentes delictivos), podemos llegar a la conclusión de que ese grupo comenzó a operar en forma pública. Hay, detrás de todo lo sucedido en Veracruz, una historia política: durante años, el control de toda la zona del Golfo, estuvo en manos del cártel que lleva ese nombre y que en los 80 y buen parte de los 90 estuvo bajo el control de Juan García Ábrego. Luego, quien quedó con el control de toda esa zona, de esa franja de litoral marítimo, desde Quintana Roo hasta Veracruz, fue el cártel del Pacífico, allí bajo el mando de Ramón Alcides Magaña. Su caída coincidió con el crecimiento de Osiel Cárdenas, que recuperó esa zona para el cártel del Golfo. Pero después de que Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos, al comienzo de este gobierno, su brazo armado, Los Zetas, rompen con el Golfo, se independizan y comienzan a tomar para sí, a sangre y fuego, todo ese territorio.

Tuvieron para ello complicidades políticas, de funcionarios y grupos que tenían, además, una antigua relación entre sí y que trascendía, trasciende, partidos. Iban desde el gobierno municipal de Greg Sánchez en Cancún (y de muchos funcionarios del gobierno estatal) hasta el de Fidel Herrera en Veracruz. La participación o la indiferencia gubernamentales fue lo que le abrió la puerta a Los Zetas y lo que disparó la violencia, el secuestro, la extorsión, el robo. Y lo que desató también la guerra entre cárteles. En el caso de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte está resintiendo el haber roto lanzas con sus antecesores. Algo similar ocurrió con el de Egidio Torre en Tamaulipas. En ambos estados, la recuperación del control gubernamental irá pasando por la recuperación de las instituciones locales.

La penetración del crimen organizado en la política michoacana quizás es la más profunda del país. Es verdad que casi todos los involucrados en el llamado michoacanazo quedaron finalmente en libertad, pero allí influyeron más ciertas decisiones políticas y la “generosidad” de algunos jueces y del gobierno local con los acusados, que las verdaderas pruebas que existían contra muchos de los detenidos. Independientemente de ello, sigue prófugo el ex legislador Julio César Godoy y en las grabaciones telefónicas que se conocieron entre el entonces candidato a diputado y el líder de La Familia (ahora Templarios), Servando Gómez, La Tuta, quedó en claro cómo opera la relación entre los grupos criminales y la política. La detención de Solís Solís, ex candidato a diputado federal, ex secretario de Seguridad Pública municipal y uno de los jefes de Los Templarios, es la síntesis de esa relación que enturbia la política y fortalece a los grupos criminales.

El IFE contra el TEPJF

¿Por qué el IFE está empeñado en enturbiar el proceso electoral que ellos mismos deberían regular? Es difícil saberlo, pero el hecho es que pareciera que desde el Instituto Electoral se está trabajando para que los comicios federales del año próximo puedan ser impugnados por las incertidumbres que siembra.

En el IFE se empeñaron en sacar un reglamento de radio y televisión que, como se les advirtió desde muchas tribunas, sería inoperable. Lo hicieron, además, sin consultar a nadie. El Tribunal Electoral anuló ese reglamento por las fallas procedimentales obvias en las que cayó el Instituto. El TEPJF ordenó al IFE que utilizara el reglamento en vigor antes de la reforma que había permitido que en 50 elecciones locales y federales no hubiera impugnaciones a los medios, que tuvieron un cumplimiento superior a 97% de las normas. Pero el IFE no quiere certidumbre. Ayer se realizó una reunión de la AMEDI, una institución privada, que maneja el diputado panista Javier Corral, principal impulsor del nuevo reglamento, en la cual se atacó duramente a los medios de comunicación y se impugnó la legitimidad de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Están en su derecho, es un grupo privado de comunicadores y políticos, lo insólito es que haya participado en el encuentro y haya avalado ese enfrentamiento con el TEPJF el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés.