Revista Proceso # 1845, 11 de marzo de 2012
Jorge Carrasco Araizaga y Anne Marie Mergier, reporteros.
La desesperación de Felipe Calderón en su intento por evitar la vergüenza en el “caso Cassez” lo llevó a recrudecer las presiones contra la Suprema Corte de Justicia para evitar la liberación de la francesa sentenciada por secuestro. Independientemente de lo que decidan los ministros el próximo miércoles 21, lo que no ofrece lugar a dudas es la inmoralidad del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien al recrear la captura de Florence Cassez en contubernio con Televisa y TV Azteca cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigación incurrió en graves violaciones procesales.
El gobierno federal reactivó sus gestiones ante la Suprema Corte de Justicia por el caso de la ciudadana francesa. Esta vez para lograr que algún ministro solicite llevar al pleno del tribunal la revisión del amparo solicitado por ella, rechazado hace un año por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Tal y como ocurrió entonces, cuando esa instancia estaba por resolver el amparo, el gobierno de Calderón actúa desde distintos frentes.
Consultados por Proceso, algunos ministros confirmaron que en aquel momento recibieron a representantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República e incluso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que argumentaron por qué el colegiado debía negar el amparo.
Ahora, la pretensión es sacar el asunto de la Primera Sala, donde su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, busca el apoyo mínimo necesario –de tres de los cinco votos– para conceder el amparo y en consecuencia darle la “libertad inmediata y absoluta” a Cassez, encarcelada desde hace seis años por su alegada participación en la banda de secuestradores Los Zodiaco.
El miércoles 7, Zaldívar hizo público su proyecto de resolución a favor de Cassez, poco después de distribuirlo entre los otros cuatro integrantes de la Primera Sala, encargada de resolver los asuntos penales que llegan al máximo tribunal en los que se alegan violaciones constitucionales.
Condenada a 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma reservada a las Fuerzas Armadas, la ciudadana francesa, de 37 años, pidió la intervención de la Corte para que revisara el amparo que el colegiado le negó en febrero de 2010.
El responsable de la negativa fue el magistrado Carlos Hugo Luna Ramos, hermano de la ministra Margarita, de los mismos apellidos, quien llegó al máximo tribunal a propuesta del expresidente Vicente Fox y que forma parte del bloque conservador en la Corte.
Su hermano Alejandro es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue uno de los siete magistrados electorales que en septiembre de 2006 le dieron el triunfo a Calderón en la cuestionada elección presidencial.
Respuesta a Calderón
De llegar el amparo directo en revisión (ADR) al pleno de la Corte, la mayoría conservadora podría echar abajo el proyecto de Zaldívar, programado para discutirse en Sala el próximo miércoles 21.
Aunque el caso corresponde a la Primera Sala, varios ministros de la Segunda, entre ellos Salvador Aguirre Anguiano, ya han estudiado el proyecto ante la eventualidad de que el caso pase al pleno. El interés de Zaldívar es que esa eventual decisión se tome en votación de la Sala.
Ante la percepción social acerca de la supuesta vinculación de Cassez a un grupo de secuestradores, algunos ministros se limitarán a pronunciarse sobre la procedencia del ADR, en vez de referirse a los conceptos de violación presentados por el abogado de Cassez, Agustín Acosta.
Por los antecedentes inmediatos, en la Primera Sala hay más condiciones para que Cassez logre el amparo. Esa instancia ya ordenó en dos ocasiones la liberación inmediata de personas a las que se les han violado sus derechos durante el proceso judicial.
La primera ocurrió en agosto de 2009, cuando determinó la liberación de los indígenas acusados de la matanza de Acteal en 1997. La segunda, en abril de 2010, al liberar a las indígenas nañú Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas también por Genaro García Luna de secuestrar a seis de sus agentes de la AFI durante un operativo antipiratería en el mercado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, en 2006.
En el primer caso, la votación fue de cuatro votos a uno. La opinión contraria fue la del ministro Sergio Valls, entonces integrante de esa Sala. En el segundo caso, la decisión fue unánime a propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero. A ella se sumaron los ministros José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar.
Ahora, Zaldívar podría tener el apoyo de la ministra Sánchez Cordero, quien el jueves 8, en varias declaraciones públicas, insistió en que el amparo de Cassez “es un asunto estrictamente penal”, por lo que está radicado en la Primera Sala.
Gudiño, fallecido en septiembre de 2010, fue sustituido, a propuesta de Calderón, por Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se ha sumado al ala conservadora de la Corte. Ahora Silva Meza preside la SCJN y no participa en las votaciones en Sala. Su lugar en la Primera Sala fue ocupado por su antecesor en la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura federal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, también ubicado en el tradicionalismo judicial y en cuya presidencia Calderón cabildeó en el Poder Judicial la condena a Cassez.
A diferencia de Ortiz Mayagoitia, como presidente de la Corte Silva Meza ha respondido en público y en privado a las críticas de Calderón al Poder Judicial. El año pasado, el mandatario fustigó a los jueces que por “corruptos” o por ser “sólo verificadores de datos” liberan a algunas personas que su gobierno considera como delincuentes.
Silva Meza le respondió el pasado 15 de diciembre, durante su primer informe como máximo representante del Poder Judicial de la Federación:
“Entendemos que, a veces, pero cada vez con mayor frecuencia, las resoluciones del Poder Judicial, especialmente aquellas con un alto impacto social, político o mediático, causen dificultades para algunos actores políticos… Lamentamos que en muchas ocasiones sus fundamentos y consideraciones se vean como meros legalismos o tecnicismos judiciales. No compartimos que se desacrediten, sin fundamentos”, expresó ante Calderón.
Escenificaciones
Esta no es la primera vez que el ministro Zaldívar elabora un proyecto que polariza a la Corte. En junio de 2010 propuso fincar responsabilidades “políticas” a todas las autoridades implicadas en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, que causó la muerte de 49 niños. El ministro pretendía que esa responsabilidad alcanzara a funcionarios federales. El proyecto fue rechazado luego de varias sesiones en el pleno.
El miércoles 7, en cuanto se difundió la propuesta de Zaldívar se reavivaron las críticas contra García Luna por el montaje televisivo y las violaciones al procedimiento judicial con los que ha sostenido la acusación contra la ciudadana francesa desde que la detuvo en diciembre de 2005.
Director en ese entonces de la Agencia Federal de Investigación (AFI), García Luna queda muy mal parado en el proyecto de Zaldívar, pero no es el único responsable de las graves violaciones que, de acuerdo con el ministro, se cometieron contra Cassez.
De acuerdo con una investigación interna en la AFI, realizada en 2006 luego de que García Luna admitiera que se recreó la detención de la francesa, los otros implicados directos en esa fabricación fueron dos de sus hombres más cercanos: Luis Cárdenas Palomino y Francisco Javier Garza Palacios. El primero, entonces, director de Investigación Policial, y el segundo, director de Operaciones de la AFI.
Según las investigaciones de la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI, consultadas por Proceso, ambos policías montaron el escenario que ahora se convierte en el principal argumento de Zaldívar para desactivar el proceso judicial contra Cassez.
Además, Cárdenas Palomino fue señalado por Cassez, durante las pesquisas ministeriales, como el policía que la torturó y presionó desde el 8 de diciembre de 2005, cuando ocurrió su detención –y no el 9, como dice la AFI– para que ante las cámaras de Televisa y TV Azteca apareciera como secuestradora.
Cuando Calderón designó a García Luna secretario de Seguridad Pública los mantuvo como cercanos colaboradores. A Cárdenas Palomino lo nombró jefe de la División Regional de la Policía Federal, mientras que a Garza Palacios primero lo hizo jefe de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal Preventiva y luego lo envió a Colombia como representante de esa corporación, en medio de las acusaciones en su contra por su presunta vinculación con el narcotráfico.
En la investigación interna en la AFI fueron interrogados los cuatro policías que irrumpieron en el rancho Las Chinitas, donde se realizó lo que Zaldívar define como “la escenificación ajena a la realidad” por parte de la corporación con el apoyo principal de las televisoras.
Los cuatro agentes son: José Aburto Pazos, José Luis Escalona Aldama, Germán Ovidio Zavaleta Abad y Carlos Alberto Servín Castorena, quienes identificaron como jefe de ese operativo a Israel Zaragoza Rico, en ese entonces director de Secuestros de la AFI.
Los policías coincidieron en que iban vestidos de civil cuando entraron la madrugada del 9 de diciembre al rancho para rescatar a tres personas; también mencionaron que no había medios de comunicación y que el lugar no estaba acondicionado con las armas, documentación y otros objetos que fueron exhibidos en la televisión.
Más aún. Mencionaron que uno de los rescatados estaba sin la venda en la cabeza, a diferencia de como apareció en los reportes de las televisoras. Los agentes identificaron a Cárdenas Palomino y a Garza Palacios como los jefes de la AFI que estuvieron en el lugar. También negaron conocer el video que las autoridades investigadoras les mostraron sobre el reporte presentado por el conductor Carlos Loret de Mola en Primero Noticias, con el entonces reportero de Televisa Pablo Reinah.
Para Zaldívar, la teatralidad de la AFI “corrompió” desde el inicio el proceso judicial contra Cassez. Explicó que al retenerla por varias horas y hacerla declarar en la Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIEDO) sin asistencia de su embajada, violó “el derecho fundamental a la asistencia consular”.
Reacciones
En Francia, el proyecto de Zaldívar suscitó sorpresa y prudencia. Todos los medios de comunicación del país –prensa escrita, radial, televisiva y electrónica– retomaron la noticia. Lo hicieron de manera sobria, sin triunfalismo alguno.
Por el contrario, periodistas y comentaristas, tras repasar la historia de la presa del reclusorio femenil de Tepepan, se limitaron a exponer los principales vicios de procedimiento señalados por Zaldívar.
También hubo moderación por parte de la familia. Sólo Bernard, padre de Florence, comentó brevemente las conclusiones de Zaldívar. Habló de esperanza y luego rehusó todas las solicitudes de entrevistas.
En el Palacio del Elíseo, casa del gobierno francés, también prevaleció la mesura. Consultado telefónicamente por la corresponsal, el servicio de comunicación de la presidencia gala insistió en que no habría comunicado oficial al respeto.
Una vocera del Elíseo precisó que la única declaración que Nicolas Sarkozy había hecho sobre el tema el jueves 8, durante una entrevista con el canal televisivo BFM TV y la cadena radial Radio Monte Carlo, había sido hecha a título personal.
“Habló el candidato presidencial y no el presidente en ejercicio”, recalcó.
Muy cauteloso –actitud inusual de su parte–, Sarkozy dijo: “Florence Cassez es una mujer joven que hace seis años se enamoró de alguien que no era una buena persona… Desde entonces vive el infierno en una cárcel. Confío en la justicia mexicana. Damos la pelea para hacer valer sus derechos. (…) Pienso en Florence, con quien hablé por teléfono hace poco. Tiene que resistir. No diré nada más para no influir sobre el proceso de la justicia mexicana, pero es la primera buena noticia que recibimos desde hace cinco años”.
Ese mismo día el embajador de México en Francia, Carlos de Icaza, canceló su participación en la inauguración de Resisting the Present, una exposición de arte contemporáneo mexicano presentada por el Museo de Arte Moderno de París. Eduardo del Río, vocero de la embajada mexicana, manifestó que el caso Cassez no tenía nada que ver con la decisión del embajador, sino que fue su agenda como representante de México ante la UNESCO la que le impidió acudir al evento.
El tono de Frank Berton, el muy expansivo abogado francés de Cassez, también fue medido. “Ya ve, comenta a la reportera, llevo casi 18 meses callado. Eso no significa que no trabajamos intensamente con mi colega mexicano Agustín Acosta. Mantuve un contacto permanente con mi clienta y acabo de pasar una semana en México. Regresé hace sólo 10 días”.
Y apunta: “Me siento muy satisfecho, por supuesto, al constatar que el presidente de la Primera Sala de la Corte tomó en consideración puntos esenciales que estuvimos denunciando a lo largo de todos estos años… Se nota que el ministro Zaldívar analizó con cuidado todos los elementos del expediente confrontándolos con los principios generales del derecho mexicano y con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se advierte su voluntad de aplicar esa reforma, así como la del sistema de justicia penal y la de amparo”.
–¿Se siente optimista?
–Me siento prudentemente sereno. Temí que el caso de Cassez, tan polémico, tan politizado y tan mediatizado, pudiera escapar a las jurisprudencias que va estableciendo la Suprema Corte. El proyecto demuestra que no fue así. Es evidente que el ministro analizó el caso como cualquier otro, desde un punto de vista estrictamente jurídico. Es muy importante tanto para Florence como para muchísimos otros presos mexicanos que están en la misma situación que ella.
Después de un breve silencio Berton enfatiza:
–El ministro Zaldívar reconoce que mi clienta no se benefició en absoluto de la asistencia consular a la que tenía derecho inmediatamente después de haber sido detenida. La violación de ese derecho es anticonstitucional. Es interesante que haya empezado por ese punto, porque la protección consular es un tema permanente de tensiones entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos. Es obvio que considera que la Corte mexicana no puede negar a mi clienta un derecho que las autoridades mexicanas exigen para sus propios nacionales. No puede haber dos pesos y dos medidas.
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