De nuevo el tema de Rápido y Furioso en San Lázaro

De nuevo el tema de Rápido y Furioso en San Lázaro
En la sesión de martes 16 de octubre de 2012, el Pleno de la Cámara de diputados  aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que garantice la investigación, sanción y reparación de daños por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, afectadas en México por el operativo Rápido y Furioso.

El proponente del punto de acuerdo de urgente resolución fue el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT)  La propuesta concreta:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en términos del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo “Rápido y furioso”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
¡El segundo Punto fue retirado! Decía:
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación en coordinación con los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, proporcione a la población mexicana, con la máxima apertura posible, los detalles de las acciones e investigaciones que se realicen para determinar la responsabilidad de funcionarios mexicanos y del gobierno estadounidense, y exigir la reparación de daños de las víctimas de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y Furioso.
Posicionamiento del proponente Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT):
Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados y diputadas, el punto de acuerdo que se pone a consideración de esta asamblea retoma el tema del operativo Rápido y Furioso que se abordó en una sesión pasada y en la cual se propuso la modificación del acuerdo presentado por nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez, misma que no fue considerada por la omisión de la lectura en los términos en que se acordó por la proponente dicha modificación, espero que estas prácticas de Servicios Parlamentarios que sirven a los intereses de las fracciones parlamentarias dominantes sea corregida porque son servidores públicos al servicio de todos los diputados y diputadas.
Al tema, con el objeto de vincular al Ejecutivo federal la nueva propuesta que se presenta, pone de nueva cuenta a consideración de esta asamblea el tema del operativo Rápido y Furioso con el objeto de contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos víctimas de la delincuencia que adquirió armas del fallido operativo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos.
La presentación de esta proposición se sustenta en particular en el artículo 20 constitucional, que determina que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, como lo dispone el apartado C de este mismo artículo, en donde se establecen los derechos de las víctimas, entre los que cabe destacar la reparación del daño, para lo cual obliga al Ministerio Público a solicitar la reparación del mismo.
Aunado a ello, en el ámbito internacional el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales que determinan que todo incumplimiento o violación de un deber jurídico internacional, imputable a un Estado en su calidad de sujeto de derecho internacional, genera una obligación el hecho ilícito cometido a cargo del Estado infractor.
Señores y señoras legisladores, la omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad, eso ya lo hemos dicho en esta tribuna, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que impulsó la anterior legislatura nos obliga a una actuación congruente en nuestra tarea de legisladores, con los principios contenidos en nuestra Constitución, y aquí ya también hablamos del artículo 1º de la Constitución, donde el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
En el reciente Sexto Informe de Gobierno que presentó Calderón, en el tema de política interior se da cuenta del combate al crimen organizado y de los resultados del esfuerzo nacional en materia de aseguramiento de drogas, vehículos, armas y personas detenidas del 7 al 12, cifras actualizadas por la PGR como resultado de los trabajos del trabajo del Grupo Interinstitucional del gobierno federal.
La omisión del gobierno federal para dar cuenta de las armas incautadas que reporta en el Sexto Informe de Gobierno, con las armas que ilegalmente entraron al país del operativo Rápido y Furioso, no sólo manifiesta en el mejor de los casos ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el operativo Rápido y Furioso, la pasividad de las dependencias de seguridad y opacidad en la información ante los crímenes ejecutados con las armas señaladas, expresan indicios de complicidad al ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, violando con ello las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y reparación del daño.
No se puede obviar e ignorar la difusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales, de la información relacionada con el rastreo e identificación de armas de este operativo, con las víctimas y sus familiares, en crímenes perfectamente identificados por la PGR; la Sedena; la Semar; la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, todos titulares del Ejecutivo federal. Ello, sin atender la información de los medios de comunicación que señala el conocimiento de dicho operativo por parte de la PGR.
Por ello es exigible, para la garantía plena de los derechos de las víctimas, determinar la responsabilidad y la reparación del daño por parte del gobierno de los Estados Unidos, responsable de la implementación del multicitado operativo Rápido y Furioso.
Atendiendo a todo lo anterior y en base a los reglamentos de la Constitución Política y del Reglamento del Poder Ejecutivo federal y la Ley Orgánica de la PGR, proponemos un punto de acuerdo para que sea aprobado de obvia o urgente resolución, que tiene dos párrafos.
El primero dice: se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en términos del párrafo tercero, del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y a sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y Furioso.
Y segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los titulares de la PGR, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Relaciones Exteriores, proporcione a la población mexicana, con la máxima postura posible, los detalles de las acciones e investigaciones que se realicen para determinar la responsabilidad de funcionarios mexicanos y del gobierno norteamericano, y exigir la reparación de daños de las víctimas, de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y Furioso.
Quiero concluir, si me permite la Presidencia, en aras a lograr la aprobación, porque los grupos parlamentarios mayoritarios nos lo han solicitado, tendrán ellos sus razones y las explicarán en esta tribuna, porque yo ya he planteado el punto y sé concluir los acuerdos, que en aras de que se apruebe de mayoría este punto de acuerdo y sobre todo porque las víctimas sean resarcidas en el daño, retirar, a nombre de la fracción de mi partido, el segundo párrafo de este punto de acuerdo; pero dejo en claro que como diputado federal, estoy convencido que ese segundo párrafo es correcto y que seguiremos luchando porque el gobierno mexicano se ponga los pantalones y actúe en la defensa de los intereses de este país ante los interés extranjeros. Es todo, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte en términos del 100 si se considera de urgente u obvia resolución, en la inteligencia de que el diputado Huerta Ladrón de Guevara ha retirado el segundo de los resolutivos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así las cosas. Tiene el uso de la voz Angelino Caamal, de Nueva Alianza. Repito, en la inteligencia de que sólo subsiste el primero de los resolutivos. Por tres minutos.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados.  El combate contra las drogas sólo es eficaz si se realizan esfuerzos con una visión regional, ya que este fenómeno trasciende fronteras convirtiéndose en una amenaza global.
La expansión territorial, el cúmulo de recursos financieros y el grado de violencia ejercido por los grupos delincuenciales hacen imperativa la colaboración de los países involucrados para poder contrarrestar sus efectos en la seguridad nacional y pública.
Sin embargo, no podemos permitir que se lleven a cabo operativos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos mexicanos y la paz social. Ninguna acción contra la delincuencia organizada, por más urgente y necesaria que sea está por encima de la ley, menos cuando ello implica afectación directa a la ciudadanía.
El respeto a los derechos humanos debe ser una prioridad en la estrategia de la seguridad nacional y su violación debe ser motivo para que se investigue, se sancione y se repare el daño causado.
Desde esta tribuna el Partido Nueva Alianza reprueba categóricamente que se ponga en riesgo la soberanía nacional, al permitir por negligencia o complicidad la entrada ilegal a nuestro territorio de armas para las bandas del crimen organizado, armas que han sido instrumento letal, que han cegado la vida a miles de mujeres, hombres, jóvenes, incluso infantes en esta cruel guerra contra el narcotráfico.
Consideramos urgente que se restituya el daño a las familias de las víctimas que fueron atacadas con estas armas introducidas a través de este operativo. Por ello exigimos a las autoridades correspondientes de los tres ámbitos de gobierno se realicen las investigaciones que permitan identificar las armas homicidas. Asimismo, garantizar que las autoridades mexicanas tengan el control de los operativos que se realizan de manera conjunta en el territorio nacional.
El fracaso de este operativo muestra, además de la violación del derecho internacional, la ineficacia de la relación bilateral que terminó proporcionando mayor cantidad de armamento a los grupos de la delincuencia organizada.
Por las víctimas de esta estrategia fallida, la flagrante violación a los derechos fundamentales de las y los mexicanos y la impunidad que impera en este caso, nosotros, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza votamos a favor de este punto de acuerdo en los términos ya establecidos. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, el operativo Rápido y furioso, más allá de la cuestión de las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos y porque no se tiene la información, no se sabe si se celebraron acuerdos interinstitucionales no tratados, secretos para ambos países, oculta –más que oculta, deja trasver– que hay problemas con derechos fundamentales, sobre todo de las víctimas de este operativo.
Insisto en que más allá de la indemnización que se le puede dar a las víctimas está su derecho a la verdad, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a que no quede precisamente en la obscuridad y en la impunidad el saber quiénes son responsables de la comisión de los ilícitos que todo este operativo ha traído a traslucir.
Por lo anterior, a pesar de que ya se acordó un resolutivo, sería deseable que en un futuro sí se pudiera precisamente hacer una investigación para hacer efectivo el derecho a las víctimas y acceso a la justicia, y derecho a la verdad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. La estrategia de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, mediante el operativo Rápido y Furioso, que tuvo por objeto central inundar intencionadamente las organizaciones criminales de nuestro país con miles de armas, se tradujo en una serie de resultados verdaderamente catastróficos, exhibió una actitud sistemática por parte de nuestro vecino del norte, que vulnera flagrantemente el principio de libre determinación de los pueblos y concretamente nuestra endeble soberanía.
El operativo Rápido y Furioso, como muchos otros, fue completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos.
El tráfico ilegal de armas sin los controles legales e institucionales tuvo repercusiones serias en la relación bilateral. Este hecho ha sido fuente de tensiones entre ambos países y ha derivado en un problema con dimensiones políticas importantes, por lo menos al otro lado de nuestra frontera.
El operativo en comento puso de manifiesto que, en materia de seguridad, la relación bilateral no ha sido exclusivamente de carácter cooperativo y no se ha ajustado a los estándares de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, establece las mejores prácticas en contra del crimen organizado, ni la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, firmada por 30 de los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos.
En este sentido ha quedado patente cómo se ha desestimado combatir el fenómeno delincuencial y de tráfico ilegal de armas, mediante la adopción de medidas más radicales para atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales.
Por si no fuera poco lo anterior, también quedó manifiesta la actitud totalmente inexplicable e irresponsable del gobierno mexicano, que no sólo ha adoptado las acciones pertinentes para esclarecer todos los pormenores en torno a este tipo de actos injerencistas y sancionar a todos los responsables, sino que a diferencia de nuestro vecino del norte se ha inclinado por el tortuguismo, la proclividad, a la impunidad y la falta de transparencia, situación aún más inexplicable si tomamos en cuenta que la propia PGR ha enviado a las oficinas de la ATF, a un representante, Carlos Fernando Luque Ordoñez, precisamente en los tiempos en que se dio la operación Rápido y Furioso, así parece increíble que México haya manifestado el desconocimiento de estas acciones y que haya optado por el ostracismo.
Finalmente los efectos materiales o concretos de esta estrategia seguida por la agencia norteamericana fueron totalmente catastróficos, lejos de combatir la criminalidad organizada solo consiguieron empoderarla y potenciarla; asimismo el saldo en vidas humanas ha sido de manera muy lamentable, por ello es que en esta instancia se está haciendo énfasis en la reparación del daño de las víctimas.
Por todo lo anterior se ha planteado de manera recurrente ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión que se solicite la comparecencia de todo el gabinete de seguridad, que el gobierno nos dé cuentas, investigue hasta sus últimas consecuencias y sancione a los responsables, que se redefina la fallida estrategia de seguridad y q            que el gobiernose haga responsable de reparar las violaciones a los derechos humanos de lasvíctimas de este tipo de operativos siniestros.
No obstante la presente administración ha sido totalmente omisa en responder a los múltiples llamados que le hace la sociedad vía puntos de acuerdos, por lo que habría que acompañar tales demandas con el trabajo específico de los legisladores a través de la creación de comisiones especiales o de investigación.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, don Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la fracción del Partido Verde expresa su solidaridad con el dolor que enluta a decenas de miles de familias mexicanas por la pérdida de la vida de un ser querido con motivo de la lucha contra la delincuencia organizada. Son ellas, estas familias y sus víctimas los primeros que tenemos en la mente cuando cumplimos nuestra función política.
Condenamos enérgicamente y repudiamos en forma categórica el programa que a espaldas del pueblo de Estados Unidos de América han conducido miembros de su gobierno con el objeto de construir en nuestro país un laboratorio, un terreno de experimentación bajo el nombre de Rápido y Furioso para que en la identificación de los caminos del crimen se dote de armas a la delincuencia para matarse entre sí, para combatir a las fuerzas del Estado o para atentar contra la vida de los ciudadanos. No concebimos la perversidad y la inmoralidad de la idea, mucho menos la vergüenza de mantenerlo en el sigilo.
El ejercicio de cualquier liderazgo mundial y la conservación del prestigio para ostentarlo, no pueden comprenderse sino cuando se forjan sobre bases apegadas a la ética y a la moral.
Rápido y furioso atenta contra los principios más elementales del derecho internacional y evidencia una política inhumana que se viene haciendo sentir a lo largo de la frontera. El programa constituye un franco retroceso en la construcción de confianza mutua en la relación de dos gobiernos vecinos.
El poderío bélico y económico se ha ubicado en la jerarquía de sus prioridades por encima de los derechos humanos. Una decisión inconcebible en nuestros tiempos.
Reprobamos de manera absoluta la conducción del problema por parte del gobierno mexicano; la reacción diplomática ha sido totalmente insuficiente con relación a la magnitud del agravio que ha sufrido nuestro pueblo. La opacidad en la revelación de información generada resulta inexplicable y hasta cierto punto ofensiva.
Más allá del exhorto a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa, demandamos y exigimos del Poder Ejecutivo que cumpla con el deber que la Constitución y las leyes le imponen de salvaguardar la soberanía nacional comenzando por el mantenimiento de la seguridad territorial a través de nuestros puertos y fronteras. El hostigamiento aduanal del que somos presas en los aeropuertos, no es una muestra fiable de que las autoridades competentes estén haciendo lo necesario para proteger los intereses de los mexicanos.
Sería imposible que se termine con la ola de violencia que mantiene a los mexicanos en la zozobra si por el abandono de la responsabilidad legal se sigue permitiendo el ingreso impune de drogas, armamento y criminales, insumos esenciales del fenómeno que ansiamos erradicar. El descuido que ha cobrado la vida de mexicanos, arroja una responsabilidad histórica que debemos subrayar.

Compartimos plenamente la intención que consigna el primer punto resolutivo del proyecto de acuerdo que se ha presentado ante la asamblea por parte del Partido del Trabajo.

Debe exhortarse al Ejecutivo para que cumpla el mandato inequívoco del artículo 1o. constitucional. Que se investigue, que se finquen responsabilidades y que se sancione a los responsables que han tenido que ver con la instrumentación de Rápido y furioso.
Expresamos nuestro reconocimiento al diputado por haber suprimido de su punto de acuerdo el segundo resolutivo. Desde luego que tratándose del fincamiento de responsabilidades patrimoniales no podemos soslayar el hecho de que hay otros elementos jurídicos que se tienen que cumplir, los cuales pudieran ser dudosos en el caso concreto.
Por lo mismo, apoyaremos la firma del punto de acuerdo exclusivamente con el primer punto resolutivo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Aleida Alavez, del PRD, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. El presente punto de acuerdo es coincidente con el presentado el pasado 4 de octubre en esta misma tribuna en la exigencia al gobierno federal de brindar toda la información relacionada con el operativo Rápido y furioso en nuestro país, por lo que sigue siendo un reclamo social que lamentablemente no ha sido escuchado por el Ejecutivo federal.
El fin de semana pasado escuchamos cómo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR declaraba que han solicitado información a las autoridades estadounidenses sobre este operativo, afirmando que no les han mandado nada porque en ese país continúan las investigaciones que ha dado como resultado 14 funcionarios federales destituidos y sancionados y que el procurador general estuviera a punto de ser sometido a juicio político.
Efectivamente, las investigaciones siguen en Estados Unidos y como parte de los resultados de éstas sabemos que un promedio de 2 mil armas se introdujeron a territorio nacional para armar a los cárteles de la droga, la operación para ingresarlas, la ruta que algunas de ellas siguieron, los funcionarios que participaron y ahora más recientemente en qué casos se están usando como la lamentable masacre de Salvárcar que costó la vida a 16 personas.
También sabemos que le perdieron el rastro a unas mil 400 armas; que al menos 200 mexicanos han muerto a causa de ellas y que sólo han logrado decomisar 710, entre ellas apenas dos rifles AK-47.
Sin embargo por parte de nuestro gobierno no sabemos nada; ninguna información que nos permita saber la verdad de ese operativo y sus alcances.
El 4 de octubre una diputada del PAN se acercó a esta tribuna para entregarme una carpeta con supuesta información relacionada con este operativo, lo cual sin lugar a dudas resultaba un despropósito pues la información que como mexicanas y como mexicanos merecemos, no está contenida en una carpeta engargolada.
La información que requerimos se compone de informes, explicaciones, detalles, investigaciones y sanciones ofrecidas de cara a la ciudadanía y de frente a la sociedad, en donde instancias como la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública asuman su responsabilidad clara y expresamente.
El presumible combate a la delincuencia no existe. El presidente Calderón como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe de los distintos funcionarios que integran su gabinete, ha sabido y sabe que la lucha y los más de 50 mil muertos que existen, se deben al fracaso del operativo Rápido y furioso y no al combate del narcotráfico ni a la guerra entre ellos.
Es decir, se trata de recuperar el armamento que ingresó no a oscuras como se pretende establecer, sino al grave problema que le está causando a los mexicanos por las múltiples muertes e inseguridad.
El efecto del operativo Rápido y furioso se desarrolló entre mediados de 2009 y 2010, permitiendo el ingreso de estas armas, más de 2 mil 500, violando, como ya se dijo aquí en la tribuna, flagrantemente nuestra soberanía nacional y el acuerdo denominado Iniciativa Mérida, cuya intención era combatir a la delincuencia y no darle armas para que se defendiera en el combate.
Por lo tanto nosotros proponemos y seguimos insistiendo en enarbolar este punto de acuerdo pero lamentablemente parece que tendremos que rebautizar el operativo de Rápido y furioso a lento y calmoso, pues es la forma en la que están actuando nuestras autoridades. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, ciudadana diputada. Don Marcos Aguilar Vega, del PAN, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Con el permiso de la presidencia. Me refiero al punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta asamblea y partiendo de dos puntos de vista en torno a las consideraciones establecidas en el mismo. En el primero de los rubros, en cuanto a la forma y en el segundo de ellos en cuanto al contenido.
En el primero, en la forma, identificamos plenamente inconsistencias que revelan el desconocimiento jurídico en cuanto a atribuciones se refiere asignadas a diversas secretarías del Poder Ejecutivo. Mentiras, incongruencias, argumentos que no compartimos, falta de técnica legislativa que confunde los alcances del punto propuesto y la claridad sobre su contenido.
Hemos tenido comunicación con el diputado proponente con el ánimo de privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias en este tema y reconocemos su voluntad política para retirar el segundo punto resolutivo que originalmente fue integrado en el punto de acuerdo.
En cuanto al contenido, la semana pasada en esta tribuna tuvimos ocasión de aprobar un punto de acuerdo referente a este grave tema del trasiego de armas en la llamada operación Rápido y Furioso. En esa ocasión nuestro grupo parlamentario, por medio de nuestra compañera diputada Adriana González, aclaró perfectamente nuestra posición y señaló nítidamente los procesos indagatorios abiertos tanto en nuestro país como en los Estados Unidos de Norteamérica.
Nos llama la atención que en un tema que requiere toda nuestra seriedad, sensibilidad, responsabilidad y respeto se vuelva a insistir en temas ya superados. Nos referimos específicamente a lo que de manera irresponsable se ha estado difundiendo como omisión del gobierno mexicano en sus tareas. Definitivamente o se está hablando con desconocimiento de la información o se está actuando de mala fe.
Hemos manifestado en múltiples ocasiones que el tema del operativo Rápido y Furioso no sólo irritó la relación entre Estados Unidos y México, sino que además ha significado la muerte de mexicanos inocentes a manos de la delincuencia organizada.
Hemos reprochado estas conductas que sin duda alguna requieren que las dependencias gubernamentales mexicanas responsables en la materia exijan información, así como los avances en la investigación a nuestro vecino país del norte.
Debemos recordar una vez más que el presidente Felipe Calderón Hinojosa manifestó desde hace más de un año su total rechazo a esta operación de la cual el gobierno mexicano no tenía información alguna al respecto, solamente como muestra recordemos que en el mes de septiembre de 2011, en un encuentro con la comunidad mexicana asentada en Los Ángeles, el Ejecutivo federal se refirió al programa Rápido y Furioso puesto en marcha por las autoridades estadounidenses y que consideró que se trató de un error garrafal, y calificó –se abre la cita- “ahora sí que los rápidos fueron ellos y los furiosos nosotros, porque la verdad es que se quedaron con el santo y la limosna” –se cierra la cita- expresó el titular del Poder Ejecutivo federal.
Nos interesa insistir en que la canciller Patricia Espinosa, durante su última comparecencia en el Senado de la República el pasado 13 de septiembre del presente año afirmó que el gobierno mexicano no acepta ni tolera ni lo hará bajo ninguna circunstancia, el trasiego controlado de armas a Estados Unidos.  
Rechazamos que por falta de conocimiento se acuse al gobierno de México de omisión y sería un descuido grave confundir el tema de la cooperación internacional establecido entre ambos países con el de la complicidad.  
Cabe recordar que en Estados Unidos han sido implementadas medidas disciplinarias contra 14 funcionarios  del Departamento para el control del alcohol, tabaco y armas de fuego, vinculados directamente con el operativo.
Por tanto, se pone de manifiesto que existe corresponsabilidad por parte de ambos gobiernos para no dejar impune este atropello a la seguridad nacional.
En Acción Nacional votaremos a favor del punto de acuerdo porque creemos firmemente que los derechos humanos deben ser respetados en nuestro país y que el acceso a la información no tiene cortapisas. Así también estamos convencidos que los familiares de las víctimas deben de contar con el respaldo total del gobierno en el régimen de democracia plena en que actualmente gozamos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el primer resolutivo, en virtud de que el segundo ha sido retirado. Entiendo que declinó don Eloy Cantú. Por favor pregunte la Secretaría a la asamblea.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el primer resolutivo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado el primer resolutivo, comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida la Secretaría se registren para la próxima sesión.