Arturo Germán Rángel

Un turbio defensor/PATRICIA DÁVILA

Revista Proceso No. 1896, 3 de marzo de 2013

Además de ser un reconocido litigante, Arturo Germán Rangel, defensor de Elba Esther Gordillo, ha ganado notoriedad por obtener la libertad de sus clientes mediante “gestiones políticas” e “inverosímiles argucias legales”.

Este abogado trabajó en la red de despachos jurídicos e intereses políticos de panistas, como el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, los dos últimos, procuradores generales de la República.

Comenzó en los ochenta como pasante de derecho en la Quinta Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Ahí, de atender la barandilla, ascendió a mecanógrafo y se relacionó con Pablo Chapa Bezanilla, entonces agente del MP y bajo cuya sombra creció.

Hacia 1985 se convirtió en secretario de la Novena Agencia, donde también consiguió el nombramiento de agente del Ministerio Público. Después asistió a un diplomado en procuración de justicia en la UNAM y a dos cursos para la formación de agentes del Ministerio Público Especializado en la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia (Proceso 999). Con base en dicha preparación se le designó jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la delegación Miguel Hidalgo y luego subjefe de la División I de la Coordinación General del Ministerio Público Especializado.

 Chapa Bezanilla ascendía vertiginosamente: a finales de los setenta y principios de los ochenta era agente del Ministerio Público. En 1983 fue jefe del Departamento de Averiguaciones Previas en la PGJDF para varias delegaciones. En 1986, director del Sector Sur de Averiguaciones Previas en el Distrito Federal. En 1989 ya era delegado regional de la PGJDF en Coyoacán y director de agentes del MP adscritos a juzgados de paz, de la Dirección General de Control de Procesos de la PGJDF.

 De 1989 a 1991 Chapa fue delegado regional en Cuauhtémoc y en septiembre de 1992 –cuando el titular de la PGR era Diego Valadés– asumió la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGJDF.

 En 1994, a sugerencia del abogado Juan Valadez, Lozano Gracia recomendó a Chapa Bezanilla con el presidente Ernesto Zedillo, quien lo nombró subprocurador especial para investigar los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Jesús Posadas Ocampo.

Chapa le encargó el caso Colosio a Rangel.

Sin embargo el grupo de políticos-litigantes fracasó: Rangel impulsó la teoría del “segundo tirador”, con base en la cual Othón Cortés Vázquez, integrante del Grupo Omega que fungía como chofer en la comitiva del candidato presidencial del PRI, fue acusado de participar en su asesinato.

El 7 de agosto de 1996 el juez de la causa absolvió a Cortés Vázquez al desestimar a los testigos presentados por la PGR y considerar inconsistente el estudio criminalístico del segundo tirador presentado por la subprocuraduría. Tras recobrar la libertad demandó un pago de 7 millones de pesos por daño moral a Rangel, Chapa Bezanilla y Lozano Gracia. Alegó que la PGR le fabricó los cargos “con fines políticos”.

Sin embargo, no se les procesó por las irregularidades cometidas.

No obstante, el caso Ruiz Massieu sí le estalló a Chapa Bezanilla. Fue detenido en España en mayo de 1997 y extraditado a México para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa, informes falsos, violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, así como el uso indebido de atribuciones y facultades, por la manipulación de la diligencia que realizó en octubre de 1996 en la finca El Encanto, donde encontró, con apoyo de la vidente conocida como La Paca, los supuestos restos del desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha. Resultó ser una osamenta “sembrada”.

Finalmente, en 2001, el juez quinto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Alejandro Dzib, echó abajo la demanda contra los funcionarios de la PGR, porque no se acreditó el daño moral.

Los enjuagues

Desde 1996, a su salida de la PGR, Rangel se integró al despacho de abogados de Lozano Gracia-Fernández de Cevallos, donde coincidió con Arturo Chávez Chávez.

Según una nota publicada en la página electrónica Terra, como litigante del despacho de Lozano Gracia, Rangel fue defensor de Fernando García Zalvidea, empresario de Cancún, accionista mayoritario de la cadena hotelera Best Day y que en 1998 fue acusado de lavar dinero del Cártel de Juárez.

De acuerdo con el expediente PGR/UEDO/157/98 –más tarde integrado al llamado Maxiproceso contra la organización criminal que hasta 1997 encabezó Amado Carrillo Fuentes–, García Zalvidea fue investigado por la PGR presuntamente por lavar 34.8 millones de dólares a través de inversiones hoteleras.

En marzo de 2004 la revista Contralínea reveló una serie de llamadas telefónicas entre Fernández de Cevallos, Lozano Gracia y Rangel que evidencian el cabildeo que estos abogados realizaron a fin de que el empresario fuera absuelto por falta de pruebas. Las conversaciones grabadas dejaron ver que el entonces senador Fernández de Cevallos realizó una serie de “gestiones políticas” con el titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, así como con jueces y magistrados involucrados en el caso.

En una de las llamadas, fechada el 10 de febrero de 2000, un mes antes de ganar el juicio, Lozano Gracia y Rangel hablaron de las “argucias legales” que se emplearon para lograr la libertad de García Zalvidea, reveló Contralínea.

Rangel intervino en otro sonado caso jurídico: En septiembre de 2002, cuando el huracán Isidro dejó medio millón de damnificados en Yucatán, la coordinadora general de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, invirtió en Bancomer y en la casa de bolsa Ixe 94% de los 170 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda le depositó el 2 de octubre para el fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Como se confirma en el estado de cuenta correspondiente al 31 de octubre, Protección Civil tenía en la casa de bolsa Ixe una inversión de 45 millones 105 mil 935 pesos. Generosa, la Secretaría de Hacienda le depositó en esa fecha otros 45 millones 185 mil 935 pesos.

El fraude al Fonden incluye una serie de prácticas irregulares, así como una red de protección y complicidades que apuntan no sólo a Carmen Segura Rangel, sino a todos los funcionarios que, en su momento, conocieron la denuncia que desde el 12 de junio de 2002 presentó el subdirector de Recursos Financieros de la Coordinación General de Protección Civil, Arturo Fernández López.

Entre esos funcionarios se encuentran: Santiago Creel, secretario de Gobernación en el periodo en que se cometieron las irregularidades más graves; Arturo Chávez Chávez, quien conoció el caso como responsable del Órgano Interno de Control y posteriormente como subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación; el excontralor Francisco Barrio, quien recibió las primeras denuncias en 2002; su sucesor, Eduardo Romero Ramos, titular de la Secretaría de la Función Pública, y el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

De acuerdo con el expediente 0070/2002, entre los representantes y asesores legales de Segura figuraron Lozano Gracia y Rangel. El bufete prácticamente ganó el caso, pues la funcionaria sólo fue inhabilitada 10 años y la sanción fue de 1 millón 733 mil pesos, cuando el desvío se calculó en mil 321 millones.

En 2009 el poder de los abogados-políticos se afianzó con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia. Diego Fernández de Cevallos intervino para que su colaborador Arturo Chávez Chávez fuera nombrado titular de la PGR. A su vez, Chávez designó a Rangel subprocurador de Delitos Federales. Ambos renunciaron en abril de 2011.

Ese mismo año Rangel fue investigado por la PGR junto con otros jefes de unidades especiales y directivos de la dependencia por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho, tras varias denuncias interpuestas ante la visitaduría de la institución.

Las denuncias se perdieron en el limbo.