A blindar el proceso electoral de julio de 2013!

Los representantes del gobierno federal, del PAN, PRI y PRD ante el Pacto por México se reunieron este fin de semana para acordar las condiciones que den a todos los ciudadanos las garantías indispensables de que las elecciones de este año se realizarán en condiciones de limpieza e imparcialidad, y de que los programas de combate a la pobreza no serán utilizados de manera facciosa o ilegal.

Las conversaciones han permitido avanzar en esos objetivos, y el gobierno y los partidos se comprometen a continuarlas con el propósito de poder llegar a instrumentarlas con rapidez y eficacia.

En el ínterim, las partes acordaron tomar las acciones necesarias para dar garantías a los ciudadanos y a todos los actores políticos relevantes de que los procesos político-electorales que están en marcha se realizarán cumpliendo estrictamente con las aspiraciones democráticas que compartimos y los mandatos de ley ya establecidos.

Los firmantes del Pacto por México trabajan en la implementación de acciones de corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral mexicano y elevar la calidad de nuestra democracia, las conversaciones adelantaron el marco de un acuerdo que debería incluir, entre otros, los siguientes puntos:

I. Acciones para blindar los procesos electorales y los comicios que se realizarán el 7 de julio de 2013:

El gobierno federal y los partidos pactantes se comprometen a poner su voluntad política para lograr que todos los órganos de gobierno tomen las acciones necesarias para que en ninguno de los procesos electorales que están en marcha ni en los comicios del 7 de julio de 2013 se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto.

Las partes integrantes del Pacto repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos .

Acordar mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos de los padrones, altas y bajas con criterios técnicos sociales y no electorales.

Definir de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas sociales. Acordaron también que el Ejecutivo revisará los nombramientos realizados para asegurar su idoneidad en función de ese perfil profesional técnico.

Suspender la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones.

Adelantar la entrega de apoyos y subsidios conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de las elecciones.

Establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos en las elecciones y del manejo electoral de acciones de gobierno y programas sociales.

Proponer a los Gobernadores y Alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones.

Promover con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.

Convocar y promover la participación de observadores electorales nacionales e internacionales en los procesos electorales del 7 de julio.

II. Acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno:

Las partes continuarán sus conversaciones con el fin de crear las condiciones adecuadas para que el Pacto pueda entrar en una nueva etapa. En ese caso, las partes se comprometen a ampliarlo con un adéndum que incluya entre otras la siguientes medidas:

Se retomarán e impulsarán las iniciativas de ley orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales del gobierno federal.

Los signatarios del Pacto se comprometen a hacer valer los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución y, en particular, a abstenerse de hacer en los medios de comunicación propaganda personalizada y las llamadas gacetillas. Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno.

Adelantar los trabajos relacionados con la reforma política en su dimensión electoral (compromiso 90 del Pacto) para plasmar en la ley el espíritu de este acuerdo que busca perfeccionar nuestra democracia.

Iniciar los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas de Sociales que permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos para combatir con mayor eficacia la pobreza (compromiso 6 del Pacto).

También acordaron promover que las leyes y las reglas de operación de los programas de gasto e inversión social incluyan la prohibición de celebrar actos públicos de entrega de beneficios y subsidios, así como las asambleas de beneficiarios.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades federativas pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas, con un sistema de transparencia que permita la evaluación y la rendición de cuentas, incluyendo el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales.

El espíritu que anima estas conversaciones es el de crear un entorno político de respeto a la ley, de comportamiento democrático, y de transparencia para fortalecer la democracia mexicana.

Fuente: Boletín 83

México, D.F., 29/04/2013