'Províctima fue un fracaso'

 'Províctima fue un fracaso'

Norma Ledezma Ortega lamenta que todo lo prometido por Felipe Calderón en los diálogos de Chapultepec se haya incumplido

Martha Martínez

Enfoque de Reforma, Ciudad de México  (23 junio 2013).- Las acciones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón para atender las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su administración se diluyeron al llegar a los estados, por la falta de recursos, personal capacitado y la corrupción de las autoridades, afirma Norma Ledezma Ortega, coordinadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas.

 Madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma –joven asesinada en Ciudad Juárez en marzo de 2002–, la activista advierte que la estrategia de la nueva administración para atender la crisis de derechos humanos también es una simulación:

 Se han creado instituciones al vapor, la Ley de Víctimas no cuenta con recursos suficientes y, a pesar de que se dio a conocer un padrón de desaparecidos, la cifra sigue siendo un misterio.

 "Ineficiencia del gobierno local, falta de recursos, incluso involucramiento de las fuerzas estatales en este tipo de delitos por supuesto que son una realidad y un impedimento para progresar en todo, desde las investigaciones hasta la consignación de sospechosos", indica.

 Para Ledezma, Províctima es un ejemplo de que, para atender las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, se crearon instituciones de buena fe, pero sin resultados, debido a la falta de recursos, personal e infraestructura.

 "Tengo familiares de personas desaparecidas en Chihuahua, y Províctima los llamaba a atenderlos psicológicamente en Ciudad Juárez, a cuatro horas de camino. Províctima fue un fracaso, a nosotros no nos funcionó porque no tuvimos ningún beneficio", señala.

 Otro tema que impidió el avance de las indagatorias fue la corrupción y colusión de las autoridades locales. "Hay personas que no se acercan a las autoridades ministeriales de su municipio porque saben que fueron las que desaparecieron a su esposo, a su hijo", indica.

 El caso de Ledezma es un ejemplo de cómo esos elementos retrasan el acceso a la justicia. El 23 de febrero de 2012, 11 años después del asesinato de su hija Paloma Angélica, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se vio obligado a encabezar un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de dos sentencias en contra del Estado mexicano por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y la impunidad en dichos delitos.

 Durante el acto, Ledezma reprochó que más de una década después del homicidio de su hija aún no hubiera detenidos. "La impunidad, la corrupción, la falta de voluntad política por resolver este asesinato ha hecho más largo, tormentoso y difícil este camino, y no han permitido que llegue aún la justicia, los asesinos continúan libres, disfrutando de una inmerecida libertad", señaló.

 Por lo pronto, la defensora de derechos humanos advierte que en los últimos seis meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto también ha recurrido a la simulación. Un ejemplo, señala, es la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas inaugurada en mayo pasado.

 Ledezma recuerda que la presentación de esta Unidad se hizo unos días antes de que se llevara a cabo una reunión de familiares de desaparecidos en el estado de Coahuila y a la cual asistieron especialistas de América Latina, defensores de derechos humanos y funcionarios federales.

 "Se presenta en víspera del encuentro que se iba a hacer en Saltillo con familiares de desaparecidos, por supuesto que tenían que sacar esto a la luz (la unidad), es una simulación más para decir 'aquí estoy'", advierte.

 Sobre el padrón de desaparecidos que la subsecretaria Lía Limón dio a conocer en febrero pasado, la activista critica la falta de seriedad en el manejo de las cifras.

 "Se dijo que eran 27 mil; el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, decía que eran 25 mil, entonces, ¿dónde quedaron esos 2 mil?, es una confusión de cifras que lacera a las familias", indica.

 En su opinión, la Ley de Víctimas promulgada por Peña Nieto el 9 de enero pasado tampoco funciona adecuadamente. "Los estados no cuentan con recursos, entonces los mandan a la guerra sin fusil, es una burla más... Nuestra postura es trabajar con la ley en la mano, ya no nada más la Constitución y los tratados internacionales, pero batallamos bastante, nos encontramos con servidores públicos que nos dicen 'sí, yo sé que ahí dice, pero no me dieron recursos'", detalla.

 La activista indica que a pesar de la falta de sensibilidad mostrada por la actual administración, los familiares de las víctimas que ella representa, esperan que con la nueva Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas las indagatorias de sus casos avancen.

 "Peña Nieto no ha sido muy sensible, a ver si ahora con la creación de la Unidad las cosas mejoran. Estamos acostumbrados que, cuando se nos abre una ventanita, nos metemos, y es lo que vamos a hacer", asegura.