Este martes 4 de noviembre se presentó en el pleno de la Cámara de Diputados, un informe preliminar de la Comisión Especial
de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los alumnos de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. En ese sentido los integrantes de este órgano
legislativo y los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Para presentar el informe tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión, hasta por siete minutos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Para presentar el informe tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión, hasta por siete minutos.
El
diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
el día de hoy presentamos ante este pleno el resumen de actividades hasta hoy
desarrolladas por la Comisión especial de seguimiento a las investigaciones
relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a los alumnos de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/nov/20141104-II.pdf
El
trabajo de esta comisión se ha caracterizado por estar alejado de tintes
políticos y buscando la justicia y el desenvolvimiento de la verdad ante hechos
que nos duelen a todos los mexicanos.
El
posicionamiento que doy el día de hoy ante ustedes como presidente de esta
comisión trata de ser lo más objetivo y puntual, ya que después cada grupo
parlamentario fijará su postura en lo particular.
En
este informe se da cuenta de todas las acciones desarrolladas que muestran las
múltiples aristas que hemos encontrado en el seguimiento de una serie de
investigaciones, no sólo la ministerial, por estos lamentables hechos.
Hemos
visto a grandes sectores de la población, a las organizaciones civiles, a la
Academia, a la Comisión de Derechos Humanos, a la autoridad federal y a la
autoridad local, las expresiones de frustración e impotencia expresadas en las
calles de las ciudades de Guerrero, de esta capital y de otras ciudades
alrededor de México y del mundo como reacción ante la percepción pública, de la
poca celeridad con que ministerialmente se ha tratado el asunto, pero no
podemos olvidar que si bien una investigación ministerial debe de resolverse en
un plazo razonable, no menos cierto es que debe considerarse la complejidad del
asunto y los actores involucrados.
Ante
los hechos, encontramos una ausencia de estándar nacional homologado desde los
puntos de vista penal y pericial para realizar un seguimiento estricto de
protocolos de búsqueda y localización de personas, según los estándares
internacionales.
No
obstante, reconocemos la cooperación que hasta ahora han mostrado todas las autoridades
con las cuales hemos requerido reuniones de trabajo e informes sobre la
atención de los expedientes de queja de presuntas violaciones de los derechos
humanos y la integración de las investigaciones penales.
Si
bien, la labor de allegarnos de información sobre el seguimiento a la
investigación de los hechos aún no ha sido concluida. Contamos con elementos
preliminares que hacen presuponer que en el fuero común y en el fuero federal
se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las
desapariciones forzadas sufridas por los estudiantes de la Escuela Norma Rural.
Se
cometieron garrafales errores como el de no actuar puntualmente como lo
establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos,
pues en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las
primeras 72 horas, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres
elementos básicos:
La
primera, la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes;
El
segundo, que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por
la autoridad, en este caso los policías municipales; y,
Tercero,
la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes.
Si
bien, existen procedimientos cuasijurisdiccionales en paralelo como el de la
Comisión Interamericana, no debe afectarse, sino complementarse con el ámbito
de competencia de las autoridades ministeriales correspondientes para la
continuación de la investigación de los hechos sufridos por los estudiantes
normalistas.
No
podemos dejar de lado la dolorosa posición, tanto de los familiares como de los
estudiantes sobrevivientes. Debe evitarse la zozobra que ya sufrieron por la
desaparición de sus familiares. Nuestras actividades de seguimiento aún
continúan, y aún faltan muchas diligencias por desahogar y diversas autoridades
que todavía deben remitirnos información, como puede ser: la inspección ocular
en Iguala con apoyo técnico de servicios periciales, reuniones de trabajo con
Sedena, Segob, la PGR, el Cisen, la Comisión Nacional de Seguridad Pública,
reunión con el gobernador interino y el fiscal general de justicia de Guerrero,
reunión con el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y
sostener también reunión de trabajo con el equipo argentino antropólogo forense.
Reiteramos
que las investigaciones deben desahogarse en un plazo razonable, pero tampoco
pedimos de una solución rápida y a contentillo en detrimento de la verdad de
los hechos. Conocemos a las víctimas, hay señalamientos claros de quiénes
fueron parte de los ejecutores, contra quienes ya se han ejercido diversas
acciones penales, pero aún falta complementar esas acciones con el
esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos.
El
derecho a la verdad abarca tanto el ámbito de las familias de los estudiantes,
de los que perdieron la vida, como de la sociedad mexicana e internacional en
su conjunto, porque el derecho a la verdad tiene aspecto tanto individual como
colectivo, entraña la identidad y sanción de los responsables y en el caso de
desapariciones forzadas particularmente entraña el derecho a conocer el
paradero o la suerte de las víctimas.
Todo
esto no excluye la sanción por omisión de todos los responsables jerárquicos y
de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger
cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, incluso de
preverlos conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus
familiares.
Como
sabemos, en la madrugada de hoy fueron capturados el ex presidente municipal de
Iguala y su esposa, señalados como responsables de los hechos, ellos nos
permite confiar en tener nuevos datos que estas personas aporten a la policía y
contribuirá a localizar a los jóvenes, pero no sólo eso, sino que también
pueden aportar datos que lleven a las autoridades a ejercer acción penal contra
sus cómplices, aun si estos se encuentran enquistados en el gobierno.
Reconozco
desde aquí la colaboración y disposición de mis compañeros diputados y de mis
compañeras diputadas que integran esta comisión especial, pues en el afán de
contribuir al objeto que nos fijó este pleno siempre han estado dispuestos a
contribuir y reunirnos con quienes consideremos necesario, aportando valiosos
puntos de vista para la presentación del resumen de actividades y el buen
desarrollo de los trabajos encomendados. Por su atención, muchas gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Anaya. Damos la
bienvenida a los alumnos de la Preparatoria General Nicolás Reyes Alegre, de
San Matías Cocoyotla, del estado de Puebla, invitadas e invitados por el
diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidas y bienvenidos al pleno de la
Cámara de Diputados.
Compañeras,
compañeros, la Junta de Coordinación Política acordó que en el marco de la
presentación del informe preliminar que ya ha sido presentado por el diputado
Guillermo Anaya, se abriera un espacio para agenda política para hablar sobre
el tema. En tal virtud los grupos parlamentarios han registrado a diputadas y
diputados para fijar el posicionamiento sobre el tema de los hechos lamentables
de Iguala y lo que es ampliamente conocido por todas y por todos.
El
acuerdo es que haya participación en orden ascendente de las distintas
fracciones parlamentarias, hasta por siete minutos. Así, ha registrado la
fracción parlamentaria de Nueva Alianza a la diputada Sonia Rincón Chanona; del
Partido del Trabajo, la diputada Lilia Agilar Gil; de Movimiento Ciudadano, el
diputado Ricardo Mejía Berdeja; del Partido Ecologista de México, la diputada
Ruth Zavaleta Salgado; del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Lizbeth
Eugenia Rosas Montero; de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado José
Alfredo Botello Montes y de la fracción parlamentaria del PRI, el diputado
Manuel Añorve Baños.
En
consecuencia, vamos a iniciar las participaciones de las fracciones
parlamentarias. Les informo también que hay algunas solicitudes para
participación de diputadas y diputados a través de la solicitud de
rectificación de hechos.
Vamos
a buscar que la participación sea equilibrada y en consecuencia desahogaremos
en este momento sólo los posicionamientos de las fracciones parlamentarias.
Durante el desahogo de estas participaciones trataremos el otro asunto con los
integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Por lo tanto tiene la palabra hasta por siete
minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de
Nueva Alianza.
La
diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a
menos de un mes de la instalación de la Comisión Especial para dar Seguimiento
a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero
a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, de la
cual soy integrante, presentamos un resumen de actividades, mismo que puede ser
consultado completamente en la Gaceta Parlamentaria.
En
el documento se plasma a manera de resumen las reuniones que se realizaron con
diversos funcionarios, como aquí nuestro compañero Guillermo Anaya Llamas lo ha
expuesto ante este pleno.
Tuvimos
reuniones con funcionarios del órgano federal y local, con organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos. No obstante, no hemos logrado
tener la reunión con los familiares de los 43 desaparecidos, debido a que no
tienen confianza en la clase política. Este sentimiento de desconfianza no es
solamente de los familiares, sino es de una generalidad en nuestro país, porque
estamos viviendo momentos muy complejos en materia de seguridad pública.
Estamos
frente a un Estado desarticulado en el que existe una gran corrupción política,
ya que en ocasiones las personas electas para un cargo público se olvidan para
lo cual fueron elegidos. Es decir, en lugar de brindar protección a la
ciudadanía y respetar sus derechos humanos, anteponen sus intereses de poder y
para ello son capaces de violar impunemente los derechos humanos de cualquier
persona.
Hoy
amanecimos con la noticia de que fueron detenidos en la madrugada el ex edil de
Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, por parte de
un grupo de elite de la Policía Federal de Iztapalapa del Distrito Federal.
Estas acciones son congruentes con la información proporcionada en nuestras
reuniones con la PGR y con la Secretaría de Gobernación, en la que nos
comentaban que un grupo de inteligencia estaba tras las pistas del paradero de
estas personas prófugas, situación que aportará información que lleve a
esclarecer estos hechos y el lugar donde se encuentran los alumnos
desaparecidos.
El
día de hoy hay más de 62 individuos detenidos e inmiscuidos en estos hechos tan
lamentables, pero faltaban estas personas que tienen mucha información que
proporcionar, sobre todo lo más importante es el paradero de los 43 jóvenes
desaparecidos.
Los
integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza manifestamos nuestra más
amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes normalistas y de las
personas que perdieron la vida en esos lamentables y dolorosos, indignantes e
inaceptables hechos de violencia, suscitados en el estado de Guerrero el día
26, 27 de septiembre del año en curso.
Condenamos
enérgicamente estos hechos de violencia que enlutan hogares guerrerenses y
provocan indignación nacional. Expresamos nuestra inmensa preocupación por el
respeto intrínseco e irrestricto de los derechos humanos de las víctimas, tanto
directas como indirectas y, sobre todo, la reparación integral del daño
causado.
Frente
a estos hechos de violencia no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad,
esto debe expresarse con toda claridad frente al mundo en consonancia.
Compañeras
y compañeros, por el bien de todos estos delitos deben de investigarse y
resolverse a la brevedad posible, siempre en cumplimiento al Estado de derecho,
nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley.
Es
necesario que el gobierno realice acciones concretas y contundentes para
recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el sistema de
justicia del país. Es imperativo replantearnos el modelo de coordinación en
materia de seguridad pública, de tal manera que blindemos a las instituciones
de la corrupción y de los grupos del crimen organizado.
Es
urgente reafirmar nuestro compromiso de garantizar los derechos humanos de
todas y todos los mexicanos, haciendo un énfasis especial en aquellas personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es cuanto, diputada
presidenta. Por su atención, gracias.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Rincón Chanona. Saludamos
a alumnos y padres de familia de la escuela primaria Miguel Ángel de Quevedo,
de aquí del Distrito Federal, invitados por el diputado René Fujiwara
Montelongo.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Y le damos la palabra ahora, para fijar postura, a
la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por siete minutos.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la asamblea. Pareciera que el
país que queremos dibujar o del que se habla en las reformas estructurales es
un país distinto al que se vive en las calles.
Tenemos
que reconocer que somos un país con alta incidencia de violencia, donde
pareciera que no prevalece la ley ni el Estado de derecho sino las
complicidades y la corrupción.
Este
tema, inclusive para poder discutirse en esta Cámara de Diputados, tuvo que
pasar por un proceso porque había quienes se sentían ofendidos que tratáramos
el tema de Ayotzinapa como un fracaso sistémico del respeto a los derechos
humanos en este país.
Es
cierto, hay inconformidades e indignación, pero hay inconformidades e
indignación en la calle, no solamente por los asesinatos, las desapariciones,
las violaciones de derechos humanos sino porque esto se ha vuelto, nos guste o
no, un problema estructural y porque entonces pareciera que el poder público es
uno, el de las reformas estructurales. Y que el país vive una realidad
distinta, el del día a día, donde las reformas estructurales no les dan de
comer pero tampoco les dan oídos a sus necesidades, inclusive quiere
desaparecerlos, como inclusive en este tema se ha dicho que hay la necesidad de
restructurar el proyecto de las normales rurales.
Nosotros
podemos resumir Ayotzinapa en cosas muy sencillas, 43 desaparecidos, 6 muertos,
el gobierno del Estado no intervino a pesar de haber tenido conocimiento desde
las seis de la tarde de que había iniciado la visita de los estudiantes.
El
Ejército, al que fueron a tocarle a su puerta, no intervino. No atraparon no
solamente al secretario de Seguridad Pública, a pesar de que lo podían haber
hecho sino que tampoco pudieron o tuvieron la capacidad en el gobierno estatal
de poner la vigilancia para que Abarca y su esposa no se fugaran, ahora
hallados, un tiempo casi, casi 40 días después de la tragedia.
Retraso
en la intervención del gobierno estatal pero también del gobierno federal, de
72 horas que son claves para la búsqueda de personas. La desaparición forzada
de los 43 estudiantes que a pesar de que el Estado mexicano no lo quiere
reconocer es un crimen de lesa humanidad.
Un
sistema de búsqueda de personas completamente débil, desestructurado y no
productivo. No sabemos el móvil de la desaparición. La criminalización de los
jóvenes, la idea de la desaparición de las normales rurales y simplemente una
evidente desestructuración del gobierno en su conjunto frente a una crisis de
derechos humanos.
Los
hallazgos de las fosas, de las decenas de fosas clandestinas, que pareciera que
no son personas porque en el momento en que se descartan que tienen que ver con
este caso, simplemente se echan a un lado y entonces el Estado mexicano
específicamente la Procuraduría General de la República no se ha hecho la
pregunta, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí?
La
desaparición forzada de personas, la ausencia del estado de derecho derivado de
la vinculación de gobernantes con la delincuencia organizada, que pone en esta
comisión y que pone en el Congreso de la Unión una gran pregunta, ¿hasta dónde
está metido el crimen organizado? No solamente en las presidencias municipales,
sino también en las gubernaturas, y sobre todo el querer minimizar y el querer
ocultar la realidad.
Nos
parece que la reunión que tuvo el Presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo plan
que emitió apenas la semana pasada es tardío. Es justo que no solamente las
víctimas, sino también los sobrevivientes, no solamente no se sientan
representados, sino que no confíen en el poder público razón por la cual por
cierto esta comisión no ha podido reunirse con ellos.
Existen
a la fecha 22 mil 322 personas no localizadas, los 43 son solamente el ejemplo
de lo que está realmente sucediendo en este país y de la gran omisión que hay
de la PGR en el tema.
El
estado de Guerrero por su parte, ocupa desde 2011 las primeras posiciones de
inseguridad por las cifras de incidencia delictiva, por cada cien mil
habitantes la entidad registra la tasa más alta de homicidios dolosos,
secuestros y robo de vehículos; la violación sistémica está en México y
pareciera que los legisladores no queremos verla.
Ante
la indignación de las víctimas y los familiares se crea esta comisión especial
a propuesta del Partido del Trabajo, que tenía como objeto no necesariamente
ser el ministerio público de este tema, sino ayudar y coadyuvar a la resolución
y a que se siguieran los protocolos adecuados en la búsqueda de personas.
Sin
embargo, estos son los resultados, tenemos que dentro de las primeras 72 horas
en la búsqueda de personas, no solamente el gobierno del estado, sino también
el gobierno federal no participó activamente y el gobierno del estado tiene
acciones dudosas, eso lo sabemos por el informe que el mismo procurador de
Guerrero, Iñaki Blanco, nos dio en su momento cuando estuvimos en el estado.
El
protocolo de búsqueda de personas no fue el adecuado. Los derechos de las
víctimas y las familias no fueron respetados. No se les da información de
calidad. No se les han entregado la información cuando menos de si hay pistas
de sus familiares, están vivos o están muertos. No se les ha dado atención
médica. No se les ha dado apoyo económico y, para colmo de males, la tan
importantemente creada Comisión Nacional de Víctimas ni siquiera pudo
estructurar un discurso aceptable en su comparecencia ante esta comisión
especial, por no decir que no informó absolutamente nada porque el presidente de
la misma no tenía la más mínima información.
Esa
es la importancia que el Estado mexicano le daba a los derechos de las víctimas
y es por eso que desde el PT hemos pedido la remoción del señor Rochín de esta
comisión tan importante. No se cubrieron los derechos desde el principio de las
víctimas.
El
rol de la Policía Estatal fue lamentable. Las grandes contradicciones que
existen entre la versión del que era el secretario de gobierno y el procurador
en la época de Ángel Aguirre, son evidentes. Mientras el gobernador Ángel
Aguirre decía que se habían enterado de los asuntos desde las siete de la
tarde, el procurador decía que habían tenido información inmediata hasta las 11
de la noche. Pero sabían entonces que había violaciones y que había muerte en
Iguala y decidieron no intervenir, lo mismo que el Ejército.
Las
conclusiones a las que se puede llegar en esta comisión son muchas y no las
hemos presentado en este reporte de actividades porque nos falta lo más
importante. La reunión con las víctimas, con los familiares, con los
estudiantes.
Desde
esta tribuna yo hago un llamado a ellos para que confíen en las distintas
fuerzas representadas en esta Cámara de Diputados de que queremos ayudarlos,
pero sobre todo queremos ayudar a que los derechos a los que son susceptibles
les sean cumplidos frente al gran fracaso del Ejecutivo municipal, estatal y
federal.
Vivos
se los llevaron, vivos los queremos. Este es el gran caso de violación de
derechos humanos en este país. La sistémica violación de los derechos humanos y
la desaparición forzada que eventualmente el Ejecutivo federal tendrá que hacer
frente y a al que tendrá que darle cara. Muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le otorgamos la palabra ahora al diputado Ricardo
Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, recordando que son hasta siete minutos
para su intervención.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. La respuesta y el manejo que se le ha dado a la actual
crisis con relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre en el municipio de
Iguala, así como la ejecución extra judicial de 22 personas en Tlatlaya, estado
de México, ponen al descubierto la ausencia de protocolos y acciones del Estado
mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos, poniendo de
manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano.
No
es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como éstas, y la
realidad indica que a 19 años de distancia las graves masacres a cargo de
agentes del Estado siguen sin ser atendidas como debe de ser y las víctimas no
reciben justicia ni reparación.
La
justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín
político de unos y la ruina de otros. La destitución de personajes incómodos y
una disculpa mustia para las víctimas y sus familias.
En
1997 Emilio Chuayffet renunció a su cargo en la Secretaría de Gobernación ante
la falta de acciones contundentes y la presión social por la masacre de Acteal,
durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No sucedió nada más.
En
1995 el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, solicitó licencia
definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas y no sucedió nada
más. El gobierno federal ha puesto en bandeja la cabeza de otro gobernador,
pero el problema sigue ahí.
Aún
con la detención de Abarca el día de hoy por la madrugada, no ha sucedido nada
más hasta ahora, porque la exigencia principal, el motivo de lucha de
familiares y alumnos, sigue existiendo.
Una
desaparición forzada que no es responsabilidad sino del propio Estado que ha
atentado por años en contra de las normales rurales y su cuerpo estudiantil.
No
podemos desvincular estos hechos que van ligados a la criminalidad desatada y a
la narco política, con la polarización social que actualmente se vive en el
país, donde la amplia mayoría sufre las consecuencias de la pobreza, el
desempleo y la discriminación.
Estas
heridas sociales se han agravado con la desaparición de los 43 estudiantes
jóvenes normalistas, sin dejar de lado también la gravedad de casos como el de
Tlatlaya, me centraré en lo de Iguala.
No
quiero dejar de señalar que muchas de estas reflexiones las hemos comentado con
legisladores de Guerrero, como los diputados Catalino Duarte, la diputada
progresista y luchadora Rosario Merlín, el diputado Jorge Salgado, el diputado
Miranda, el diputado Carlos de Jesús y todos ellos siempre preocupados por
encontrar justicia en estos hechos.
A
más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas, queda claro que el
gobierno federal encabeza un gobierno que miente, que maquilla los hechos y que
ha hecho hasta lo imposible porque no se tipifiquen estos hechos como delito de
lesa humanidad, desaparición forzada.
Lejos
han quedado los discursos triunfalistas por la aprobación de las 11 reformas
estructurales; ahora el país se desangra en la violencia criminal, en la violación
de los derechos humanos y en la falta de respeto a amplios grupos sociales.
Cómo
alguien como Peña Nieto puede aspirar a ser un gran estadista y a publicitarse
internacionalmente cuando en México existe una violación sistemática de los
derechos humanos, que no solamente se focaliza en un grupo, sino en diferentes
grupos sociales.
Ante
ello y ante los hechos que han sido narrados una y otra vez por diferentes
autoridades, queda claro que existe una fuerte complicidad del poder con lo
sucedido en Ayotzinapa y como siempre los grupos vulnerables son los que
reciben la peor parte.
Como
si no fuera poco para las familias de desaparecidos, ahora, en el colmo, se
acusa a los jóvenes normalistas de posibles vinculaciones con el crimen
organizado. Se construye una re-victimización de estos estudiantes que han sido
golpeados sistemáticamente por su condición de pobreza, de precariedad y su
necesidad de ser parte de la educación rural de nuestro país.
Esto
se puede resumir en la reseña que hacen jóvenes normalistas y que ha sido
documentada y señalada en medios de comunicación, donde dicen que ya heridos
algunos de ellos, los fueron a visitar militares al hospital y después de
maltratarlos, de encañonarlos, de cuestionarlos les dijeron: ustedes se lo
buscaron.
Esa
es parte de la criminalización que están viviendo estos grupos sociales en el
país.
Por
otro lado, se permitió que transcurrieran 72 horas vitales para la búsqueda,
sin que el gobierno federal tomara en serio el caso y sin que ni siquiera el
procurador Murillo Karam se atreviera a decir en público que se trataba de
desaparición forzada.
Fue
hasta el 22 de octubre, casi un mes después, que a través de las redes sociales
la Secretaría de Gobernación anunciara que se estaban concluyendo diligencias
para acreditar el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, mismo que
se tipifica en un plazo máximo de 72 horas.
Por
su parte, el presidente de la República actuó con incomprensible indiferencia y
negligencia, se tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las
desapariciones y tuvieron que transcurrir 33 días para reunirse con los padres
y familiares de estudiantes desaparecidos.
Señoras
y señores legisladores, de estos hechos y otros más que son parte ya del
paisaje cotidiano nacional, podemos afirmar que nuestro país se encuentra
actualmente en una crisis humanitaria.
México
está en una crisis humanitaria, en una situación en donde existe una amenaza
contra la vida de las personas esparcida a nivel nacional, su salud, seguridad
y la capacidad mínima de subsistencia de individuos y comunidades.
La
realidad no sólo está en Guerrero, está en la Sierra Tarahumara, en los
municipios indígenas de Oaxaca, en los cientos de mujeres asesinadas en el
estado de México, Chihuahua, Guanajuato. Nuestro país enfrenta una ola de
salvajismo como nunca antes.
Y
en tal virtud queremos señalar algo que es muy importante y con ello concluyo.
Está pendiente una reunión con el secretario de la Defensa Nacional en la cual
insistiremos una y otra vez, porque Ayotzinapa es además una omisión viva de lo
que hizo el Ejército.
En
Iguala está asentado el 27 Batallón de Infantería que cuenta con 450 elementos.
No actuaron en defensa de los jóvenes y sí se trasladaron a los hospitales a
amedrentarlos, por eso queremos tener la reunión con el secretario de la
Defensa Nacional.
Sobre
ello, queremos señalar que hasta el 21 de octubre ni la CNDH ni la Comisión
Estatal de Derechos Humanos ni ninguna autoridad había mencionado si quiera una
investigación relacionada con los integrantes del Ejército, que en el menor de
los casos negaron auxilio a mexicanos siendo atacados por agentes en el momento
desconocidos, y en el peor pudieron haber participado en los hechos.
México
ha sido acusado en el examen periódico universal el año pasado de no reconocer
la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas
individuales, argumentando que México se encuentra en días de instaurar sus
propios mecanismos. Y hoy, que la realidad se nos atraviesa, queremos señalar
las omisiones en materia de cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de los derechos humanos.
México
de no corregir estos hechos, de no castigar ejemplarmente a los responsables,
sean de nivel municipal, sean de nivel estatal o sean de nivel federal, se
constituirá en un Estado fallido y en un Estado ausente del respeto a los
derechos humanos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto,
presidenta.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Ricardo Mejía.
La
diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Presidenta, por alusiones personales.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Perdón, pero en este formato de posicionamiento no
caben las alusiones, diputada. Se está tratando ahora, como se les informó
antes, en la Junta de Coordinación Política el acuerdo para una segunda ronda
probable de rectificación de hechos, y en ese momento tendrán esa oportunidad
los grupos parlamentarios.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Damos la palabra ahora a la diputada Ruth Zavaleta
Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por siete minutos para
fijar postura.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidenta, para rectificación de hechos. Diputada, le
pido que me otorgue sonido en la curul, ni siquiera sabe lo que voy a comentar.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con mucho gusto, diputado. Sonido en su curul.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Muy buenas tardes al pueblo de México. Primero agradecer
que me otorga el sonido y la oportunidad de opinar. Pedirle que me pueda
considerar al final del posicionamiento de cada grupo parlamentario para
rectificación de hechos, pero además porque el diputado de Movimiento Ciudadano
hizo alusiones precisas al diputado Catalino Duarte y es para el tema.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputado, recogemos su solicitud y estamos a
la espera del acuerdo de los grupos parlamentarios para las rondas que serían
de rectificación de hechos. Y hemos otorgado la palabra a la diputada Ruth
Zavaleta. Adelante, diputada.
La
diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, este tema,
recordarán cómo comenzamos a discutirlo: inmediatamente sucedidos los hechos.
Apenas había sido jueves, viernes, sábado, domingo y el martes esta honorable
asamblea ya discutía el tema de Guerrero, ya se veía como un problema de crisis
nacional por algunos actores políticos que hemos tenido el pulso de lo que pasa
en el estado de Guerrero y en algunos estados de la república, respecto a
cuestiones de inseguridad y sobre todo de impunidad.
Pero
no hay que decir mentiras si queremos aclarar los hechos porque también,
compañeros y compañeras, hay que decir las cosas por su nombre. Mentira que nos
hayamos opuesto los compañeros del PRI y del Verde a nombrar las cosas por su
nombre exacto.
Sí
fue desaparición forzada en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala y
sí fue crimen de Estado ordenado por un presidente municipal y también se debe
de reconocer que el día de hoy, y un reconocimiento al gobierno federal, y no
sólo por eso sino por otras cosas que voy a mencionar aquí, la detención de ese
señor que seguramente aclarará muchas cosas que hoy tenemos pendientes, la de
mayor importancia descubrir qué ha pasado con los 43 desaparecidos.
Compañeras
y compañeros, qué bueno que la Comisión no ha utilizado políticamente la
información que se le da a cada uno de sus integrantes, pero qué pena que
muchas veces tengamos que ver en la prensa cosas que no se dicen aquí en la
tribuna.
Yo
me quiero unir a lo que pronunció la diputada Lilia hace días, respecto a que
al gobernador del estado de Guerrero se tenía que hacer juicio político, porque
si ella siendo integrante de un partido que apoyó la propuesta de ese candidato
y posteriormente como gobernador, y el presidente municipal de Igual, es muy
legítimo y por ello nos queremos unir a esa propuesta que ella realizó,
porque después de lo que escuchó esta Comisión nos queda claro que la mayor
omisión y el mayor problema radica, no en lo que hemos construido la
Federación, sino lo que se ha construido o no se ha construido en cada estado
de la república.
Sí
es cierto que estamos hablando de dos Méxicos; uno el que estamos construyendo
a nivel federal y otro el que existe en los estados de la república, pero qué,
compañeros, ¿no siempre estamos manifestando nuestra exigencia de reconstruir
el federalismo? ¿Qué no acaso ha sido una demanda constante de poder fortalecer
los estados de la República?
No
hemos construido quizás en el mismo nivel la democracia federal con la
democracia estatal, y ese es el problema, pero el problema tiene nombre y
apellido, el problema también tiene que ver con nuestros partidos políticos. Y
precisamente es ahí donde nosotros debemos de concentrar nuestras energías.
De
nada sirve que nos estemos señalando mutuamente nuestras culpas, lo que tenemos
que construir en este momento es un nuevo pacto federal, un nuevo pacto para
que podamos combatir la impunidad en cada estado de la República, en cada
municipio, caiga quien caiga, compañeros.
Aquí
el problema es que cuando le va a afectar a un partido político negocia con
otro y entonces constantemente no se hace justicia, se hacen tapaderas, se hace
impunidad y eso ya no lo podemos seguir permitiendo, porque precisamente este
problema de Iguala tiene que ser el ejemplo de la crisis que nos debe motivar a
unirnos en este momento a reconstruir el Estado de derecho y reconstruir la
posibilidad de la paz mexicana.
Compañeras
y compañeros, no es cierto que el presidente de la República sea el
responsable, el presidente de la República y el gobierno federal ha hecho todo
lo posible para poder salir de esta crisis.
El
problema lo conocemos muy bien, el problema se llama estados de la República y
tenemos que poner de nuestra parte en cada estado y en cada municipio,
reconstruir lo que no hemos visto o lo que se ha perdido.
Compañeros
diputados, compañeras diputadas, espero de verdad que el día de hoy se pueda
saber qué pasó con los 43 normalistas que aún están desaparecidos. Pero también
es mentira que no se les ha dado apoyo a los familiares de las víctimas. Ahí
están los medios de comunicación que consigna la propia reunión con el presidente
de la República.
¿En
dónde está la omisión? La omisión está en algunos partidos que propusieron ese
gobierno y que no han querido asumir la responsabilidad y que se han cobijado
tras un discurso donde ahora convocan a un acuerdo nacional, pero que en los
días previos donde tuvo mayor importancia e impacto su participación fueron
omisos, o aún más, se reunieron con los actores que ocasionaron estos
conflictos sin informarle a la autoridad.
Compañeras
y compañeros, sí debe de haber responsables y sí debe de haber culpables. No
debe haber impunidad. Tenemos que unirnos para que no haya impunidad ni en este
ni en ningún caso.
Lamentablemente
este problema ha originado que en todos los estados de la República se estén
señalando actores políticos, que quizá están o no están involucrados en asuntos
indebidos, pero aquellos que lo estén tienen que estar ante la justicia. No
debe haber impunidad de hoy en adelante. Tenemos que unirnos para cobijar a los
ciudadanos que han confiado y creído en nosotros. Tenemos que reconstruir la
República, compañeras y compañeros, éste es el momento, aprovechemos la crisis
para salir adelante unidos.
Yo
los conmino a que todos nos unamos con el presidente Enrique Peña Nieto y
reconstruyamos el pacto federal, que es urgente en este país. Muchas gracias,
compañeras y compañeros.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted, diputada Ruth Zavaleta.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra a la diputada Lizbeth Eugenia
Rosas Montero, del PRD, para fijar postura hasta por siete minutos.
La
diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputada Lilia Aguilar, sonido en su curul.
La
diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): He sido abiertamente aludida en el discurso anterior y
como sé que no me va a dejar pasar a la tribuna, simplemente voy a clarificar
por el hecho al que he sido aludida.
Yo
agradezco la atención que ha tenido la diputa Ruth Zavaleta en leer lo que saca
la prensa de mí y entiendo también su enojo y su defensa. Yo simplemente quiero
clarificar algo.
La
propuesta de juicio político que se presentó por una servidora fue para
análisis dentro de la Comisión Especial, quien ha presentado -y hay que
reconocérselo- la solicitud de un juicio político ha sido el diputado Manuel
Huerta, no solamente para el ex gobernador Ángel Aguirre, sino también para el
procurador general de la República y para el señor Miguel Osorio Chong.
En
el tema de las interpretaciones y las defensas yo no tengo nada más qué decir
que esto no es un asunto de diferencia su ataque. Un crimen de Estado -ella es
abogada- tal y como está estructurado no quiere decir que se cometió nada más
en Iguala, sino que demuestra un fracaso sistémico de este tema. Muchas
gracias.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Quedan registradas sus palabras, diputada Lilia
Aguilar.
Y
tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, adelante,
diputada.
La
diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, presidenta. Los terribles casos de
las ejecuciones en Tlatlaya y los asesinatos de Iguala, de desaparición forzada
de los normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, han servido, compañeros
y compañeras diputadas, como dos vitrinas que claramente exponen la grave
situación generalizada de corrupción, impunidad y violencia que azota a México.
Ésta
es una verdad. Esto es un hecho contundente que el Estado no puede negar y si
lo negamos, diputadas, estamos mal. Es tan crítico este momento, que la sola
exigencia de los padres y los familiares de las víctimas es: vivos se los
llevaron, vivos los queremos.
Es
evidente que la cifra de asesinatos que nos ha venido diciendo la Secretaría de
Gobernación, en donde dice que había disminuido, es totalmente falsa, ya que
estamos viendo que con la aparición todos los días de una fosa nueva es claro
que ahí están esos asesinatos, en calidad de desaparecidos en todo el
territorio nacional. Ante esto enuncio las siguientes consideraciones.
Estamos
ante un evidente caso de ausencia y conducción del Estado en materia de
seguridad pública, luego de conocer las contradicciones, vacíos y
desinformación de parte de las instituciones federales directamente encargadas
de la conducción de las investigaciones.
La
ampliación de la inconformidad de las propuestas, las movilizaciones son un
indicador directo, a propósito de la solidez con que hasta ahora se han
desarrollado las pesquisas para encontrar a los responsables y los argumentos
que tuvieron para actuar y cómo lo hicieron.
Hasta
el momento el móvil del crimen colectivo sigue siendo motivo de rumores y
especulaciones. La extraordinaria violencia con la que se desarrollaron los
hechos denota no solo la inutilidad de una serie de medidas para contener la
criminalidad en México, sino también la mala aplicación de las sanciones por
parte de las procuradurías de los más de 50 policías municipales de Iguala y
Cocula detenidos, que hasta el momento no sabemos ni cuál es su nivel de
participación y responsabilidad penal.
En
los gastos extraordinarios reportados a la Auditoría Superior de la Federación,
los que correspondan a las actividades de inteligencia y seguridad en el país
rebasan el 50 por ciento del autorizado, sin que se perciban claramente
resultados proporcionales a este gasto asignado.
Es
indispensable que conforme haya ampliaciones presupuestales se tengan claros
resultados en el trabajo que están haciendo, en particular, sobre la conducción
en las investigaciones resalta la clara improvisación, inconexión y sobre todo,
la ausencia de profesionalismo, capacidad técnica para recuperar la valiosa
información en el terreno de los hechos. No obstante, contar con la calidad
apropiada de los recursos humanos, así como la asistencia del personal
profesional que han tenido que venir a hacernos peritos extranjeros ante la
incapacidad de los peritos que están trabajando en la PGR.
A
más de un mes y una semana de los acontecimientos, lo único que ha ido en
aumento es la comprensible indignación de las familias y comunidades afectadas,
así como las muestras de apoyo y solidaridad en todo el país y en el extranjero
a nuestros estudiantes desaparecidos.
La
cantidad de intereses que se entremezclan en la realidad del estado de
Guerrero, en el municipio, incluso con la clara complicidad de las áreas de
inteligencia del gobierno federal, llevan a pensar respecto a en qué otras
entidades de la República está pasando lo mismo y se están haciendo de la vista
gorda.
Debemos,
precisamente, no dejar de lado que buena parte de esta crisis que vive el país
se debe al modelo económico que por años empobrece a millones de mexicanos, tal
y como lo constatan las cifras del Coneval y del INEGI. La ausencia de una
auténtica política social que promueva el desarrollo de las comunidades no ha
dado resultado, hasta ahora, la aplicación de los modelos del gobierno federal.
La
respuesta de amplios sectores sociales, de medios de comunicación
convencionales supone también que esta crisis no es coyuntural sino que se va a
ir agravando con el tiempo.
Como
nunca, la legitimidad del gobierno, sus instituciones, procedimientos y leyes
se encuentran sometidas a la supervisión de la sociedad, queda claro que
mientras más tiempo pase sin que se ofrezcan resultados esto será proporcional
al desgaste de esa imagen falsa que han querido construir de un presidente de
la República eficiente.
Dicha
posibilidad es sin duda el principal problema y desafío con el que hoy el
gobierno de la República se enfrenta; dar explicaciones técnicas, retóricas o
legales no puede satisfacer la necesidad imperiosa de informar con la verdad.
La falta de información y agilidad para informar es lo que ha provocado de
forma gradual y persistente que el foco de atención se haya desplazado
obviamente hacia el gobierno de la República. Para el bienestar de la nación
debe recuperarse el terreno perdido mediante acciones creíbles, no discursos.
Compañeros
y compañeras diputadas, debemos de dar respuestas, hechos. La pesadilla está
muy lejos de terminar. No queremos que se insista en la tesis ahora creada y
maquillada de la pareja solitaria. Sabemos que existen responsables arriba de
ese presidente municipal y complicidades de autoridades de inteligencia del
gobierno federal, tanto en el ámbito formal como en el de las estructuras
delincuenciales. Esta pareja no se manda ni se mandaba sola, actúa en
contubernio con otras autoridades y se debe de investigar y se debe de castigar.
Asimismo,
compartirles que el Cisen la verdad ha dejado mucho que desear, no ha habido un
serio seguimiento de investigación de los hechos. Cómo es posible que después
de tanto tiempo no hubiera ninguna línea de investigación acerca de las actividades
de este presidente municipal. Y qué decir de las averiguaciones pendientes que
tenía y que el propio procurador General de la República tenía conocimiento.
Y
qué decir de las fallas de inteligencia militar estando un batallón en el lugar
de los hechos, ya que en Iguala se encuentra precisamente esta actividad en
donde sabemos que se desarrollan mecanismos de inteligencia. Y qué decir
también de la inteligencia de la policía federal, cómo es posible que el C4
nada más funcionaban cuatro cámaras, que también no tendrían que haber sido
responsables de la prevención de estos hechos tan lamentables. Ya hubo capturas
en el ámbito municipal, ya hay ceses y renuncias en el ámbito estatal y estamos
esperando y exigimos que a la brevedad también haya responsables del gobierno
federal.
Creemos
que la impunidad se ha empezado a combatir cuando haya responsables materiales
intelectuales por acción y también por omisión compañeros diputados, en los
tres niveles de gobierno.
Queremos
llamar la atención de ustedes, diputadas y diputados, en razón de que a la
fecha las víctimas y sus familiares no se han querido reunir de manera formal
con los integrantes de esta Cámara debido a que pese los discursos de algunos
legisladores, no hay confianza.
La
ciudadanía, con este tipo de hechos, cada vez más pierde la confianza en sus
instituciones y sobre todo en sus representantes populares, pues el informe que
hoy se entrega no contiene dicha información, de voz propia de las víctimas,
así como de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que
las han acompañado en este tiempo, por lo cual el informe que hoy se presenta,
si es bien un avance de control parlamentario, no es suficiente compañeros, ya
que es un informe que al momento carece de la parte fundamental de todo proceso
de investigación: darles voz a las víctimas.
Por
eso desde esta tribuna exhorto a las víctimas y familiares de las víctimas a
que se acerquen a la Cámara, acercarnos nosotros con ellos y darles las
garantías de que serán escuchados, atendidos y acompañados en todas sus justas
demandas sin pretender, como algunos lo quieren hacer, lucrar, comprar o
intimidar, a fin de querer cambiar versiones de un plumazo de lo que
verdaderamente pasó ese día.
Por
ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir nunca más un servidor
público pagado con el dinero de todos los mexicanos realizando actos delictivos
en el país y peor aún, de lesa humanidad. No más.
Que
caigan todos los responsables. Que encontremos vivos a los 43 normalistas,
caiga quien caiga de los tres niveles de gobierno. Es cuanto, diputada
presidenta.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Rosas Montero.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra ahora el diputado José Alfredo
Botello Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar postura
hasta por siete minutos. Adelante, diputado
El
diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso, presidenta.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
El
diputado José Alfredo Botello Montes: Compañeras y compañeros diputados. Desde cualquier
ángulo que se mire atacar a jóvenes, sean estudiantes o no y desaparecerlos sin
que se conozca el motivo, es totalmente condenable.
En
el Grupo del PAN hemos señalado que la prioridad en el caso de los estudiantes
desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es buscarlos hasta
localizarlos con vida.
En
este caso de los estudiantes atacados y desaparecidos sale a la luz pública una
serie de deficiencias, olvidos y complicidades que debieron desaparecer hace
mucho tiempo en nuestro país. O, mejor dicho, no tienen cabida en un régimen
democrático y de derecho como pretendía ser el nuestro.
Los
datos que han sido arrojados a la opinión pública no hacen otra cosa sino
confirmar un estado de cosas lamentables y señalo tan solo dos.
Primero.
Policías coludidos con el crimen organizado, lo que nos da que no sólo se
padece una deficiente capacitación y preparación de los cuerpos de seguridad
municipal, sino que ahora la ciudadanía debe padecer un franco contubernio
entre los que están para protegerla, con los delincuentes.
Segundo,
autoridades municipales corruptas. Con ello queda evidente que algunas
autoridades municipales están cooptadas por los delincuentes y que conviven con
ellos a plena luz del día sin consecuencia alguna. Pero cuando estas
deficiencias se juntan, los resultados los tenemos a la vista.
De
acuerdo al resumen de actividades que presenta hoy la Comisión Especial para
dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en
Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl
Isidro Burgos, encontramos que sus actividades han sido serias, y lejos de
protagonismo alguno han venido trabajando con formalidad y contundencia, por lo
que esperamos en su momento, un informe completo y detallado de todo lo
encontrados, manifestándoles desde esta tribuna nuestro respaldo y apoyo en sus
tareas.
En
el grupo parlamentario del PAN exigimos redoblar los esfuerzos de todas las
autoridades encargadas de las investigaciones para que los jóvenes puedan
localizarse con vida y regresar a sus actividades cotidianas; pero al mismo
tiempo exigimos que se les dé toda la atención médica y psicológica que
requieran, los heridos en esa noche aciaga, y los familiares de los
desaparecidos.
Todo
el peso del Estado para el castigo a los responsables. Por eso nos
congratulamos de que la Procuraduría General de la República haya localizado en
la madrugada de hoy, y presentado ante la justicia al presidente municipal de
Iguala con licencia y a su esposa, para que respondan de su actuación tanto en
lo penal, civil y administrativo.
Lo
mismo debe ocurrir para el caso de las autoridades que hubieren actuado
negligentemente en las investigaciones.
De
igual forma pedimos que se finque responsabilidad a las autoridades
gubernamentales que manifestaron omisiones, falta de pericia o claras omisiones
en diversas etapas de tan lamentable situación, como por ejemplo, no vigilar
adecuadamente al presidente municipal de Iguala y permitir su huida, cuando
ante las evidencias de los hechos pudo haber proporcionado oportunamente
información que hubiera ayudado a resolver las cosas.
No
podemos dejar de lado que las autoridades federales, concretamente la Procuraduría
General de la República tuvo una tardanza de ocho días para calificar o
recalificar el delito bajo el tipo legal de desaparición forzada, mismo que es
de competencia del fuero federal y al estar contenido en el Código Penal
Federal y por lo tanto actuar en consecuencia.
Consideramos
que se debe realizar una depuración estricta, completa y exhaustiva a los
cuerpos policiales en todo el estado de Guerrero, dando seguimiento a las
actividades de los elementos que sean cesados. Misma situación debe aplicarse
también en el caso de los servidores públicos que participan y hayan
participado en las áreas de procuración de justicia.
Esa
depuración de los cuerpos de seguridad es elemental para la protección y
seguridad de los habitantes del estado de Guerrero, pues no basta con el plan
de seguridad que se anunció por el secretario de Gobernación el pasado 29 de
octubre, por el cual la seguridad pública quedó a cargo de fuerzas federales.
Son necesarias la depuración y capacitación de todos los elementos policiales y
muchas acciones más.
En
el Grupo Parlamentario del PAN exhortamos a los tres niveles de gobierno para
implementar de inmediato en el estado de Guerrero las medidas necesarias para
garantizar a los habitantes de la región el pleno ejercicio de sus derechos,
así como la prevalencia del estado de derecho y la legalidad.
De
la cronología que aparece en el resumen de actividades de la comisión especial
queda de manifiesto, conforme a lo señalado por los organismos protectores y
defensores de los derechos humanos, así como por lo informado por la
Procuraduría General de la República, que estamos ante una desaparición forzada
de personas, lo cual, de corroborarse, no hará otra cosa sino avergonzarnos a
todos. La desaparición forzada de personas es práctica de gobiernos
totalitarios y ante demócratas no puede emularse o tolerarse en regímenes
democráticos como el nuestro.
Desde
esta tribuna es correcto señalar que todos sumemos fuerzas y demostremos unidad
para enfrentar los desafíos. Es necesario que a la par que se atienden los
problemas de Iguala, se alerte ante lo que pueda suceder en otras regiones o
estados del país, como ya se ha denunciado aquí en el caso de Quintana Roo,
como también sabemos en el caso de Tamaulipas y muchos otros más.
No
esperemos a que las dimensiones de los hechos o la tragedia ocurran para
centrar la atención en los problemas, sino preverlos con anticipación. No debe
haber mezquindad ni cálculo político en materia de seguridad. Ningún gobierno
puede ser omiso o manifestar incapacidad ante hechos que atenten contra la
integridad y seguridad de sus jóvenes y de cualquiera de sus ciudadanos.
Todos
debemos actuar con responsabilidad. Eso es lo que esperan los mexicanos que nos
eligieron. Muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Alfredo Botello.
La
Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra ahora al diputado Manuel
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para fijar postura, hasta por siete minutos.
El
diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara
de Diputados ha participado en esta comisión especial con la más abierta y
franca disposición de contribuir con toda seriedad y responsabilidad para que
los ciudadanos y este pleno conozcan la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de
septiembre en Iguala, Guerrero y dar seguimiento a las investigaciones que
realizan las autoridades y, por supuesto coadyuvar también con la autoridad federal.
Lo
hacemos así, porque tenemos la convicción de que es indispensable partir de la
verdad para encontrar después los mejores caminos que lleven a recuperar la
tranquilidad, la paz, la concordia y la gobernabilidad en nuestro estado de
Guerrero, sin olvidar que lo prioritario, lo más importante y urgente es que se
conozca el paradero de los 43 jóvenes normalista de Ayotzinapa actualmente
desaparecidos, con la petición que se sigan haciendo todos los esfuerzos
necesarios para terminar con el dolor y la incertidumbre que viven sus padres,
sus familias y sus comunidades.
Ante
los hechos de Guerrero no puede haber indiferencia y mucho menos impunidad. Por
ello, desde que el gobierno federal atrajo la investigación, se siguen dando
resultados y ello destaca de manera particular la detención de Abarca y su
esposa, y esto es apenas el inicio, como lo ha establecido el presidente
Enrique Peña Nieto, donde ha dicho que no habrá impunidad y se aplicará la ley
tope hasta donde tope.
Por
supuesto, estamos frente a un problema que tiene en el centro la protección de
los derechos de las víctimas y la aplicación de justicia para ellas. Es un tema
en el que hemos coincidido quienes participamos en esta comisión plural, y bajo
esa premisa hemos logrado construir este primer pre-informe que hoy se
presenta.
Es
importante que podamos continuar como hasta ahora, por encima –y así lo he
dicho- de banderas ideológicas y alejados de consideraciones políticas.
Por
eso la comunicación con las autoridades de todos los niveles con las que nos
hemos reunido y nos sigan con estas reuniones permitiendo hacer una evaluación
ponderada de las actuaciones de cada quien, sin repartir culpas o hacer
exculpaciones adelantadas en enjuiciamientos que no nos corresponden.
Lo
peor siempre de una investigación –y así no hay que perder memoria de la
historia– es politizarla, por eso debemos no hacer juicios de valor y no perder
de vista lo prioritario, como lo he dicho, que es encontrar a los 43
estudiantes. Ésa ha sido la instrucción del presidente Enrique peña Nieto a su
gabinete de seguridad y ésa es su disposición y compromiso como primer
mandatario, y así lo ha manifestado de manera reiterada.
Adicionalmente
quiero expresar desde esta tribuna que mi grupo parlamentario tiene claro que
el Ejército Mexicano es una institución respetable, un pilar sólido de nuestras
instituciones democráticas y que merece el mayor reconocimiento como siempre se
lo ha dado el pueblo de México.
Amigas
diputadas y amigos diputados, reitero la prioridad de nuestro grupo
parlamentario por sobre cualquier otra cuestión es que aparezcan –y así lo
reitero– los 43 jóvenes normalistas. Y seguiremos coadyuvando en este comité,
con las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno para alcanzar ese
objetivo.
Por
supuesto, nos sumamos a la convocatoria que ha realizado el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, para construir un pacto que fortalezca al Estado
de derecho y evite que casos como el que hoy nos ocupa vuelvan a repetirse. Ésa
es una tarea en la que nadie debe de excluirse y en la que todos, fuerzas
políticas, instituciones del Estado y ciudadanos, estamos llamados a participar
por todos nosotros y por México. Es cuanto, presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Manuel Añorve Baños.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra, en una segunda ronda,
el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La
diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputada Socorro Ceseñas?
La
diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Primero ponga sonido. Ya.
Gracias. Presidente, para que me haga favor de anotarme en rectificación de
hechos en este tema de la agenda política.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Deseo –si me permite, diputado Huerta Ladrón de
Guevara– informar a esta asamblea que la agenda política se está desahogando en
términos del artículo 101 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es decir,
no proceden mociones y en todo caso lo procedente es que los grupos
parlamentarios fijen sus posturas con relación al informe preliminar que ha
rendido la Comisión Especial.
De
hecho, esta segunda ronda, señoras legisladoras y señores legisladores, se ha
abierto por virtud de la petición de los grupos parlamentarios y con la
facultad que tiene esta Presidencia, lo estamos obsequiando. De suerte que, de
tener interés de participar a nombre de su grupo parlamentario, le sugeriría de
modo respetuoso lo haga por conducto del coordinador de su propio grupo. Muchas
gracias. Por favor, diputado Huerta, adelante.
El
diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La desaparición forzada compromete al
Estado mexicano desde el 9 de noviembre de 2002, al entrar en vigor la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El artículo
215 del Código Penal Federal determina que comete el delito de desaparición
forzada de personas el servidor público que, independientemente de que hay
participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o
mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.
Desde
el 27 de septiembre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa denunciaron que
58 de sus compañeros se encontraban desaparecidos, señalando que tenían
indicios de que algunos normalistas se encuentran retenidos en el cuartel del
27 batallón de infantería, con sede en Iguala.
Siete
días después, el 4 de octubre, la PGR a través de la SIEDO anuncia la atracción
de la investigación. El 6 de octubre, en conferencia de prensa, Murillo Karam
informa que se trasladará a Iguala, Guerrero con el jefe de la Agencia de
Investigación Criminal, para encabezar personalmente las indagatorias y
esclarecer el caso de los normalistas desaparecidos.
A
39 días no hay respuesta, existe un silencio que delata cómplices,
encubrimiento. El informe parcial que hoy se presenta, si bien no es conclusivo
sí es necesario atender omisiones graves en la investigación de la verdad. Se
omite la información relativa a las fosas clandestinas con cuerpos humanos,
una, cuatro, cinco, nueve, 12, 15, 19, ¿cuántas fosas? ¿Cuántos muertos? ¿A
quién se encubre?
Desconocemos
cuántas mexicanas y mexicanos que tienen derecho a su identificación y
consecuencia investigación de los criminales responsables, ¿en que otros
municipios del estado de Guerrero se han localizado fosas clandestinas? ¿Basta
la licencia de Aguirre al gobierno del estado? ¿Se ha iniciado la investigación
de sus omisiones y complicidades? ¿Quiénes más están implicados, la Secretaría
de Seguridad Pública del estado, la Procuraduría de Justicia del mismo estado
de Guerrero; la policía federal, el Cisen, el Ejército a través del 27 batallón
de Iguala, que se encuentra a poco más de un kilómetro del lugar de los hechos?
¿El procurador Murillo Karam, que conoció de hechos del crimen organizado, del
cual ahora el detenido es parte? ¿A quién se encubre?
Las
complicidades no garantizan la vida de los 43 normalistas desaparecidos, la
salud de los heridos y la vida de los asesinados a mansalva y alevosía. Fue un
crimen de Estado, se grita en las calles, ¿quiénes son los responsables? Ahora
se pretende que para evitar hechos como los sucedidos el 26 y 27 de septiembre
en Iguala, se anuncias un pacto por la seguridad.
¿Cómo
creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando el que lo convoca
ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones legales en su calidad de
presidente del sistema nacional de seguridad? ¿Cómo creer en la viabilidad de
un pacto por la seguridad, cuando se ha tolerado la complicidad a un procurador
que desconoció e ignoró un clamor de justicia de las víctimas del hoy detenido
ex presidente municipal de Iguala?
¿Cómo
creer en la viabilidad de un pacto de seguridad, cuando la comandancia del 27
Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con su aparente omisión se asocia
al crimen organizado? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la
seguridad, cuando los partidos políticos representados en el Congreso del
estado de Guerrero guardaron silencio cuando se clamó el desafuero de José Luis
Abarca Velázquez, por las víctimas de Unidad Popular de Iguala?
Esta
Cámara de Diputados no puede ser cómplice del crimen de Estado, aún puede
actuar con la verdad, con la justicia tan negada a miles de víctimas de la
delincuencia organizada que impera en el sistema político y judicial de este
país.
Escuchen
a los jóvenes, escuchen a los familiares de las víctimas, que de nueva cuenta
tienen que salir a protestar a las calles, lo harán mañana, 5 de noviembre, en
esta ciudad.
Por
mi parte aquí estoy, tratando de ser voz de todos estos ciudadanos, tratando de
que ustedes reflexionen y de verdad, busquemos la verdad. Vivos se los
llevaron, vivos los queremos. No puede ser posible que sigamos siendo omisos
–concluyo, presidente– a tan graves hechos. Es cuanto.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal
Ávila.
El
diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el país vive una crisis
sistémica. No se puede de ninguna manera ocultar, no se puede reducir el tema a
un municipio o a un estado. Verlo desde ese punto de vista es equivocado.
Lo
de Iguala fue la gota que derramó el vaso. Pero esto y este vaso se vino
llenando de desapariciones masivas durante al menos los últimos 10 años, ante
la ineficacia de las autoridades y la incredulidad de la sociedad.
Recordemos
algunos antecedentes. El 20 de enero de 2005, entre Tenosique y El Ceibo, en
Tabasco, desaparecen 12 jóvenes que realizaban una excursión en las montañas de
la frontera entre México y Guatemala.
En
diciembre de 2010, un grupo de 12 cazadores, de Guanajuato, fue detenido por
policías municipales entre los municipios de Joaquín Amaro y Tabasco,
Zacatecas, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos.
El
18 de marzo de 2011, alrededor de 50 camionetas pick up irrumpieron en el
municipio de Allende, Coahuila, secuestrando de manera violenta a cerca de 300
personas, apellidadas Garza, Gaytán, Moreno y Villanueva, presuntamente en
venganza por el robo de un cargamento de cocaína de Los Zetas. No se volvió a
saber del paradero de ninguno de ellos.
El
3 de agosto de 2011, un autobús con 11 campesinos poblanos migrantes que
viajaban a Reynosa, Tamaulipas, desaparecieron antes de llegar a su destino.
El
12 de septiembre de 2012, un autobús de la línea Nortern Star América, con una
decena de campesinos migrantes desapareció en Salvatierra, Guanajuato, entre
Tarimoro y Celaya.
El
11 de noviembre de 2013, el autobús Futura, número 1084, con 30 pasajeros a
bordo, que cubrían la ruta Zacatecas-México, desapareció entre los límites de
Zacatecas y San Luis Potosí, desde entonces no se sabe nada de ellos.
La
página Valor por Tamaulipas, una de cuyas colaboradores la doctora María del
Rosario Fuentes Rubio, fue desaparecida y presuntamente asesinada por un cárter
de la delincuencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo cual la UNICEF ha reclamado
la investigación exhaustiva al gobierno de México.
La
página Yo Soy Red, que administra el bloguero Alberto Escorcia ha creado un
mapa interactivo con más de 22 mil nombres de desaparecidos, con información
más detallada y precisa que la propia lista de desaparecidos oficiales de la
Segob.
Se
propone otra, crear una especie de Wikileaks de los desaparecidos en México.
Es
impresionante observar cómo en 70 por ciento del territorio nacional está
cubierto con puntos rojos. De manera, preocupante así es el mapa de las
desapariciones. Se sobrepone en la lámina de las casi 300 fosas clandestinas
que se han encontrado en los últimos años, que se han encontrado en varias
partes del país.
La
noticia de la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en Iguala, ha
generado la mayor crisis de credibilidad y confianza sobre el gobierno de
México, porque cayó sobre esta conciencia colectiva, abonada con casi una
década de desapariciones continúas, forzadas, silenciosas y varias de ellas
masivas, donde las autoridades de todos los niveles se han visto rebasadas.
En
este tiempo la inseguridad ha disputado el primer lugar con la crisis económica
en su modalidad de desempleo o carestía de la vida, como el principal problema
para los mexicanos, sin que se haya logrado revertir.
Si
la apuesta oficial es que el tiempo olvide lo de Iguala y estas desapariciones
que describo, están equivocados. No será así.
Nos
parece muy grave lo que está pasando. Necesitamos revisar la estrategia de
seguridad que debe empezar instalando una comisión de la verdad, que atienda no
solo el caso de Iguala sino los más de 22 mil desaparecidos ocurridos en los
últimos 10 años. El rastreo y localización de las fosas clandestinas a lo largo
y ancho del territorio nacional, con la tecnología de punta que existe al
respecto. Reformas legislativas para adoptar los estándares internacionales de
castigo y prevención de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
Reparación
de daños a las familias de miles de víctimas con las propiedades y recursos
incautados al crimen organizado y con recursos públicos.
Una
reforma integral al Estado de derecho en sus vertientes policial, ministerial y
judicial. Una reorientación educativa y cultural, y sobre todo, atender al
problema económico.
No
es un problema de localizar o de reubicar en un municipio esto que está pasando
en México. Es muy grave y presidente, por cierto, muchas gracias por su
tolerancia. Creo que ha redefinido su papel. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México tiene la palabra el señor diputado Rubén
Acosta Montoya, por favor, adelante.
El
diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Por supuesto que estamos de acuerdo en que lo que
estamos viviendo con los 43 estudiantes desaparecidos es indignante. Pero
también, no debemos olvidar que detrás de esto hay una cadena de omisiones, que
por supuesto, no estamos jugando a que se olviden. Estamos jugando, más bien,
el gobierno federal está llevando a cabo las acciones necesarias para
esclarecer los hechos que no se pudieron esclarecer y que no se pudieron
prevenir en el gobierno de Guerrero.
Porque
no podemos olvidar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 2013,
dio un informe al gobierno de Guerrero respecto de los hechos que ocurrían, violentos,
en ese estado. Y ningún partido político reclamó por esos hechos que consignaba
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos por las recomendaciones
que estaba ahí.
Por
el contrario, ya tenemos conocimiento de la cadena de omisiones que se vinieron
haciendo sobre todo en este caso. Lo primero, permitir que un alcalde con esos
antecedentes llegara a ejercer un puesto que jamás debió ejercer.
Lo
segundo, un gobernador que lo consintió y no nada más eso, que no actuó con la
celeridad debida en este hecho y en otros hechos que han resultado lamentables.
Lo
tercero, que la primera explicación que se hizo pública por parte de ellos
cuando fue la comisión especial a Guerrero fue: No supimos cómo se nos peló el
alcalde. Eso es un descaro. Eso es lo que no podemos permitir, así como tampoco
podemos permitir que se difame al gobierno federal. A nosotros no se nos peló,
nosotros lo agarramos ayer; más bien hoy en la madrugada.
Pero
no nada más eso, con otros estados que sí nos han permitido la colaboración en
materia de seguridad sí ha habido resultados contundentes, y se los digo porque
soy de Chihuahua. En Chihuahua, por ejemplo, los índices de delincuencia han
bajado considerablemente, así como han bajado en Nuevo León...
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, ¿me permite, por favor?
El
diputado Rubén Acosta Montoya: Claro, presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputado Catalino Duarte?
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Solo si me permite hacerle una pregunta al orador.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Catalino Duarte. Esta
Presidencia en funciones ha dado cuenta a la asamblea de que el formato que
estamos desahogando no es un dictamen a discusión y por ende no es procedente
una moción.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Ya dijo que sí el señor legislador. El diputado ha
aceptado la pregunta.
El
diputado Rubén Acosta Montoya: No señor, no se la he aceptado porque primero se debía de pronunciar el
presidente, y el presidente ha dicho que junto con su bancada el formato no fue
aceptado.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Por eso, ¿tiene miedo de contestar? Si está seguro de lo
que está señalando, permita que le haga la pregunta, no tenga miedo a
contestar. ¿Usted sabe a quién le corresponde atender el tema de la
delincuencia organizada?
El
diputado Rubén Acosta Montoya: No tengo ningún miedo y se la voy a contestar. Por supuesto que hubo
omisiones en Guerrero y estoy totalmente seguro que en los estados en los que
ha habido la colaboración institucional de los tres niveles de gobierno ha
habido resultados favorables y uno de ellos es Chihuahua, y le puedo mencionar
otros más en los que no ha habido resultados favorables porque los gobiernos
perredistas no lo permitieron es en Michoacán y en Guerrero.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, concluye con esta reflexión
su participación por el tiempo, para efectos de que se registre que quien
otorga el uso de la palabra es esta Presidencia, por favor.
El
diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López
Suárez, para fijar la postura del mismo. Adelante, diputado.
El
diputado Roberto López Suárez: Gracias, presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El
diputado Roberto López Suárez: Agarraron al presidente municipal, ahora localicen a los desaparecidos sin
son tan eficientes. La desaparición forzada constituye una violación de las más
graves a los derechos humanos, que afecta tanto a las personas que han
desaparecido como a los familiares, amigos y conocidos.
La
familia de los 43 jóvenes hasta el momento desconoce el paradero. Si están
siendo torturados, si fueron asesinados, y hay responsabilidades en todos los
niveles de gobierno. A nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal.
Mienten
quienes vienen a decir aquí que el 27 Batallón de Infantería no tenía
responsabilidades. Claro que tenían responsabilidades y tienen
responsabilidades de lo que pasó. ¿Cómo es posible que un batallón de
Infantería que además tiene inteligencia militar, que además está destacado
ahí, se supone que para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada
no supiera de las actividades delictivas de narcotraficantes y autoridades
municipales, estatales y seguramente federales?
Mienten
quienes quieren exonerar al Ejército mexicano. Tienen que rendir cuentas. Este
informe de actividades parcial de la comisión especial carece del sentido más
claro, le falta el elemento fundamental. ¿Por qué no han llamado a dar
testimonio a las víctimas y a los testigos de los hechos? ¿Por qué no lo han
hecho?
El
presidente de la comisión, cuando yo lo señalé en el pleno la semana pasada, se
atrevió a decir: Pásenme el teléfono de los muchachos para llamarles o darles
mi teléfono. Hagan una convocatoria pública. Ya los recibió el presidente de la
República y esta comisión que está para coadyuvar, ¿ni siquiera los cita?
Hay
una responsabilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto.
En lugar de estar en campaña el presidente de la comisión, debería de presentar
un informe sobre los hechos de Iguala, cosa que no ha hecho.
El
Ejército Mexicano tendría que explicar qué hizo esa noche y madrugada, dónde
estaban. Hay testimoniales de los muchachos que han señalado a los medios de
comunicación, que había militares presentes pero no actuaron.
También
les quiero decir que la Policía Federal, al igual que el Ejército, estaba en la
zona y tampoco tuvo una intervención o quién sabe si la intervención fue para
ayudar también a los delincuentes o a los policías municipales.
Hoy
hay un movimiento social muy importante y pretenden muchos legisladores tapar
el sol con un dedo. Veintisiete países tienen gente en la calle manifestándose
para que aparezcan los 43 estudiantes; más de 40 universidades del país están
en un paro y convocaron a uno nuevamente.
Y
aquí la Comisión Especial no puede llamar a las víctimas para que den testimonio
de los hechos.
¿Qué
pedimos al gobierno estatal y al gobierno federal? Que sigan la pista para los
autores intelectuales y los que faltan, aparte de los que ya aprehendieron, que
aparezcan los 43 muchachos, que esperemos que estén con vida, y que además
esclarezcan los hechos, que se han presentado, como aquí han señalado algunos
compañeros legisladores, no solamente en el caso de Iguala, en todo el país
tenemos desapariciones forzadas.
Hay
varias organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía
Internacional, que ha planteado que en esta parte del sexenio llevamos más
desaparecidos que en la guerra de Calderón; siete veces se ha aumentado el
Presupuesto en materia de seguridad y no hay resultados. Al contrario, tenemos
una crisis en las instituciones, de impartición de justicia en este país y hoy
vemos cómo una gran movilización social exige resultados.
Qué
casualidad que hoy que capturan al supuesto líder de la banda, quieren cerrar
la investigación prácticamente. No, esto no ha terminado, tienen que aparecer
los muchachos.
Y
también pedimos que los peritos argentinos no sean retirados de la
investigación, porque después puede resultar que aparezcan unos cuerpos y que
digan que son los muchachos y no sean los muchachos. Tienen que aparecer. Vivos
se los llevaron y vivos los queremos.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Roberto López Suárez. Denme
oportunidad de saludar a un grupo de adultos mayores que nos visitan de la
Colonia Reforma Lomas, y de la comunidad de La tinaja de la estancia de
Querétaro. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su visita; los ha invitado el
diputado Marcos Aguilar Vega.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado
Carlos Alberto García González para que fije la postura del Grupo Parlamentario
del PAN. Adelante, por favor.
El
diputado Carlos Alberto García González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y
compañeros diputados: los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre de
este año, donde lamentablemente se produjo la desaparición forzada de 43
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, seis ejecuciones extrajudiciales,
torturas y demás violaciones graves a los derechos humanos no sólo de las
víctimas directas o indirectas de estos delitos, sino en sí constituye una
herida abierta al pueblo mexicano.
Un
Estado que se precie de ser democrático y de derecho no puede permitir que
estos delitos se cometan en contra de persona alguna. Además, debe generar los
instrumentos legales y las políticas públicas que sean capaces de anticiparse y
remediar estas graves violaciones.
En
este caso desafortunadamente se dieron todas las condiciones para que estos
hechos se pudieran prevenir; una entidad federativa con una evidente debilidad
institucional, con la mayor incidencia en delitos como homicidio doloso por
cada 100 habitantes, con una fuerte desigualdad social y económica.
Los
lamentables hechos ocurridos en Iguala pudieron, compañeras y compañeros,
haberse evitado. El contexto enrarecido por nexos de grupos del crimen
organizado con autoridades políticas no son nuevos; desde el 2011 existen
averiguaciones previas y diversos señalamientos y acusaciones que fueron
ignorados por funcionarios de todos los órdenes de gobierno.
En
Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado por el respeto a la dignidad
humana. No sólo nos preocupan los desaparecidos en Iguala. No debemos olvidar,
compañeros, que de conformidad con las cifras oficiales, existen más de 22 mil
desaparecidos en este país, personas con nombre y apellido que no son ni deben
ser tratadas como números; son seres humanos que pertenecen a sus familias y a
sus comunidades, personas con dignidad que queremos de vuelta.
En
el PAN nos pronunciamos porque las inconsistencias en las investigaciones y
procedimientos periciales, así como la deficiencia en la atención y protección
a las víctimas no se repitan, porque no vuelva a haber omisiones en la
calificación de delitos como éste, que es la desaparición forzada de
competencia.
Para
ello, este Poder Legislativo tiene mucho que hacer. Todos debemos de considerar
la creación de una ley general contra la desaparición que incluya la
homologación y aplicación de protocolos de búsqueda y localización de personas
desaparecidas, incluyendo la regulación de procedimientos de exhumación de los
seres humanos.
Estamos
ahorita en el momento para garantizar que las partidas presupuestales sean
consecuentes con los objetivos nacionales de alcanzar de a de veras el derecho
a la verdad y el acceso a la justicia.
En
ese sentido vemos con preocupación que las partidas a la Unidad Especial de
Investigación para Personas Desaparecidas de la PGR, sólo se le otorgue en el
proyecto de Egresos 15 millones de pesos.
En
Acción Nacional no vamos a lucrar con el sufrimiento de las víctimas, pero
tampoco permitiremos que prevalezca la impunidad de los actores de los órdenes
de gobierno involucrados y velaremos porque los responsables tengan la
jerarquía que tengan, sean llevados ante la justicia.
Abogamos
porque se encuentre a los 43 jóvenes desaparecidos con vida. Exigimos que las
víctimas indirectas, los familiares, estudiantes y comunidad en general sean
debidamente atendidas por el Estado mexicano. Trabajaremos porque estas
gravísimas violaciones a los derechos humanos sean sancionadas y, sobre todo,
que no vuelvan a repetirse en nuestro país.
Es
cuanto, señor presidente. Por su atención a todas y a todos los diputados,
muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias a usted, diputado García González.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra para fijar la postura
del Grupo Parlamentario del PRI, el señor diputado Leobardo Alcalá Padilla.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte. ¿Dígame con qué objeto,
diputado Catalino Duarte?
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente, primero lamentar que la Junta de
Coordinación Política cerró a fondo esta discusión. Es un tema importante, no
nos dieron oportunidad a diputados federales de Guerrero, de fijar algunas
cosas importantes.
Pero
aprovecho muy rápido para señalar que los diputados federales de Guerrero
tenemos en nuestro poder documentos oficiales en las que oportunamente
informamos a Osorio Chong, al procurador general de la República de lo que
estaba pasando en la entidad. Eso, en el momento que usted considere, lo
ponemos a la vista del pueblo de México.
Por
el otro lado nos preocupa muchísimo que las posturas de algunos actores
políticos solamente se centren en el tema de Iguala. Tenemos documentados
cientos y cientos de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada y
Manuel Añorve lo puede corroborar cuando fue presidente municipal...
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, Catalino Duarte...
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): ... en Acapulco. Termino, termino.
Nos
dicen que el presidente de la República no tiene culpa, se está tratando de
delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y el pueblo de México
sabe que tratándose de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno
federal atender el tema.
Sé
que a Ruth Zavaleta le preocupa...
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Catalino Duarte.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le preocupa el hecho de que le diga que Héctor Beltrán
era –no sé si recuerde quién era su operador financiero...
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Duarte...
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): No sé si lo recuerde. No sé si se acuerde de Goyeneche,
militante del Partido Verde, y que valdría la pena pidieran también se
investigara porque seguramente esa fracción sabe del tema.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte, concluya por favor.
El
diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le agradezco la comprensión. Adelante, señor orador.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Señor diputado Alcalá Padilla, tiene
usted el uso de la palabra. Y reconocemos su paciencia, y el respeto al derecho
de su participación pugnaremos por ella como también de la asamblea, por favor,
adelante.
El
diputado Leobardo Alcalá Padilla: Muchas gracias, presidente. Y para ser más ágiles desde
esta tribuna le digo: no voy a aceptar preguntas, no voy a aceptar
interpelaciones, y creo que intentaría ser lo más claro posible.
Pues
claro que sí hay responsables, caray, claro que existe un responsable, y es un
presidente municipal; claro que existen responsables, y es un gobernador hoy
con licencia y un presidente municipal que lo acaban de sacar de su madriguera
y que ha sido ya detenido. Sí, claro que sí hay responsables.
Y
ahora resulta que muchos de los que apoyaron tanto al de Iguala como al propio
gobernador ahora ya los desconocen con una singular alegría, cuando hoy muchos
de ellos estaríamos –y muchos de nosotros– tratando de saber cuáles van a ser
las respuestas que ellos nos van a dar.
Claro
que existen, claro que existen responsables. Y les pediría que no desviemos la
atención, el tema de ahorita es 43 seres humanos que en este momento están
desaparecidos. Y desde esta tribuna hago un amplio reconocimiento a las Fuerzas
Armadas, a la Marina, al Ejército por el trabajo y porque siguen siendo de
manera institucional pilares de esta nación.
Conocer
la verdad y de lo que ocurrió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre pasados
es un imperativo de la justicia, un deber de consciencia y una obligación
solidaria con quienes hoy exigen con toda razón que se les dé respuesta sobre
el paradero de sus hijos.
Encontrarlos,
saber de ellos, ofrecer respuestas, pero respuestas ciertas, a los familiares
es una tarea prioritaria y que no cabe el desaliento ni puede escatimarse
ningún esfuerzo y que también para castigar a los responsables de las muertes
que se dieron en esas fechas.
Es
por ello que aquí no nos desgarremos las vestiduras, no veamos partidos
políticos, hay responsables, y ya lo dije, sí, sí hay responsables, hoy lo que
debemos hacer todos en conjunto y los tres niveles de gobierno es tratar de
buscar a toda manera que estos jóvenes puedan ser encontrados.
Tenemos
la convicción de la conformación plural y felicitamos a la propia comisión que
está representada por todos los partidos políticos y que le ha imprimido una
solidez, un equilibrio, un propósito esencial que es conocer con certeza qué
paso y cuáles fueron las circunstancias que propiciaron los hechos tan
lamentables.
Hoy
quiero manifestar que como todos sabemos, sí apareció ya el criminal Abarca,
saliendo ya de su madriguera en Iztapalapa, y coincidentemente en Iztapalapa, y
también y ojalá no se asusten, gobernada por Jesús Valencia, que por cierto es
gente de Marcelo Ebrard.
Ahora
sí, preguntemos al criminal Abarca. Todo mundo queremos saber qué pasó, pues
ahora vamos viendo cuántos son sus cómplices para que podamos llegar al a
verdad. Confiamos en que muy pronto habrá más resultados de esas
investigaciones y estaremos pendientes de conocer los detalles.
Llamamos
a todas las fuerzas políticas aquí representadas, sin distingos ni ideologías,
y de las banderas políticas, a seguir contribuyendo desde nuestra trinchera. No
aceptamos las declaraciones irresponsables de Ángel Aguirre, donde señala que
existe infiltración de grupos delictivos en la Normal Rural de Ayotzinapa.
Me
parece no solamente lamentables, son temerarias sus declaraciones y no lo vamos
a aceptar. Es irresponsable lo que se declara. Es cuanto, presidente, muchas
gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. En rectificación de
hechos no hay preguntas, no hay alusiones. Una moción de procedimiento,
diputado Zárate. Sonido para la moción del diputado Zárate, por favor.
El
diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Gracias, presidente. Una moción de
procedimiento consistente en expresar que apenas está empezando el debate.
Yo
creo que con la inteligencia y con la prudencia que usted en sus actos ha
demostrado, debería someter a consideración del pleno abrir una nueva ronda
cuando menos de tres minutos, para que pueda en realidad, para que en realidad
se pueda seguir discutiendo. Aunque yo creo que usted en el ejercicio de sus
atribuciones y en el cumplimiento de la ley y los principios de la Ley Orgánica
y del Reglamento de esta Cámara, podría unilateralmente abrir una nueva ronda,
por lo tanto yo se lo solicito de la manera más atenta.
La
diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputada, permítame. La Junta acordó,
compañeras, agenda política para tratar el tema que ya ha sido ampliamente
discutido y además se abrió una segunda ronda para desahogar las inquietudes
que con justicia y con razón han expresado compañeras y compañeros. De tal manera
que agotada la segunda ronda el punto ha terminado su discusión.
El
diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Belaunzarán.
El
diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Lo que pasa, presidente, es que se
vertió en la tribuna una insidia muy fuerte. Y estaba originalmente planteada
la rectificación de hechos, que es precisamente para contestar ese tipo de
afirmaciones. Y en un acuerdo que se llegó después de la Junta dejan la
posibilidad de contestar.
Si
dicen o la insidia es que porque fue encontrado alguien en una delegación que
tiene dos millones de habitantes ahí se ve el contubernio, les preguntaría si
todos los narcos que se descubrieron el sexenio pasado en el estado de México
implican el contubernio del gobierno de Enrique Peña Nieto. La verdad es que
eso sería absurdo, pero hay que medirnos con la misma vara.
Lamento
profundamente que sean incapaces de mirar por encima de las urnas. Esta es una
crisis de Estado. El crimen organizado está por todas partes infiltrándose y
aquí solamente buscan a ver cómo sacan raja política de la próxima elección. Es
una mirada muy pequeña, porque va a salir la liebre por todos lados, porque el
problema sigue.
Si
ellos lo quieren simplemente circunscribir a un municipio, a un lugar, se
equivocan, el problema es mucho más grave y mucho más grande. Lamento la
cortedad de miras.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados y senadores del Grupo
Parlamentario del PAN.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señoras diputadas y señores diputados, permitan
que continúe la Secretaría con el orden del día.
Remítase
a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, para su opinión.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que
expide la Ley General para el Control de la Cannabis y reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal
Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez
y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto,
presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de
Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
La
diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado secretario. Diputada Merlín,
¿con qué objeto?
La
diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Únicamente, presidente,
compañeros y compañeras diputadas, para decirles que este agravio nada más a la
humanidad, no sólo a los jóvenes de Ayotzinapa, pero que ellos sí están
exigiendo que esa plática que tuvieron con el presidente de la república haya
la entrega de los jóvenes, porque si bien todos nos proclamamos porque se
encuentren y los presenten.
De
acuerdo a los informes de los 600 civiles desarmados que están buscando y que
nos dieron esa información, cuando van a llegar y han llegado a un lugar donde
encontraron 20 colchonetas hace unos días y comida recién comprada, la
Gendarmería antes de llegar dice: alto, regresemos porque está oscureciendo y vayamos
más tarde. Al regresar al otro día temprano ya fueron movidos estos jóvenes, y
en tres lugares o personas, jóvenes o personas, pero más de 20 han sido
movilizados. Ellos concluyen.
Y
aquí hago el llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la
Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, que dejen de obstaculizar
el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, que en lugar de
ayudar, está previendo o, parece ser, avisando que ya van a encontrarlos.
Y
una cosa más, este pacto...
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Concluya, diputada, por favor.
La
diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Déjenme terminar, compañeras.
Ojalá no fuera tu hijo el que está perdido, de ninguno de los que están aquí.
Ojalá.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputadas, permitan que termine la señora
diputada.
La
diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Y por ello, no sólo a nombre de
los jóvenes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la
república nos entregue, él tiene la información y sabe dónde están, porque la
Gendarmería le informa cada momento que actúa, cada momento que se mueve, y ese
pacto de seguridad que tanto proclama, es como querer votar. A ver vamos a
votar para que yo sea la presidenta de la república. Si ya está. La seguridad
ya está, la seguridad está en la Constitución de la República, nuestra
Constitución, qué pacto vas a firmar si la seguridad es competencia del Estado
en lugar de estar desapareciendo y matando a nuestros hijos.
Y
algo, para terminar nada más decirles, señoras, compañeras, compañeros, a
nombre de todos los familiares que se han acercado para reclamar estas fosas y
que les han contestado, no solo los de Ayotzinapa que les han contestado que
sus desaparecidos posiblemente estén en esas fosas que han sacado y que no
tienen para el ADN, para saber si es su hijo o es su esposo y los han vuelto a
echar a la fosa común.
Es
el exhorto a la federación, que se aplique dinero para hacer el ADN de estos
cuerpos que han encontrado en esas fosas. Y no han sido 27, en unas fosas 60
cuerpos, en otras 30 según informes de los mismos compañeros civiles que están
recorriendo esta zona.
Vivos
se los llevaron pero a todos vivos los queremos, a todos los ciudadanos que han
desaparecido.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En los términos de los artículos 100 y 102 del
Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que
correspondan. Publíquese el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:27 horas): Se levanta la sesión y se cita para
la que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre del año 2014, a las 11 horas y se
les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de
la mañana.
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