- Las personas que han salido a las calles, en México y en distintas partes del mundo; las expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, de artistas, intelectuales y deportistas; las miles de inconformidades difundidas en redes sociales, así como las opiniones de articulistas y columnistas, todas coinciden en un punto fundamental: que México no puede seguir así…“EPN
Y tienen razón. Después de iguala, México debe cambiar
Mensaje
a la Nación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique
Peña Nieto: Por un México en paz con justicia y desarrollo
Muy
buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Quiero
agradecer la presencia y saludar a los señores Presidentes de las Mesas
Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Al
señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A
las señoras y señores titulares de los órganos autónomos del Estado mexicano.
Quiero
saludar a las señoras y señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la
República.
Agradecer
y saludar la presencia de los señores Gobernadores de las distintas entidades
de nuestro país.
Al
señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Saludar
a representantes de la sociedad civil.
A
dirigentes de distintos partidos políticos que hoy, aquí, nos acompañan.
A
Coordinadores Parlamentarios.
A
representantes de la sociedad civil de los distintos sectores, tanto económico,
social, cultural, académico y de investigación, que están esta media tarde con
nosotros.
Señoras
y señores representantes de los medios de comunicación.
Señoras
y señores:
Hace
dos meses, México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen
organizado.
Los
actos inhumanos y de barbarie, ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala,
Guerrero, han conmocionado a toda la Nación.
El
asesinato de seis personas, las lesiones a 20 más y la privación de la libertad
de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por policías y
autoridades municipales al servicio de la delincuencia organizada, nos han
indignado y agraviado profundamente.
Como
Presidente de la República, mi obligación ha sido encabezar los esfuerzos institucionales
para conocer la verdad de estos hechos; asegurar que no haya impunidad y que
todos los culpables sean castigados conforme a derecho, y que se dé la
reparación integral a las víctimas.
Ante
la gravedad de lo ocurrido, di indicaciones al Procurador General de la
República para que ejerciera sus facultades de atracción y se hiciera cargo de
las investigaciones.
Simultáneamente,
el Gobierno de la República ha desplegado un amplio operativo para localizar a
los jóvenes normalistas, haciendo uso de todos los medios y capacidades
institucionales.
Desde
entonces, hemos permanecido en contacto con sus padres, manteniéndolos al tanto
de las acciones y resultados, tanto de las investigaciones de la Procuraduría
General de la República, como de los esfuerzos de localización.
A
la fecha, se han detenido y puesto a disposición de la justicia a 79 probables
responsables, incluyendo a los autores intelectuales, así como al líder y a los
principales operadores del grupo criminal que cometió estos actos brutales.
En
un hecho inédito de apertura y transparencia, el Gobierno de la República
solicitó, por primera vez en la historia, la asistencia técnica de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para localizar a los normalistas e
investigar los hechos.
Como
padre de familia, comparto el dolor, la angustia y la incertidumbre de las
familias de las víctimas.
Como
ciudadano mexicano, comparto, también, la exigencia de justicia de la sociedad
entera. No pueden quedar impunes estos actos de barbarie.
En
la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad
institucional, que no podemos ignorar: Un grupo criminal que controlaba el
territorio de varios municipios; autoridades municipales que eran parte de la
propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en
realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes.
Lo
más desafiante para México es que a pesar de las acciones emprendidas en la
actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad
institucional siguen presentes en otras localidades y zonas del país.
Desde
el primer día de este Gobierno, advertí que en los últimos años el Estado había
cedido importantes espacios, que la inseguridad y la violencia robaban la paz y
libertad de diversas comunidades del territorio nacional.
Congruente
con ello, definí como primer eje de mi Gobierno lograr un México en paz.
Impulsamos
una política pública de seguridad y procuración de justicia, que ha permitido
reducir los homicidios dolosos.
Los
esfuerzos realizados son importantes, han contribuido, en alguna medida, a
generar condiciones de mayor seguridad en algunas regiones del país.
Sin
embargo, a pesar de lo alcanzado en estos dos años de Gobierno, los hechos de
Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho
por hacer.
Tenemos
que cumplir la función esencial de un Estado: lograr la seguridad de los
ciudadanos y la plenitud del Estado de Derecho.
Seamos
claros: Sólo a través del Estado de Derecho podremos superar, juntos, los retos
de la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
A
raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba. Frente a ello,
los mexicanos no podemos caer en el pesimismo, ni abandonar nuestra esperanza
de un mejor futuro.
El
dolor que siente el país, tampoco es justificación para recurrir a la violencia
o al vandalismo. No se puede exigir justicia violando la ley.
Es
momento de construir, no para destruir; es momento de unir, no para dividir. Es
momento de fortalecer nuestras instituciones, no para debilitarlas; es momento
de pensar en soluciones y de trabajar por México.
A
lo largo de nuestra historia nacional, los mexicanos jamás nos hemos rendido
ante la adversidad. Hemos demostrado, una y otra vez, que somos una sociedad
con dignidad, con valor, unida y solidaria.
Una
sociedad que hoy alza su voz para decir: Ya basta.
Las
personas que han salido a las calles, en México y en distintas partes del
mundo; las expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, de artistas,
intelectuales y deportistas; las miles de inconformidades difundidas en redes
sociales, así como las opiniones de articulistas y columnistas, todas coinciden
en un punto fundamental: que México no puede seguir así.
Y
tienen razón. Después de iguala, México debe cambiar.
Por
ello, como un mexicano más, me sumo al clamor ciudadano que exige justicia, y
como Presidente de la República, y dejo de manera muy enfática, asumo la
responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México
de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad.
En
suma: construir un pleno Estado de Derecho.
No
hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido
impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el
Estado de Derecho en México.
Para
fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así
como de procuración y administración de justicia, anuncio las siguientes
medidas:
Primera.
El próximo lunes, enviaré una iniciativa de reforma Constitucional que
facultará al Congreso a expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen
Organizado en las Autoridades Municipales.
Esta
nueva ley establecerá el mecanismo para que la federación asuma el control de
los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando
existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la
delincuencia organizada.
De
esta manera, se tendrán instrumentos eficaces para intervenir cuando exista
colusión del crimen organizado con las autoridades municipales.
México
necesita decisiones audaces y firmes, ésta es una de ellas.
Y
estoy seguro de que la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las
Autoridades Municipales será fundamental para reconstruir nuestro Estado de
Derecho en toda la geografía nacional.
Segunda
medida. Se redefinirán, con absoluta precisión y claridad, las competencias de
cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas
institucionales de los distintos órdenes de gobierno.
Cuando
la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie. Desafortunadamente
así ocurre con la persecución de varios delitos.
En
los últimos años se ha reformado varias veces la Constitución, derivando en un
complejo sistema de competencias penales, que genera dispersión de
responsabilidades, confusión en la aplicación de la ley y, lo más grave,
impunidad.
El
ejemplo más evidente es el caso del combate al narcomenudeo, en el que la
eficacia del Estado Mexicano ha sido mínima, ya que ningún orden de gobierno ha
asumido plenamente su responsabilidad.
Además,
el diagnóstico nos muestra que la reforma sobre narcomenudeo es una de las
principales causas de la infiltración del crimen organizado en las estructuras
policiales municipales.
Para
revertir esta situación, el mismo lunes de la próxima semana, estaré enviando
al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que redefine y da claridad
a todo el sistema de competencias en materia penal, así nadie podrá usar como
pretexto el complejo sistema de competencias penales para rehuir sus
responsabilidades.
Tercera
medida. La creación obligatoria de Policías Estatales Únicas. Como país,
llevamos años debatiendo este tema, este cambio y hasta hoy hemos sido
incapaces de ponerlo en práctica.
México
no puede seguir esperando más.
Este
lunes, enviaré al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional
para crear las Policías Estatales Únicas.
Esto
implicará crear un nuevo modelo policial. Será un cambio cuantitativo y
cualitativo. Pasar de más mil 800 policías municipales débiles, que con
facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas
corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales
y más eficaces.
Estas
policías, además, estarán homologadas en sus niveles de profesionalización,
protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación.
Si
queremos tener policías eficaces y honestos, el Estado debe ofrecerles un
proyecto de vida y pagarles bien.
Esta
reforma implicará un enorme reto presupuestal. Y por ello, requerirá un proceso
de transición administrativa responsable, que dé prioridad a las entidades con
mayor urgencia de atención.
En
este sentido, la iniciativa propone que los primeros cuatro estados en adoptar
este modelo sean: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Y para asegurar
que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los Presidentes Municipales que
no entreguen el mando policial, así como para los Gobernadores que no lo
ejerzan.
Reconozco
a los 31 Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que han
manifestado su respaldo para adoptar esta reforma en sus estados, demostrando
su compromiso con la legalidad y con México.
Este
gran esfuerzo por construir policías estatales eficaces, se complementará con
una cuarta medida: Acelerar la creación de un teléfono único para emergencias a
nivel nacional.
En
coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, trabajaremos para
que los mexicanos cuenten con un número único para pedir auxilio en casos de
urgencia y poder acceder a otros servicios de ayuda y orientación.
Propongo
al titular de este organismo se estudie la posibilidad de que este número sea
el 911, por ser el más reconocido y el más empleado a nivel mundial.
El
objetivo es que la población cuente con una respuesta inmediata de sus
autoridades y cuerpos de emergencia.
Además
de facilitar la denuncia ciudadana, el número único permitirá recopilar datos y
analizar la información para mejorar la eficacia de las policías en el combate
a la delincuencia.
Quinta
medida que habremos de impulsar, es el establecimiento de una Clave Única de
Identidad.
En
pleno Siglo XXI, México carece de un registro confiable de su población. Esto
representa un obstáculo para dar certeza a los actos jurídicos, a la eficacia
en la prestación de distintos servicios públicos y privados, así como a las
labores de seguridad pública.
Para
hacer realidad la Clave Única de Identidad no partiremos de cero. El país ya
cuenta con los registros del Instituto Nacional Electoral, del Instituto
Mexicano del Seguro Social y del Seguro Popular.
Se
trata de que todo mexicano cuente con un número de identificación personal que
le permita acceder más fácilmente a trámites y servicios gubernamentales, así
como al sistema bancario y financiero.
Como
sexta medida, en lo inmediato he ordenado al Gabinete de Seguridad que realice
un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. A partir de
él, se ampliará al despliegue de las Fuerzas Federales, principalmente en los
municipios de los estados de Guerrero y Michoacán.
También
he instruido que se incremente el apoyo de las Fuerzas Federales en los
municipios que lo requieran en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
Como
séptima medida, impulsaré acciones y reformas adicionales para hacer efectivo
el derecho humano a la justicia.
El
pasado lunes, en los estados de Durango y Puebla, entraron en vigor los juicios
orales en materia penal para el fuero Federal.
Ello
demuestra la firme determinación del Estado mexicano de cumplir en los tiempos
establecidos, con la reforma constitucional alcanzada en el año 2008.
No
habrá prórroga a la fecha límite establecida por el Constituyente mexicano.
Castigar
al responsable de un delito y proteger al inocente, es un mandato
constitucional que no se debe posponer.
Pero
la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia
olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le
niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no
puede cobrar una deuda.
La
justicia cotidiana es la que exige el ejidatario que pierde su tierra sin
razón, el propietario a quien no le pagan la renta, el consumidor que no recibe
el producto por el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de
autoridad, por mencionar algunos casos.
Esta
justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de
los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad.
A
pesar de esta realidad, que es evidente, no se han presentado soluciones de
fondo a estos problemas.
Por
ello, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión,
impulsaré una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
Para
enriquecer estas iniciativas, le he solicitado al doctor Sergio López Ayllón,
Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una de las
instituciones más prestigiadas del país, que organice foros de consulta con
juristas, académicos y representantes de la sociedad civil.
Al
finalizar sus trabajos, en un plazo máximo de 90 días, recibiré sus propuestas
y recomendaciones. Y por ello, le agradezco a este centro público de
investigación su compromiso con México.
Por
su parte, en cuanto al respeto y protección de los derechos humanos, México
cuenta con uno de los sistemas normativos más robustos del mundo.
Sin
embargo, aún prevalecen retos importantes en esta materia.
Como
octava medida, se llevarán a cabo un conjunto de acciones que fortalecerán y
pondrán al día los instrumentos para proteger los derechos humanos.
Estas
acciones son: facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia
de tortura y desaparición forzada; la reforma que propondré para redefinir el
Sistema de Competencias Penales a nivel Constitucional, así lo habrá de
permitir.
Otra
acción será fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de
tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones
sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
Establecer
indicadores adicionales en materia de derechos humanos, en coordinación con la
CNDH y organizaciones de la sociedad civil.
Crear
un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema
Nacional de Información Genética.
Y
publicar de inmediato el Reglamento de la Ley General de Víctimas, y poner en
operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el
Registro Nacional de Víctimas.
Y
como última acción en este ámbito: integrar el Consejo Consultivo para la
Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.
Con
acciones como éstas, el Gobierno de la República sigue trabajando para que el
respeto y la protección a los derechos humanos, sean prácticas permanentes del
Estado mexicano.
En
este marco, reconozco el trabajo que día a día realiza la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en favor de los derechos humanos.
Reitero
también el irrestricto respeto del Ejecutivo Federal a la autonomía de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además,
otro de los mayores desafíos para asegurar la vigencia plena del Estado de
Derecho, es el combate eficaz a la corrupción.
Por
ello, como novena medida, promoveré con estricto respeto a la división de
Poderes la pronta aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate
a la corrupción, que ya se encuentran en estudio y discusión en el Congreso de
la Unión.
En
primer término, expreso el decidido respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema
Nacional Anticorrupción, que actualmente están debatiendo las diversas fuerzas
políticas.
Entre
otros elementos, este innovador sistema incluye esquemas de vigilancia de
autoridades por parte de la ciudadanía, el fortalecimiento de la Auditoría
Superior de la Federación, para que pueda hacer auditorías, ya no sólo de forma
posterior, sino también durante la ejecución del gasto.
La
creación de un tribunal imparcial que impondrá las sanciones administrativas y
de un fiscal anticorrupción, nombrado por el Senado de la República, para
perseguir penalmente los casos de corrupción.
La
ciudadanía también contará con mecanismos ágiles para denunciar los hechos de
corrupción y lograr que sean sancionados.
Y
para enriquecer este sistema, en este momento también propongo sanciones
ejemplares para empresas que incurran o se coludan con alguna autoridad y que
caigan en corrupción.
Asimismo,
manifiesto el respaldo del Ejecutivo Federal a la Ley Reglamentaria de la
Reforma Constitucional en Materia de Transparencia.
De
manera similar, exhorto a la Cámara de Diputados a analizar, discutir y, en su
caso, aprobar la iniciativa de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas, que le envié hace poco menos de un mes.
Este
ordenamiento asegurará que los recursos destinados a obras públicas se administren
con mayor eficiencia, transparencia y honradez, y con apego a las mejores
prácticas internacionales.
Esta
reforma propone la figura de proyecto de magnitud o alcance relevante. Es
decir, que la licitación y el desarrollo de los megaproyectos cuenten con
mecanismos de supervisión y auditoría especializados durante el proceso de
contratación o ejecución de la obra.
La
iniciativa también promueve el uso del Sistema Compranet para asegurar la
transparencia y obtener las mejores condiciones en la contratación de obras.
Adicionalmente,
con el fin de garantizar la legalidad de estos procedimientos, se establecen
nuevos tipos administrativos para sancionar a los licitantes, contratistas y
servidores públicos que evadan la ley.
En
suma. Se trata de una legislación de avanzada, que previene actos de corrupción
en la contratación de obra pública.
Y
finalmente, como décima medida. Esta Administración seguirá promoviendo los
principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e
innovación, esenciales en un Gobierno abierto, como México se lo ha propuesto
ser.
Seguiremos
promoviendo instrumentos que brinden a la ciudadanía los datos y la información
pública en formatos útiles y de más fácil acceso.
Y
en este sentido, por ejemplo, he instruido a la Secretaría de la Función
Pública para que desarrolle un portal de información sobre los proveedores y
contratistas de toda la Administración Pública Federal.
De
esta manera, cualquier ciudadano podrá conocer en un solo sitio el número y
monto de los contratos de cada dependencia federal o de cada empresa que preste
sus servicios a la Administración Pública Federal.
Estas
10 medidas tienen como objeto fundamental fortalecer el Estado de Derecho en
México.
Sin
embargo, los trágicos acontecimientos en Iguala también revelan una dimensión
social y económica detrás de la violencia y la debilidad institucional.
La
justicia que queremos va más allá del ámbito legal. Incluye también la
reducción de la pobreza, la marginación y la desigualdad que padecen los estados
del Sur del país.
Hoy
existen dos Méxicos:
Uno.
Inserto en la economía global, con crecientes índices de ingreso, desarrollo y
bienestar.
Y
por el otro lado, hay un México más pobre, con rezagos ancestrales que no han
podido resolverse por generaciones.
La
desigualdad regional cada vez es mayor en los estados de la frontera Norte y
del Bajío, respecto a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras que
en los primeros su Producto Interno Bruto per cápita creció 40 por ciento en
los últimos 20 años, en los segundos prácticamente no aumentó.
Peor
aún. Estas disparidades, lejos de reducirse, se están ampliando con el paso del
tiempo. Como país, no podemos continuar por esa ruta de desigualdad y división,
pensando que la única alternativa es la contención de la pobreza con medidas
asistencialistas.
El
Sur requiere de una estrategia de desarrollo integral inmediata y de gran
alcance, que implicará la solidaridad de todo el país con el México más
necesitado.
La
paz, también, se construye con desarrollo, y corresponde a todos dar prioridad
a la región que se está quedando atrás. La mayoría de los conflictos sociales y
políticos más graves del país, tienen su origen, precisamente, en la falta de
desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Para
revertir esta situación, tan sólo en infraestructura, el Gobierno de la
República está invirtiendo más de 195 mil millones de pesos en estas tres
entidades del Sur.
Estas
inversiones incluyen importantes autopistas, como la Intercostera, que va de
Michoacán hasta Puerto Chiapas; la Oaxaca a Salina Cruz, o la modernización de
la Tuxtla Gutiérrez-Comitán-La Trinitaria.
Igualmente,
contempla infraestructura hospitalaria, como los hospitales generales de Coyuca
de Catalán y Acapulco, en Guerrero; o el Hospital General del Seguro Social, en
Tapachula, Chiapas.
El
Programa Nacional de Infraestructura también incluye proyectos estratégicos,
como los gasoductos del Corredor Transítsmico, el de Salina Cruz a Tapachula, o
el de Lázaro Cárdenas a Acapulco, que permitirá introducir el gas natural, por
primera vez, a esta región del país.
Sin
embargo, las acciones en favor de estos tres estados del Sur no pueden
limitarse a inversiones en infraestructura o en programas sociales. La gravedad
del momento nos debe llevar a innovar y a proponer lo que nunca se ha
intentado.
Es
necesario crear nuevos polos de desarrollo industrial en esta región, para
crear empleos formales y bien renumerados. Por ello, por primera vez en nuestra
historia, propongo que se establezcan tres zonas económicas especiales en la
región más atrasada del país.
Éstas
serán: el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que
conectará al Pacífico con el Golfo de México; la segunda, en Puerto Chiapas; y
la tercera, en los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas, tanto
de Michoacán, como de Guerrero.
Una
zona económica especial, es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e
incentivos especiales para atraer a empresas y generar empleos de calidad.
Estas
zonas especiales tendrán o deberán tener infraestructura moderna, condiciones
de seguridad, financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo,
facilidades adicionales para el comercio exterior, así como importantes
descuentos en los impuestos y contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro
Social y al INFONAVIT.
Aunque
nunca se ha hecho en México, la experiencia internacional confirma que las
zonas económicas especiales son eficaces para atraer inversión nacional y
extranjera, contratar servicios locales y aumentar la competitividad de las
empresas.
Para
que las zonas económicas especiales sean un realidad en México, se requiere de
la participación del sector privado y de un andamiaje legal especial.
Por
ello, tomando en cuenta la opinión de los sectores privado y académico, en
febrero del próximo año, enviaré la iniciativa correspondiente al Congreso de
la Unión.
Adicionalmente,
reconociendo que el campo es una de las principales fuentes de empleo en el Sur
del país, publicaré un decreto que le dará un trato fiscal diferenciado a los
productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
El
Gobierno de la República hará un esfuerzo mayor para impulsar el
establecimiento y crecimiento de empresas agroindustriales en estas tres
entidades que, insisto, son las que presentan mayor rezago.
Junto
con estas acciones, también se impulsará la formación de sus jóvenes. Y en este
sentido, se apoyará a sus escuelas normales rurales, se establecerá un programa
especial de becas y se promoverá la investigación científica, a través del
CONACyT.
El
desarrollo del Sur no puede seguir esperando más. En consecuencia, se tomarán
acciones como las siguientes:
Un
plan emergente de empleo temporal que beneficiará directamente a más 300 mil
familias; 2 mil millones de pesos adicionales en créditos para las pequeñas y
medianas empresas, a partir de garantías de la Banca de Desarrollo.
Programas
emergentes de impulso al campo, con una inversión de 4 mil millones de pesos
adicionales en crédito; un programa de renovación y repoblamiento de los
cafetales; un programa inmediato de pavimentación para los próximos seis meses,
con una inversión de mil 500 millones de pesos, así como un decreto de medidas
de apoyo fiscal para Acapulco, debido a las condiciones sociales que ha
enfrentado recientemente y que hacen urgente la reactivación de su economía.
Todas
estas acciones tendrán un impacto positivo en el corto, mediano y largo plazos,
generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En
esta ocasión, reitero que la próxima semana enviaré una iniciativa para
desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía.
Con
esta medida se busca que el país pueda tener un debate serio y amplio sobre las
medidas que permitan elevar el ingreso de los mexicanos.
Para
asegurar el éxito de las medidas que hemos anunciado, en favor del Estado de
Derecho y del desarrollo del Sur, estaré convocando a la sociedad civil para
que a través de observatorios ciudadanos vigilen y evalúen el avance de cada
una de ellas.
México,
tiene una buena sociedad, una sociedad democrática, responsable, crítica y cada
vez más participativa. Su acompañamiento y respaldo serán fundamentales frente
a los nuevos retos que tenemos por delante.
Por
ello, he dado indicaciones a las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo
Social, para que amplíen todavía más los espacios de participación de las
organizaciones de la sociedad civil.
El
Gobierno de la República es un Gobierno abierto, dispuesto a escuchar y a tomar
en cuenta la voz, la experiencia y las propuestas de la ciudadanía.
Sumando
los esfuerzos de todos, México podrá construir un mejor futuro.
Señoras
y señores:
Gracias
a un amplio acuerdo político en favor de México, nuestro país logró concretar
reformas transformadoras. Su completa y adecuada instrumentación es y seguirá
siendo una prioridad para el Gobierno de la República.
Los
lamentables hechos de Iguala han exhibido que México tiene rezagos y
condiciones inaceptables por vencer.
Estos
hechos de violencia nos exigen redoblar los esfuerzos para lograr la vigencia
plena del Estado de Derecho.
Nuestro
país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie.
El
grito de: Todos somos Ayotzinapa, demuestra ese dolor colectivo.
El
grito de: Todos somos Ayotzinapa, es ejemplo de que somos una Nación que se une
y se solidariza en momentos de dificultad.
El
grito de: Todos somos Ayotzinapa, es un llamado a seguir transformando a
México.
Como
sociedad, debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación
hacia propósitos constructivos.
El
camino de México debe ser el de la paz, la unidad y el desarrollo.
Tenemos
que seguir avanzando juntos para superar la pobreza, la marginación y la
desigualdad, que lastiman, especialmente al Sur del país.
Como
Presidente de México, los convoco a avanzar por esa ruta y a que continuemos
impulsando los cambios de fondo que requiere el país, para cerrarle el paso a
la criminalidad, la corrupción y la impunidad.
Las
medidas que hoy he anunciado, se suman a las reformas aprobadas y en su
conjunto contribuirán a la transformación positiva de toda la Nación.
El
camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo
esfuerzo y perseverancia. Seguirán existiendo obstáculos y resistencias, pero
la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos siempre podrán superarlos.
Los
momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las
naciones.
Frente
a las circunstancias que nos han tocado vivir, demostremos, una vez más, la
unidad, el carácter y la determinación de los mexicanos.
Muchas
gracias.
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