Quedo enlistado en la sesión de este jueves 12 de febrero de 2015
Propuesta de
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la Procuraduría General de la República un informe sobre la participación, tratamiento y actuación que ha tenido el ministerio público federal con las procuradurías de las entidades federativas que cuentan con altos índices de desapariciones forzadas e involuntarias, así como las medidas adoptadas para integrar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con información estadística desagregada.
De la Senadora Angelica de la Peña del PRD.
Considerandos.
Los
días 2 y 3 de febrero el Comité contra la Desaparición Forzada de la
Organización de las Naciones Unidas, evaluó por primera vez el cumplimiento de
México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición
Forzada.
En
dicha evaluación el Estado mexicano fue cuestionado con relación a las medidas,
acciones y mecanismos destinados a prevenir, investigar y sancionar las
desapariciones forzadas y con la protección a los familiares de las víctimas.
En
este sentido, el Comité de la ONU también cuestionó la tardía intervención del
Gobierno Federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, señalando que este caso es un desafío
para el Estado, pero también es reflejo de una problemática estructural que se
mantiene debido a la impunidad.
El
Comité hizo énfasis en la necesidad de una búsqueda en vida y de poder desarrollar las capacidades para un adecuado
registro de restos encontrados en fosas clandestinas. La falta de bases de
datos y cifras confiables; el abuso de la reserva de información en casos de
graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por
desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción
del acceso efectivo a la justicia para las víctimas en particular para las
personas migrantes y sus familias; la facilidad con la cual una persona puede
desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias.
Además
el Comité cuestionó la falta de una legislación integral y armonizada con la
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la
Desaparición Forzada (como podría ser una ley general) y la negativa del Estado
hasta ahora de reconocer la competencia del Comité para conocer decasos
individuales de desaparición forzada en México.
Como
podemos observar se trata de un problema estructural del Estado mexicano que
lejos de disminuir aumenta significativamente. El Registro Nacional de Personas
Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de
desaparición; el 40% ha sido denunciado durante la actual administración.
Tal
como se desprende de las estadísticas del Registro Nacional de Personas
Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas es la entidad federativa donde más
personas han desaparecido, con 5 mil 380 víctimas registradas (tanto en el
fuero común como en el federal); de ellas, 30% han sido desaparecidas durante
la actual administración. El segundo lugar es Jalisco, donde se tienen
registrados 2 mil 150 casos de desaparición, de los cuales 49% se perpetraron
en la actual administración y en tercer lugar está el Estado de México, entidad
en la que se tienen contabilizadas 1 mil 745 desapariciones, 51.6% de las cuales
se cometieron durante la actual administración federal.
Por
tanto se trata de un problema que enfrentan tanto autoridades federales como
locales, de ahí la importancia de la colaboración entre la Procuraduría General
de la República y la de las entidades federativas en temas como son el
tratamiento de las bases de datos y lascifrassobrepersonasdesaparecidas, así
como su depuración; los mecanismo de búsqueda y la implementación de
protocolos, entre otros aspectos que son de trascendencia para las investigaciones.
En
mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente
proposición con:
PUNTO
DE ACUERDO
ÚNICO.
La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la
Procuraduría General de la República un informe sobre la participación,
tratamiento y actuación que ha tenido el ministerio público federal con las
procuradurías de las entidades federativas que cuentan con altos índicesde
desapariciones forzadas e involuntarias, así como las medidas adoptadas para
integrar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
con información estadística desagregada.
SENADORA
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.
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