Justicia para adolescentes, debate

San Lázaro DF., martes 21 de abril

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 21 de abril de 2015

 

Honorable asamblea, en virtud de que el jueves 16 de abril en curso, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en materia de justicia para adolescentes, se cumple con la  Declaratoria de Publicidad, de conformidad con lo que establece el invocado artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de nuestro país en materia de justicia para adolescentes.

Por esa virtud y para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, hasta por 10 minutos. Adelante, señor diputado.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: El posicionamiento del dictamen que hoy se presenta deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma los párrafos cuarto y sexto  del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es muy importante resaltar el reconocimiento por la coordinación, diálogo y trabajo conjunto que se llevó a cabo con los grupos parlamentarios que participaron activamente en la elaboración y aprobación del dictamen en discusión. Pero también es oportuno reconocer a las organizaciones sociales que con su empeño han trabajo para encumbrar el interés superior del menor, han ayudado a la materialización de esta reforma, la cual dentro de sus principales características destacan las siguientes.

Para establecer un sistema integral de justicia para los adolescentes, armonizar los párrafos mencionados de modo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves.

Se sustituyen los términos conductas tipificadas como delito y conductas antisociales, por hecho que la ley señala como delito. En lugar de derechos fundamentales, se dice derechos humanos. En lugar de decir para toda persona, se dice para todo individuo.

De igual forma es importante hacer notar que los individuos menores de 12 años que realicen hechos que se consideren delitos, serán sujetos a una asistencia social en instituciones especializadas y competentes, lo cual permita que a una edad temprana el poder tener una reinserción social sin que se desarrolle aún más su potencial delictivo.

El sistema de justicia a partir de 2005 se caracterizó por su concordancia con los principios y las disposiciones de la Convención Sobre los Derechos del Niño, pero en este año 2015, con este proyecto pretendemos ir más allá y garantizar de forma contundente el respeto a los derechos de los adolescentes en dicha situación, estableciendo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves pues con ello apelamos a las virtudes que este sistema pretende demostrar.

El sistema oral es más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso. Los operadores deberán estar capacitados para el desempeño de sus funciones. La investigación de los delitos se realiza utilizando métodos científicos. Se rige por el principio de presunción de inocencia por el cual una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Se prioriza la reparación del daño a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los jueces estarán presentes durante el desarrollo de todas las audiencias. Todas las audiencias son públicas y orales, transparentando la impartición de justicia.

Esta modificación constitucional refuerza aquél cambio de paradigma efectuado en el 2005, que fortaleció a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y que permitió abandonar de manera definitiva el viejo modelo tutelar basado en la doctrina de la situación irregular, para dar paso a un sistema más justo y proporcional, sustentando en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En el marco de un Estado democrático de derecho, con esta reforma los estados de la república quedarán obligados a adecuar su legislación para dar cuenta de los principios de juicio oral, así como a implementar un nuevo sistema de justicia especializado en el ámbito de sus respectivas competencias.

Pero no sólo se trata de instaurar un proceso con las debidas garantías, sino de desarrollar un sistema especializado, comprensivo y sensible de las situación, capaz de otorgarle a nuestros adolescentes oportunidades reales de asumir sus responsabilidades y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus virtudes y potencialidades útiles para el desarrollo de esta sociedad nuestra.

Se reforma –de igual manera, compañeros legisladores– el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la ley suprema, para señalar que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de justicia para adolescentes, como se hizo con el Código Único de Procedimientos Penales. Es decir, hay una ley general y cada entidad adecuará su legislación.

El segundo párrafo del segundo transitorio, se dice que “la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal, en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la ley nacional”.

Pero esa ley ya fue abrogada al expedirse la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año 2012.

Diputadas y diputados, esta es una reforma que consolida el sistema de justicia penal oral acusatorio. No obstante, podemos afirmar que la tarea nacional es la prevención del delito y brindar oportunidad a este trascendental grupo de la población.

Dejamos en manos, en la reflexión de este honorable Congreso de la Unión de esta Cámara de Diputados este proyecto de dictamen de minuta a su consideración, esperando contar con su aprobación del mismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Está presente en este recinto y los saludamos fraternalmente, lo hacemos con respeto, don Julio Martínez Ramírez, es un profesional de la comunicación social, y ha sido invitado por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sea bienvenido, gracias por su visita.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura de agrupación Morena, con relación al dictamen que se discute tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío. Adelante, señor diputado, hasta por diez minutos, pero puede ser por el tiempo que usted lo vea pertinente. Adelante.

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es ineludible que la falta de un eje rector de regulación normativa del sistema de justicia penal para los adolescentes infractores, excluye la procuración y respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución.

La función que tiene la asistencia social sobre el menor infractor asiste a la reinserción, la reintegración familiar y la reintegración social del adolescente; sin embargo, es necesario la determinación, creación y, en su caso, la ampliación de medidas preventivas y no sólo paliativas para este fenómeno social.

Es imperioso valorar que en todo momento se vele por el respeto de los derechos humanos universales, que se legitimen en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, justificando el acceso a las garantías básicas procesales de los menores juzgados, a quienes se les brindará durante la custodia en la que se encuentren una justa asistencia social, educacional, profesional, médica y psicológica.

Si bien es una iniciativa que tiene como principal objetivo garantizar que los juicios penales a los que se enfrente una persona de entre 12 y 18 años se apeguen al respeto de sus derechos humanos, así como procurar su reinserción social y familiar. Se deja de lado el estudio y análisis de las verdaderas causas de este problema.

Las políticas neoliberales excluyentes, impulsadas por este gobierno, alejado cada vez más de la sociedad, arrastran con los adolescentes a quienes se ven desprotegidos, forzado a encontrar por otros medios la satisfacción de sus necesidades, como: la alimentación y la salud.

Esta falta de inclusión es a todas luces contrario al más elemental respeto de los derechos humanos y en particular de la niñez y la adolescencia. Nuestro país ha ratificado varios tratados internacionales en esta materia, incluso el mismo dictamen lo refiere; pero pareciera como si fuera letra muerta, que puede ser echada al olvido con facilidad por parte de los gobiernos que prefieren atender grandes capitales que grandes potenciales.

No es, para todos, desconocido que los adolescentes en este país se enfrentan a la falta de oportunidades para obtener un empleo o acceso a la educación, lo que limita las posibilidades de un sano crecimiento. Ello ha generado, en no pocos casos, que los grupos de delincuencia organizada aprovechen la precaria situación de los adolescentes para incorporarlos a sus filas, engrosando el número de jóvenes delincuentes.

Así, el sistema que se discute quedaría completo si también se procurara una atención a este fenómeno, sin embargo sería mucho pedir a un gobierno que no se ha preocupado por este sector de la población, basta con ver las limitaciones que se les imponen con recortes presupuestales a la educación o apoyo a emprendedores.

No basta con garantizar juicios justos, no basta como edificar la ley para asegurar que sus derechos estén blindados, apremia que exista un interés real por parte del Estado de prevenir que los adolescentes incurran en delitos, generando más problemas de los que supuestamente intentan solucionar. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Mares Cossio. Saludamos a un grupo de jóvenes, un nutrido grupo de jóvenes de la escuela preparatoria oficial anexa a la Normal de Tejupilco, invitados e invitadas por la diputada María Guadalupe Jaramillo Villa, aquí presente, que nos acompaña Mesa Directiva. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias también por su consideración y por su visita a la Cámara de Diputados.

Diputadas Sonia Rincón Chanona, tiene usted el uso de la palabra para fijar la postura a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por diez minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo hoy dispone las precisiones necesarias en nuestro texto constitucional, a fin de crear una base jurídica para establecer un Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

El nuevo Sistema de Justicia Penal de carácter acusatorio y oral, requiere de un marco jurídico específico para los adolescentes, si esperamos una aplicación eficaz de la norma. En este sentido, la reforma que hoy estaremos aprobando es un avance significativo para proteger los derechos humanos de los adolescentes que hayan cometido o participado en un hecho delictivo.

En primer término, se establece claramente en el precepto constitucional que los menores de 12 años a quienes se atribuya participación o comisión de algún delito, únicamente podrán ser sujetos de asistencia social. La reforma pretende alentar la aplicación de los principios de reinserción y de normalización social, la finalidad es que el poder público pueda aportar elementos para superar las limitaciones y carencias de quien haya sido responsable de la participación o comisión de un hecho delictivo, y que mientras se encuentra privado de la libertad su vida se asemeje a una con acceso a la sociedad.

En congruencia con las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, se establece que las medidas de internamiento para los menores de edad en conflicto con la Ley Penal, sean proporcionales al hecho cometido y tengan como fin la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente.

La reforma especifica la necesidad de crear un cuerpo normativo único en materia de justicia penal para adolescentes. Por lo que se faculta al Congreso de la Unión para tal efecto.

Si bien en Nueva Alianza coincidimos con los argumentos planteados en el dictamen y votaremos a favor del mismo, consideramos que es importante señalar que estas disposiciones atienden las consecuencias y no las causas de la delincuencia entre los adolescentes.

Por esta razón, mi grupo parlamentario quiere ser enfático al subrayar que no debemos ver a los adolescentes como un problema social, sino como actores estratégicos del cambio social en la construcción de una mejor sociedad.

La falta de oportunidades de desarrollo suscitada por la carencia de espacios en la educación media superior y superior, así como la incertidumbre de contar con un trabajo estable, son elementos que contribuyen a que la delincuencia encuentre un caldo de cultivo en nuestros adolescentes.

En Nueva Alianza sabemos que es en la educación y en la creación de oportunidades de desarrollo donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que los adolescentes no sean presa fácil de quienes pretenden arrebatarles el futuro.

Somos enfáticos con las reformas que se plantean. Las consideramos indispensables para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.

Seremos parte activa en la creación de la legislación correspondiente, para que en todo el proceso penal se respeten los derechos humanos de los adolescentes. Sin embargo, en Nueva Alianza buscamos ir más allá y ser partícipes en la construcción de una sociedad más justa con los adolescentes, que hoy vislumbran un panorama sombrío para su desarrollo.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Rincón Chanona. Señor diputado Ricardo Cantú Garza, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman los artículos 18 y 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propósito central es establecer con claridad los derechos de los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18, cuando enfrenten un proceso por haber cometido alguna infracción a la Ley Penal.

Los párrafos cuarto y sexto, de ese artículo 18, ya establecen la base constitucional para que los adolescentes en las edades antes citadas pudieran ser enjuiciados. Sin embargo, el mérito del presente dictamen es establecer a favor de ellos todos los derechos humanos que el Estado mexicano ha suscrito en la materia, considerando que la edad que tienen no los hace comprender cabalmente la ilicitud de las conductas que realizan.

También, considerando la aplicación, en todo el país, de los juicios orales a partir del 2016, en el párrafo sexto de ese artículo 18, se establece que todos los procedimientos en los que los adolescentes sean enjuiciados, tendrán que desarrollarse bajo este nuevo sistema.

En el artículo 73, fracción XXI de la reforma, el inciso c) para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes, cuya aplicación en toda la República en el ámbito federal y local.

Compañeras y compañeros legisladores, si bien es cierto, en el aspecto formal coincidimos con el propósito del dictamen, no podemos pasar por alto las condiciones adversas que enfrentan millones de jóvenes en el país, que de alguna forma los orillan a cometer conductas ilícitas.

La pobreza, la falta de acceso a la educación formal, de espacios deportivos, de cercanía, incluso, con sus padres y el bombardeo constante y sistemático de violencia televisiva los hace reproducir conductas que tal vez no sean las adecuadas.

Es más, los hacen adquirir hábitos de consumo que son nocivos para su salud. Fuman porque eso ven en la televisión. Consumen bebidas alcohólicas porque eso es lo que ven. Y reproducen esquemas de violencia intrafamiliar porque eso es también lo que ven.

También debemos tener claro que las conductas de nuestros jóvenes son expresión de un modelo político, económico que ha pauperizado a la sociedad, porque todos los integrantes de la familia tienen que buscar allegar recursos a sus casas.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de que se amplíen los espacios educativos, culturales y deportivos que impidan que nuestros jóvenes cometan actividades ilícitas.

También que cuenten con elementos reales para acceder a empleos debidamente remunerados que permitan contribuir a la manutención de ellos y sus familias.

También debemos pugnar para que en la hipótesis de que los jóvenes sean sancionados con restricción de su libertad en los espacios donde van a estar, la educación y el trabajo sean el mecanismo que logre su reinserción en la sociedad y que esos espacios dejen de ser, como lo son ahora, escuelas de la delincuencia.

Por las consideraciones anteriores votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Ricardo Cantú. Señor diputado, gracias a usted.

Me doy oportunidad para saludar a niños, a niñas de la escuela primaria Redwood School. Igual a los maestros que les acompañan, gracias, gracias por su visita. Bienvenidos, bienvenidas.

Diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Tiene usted el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Orihuela, estamos en la fijación de postura de los grupos parlamentarios, no es posible interrumpir por ahora a quien está fijando la postura. Le ruego a usted, me dé oportunidad de que continúe el desarrollo de esta parte de esta fase del proceso legislativo de una reforma constitucional. Adelante, diputado Danner González.

El diputado Danner González Rodríguez: Gracias, presidente; con su permiso honorable asamblea. Aportar alternativas y estrategias para la protección y garantías de los derechos de los niños y adolescentes es una obligación ineludible del Estado mexicano, máxime cuando la calidad de vida de los jóvenes se ha ido deteriorando en nuestro país por el estancamiento económico, la precarización del empleo, la marginación de las aulas educativas y por el desencanto con las autoridades y las instituciones públicas.

La justicia para adolescentes es una necesidad que el Estado mexicano tiene que resolver a la brevedad, pues tiene que cumplir con los compromisos derivados de la ratificación en 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre la opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consistente en el respeto a los derechos fundamentales de este sector poblacional.

Estas reformas constitucionales son modificaciones legales de gran trascendencia, debido a sus profundas implicaciones y a los importantes retos que plantea para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes que se aleja de manera definitiva del antiguo modelo tutelar derivado de la doctrina conocida como de la situación irregular para dar paso a un sistema más justo sustentado en la protección integral de los derechos de la infancia.

No obstante, el fenómeno de los adolescentes acusados o declarados responsables de la comisión de una conducta que la ley tipifica como delito, debe ser analizado teniendo presente los problemas sociales a los que se enfrentan.

Este dictamen es también un claro reflejo de lo que se ha dejado de hacer, hoy los adolescentes en nuestro país enfrentan una crisis de expectativas y la falta de políticas públicas que resuelvan sus problemáticas, los han colocado en una situación de riesgo y vulnerabilidad, la exclusión, la pobreza, la desigualdad debilitan los lazos familiares y los valores morales, pero propician además que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas y caigan en el consumo de drogas.

El estudio Adolescentes en Conflicto con la Ley, señala que el año pasado en nuestro país aproximadamente cinco mil menores entre 14 y 18 años estaban presos por haber cometido delitos graves. De este número 32 por ciento consumía droga diariamente, el 44 por ciento alcohol y 28 por ciento dijo no tener futuro.

Vamos a votar en Movimiento Ciudadano a favor del presente dictamen, pero hay un tema de fondo que no podemos dejar a un lado. La dignificación de la juventud mexicana pasa por la recomposición del tejido social por más espacios públicos para su desarrollo y esparcimiento, por aulas educativas que permitan formar jóvenes que destaquen en educación, ciencia y tecnología y por una mayor participación política en la toma de decisiones de la vida pública.

Por ejemplo, la reforma educativa está parada –dice hoy un instituto del Instituto Mexicano para la Competitividad– porque se destinaron siete mil 349 millones para obras en 20 mil escuelas, de las cuales se han entregado apenas 375 mil pesos y solamente 671 planteles han iniciado obras.  En el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países, nos dice también la UTLA y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado.

Éste es el debate de fondo. Un modelo de nación fallido, producto de gobiernos irresponsables de partidos tradicionales que por razones obvias se rehúsan a discutir hoy aquí.

¿Pero saben qué es más grave para los jóvenes y para los adolescentes? El clima de terror que vive todo el territorio nacional. Nuestros pueblos están sumidos en la descomposición, en el horror. No quieren tratar estos temas porque dicen que es agenda personal. ¿Entonces qué temas sí podemos tratar aquí?

Justicia para adolescentes, sí. ¿Y qué justicia para los hijos de los masacrados en Tlatlaya, en Apatzingán? ¿Qué les vamos a decir a ellos, a los hijos de las víctimas, a los padres de Ayotzinapa? ¿Qué justicia si están dispuestos a discutir? Es el horror, presidente. El horror. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde. En su lugar le otorgamos el uso de la palabra al diputado Felipe Arturo Camarena, del propio grupo parlamentario del Partido Verde. Adelante, señor diputado, hasta por diez minutos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Dentro de la triste historia de El Hijo de la Parroquia, Oliver Twist, en personaje enemigo de Oliveiro lo describe así: el niño reveló hermosas disposiciones para todo cuanto fuera hipocresía, ingratitud y perversidad, que cerró su carrera en su país natal intentando asesinar de la manera  más cobarde.

Charles Dickens escribió esta novela en 1836 y 1839, llamando la atención a la sociedad inglesa sobre la forma en que los criminales utilizaban o enseñaban a los niños a cometer delitos amparados en la pobreza, y alertando –sobre todo– los males que podía provocar la descomposición de lo que hoy llamamos tejido social.

No dejo de pensar en que cada adolescente que se encuentra en algún proceso penal en nuestro país, exista una gran responsabilidad de la sociedad al haber formado, al haber construido el piso y los cerrojos que lo llevan a fallar el pacto social.

La norma que hoy aprobaremos casi concluye un proceso que se inició el 12 de diciembre del año 2005 cuando fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación al artículo 18 de nuestra Carta Magna, para iniciar la construcción de un sistema integral de justicia para adolescentes menores de 18 años en materia penal.

El sistema de Val debería responder a diversos principios, asistencia social para los menores de 12 años, la sujeción a cuidado, orientación, protección y supervisión para los de edades entre los 12 y los 14, y advertía que solamente se sometería a medidas restrictivas a las adolescentes entre los 14 y los 18 años cuyas conductas se consideraban como graves.

Dichas reformas provocaron la acción de inconstitucionalidad en el expediente 37 2006, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.

La acción de inconstitucionalidad buscaba declarar la invalidez de la Ley de Justicia para Menores del estado, pues atendía a otros principios, entre ellos que la ley preveía sujetos  a los mayores de 16 años, mientras que los menores eran puestos a disposición del consejo tutelar.

Esta acción a favor de los derechos humanos detonó una modificación en la construcción del Sistema Especializado en Justicia Penal para Adolescentes.

Entre las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la acción contra la ley de Estado en el estado de San Luis Potosí.

Se observó los nueve principios a favor de los adolescentes que son del interés superior del mismo, el que respete a los derechos fundamentales de toda persona sujeta a proceso penal, el de la reintegración social y familiar del adolescente, el de la intervención mínima del derecho penal, el de la especialización, el de la igualdad y la no discriminación. Y, desde luego, el de la presunción de la inocencia.

Desde entonces la construcción de este sistema está en marcha a la luz de las normas internacionales que protegen a los adolescentes y tras las expectativas vividas.

En menos de nueve meses un nuevo sistema penal estará en marcha en nuestro para fortalecerlo. El decreto que hoy votamos permite que los procesos en materia de justicia penal sean bajo el marco de un sistema acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, cuyos fines serán la reinserción en la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

Las cifras son contundentes de acuerdo con el censo nacional del gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario del 2014 a través de los resultados que nos da el INEGI. Durante 2013 ingresaron 10 mil 963 adolescentes y egresaron 10 mil 407 internados, quedaron 4 mil 691 y en tratamiento externo 6 mil 358.

En cada uno de estos adolescentes se encuentra a la sombra de este Oliveiro, que por culpa de la exclusión social, pobreza y desinterés de la sociedad, delinquió y se encontró con la escuela de delincuencia que hoy son muchas cárceles de nuestro país.

Ahí, cada uno de estos adolescentes está la derrota de la sociedad, de nuestras normas y de nuestras instituciones al que no sabemos revertir dicho proceso. La reforma constitucional que hoy votaremos a favor, amén de promover la necesaria armonización de todos los estados de la República Mexicana, a través de que fortalece la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año 2006, también garantiza los derechos humanos de estos adolescentes que deben ser incorporados o reincorporados a nuestra sociedad.

Al describir el pilluelo Gavroche de su novela Los Miserables, Víctor Hugo escribió: corre espía, pierde el tiempo, frecuenta las tabernas, es amigo de los ladrones. Al votar a favor de dicho dictamen que reforma los artículos 18 y 73 de nuestra Carta Magna, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce que el sistema justicia penal para adolescentes necesita fortalecerse sobre la base del respeto a los derechos humanos de ellos, pero sobre todo, apuesta a que la delincuencia no sea el cerrojo ni la vea trunca para su futuro y que éste sea cada día mejor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias señor diputado Felipe Arturo Camarena. Les damos la bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México, de su plantel en Izcalli. Han sido invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos. Gracias por su visita.

Lo mismo, el señor diputado Salvador Romero Valencia ha invitado y nos acompañan en este recinto estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Venustiano Carranza. Gracias también por su visita. Bienvenidos y bienvenidas.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el señor diputado José Ángel Ávila Pérez. Hasta por 10 minutos, señor diputado Ávila. Tiene usted la palabra señor diputado Ávila Pérez.

El diputado José Ángel Ávila Pérez: Le agradezco mucho, señor presidente. Con su venia. Diputadas y diputados, estamos justamente hoy tratando, discutiendo y seguramente procederemos a aprobar un dictamen sobre la minuta del Senado, relativo a la reforma al artículo 18 constitucional y al 73 de la misma Carta Magna.

La importancia que reviste el tema implícito en el dictamen de que se trata parece no ser correspondido adecuadamente por la importancia que el Estado mexicano en su conjunto le ha restado al tema de la justicia para adolescentes. De ahí que hoy nos complace que por fin se dé un paso fundamental en la construcción del sistema de justicia para adolescentes.

Y digo lo anterior porque ustedes juzgarán. En el 2005 se reformó el 18 constitucional para definir establecer los principios generales de un sistema de justicia para adolescentes tan necesario en nuestro país, pero fue hasta 2012 cuando el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Fueron siete años en los que se sujetó todo el proceso, tratamiento a los jóvenes que por desgracia habían incurrido en faltas a la ley, a una ley  que no responde a los principios ya consagrados en la Constitución y desde luego asegurados por los convenios y los pactos internacionales de los que México ha sido parte.

No obstante ello y toda vez que la importancia del tema radica en que aun cuando éstos casi 40 mil jóvenes que hoy en nuestro país están sujetos a medidas por haber incurrido en alguna falta a la ley, no constituyen la realidad de nuestro país, porque afortunadamente tenemos la brillantez y la luminosidad de los jóvenes que diario a diario estudian y buscan la oportunidad de ser mejores y de contribuir a la grandeza de nuestra patria.

Pero aun cuando contamos con esas luces, como los jóvenes estudiantes que hoy aquí nos han visitado; como los que ganan concursos en el extranjero; como los que se dedican a hacer deporte y ponen en alto el nombre de México, no obstante eso tenemos una deuda con estos jóvenes que por una o por otra causa han incurrido en violación a la ley.

Pero no solamente la deuda de darles mejores condiciones para que no se repita. No solamente la deuda de todos nosotros para con ellos de darles oportunidades de estudio, de trabajo, de bienestar, sino también la deuda que tiene el Estado mexicano porque no contamos con un sistema de justicia que permita darles a estos jóvenes que incurrieron en las faltas que la ley castiga, darles pleno respeto a sus derechos, pleno respeto al debido proceso penal; responder a los principios de especialidad, de progresividad que todo sistema de justicia para los jóvenes, para los adolescentes requiere.

En efecto, con esta reforma que hoy se pone a consideración del pleno se logrará incluir entre los principios que regulan este sistema, los principios derivados de las reformas constitucionales recientes, porque por su inclusión en este artículo 18, hoy uno de los principios deberá ser el pleno respeto a los derechos humanos de los jóvenes adolescentes, de que el proceso será acusatorio y oral y de que habrá una legislación única para toda la República en la materia.

No obstante ello, quiero desde esta tribuna llamar la atención al gobierno federal, específicamente al Ejecutivo federal sobre la necesidad de disponer cuanto antes de la creación de un órgano adecuado, un órgano especializado, un órgano que constitucionalmente responda a la integración del sistema de justicia para adolescentes.

La política pública que acompañará necesariamente a una reforma constitucional como la que hoy aquí discutimos impone contar con un órgano adecuado, como digo, un órgano especializado que no podrá ser ninguno de los que hoy se dedican a la implementación del sistema de justicia penal, por obedecer al principio de especialización y, por lo tanto, urge la construcción de este órgano y la consecuente integración del sistema.

Es imprescindible que desde hoy en el gobierno federal se dediquen a la construcción de una iniciativa para esta ley nacional que derivará de la reforma constitucional, una vez que el Constituyente Permanente la acuerde. Y también es imprescindible que desde hoy se prevean los recursos presupuestales necesarios para dotar a este sistema de los mínimos indispensables para su funcionamiento.

Complace a mi grupo parlamentario el contenido del dictamen. Vamos a votar a favor del mismo, pero no podemos dejar de señalar que esta, afortunadamente, minoría de jóvenes que han incurrido en faltas a la ley, deben ser cuanto antes incorporados a la gran mayoría de jóvenes que tienen oportunidades y que van en búsqueda de superación día con día.

Por último, me parece importante agradecer y reconocer el trabajo dado al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales para abordar este tema, tema que tenían guardado ya varios meses en los cajones pero que hoy, por fin, resuelve de manera definitiva el contenido constitucional en la materia y da pie para que pronto se cuente con una Ley de Justicia para adolescentes. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado José Ángel Ávila Pérez. Fijará la postura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el señor diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, en un lapso similar hasta por diez minutos, señor diputado.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con la anuencia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Buenas tardes, compañeras y compañeros. “Educar a los niños hoy y no será necesario castigar mañana a los hombres”, eso decía Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo. Hoy en pleno siglo XXI esta frase sigue teniendo vigencia.

Desgraciadamente en nuestro país existen muchos menores infractores que deben ser juzgados, debido a que el Estado mexicano ha fallado en educarles. El proyecto que hoy discutimos aborda el tema de estos menores, tanto niños como adolescentes.

Cabe resaltar, que esta minuta conjuga documentos, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, lo que refleja la genuina preocupación que tiene este honorable Congreso de la Unión sobre este sensible tema.

Los Estados Unidos Mexicanos han firmado diversos instrumentos internacionales, con el fin de garantizar los derechos de los menores, como son la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, o bien, conocidas como las Reglas de Beijing. En concordancia con dichos instrumentos, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 18, diversas garantías específicas para tratamiento de los menores de edad infractores.

La citada reforma constitucional, que se encuentra en vigor desde diciembre del año 2005 y que instituye el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, fue un gran logro. Hoy contamos con principios y reglas jurídicas de un nuevo modelo de justicia penal para los jóvenes en conflicto con la ley.

Dicha modificación constitucional representó el reconocimiento definitivo del adolescente como sujeto con derechos especiales. La eliminación del juzgamiento discrecional sin garantías de un grupo de personas. El replanteamiento de la relación del Estado con la infancia infractora y el punto de partida de la transformación del sistema penal, consagrado definitivamente en el año 2008.

A consecuencia de esta reforma, los estados de la República y el Distrito Federal se vieron obligados a crear leyes e instituciones especializadas que pudieran llevar a cabo el nuevo sistema de forma local. Sin duda fue un reto que se afrontó con el mayor de los compromisos.

Sin embargo, a siete años de la puesta en marcha de los órganos especializados, es importante reconocer que queda muchísimo por hacer. Admitir lo contrario sería asumir una postura conformista que nuestros adolescentes no merecen.

Las dificultades y retos que plantea la adecuada instrumentación de este nuevo sistema no son menores. No solo se trata de establecer un proceso con las debidas garantías sino de desarrollar de manera comprensiva un sistema especializado, capaz de brindar a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y constructiva para la sociedad.

Es preciso reconocer que la justicia para los adolescentes no ha corrido con la mejor suerte en los últimos años. Dado su escaso tratamiento legislativo y escaso abordaje institucional. Ello nos obliga a crear normas firmas y duraderas que en verdad atiendan a nuestra juventud, sobre todo, la que está en esta situación desafortunada y compleja.

Cuando un menor comete un delito, el deber del Estado es ubicarlo frente a un sistema penal de responsabilidad juvenil en el que goce de todos los derechos y que la respuesta sancionadora sea inminentemente educativa al agresor y reparadora a favor de la víctima, pues el propósito es llevar a cabo un proceso restaurativo donde el castigo no sea la solución sino el acceso a un juicio justo con respeto a sus derechos humanos.

El día de hoy será recordado como el día en que transformamos integralmente la impartición de justicia a los menores infractores. Éste es un día en el que estamos estableciendo un nuevo paradigma en la historia legislativa de nuestro país.

Entre los beneficios que traerá la reforma en discusión se encuentra el de brindar mayor certeza y seguridad jurídica para los menores. La unificación y sistematización de criterios entre las 32 entidades federativas y una mayor coordinación entre los operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal.

Con esta reforma estamos pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio para los adolescentes, incluyéndolos así en el conjunto de reformas que benefician a los implicados en un proceso penal. La aplicación de este nuevo sistema nos permitirá reducir significativamente el número de injusticias, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

Con esta reforma se respetan cabalmente los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Una mayor certidumbre jurídica para todos los adolescentes involucrados en un proceso penal nos servirá como una herramienta para combatir la corrupción y la impunidad, se evitarán las inconsistencias y los vacíos legales entre las legislaciones locales y las federales, y se adecuará el sistema de justicia penal de acuerdo con las tendencias del derecho internacional moderno.

Está plenamente demostrado en la práctica mundial, que los modelos garantistas del sistema de justicia para jóvenes en conflicto con la ley producen resultados positivos para reducir la delincuencia juvenil, así como para evitar su reincidencia. Las y los jóvenes son personas en desarrollo, con derechos y responsabilidades y como tales tienen una dignidad que no disminuye cuando delinquen, por ello más que privarles de su libertad y hacerles objetos de abusos debemos analizar cuál es nuestra corresponsabilidad para con esto comenzar a reorientar su vida.

No omito mencionar mi reconocimiento a la labor de mis compañeros legisladores de ambas Cámaras y a los distintos grupos parlamentarios para la concreción de este noble proyecto.

Finalmente quiero hacer mención, que el sistema que hoy se implementa a todo el país es resultado de una constante lucha del Partido Acción Nacional. Fue el presidente Felipe Calderón quien realizó una intensa labor para concretar la implementación de este sistema. El 18 de junio de 2008 se establecieron reformas en materia de derechos humanos y de un nuevo proceso penal, y se estableció en junio de 2016 como fecha límite para la implementación de juicios orales en todo el país.

En el Partido Acción Nacional nos congratula enormemente la implementación de este nuevo sistema, parteaguas en la vida de nuestro país. En el PAN seguiremos impulsando reformas encaminadas al respeto de los derechos de los niños, los derechos humanos, la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Finalmente solicito que la presente intervención conste íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cárdenas Guizar. Como lo ha solicitado se incorpora de manera íntegra al Diario de los Debates su participación y si ha dejado a la Secretaría algún documento con relación a la misma.

Le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 10 minutos, diputada Bárcenas.

La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputada.

La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Compañeras y compañeros legisladores. La comisión de hechos delictivos por parte de los adolescentes en nuestro país constituye una realidad de la cual no podemos abstraernos. Su existencia debe ser motivo de un profundo esfuerzo dirigido a proteger a uno de los sectores de la población más expuestos al flagelo de la delincuencia.

Al día de hoy y de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, hasta enero de este año más de cinco mil adolescentes estaban sujetos al cumplimiento de medidas de internamiento por la comisión de conductas tipificadas como delito. Del total de ellos, el 22 por ciento asesinó a una o más personas; el 15 por ciento intervino en algún plagio y el 17 por ciento usó alguna arma prohibida. De este número, ocho de cada 10 tienen edades entre los 16 y 18 años. Muy lamentable.

De igual manera, la PGR dio a conocer que de los casi seis mil adolescentes detenidos durante la administración anterior, cerca de cinco mil estuvieron involucrados en delitos contra la salud.

El ámbito criminal es tan solo una cara del problema a que nos enfrentamos. Desde el ámbito sociológico las conclusiones a las que nos enfrentamos tampoco son alentadoras. Una encuesta que dio a conocerse hace dos años por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos indica que en ocho entidades del país el 26 por ciento de los estudiantes de secundaria entrevistados manifestaron que los personajes a quienes sus amigos o la gente de su edad les gustaría parecerse son los narcos o los sicarios.

La existencia de este problema no es casual. El propio Presidente Enrique Peña Nieto reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo que hay 6 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela.

Esto nos lleva a concluir que no podemos pedir a nuestros muchachos respeto a la ley y vocación por el trabajo si hemos fallado en brindarles un entorno en el cual puedan explotar sus habilidades, mejorar sus condiciones de vida y llevar sus sueños a la realidad.

La indignación que causa entre la población la comisión de conductas antisociales, nos pudo haber llevado a la implementación de medidas excepcionales en  perjuicio de nuestros jóvenes.

La adopción de una política de esta naturaleza seguramente habría recibida una acogida favorable entre algunos sectores de la opinión pública. Sin embargo nuestra vocación y la del gobierno de la república, fue la de no incurrir en la tentación del aplauso fácil en detrimento de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Por ello nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, optó por el sentido de obrar con justicia. Lo anterior es así, ya que la presente reforma busca el equilibrio entre la reinserción social, el apoyo a las víctimas y el combate al fenómeno delictivo.

La historia nos avala en este sentido. Nuestro instituto político aprobó con su voto la reforma constitucional del año 2005, a través de la cual se obliga tanto a la Federación como al Estado, a contar con un sistema de justicia especializado para los adolescentes acusados de haber cometido un delito.

Tal enmienda fue reconocida por UNICEF como una garantía en el marco de un Estado democrático de derecho que salvaguarda tanto los derechos de los adolescentes como el interés de la sociedad.

Nuestro partido también apoyó en 2012 la expedición de la actual Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, la cual constituye un verdadero catálogo de normas tendientes al respeto de las garantías procesales de los jóvenes acusados de la comisión de un ilícito.

No podemos ir en contra de nuestro sentir, por eso es que hoy votaremos a favor del presente dictamen. E invitamos a todos nuestros compañeros legisladores que lo hagan en el mismo sentido. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Fabiola Bárcenas Nieves.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en pro del dictamen le otorgo el uso de la palabra al diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, y hemos dicho, en pro del dictamen, señor diputado. Le va a ir muy bien, señor diputado Domínguez Martín del Campo.

El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo: Gracias, presidente. Si queremos ejercer una real influencia benéfica entre los adolescentes y los jóvenes, es indispensable participar en sus alegrías. Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo: Pocos ordenamientos fundamentales poseen un catálogo de derechos humanos tan amplio como el nuestro, prerrogativas tales como el derecho a la salud, la vivienda y la educación, entre otros muchos, han sido incluidos acertadamente en nuestra ley fundamental, pues el cumplimiento de ellos debe ser una meta constante para el Estado mexicano.

Si la extensión de derechos es tan amplia en nuestra Carta Magna, entonces lo que vale la pena preguntarse es qué tanto hemos hecho para lograr que éstos puedan ser ejercidos a cabalidad por la población.

Sobre esta cuestión debemos aceptar, que en el ámbito de derechos procesales nos encontramos en una etapa de transición, deriva de la entrada en vigor de la reforma procesal del 2008, la cual está aún pendiente de permear en los foros en la academia y en la práctica.

La existencia de un nuevo paradigma de justicia no es casual, sino que su inclusión en el texto constitucional obedece a distorsiones del antiguo modelo inquisitorio. En este sentido, y si actualmente coexisten dos modelos de justicia, uno desprestigiado y otro en inicios, tenemos que el reto al que enfrentamos es mucho más de fondo, pues lo que está en juego no es la implementación de nuevas reglas procesales, sino hacer de la justicia un bien que, intangible, puede estar al alcance de todos.

En efecto, si el siglo XX mexicano significó el reconocimiento de numerosos derechos a favor de la población, entonces la presente centuria debe significarse por hacer que estas prerrogativas sean ahora sí una realidad.

Es justo en ese sentido hacia dónde va dirigida la reforma que ahora nos disponemos a aprobar, a hacer que la justicia sea efectiva en los casos de adolescentes, cuyas conductas los han hecho entrar en conflicto con nuestra ley.

El documento que ahora se pone a nuestra consideración es el resultado de un minucioso trabajo parlamentario que busca insertar el nuevo modelo de justicia al que nos hemos referido en el ámbito de la impartición para los adolescentes. Se trata de una enmienda que contempla tiempos y modalidades para expedir una ley nacional en esta materia, cuya entrada en vigor deberá ser acorde con la etapa del proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio.

La expedición del ordenamiento de mérito significa un profundo cambio en la estructura procesal de las entidades federativas y de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en el Distrito Federal, pues en materia de fuero común y para todos en la república en materia federal, así como una legislación vigente en materia de justicia para adolescentes, expedida por las Legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal, dejaran de estar en vigor una vez que inicie el proceso de vigencia de esta nueva legislación nacional que expida el Congreso.

La entrada en vigor del nuevo modelo procesal para adolescentes se dará en un entorno de orden y certeza jurídica, ya que los procedimientos de la ejecución de las medidas sancionadoras indicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de las medidas sancionadoras.

Asimismo, y con gran importancia, representa la viabilidad financiera de las presentes reformas, que tiene que estar garantizada, ya que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán prever los recursos necesarios para su debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes.

Si tal como hemos señalado el acceso a la justicia es uno de los grandes retos nacionales entonces las legisladoras y los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, esto en virtud de que el mismo apunta hacia la consecución de tan noble objetivo. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Luis Fernando Domínguez. Aparece registrada, y le otorgamos el uso de la palabra, la diputada Zuleyma Huidobro González para hablar en contra del dictamen hasta por cinco minutos.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Algo que debería en lo particular darme gusto hoy –debo decirlo– es una simulación nuevamente por parte de esta Cámara de Diputados, y me explico.

El 28 de noviembre de 2012, tan sólo 19 diputados votamos en contra de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que se publicó en el Diario Oficial casi un mes después, y hoy ustedes mismos, con el primer artículo transitorio la van a abrogar. La están abrogando con esta reforma constitucional, pero esto no es lo peor, sino que cuando se discutió la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar un Código Nacional de Procedimientos Penales, también se advirtió de esta reforma y ustedes fueron oídos sordos.

En la Ley de Adolescentes se encuentran normas que son más rígidas aún que para los adultos. Por señalar un ejemplo, el catálogo de delitos graves a los que es aplicable la medida de internamiento permanente es aún más extenso que el catálogo previsto en la Constitución para adultos, sin contar la parte de tortura hacia los adolescentes, que inclusive diputados de todos los grupos parlamentarios reconocieron que habría de reformarse posteriormente. Sí, el artículo 26 en su fracción VIII y que nunca, nunca se reformó.

Tampoco fueron consideradas en aquel momento leyes de los estados que se encuentran más avanzadas en este tema, como es el caso de los estados de Veracruz y Tamaulipas. La ley que ustedes aprobaron y que hoy están abrogando es ambigua y en ocasiones omisas en esclarecer cuáles son las premisas o el modelo de reintegración social a seguir, cuáles son los protocolos terapéuticos necesarios o cuáles son las prácticas coercitivas genuinamente especializadas.

En marzo de 2011 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la anterior legislatura de esta Cámara de Diputados informó de los resultados del estudio y análisis que llevaron a cabo del proyecto de decreto que hoy consideramos, el aplicar una ley para adolescentes. En opinión de aquella Comisión, el impacto presupuestario para establecer el Sistema de Justicia para Adolescentes ascendería a la cantidad de 676 millones, 405 mil 820 pesos sólo en el primer año de ejercicio.

La fuerte erogación presupuestal y que por supuesto no está actualizada, era un presupuesto de 2011, que implica la ejecución de la ley que examinamos, resulta a todas luces significativa y abrumadora.

En verdad creen ustedes que con las políticas del gobierno federal, al establecer un Presupuesto base cero, recortes al Presupuesto y la simulación, creen que este Presupuesto, para prevenir en vez de sancionar, en crear más burocracia de la calle en México y que no se va a destinar mejor a la cultura o a la educación en los adolescentes de nuestro país. Es pura demagogia de su parte. Este sistema de justicia para adolescentes va a traer más desgracias para nuestros niños y adolescentes.

Lo que realmente necesita nuestro país, repito, es cultura y educación. En un país como el nuestro, donde las carencias están al orden del día, donde los problemas, la marginación, la inseguridad pública o educación prevalecen de manera alarmante, como consecuencia de las irresponsables políticas económicas del Estado mexicano, resulta incongruente dirigir los escasos recursos presupuestales a un sistema de justicia, que por su propio diseño institucional resultará en la práctica obsoleta, por no decir retrógrada. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro. Nos damos oportunidad, porque nos acompañan en el recinto, de saludar a alumnos y alumnas del Churchill School, del Colegio. Sean ustedes bienvenidos, sean bienvenidas.

De igual manera, saludamos a alumnos y alumnas de la secundaria número 321, Acamapichtli, del Distrito Federal, que han sido invitados, que han sido invitadas por nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez Ruiz.

Y de una vez también y con todo afecto, saludamos a alumnos y alumnas de la escuela primaria Francisco y Madero, del municipio de Chimalhuacán, del estado de México, invitados e invitadas por el diputado Luis Ricardo Aldana Prieto. Sean bienvenidas, sean bienvenidos todos. Muchas gracias por su visita.

En la lógica de la discusión del dictamen de reforma constitucional, ahora le otorgo el uso de la palabra al diputado José Luis Contreras Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar justamente en pro del dictamen y hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Contreras Rojas: Buenas tardes a todos. Con la anuencia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado José Luis Contreras Rojas: Fue apenas a mediados del siglo pasado que los menores comenzaron a consolidarse como un campo específico de estudio. Áreas como la medicina, la psicología y la pedagogía comenzaron a especializarse en menores.

El derecho es una de esas disciplinas que no pudo escapar a dichos cambios modernos, es así como en el año de 1924 la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, la cual establece el reconocimiento por parte de los Estados miembros de dicha Organización, que los menores son personas con derecho a una protección especial, requieren apoyos para desarrollarse de una manera saludable y se establece que deben promulgarse leyes que protejan el interés superior del niño.

En nuestro país se realizaron los primeros esfuerzos por regular a los menores en la década de los sesenta y setenta, en Oaxaca, Morelos y el Distrito Federal. En 1985 la Asamblea General de la ONU ratificó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, también conocidas como Reglas de Beijing.

En este documento se define la necesidad de contar con leyes e instituciones especializadas para la atención de los menores infractores, que al mismo tiempo que satisfagan las necesidades de justicia respeten sus derechos como niños y hagan hincapié en el bienestar de los mismos.

Algunos autores sostienen que el número de menores infractores no sólo se ha incrementado, sino que también existe mayor interacción con la delincuencia organizada.

En los años ochenta, las causas asociadas a este fenómeno eran la marginación, la marginación económica y cultural, así como la deserción escolar, familiar y laboral. Las conductas de estos menores eran fundamentalmente una respuesta agresiva contra el mundo de los adultos, pero a partir de los años noventa los menores infractores interactúan cada vez más en mayor medida con el crimen organizado, planean con mayor amplitud los objetivos de su conducta y asumen un mayor liderazgo.

Lo anterior, no significa que deban ser juzgados como adultos, sino por el contrario, utilizar el derecho penal como ultima ratio y encausar a los jóvenes a una vida que les permita integrarse a la vida en sociedad.

El proyecto que hoy discutimos pretende abonar en el encauce de nuestros niños. Con la presente reforma pretendemos dejar este problema en manos de los representantes en todas las entidades, o sea, los legisladores federales, de modo que podamos abordar este problema desde una perspectiva nacional al transformar la justicia para los adolescentes de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, nos permitirá otorgarles mejores garantías y un proceso judicial más garantista y justo, acorde con los compromisos internacionales.

En el Partido Acción Nacional nos pronunciamos a favor de los derechos de los niños, de los derechos humanos y del respeto y del reconocimiento de las libertades de las personas que les permitan desarrollarse plenamente y convivir en armonía en la sociedad.

Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen.

Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.  Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Y así será. Se incorpora al Diario de los Debates de manera íntegra su intervención.

Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Juárez Piña, hasta por cinco minutos, diputada Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los juicios penales para adolescentes en nuestro país se han caracterizado por ser procedimientos predominantemente escritos, secretos y tardados.

En ellos podemos constar una serie de formalismos caducos y obsoletos, como son las grandes montañas de expedientes, la violación sistemática de derechos humanos y garantías, altos índices de impunidad y el aumento indiscriminado de las medias cautelares, entre otros, contrarios a la Convención de los Derechos del Niño.

Estos elementos son factores que hacen necesario transitar de un sistema de justicia penal para adolescentes, de corte tutelar a uno plenamente garantista.

Para nuestro grupo parlamentario uno de los ejes rectores de nuestra agenda legislativa fue el hacer accesible la justicia para todas y todos los adolescentes de este país. Profesionalizar la investigación de los hechos que la ley señala como delito, y otorgarle, además, a las víctimas, un papel preponderante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes.

De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen.

Somos conscientes de que México requiere urgentemente una transformación radical al sistema penal para adolescentes, para otorgarle a la justicia un papel central en la lucha contra las modernas formas que utiliza la delincuencia organizada. Siempre en un marco de respeto a los derechos humanos y al debido proceso penal como se caracteriza en cualquier país democrático.

Congruente con estos principios, no queremos dejar de advertir que al inicio de esta Legislatura nuestro grupo parlamentario pugnó siempre para que se reformara el artículo 18 constitucional, para regular el proceso penal acusatorio y adversarial en el que se observe la garantía del debido proceso legal, se garanticen los derechos humanos que tiene todo ser humano, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas de tratamiento.

Creemos que estos aspectos han sido considerados en el presente dictamen, ya que se trata de un cambio radical del sistema de justicia penal para adolescentes que va a permitir entre otras cosas, disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia y que necesariamente también va a obligar a los operadores del sistema de justicia penal a capacitarse en el sistema acusatorio, pero sobre todo los juicios serán, deberán ser, más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.

Además, impactará enormemente en la administración y la procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de jueces y magistrados, la reestructuración para adecuar salas de audiencia, sistemas de grabación, así como otras medidas que implican la erogación de recursos presupuestales para su implementación. De igual manera, con la capacitación de Ministerios Públicos, policías de investigación y personal de los servicios periciales, así como los defensores públicos, abogados y centros de internamiento especiales para adolescentes en todo el país.

Estos son los objetivos que deben alentar al legislador para garantizar plenamente el sistema de justicia para adolescentes. Estamos conscientes de que aún falta también implementar la nueva ley secundaria, como sería la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, que cuente con un sistema acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Éste sin duda será un gran reto en la agenda de los derechos de las y los adolescentes.

Solo para tener una idea del alcance de esta nueva ley federal, digamos que será una alternativa para disminuir el número de adolescentes que actualmente se encuentran internados en los 56 centros para adolescentes, conocidos también como Centros de Tratamiento Interno, que existen en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, cuya cifra de población asciende a los cuatro mil 734, entre los cuales se encuentran cuatro mil 448 hombres y 286 mujeres.

De este universo, mil 841 se encuentra sujetos a procedimiento y dos mil 893 están cumpliendo una medida de tratamiento. Asimismo, cuatro mil 438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal, según datos que se han presentado en el informe especial por los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales que presentó el día pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También será un reto el lograr que ellas y ellos reciban la atención adecuada para su reintegración a la sociedad, así como la restitución de sus derechos. Por lo anteriormente expresado, compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Juárez Piña.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluida la lista de oradores y participado quienes solicitaron hacerlo y de que, conforme al artículo 109 del Reglamento de esta Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor secretario, en lo general y en lo particular en un solo acto, por favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En lo general y en lo particular en un solo acto, presidente, así es.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío (desde la curul): A favor.

La diputada Edith Avilés Cano (desde la curul): A favor.

El diputado Christian Manuel Narváez Romero (desde la curul): A favor.

El diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz. Permítame, señor secretario. Hay pendiente de emitir voto.

El diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Sansores Sastré (desde la curul): A favor.

El diputado José Arturo Salinas Garza (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Isabel Allende Cano (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 398 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes. Pasa a las Legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 del ordenamiento supremo antes invocado.