Díaz-Leal, detalló que en 2013 existían a escala internacional, 33.3 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen; cifra que seguramente aumentó en los registros que dará a conocer el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno dentro unas semanas.
Señaló que en México hay aproximadamente 281 mil personas que padecen este fenómeno inducido por la violencia, cifra que contiene su libro, con base en monitoreos de prensa y sondeos. Sin embargo, el INEGI, en su última Encuesta de Percepción de Inseguridad, estima que 1.3 por ciento de los hogares encuestados podrían experimentar desplazamiento por la violencia, es decir, 1.6 millones de personas.
Por esto celebró que actualmente en el Senado se discuta una iniciativa para reformar el artículo 73 constitucional, con la cual la Cámara Alta tendría facultades para legislar en materia de desplazamiento interno, desaparición forzada y tortura.
En su turno, Marieclaire Acosta, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comentó que las entidades federativas se resisten a reconocer que existe el desplazamiento forzado por motivos de violencia, porque sería como aceptar que hay un clima de ingobernabilidad en sus territorios.
Dijo
que las cifras a escala nacional que se citan en el libro son conservadoras, es
decir las 281 mil personas desplazadas, porque un estudio de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, expone que tan sólo en Chihuahua hay 253 mil
afectados por este fenómeno.
Edgar
Corzo, quinto
visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseveró que todos los
desplazados tienen el derecho a un regreso voluntario a sus lugares de origen,
en condiciones de seguridad y dignidad. Comentó que el libro retrata la cultura
de los desplazados, las condiciones en que viven, explica los derechos
afectados por esta condición, y ayuda a crear empatía con ellos, a través de
una mirada humana.
La
presentación del libro fue convocada por la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, quien
impulsó su publicación.
A
esta actividad también asistió la ciudadana sinaloense Esperanza Hernández,
desplazada de los altos de Sinaloa, quien dio testimonio de su caso.
La
senadora Gabriela Cuevas Barron (PAN), presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, señaló que el Congreso de la Unión debe legislar más en materia de
tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzoso de personas. En éste
último caso, consideró que es necesaria una modificación constitucional para
que las autoridades no sigan ignorando el tema.
Comentó
que las autoridades son las grandes ausentes en la atención a las personas que
tienen que huir de sus lugares de origen por causa de la inseguridad, y
prácticamente las familias de los desplazados no tienen a quien acudir; lo que
contraviene el deber del Estado, que es aplicar los mecanismos necesarios para
proteger a las personas.
El
senador Zoé Robledo Aburto (PRD), presidente de la Comisión de Biblioteca y
Asuntos Editoriales, dijo que los desplazamientos en Chiapas son una historia
recurrente y dolorosa desde hace años, por diversas razones, entre ellas:
expulsiones de familias por motivos religiosos desde la década de los setenta,
por la erupción del volcán Chichonal en 1982, el levantamiento zapatista de
1994, por el huracán Stan en 2005, y por la construcción de la presa de
Chicoasén, entre otras.
Lo
anterior conllevó a que en 2012 se promulgara la Ley para la Prevención y
Atención del Desplazamiento Interno Forzado en Chiapas que, sin embargo, corre
el riesgo de ser letra muerta porque hasta la fecha no cuenta con un reglamento
ni con un presupuesto asignado por parte del gobierno estatal.
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