Mañana del jueves 28 de abril, conferencia en el Museo de la Tolerancia, DF.
El
Grupo de Expertos (GIEI) respondió a a los señalamiento
hechos anoche por Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) de la PGR..
Los cinco expertos dieron lectura a un comunicado de dos cuartillas.
“El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes, se habría retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”, señala el texto.
Por otra parte, señala que Zerón “manipuló” la presencia del secretario ejecutivo del grupo de Expertos en Cocula, quien en ese momento se desempeñaba como asesor legal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, quien se dirigió a dicho lugar por indicación del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Sin embargo, Carlos Beristain, otro de los expertos, aclaró que el secretario ejecutivo del GIEI estaba esperando en el campo de aterrizaje del campo de futbol, que se encuentra en el municipio de Cocula y que era utilizado por las autoridades como base de operaciones; nunca estuvo en el río San Juan, ni se enteró de la presencia del detenido Agustín García Reyes.
El GIEI calificó de graves estas declaraciones del director Zerón y expresó que es necesario:
1.-Una investigación imparcial de los hechos señalados, es decir de la traída de un imputado a la escena del río San Juan sin ningún registro de la actuación, la referencia a la existencia de cuatro bolsas de las cuales no hay ningún registro, la recolección de evidencia sin seguir los estándares de investigación de la misma, ni registro en el expediente del caso.
2.- La Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma.
3.-El GIEI señala la importancia de que se tome declaración a todos los funcionarios que intervinieron en la escena del río San Juan para esclarecer las circunstancias y las responsabilidades de los hechos.
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"Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituye una tergiversación de la realidad", señaló del español Carlos Beristain. Dijo que "desde la traída de un imputado a la escena del Río San Juan sin ningún registro de la actuación, la referencia de la existencia de cuatro bolsas de las cuales no hay ningún registro, la recolección de evidencia sin seguir los estándares de investigación de la misma no registró del expediente del caso". Agregó que el hallazgo de restos óseos en la zona aledaña al Río San Juan debió documentarse en una acta circunstancidada, pues “no pueden recogerse elementos del escena sin resguardar la escena y acta en el expediente”.
Los cinco expertos dieron lectura a un comunicado de dos cuartillas.
“El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes, se habría retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”, señala el texto.
Por otra parte, señala que Zerón “manipuló” la presencia del secretario ejecutivo del grupo de Expertos en Cocula, quien en ese momento se desempeñaba como asesor legal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, quien se dirigió a dicho lugar por indicación del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Sin embargo, Carlos Beristain, otro de los expertos, aclaró que el secretario ejecutivo del GIEI estaba esperando en el campo de aterrizaje del campo de futbol, que se encuentra en el municipio de Cocula y que era utilizado por las autoridades como base de operaciones; nunca estuvo en el río San Juan, ni se enteró de la presencia del detenido Agustín García Reyes.
El GIEI calificó de graves estas declaraciones del director Zerón y expresó que es necesario:
1.-Una investigación imparcial de los hechos señalados, es decir de la traída de un imputado a la escena del río San Juan sin ningún registro de la actuación, la referencia a la existencia de cuatro bolsas de las cuales no hay ningún registro, la recolección de evidencia sin seguir los estándares de investigación de la misma, ni registro en el expediente del caso.
2.- La Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma.
3.-El GIEI señala la importancia de que se tome declaración a todos los funcionarios que intervinieron en la escena del río San Juan para esclarecer las circunstancias y las responsabilidades de los hechos.
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"Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituye una tergiversación de la realidad", señaló del español Carlos Beristain. Dijo que "desde la traída de un imputado a la escena del Río San Juan sin ningún registro de la actuación, la referencia de la existencia de cuatro bolsas de las cuales no hay ningún registro, la recolección de evidencia sin seguir los estándares de investigación de la misma no registró del expediente del caso". Agregó que el hallazgo de restos óseos en la zona aledaña al Río San Juan debió documentarse en una acta circunstancidada, pues “no pueden recogerse elementos del escena sin resguardar la escena y acta en el expediente”.
Además, recalcó que una confesión obtenida por tortura, por normas internacionales, no
puede presentarse ante ningún juicio, por lo que resulta inválida.
Además
dijo que que “hay una parte en el video
que mostró Tomás Zerón en donde aparecen
miembros de la Marina, eso fue editado y corresponde a otro momento”,
El
grupo de expertos indicó que la visita de Tomás Zerón a la zona de Cocula si
bien fue pública, se llevó a cabo con el inculpado, sin ninguna autoridad,
además de que no existe ningún registro oficial sobre esta acción.
Por
lo que piden que la AIC quede fuera “de
cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la
misma". "Nadie puede
investigarse a sí mismo", remarcó la ex fiscal colombiana, Ángela Buitrago.
En tanto Francisco Cox, detalló que los hechos, "reflejan un problema que si tiene el sistema de investigación penal de este país, que es creer que se valida y se legaliza una actuación por mostrársela a los periodistas. La legalidad de un proceso penal está dada por seguir los protocolos que establece el código procesal penal. Ninguno de esos protocolos fue respetado en esta situación".
En tanto Francisco Cox, detalló que los hechos, "reflejan un problema que si tiene el sistema de investigación penal de este país, que es creer que se valida y se legaliza una actuación por mostrársela a los periodistas. La legalidad de un proceso penal está dada por seguir los protocolos que establece el código procesal penal. Ninguno de esos protocolos fue respetado en esta situación".
“El
GIEI dijo que Zerón violó los estándares y protocolos para manejo de la escena
del crimen. “La AP01/2015 no tiene ninguna acta circunstancidada sobre el 28 de
octubre, no existe ningún video en el expediente”, señaló Ángela Buitrago.
En tanto, Claudia
Paz y Paz indicó que los miembros del Alto Comisionado no estuvieron presentes
en el Río San Juan, pues fueron trasladados directamente al basurero de Cocula.
“Ni la presencia de periodistas, ni que se
hiciera a la luz del día, ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar
algo, que como hemos señalado se aparta de los estándares internacionales de
los mínimos que señala el protocolo de
Minnesota para el manejo de una escena del crimen: ningún funcionario, ningún forense puede entrar en una escena del
crimen, manipular la evidencia como se vio el día de ayer,sin que eso siga
todas las pautas del protocolo de actuación del manejo de escena del crimen,
dijo la experta guatemalteca.
Paz y Paz mencionó que el inculpado García Reyes ya había presentado su
declaración por lo cual “no se podía
realizar una nueva diligencia como la del 28 de octubre sin la presencia de su
abogado defensor”.
“Nosotros no
somos quién para decir si hubo manipulación o no” , eso se los dejamos a la
PGR, dijo la experta Ángela Buitrago y pidió garantizar la imparcialidad de la
investigación ya que nadie puede autoinvestigarse.
Informaron que el próximo viernes se reunirán con la Procuradora "para explicarles las líneas de investigación que tenemos" y señalaron que antes de la presentación de su segundo informe había solicitado reunirse con las autoridades correspondientes para darles a conocer sus hallazgos.
Que s evaya Zerón..: Claudia Paz.
“Es una condición indispensable que se haga la investigación de forma independiente e imparcial. Una persona que está siendo indagada no puede formar parte de esa investigación y se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle sin interferencias”.
Prosiguió: “Una persona que ejerce el mando en una institución, que puede, como vimos ayer, tener la capacidad de acceder a parte de lo que podría ser la evidencia dentro de la investigación, no puede seguir ejerciendo ese mando, es decir, se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle de una manera independiente e imparcial, sin interferencias”.
Sobre la pertinencia de la separación del cargo de Zerón, Beristáin señaló que esa es una “decisión que tienen que tomar las autoridades en México”.
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Informaron que el próximo viernes se reunirán con la Procuradora "para explicarles las líneas de investigación que tenemos" y señalaron que antes de la presentación de su segundo informe había solicitado reunirse con las autoridades correspondientes para darles a conocer sus hallazgos.
Que s evaya Zerón..: Claudia Paz.
“Es una condición indispensable que se haga la investigación de forma independiente e imparcial. Una persona que está siendo indagada no puede formar parte de esa investigación y se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle sin interferencias”.
Prosiguió: “Una persona que ejerce el mando en una institución, que puede, como vimos ayer, tener la capacidad de acceder a parte de lo que podría ser la evidencia dentro de la investigación, no puede seguir ejerciendo ese mando, es decir, se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle de una manera independiente e imparcial, sin interferencias”.
Sobre la pertinencia de la separación del cargo de Zerón, Beristáin señaló que esa es una “decisión que tienen que tomar las autoridades en México”.
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¿Quienes son el GIEI?
Lo componen Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
i) Carlos Martín Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinador del informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Tiene experiencia en atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones de derechos humanos, y en peritajes para la evaluación psicosocial e investigaciones sobre la reparación.
ii) Angela Buitrago, colombiana, es abogada y Doctora en Derecho y Sociología, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; cuenta con una Maestría en Derecho Penal; y es Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.
iii) Francisco Cox Vial, abogado chileno, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es Profesor de Derechos Constitutional de la Universidad Diego Portales; y Profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Palamara, Atala e hijas, Melinka, entre otros). Trabajó igualmente en apoyo de la extradición del General Pinochet a España, fue asesor principal del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.
iv) Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General de su país, nombrada en 2010. Es experta en derecho penal, fue jueza durante 18 años, y recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. Durante su periodo como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido varios premios de derechos humanos y actualmente vive en Estados Unidos, donde es Profesora Residente.
v) Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trabajado con Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington.
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Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR: cuando se nombró a grupos de expertos
Viernes 16.01.15|México, D. F. | Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de noviembre de 2014.
En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.
Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por las siguientes personas:
• Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional
• Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos
• Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas
• Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud
• Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario
A la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.
El Estado mexicano continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014. Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos.
'@SRE_mx, 16 de Enero de 2015 18:33
Lo componen Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
i) Carlos Martín Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinador del informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Tiene experiencia en atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones de derechos humanos, y en peritajes para la evaluación psicosocial e investigaciones sobre la reparación.
ii) Angela Buitrago, colombiana, es abogada y Doctora en Derecho y Sociología, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; cuenta con una Maestría en Derecho Penal; y es Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.
iii) Francisco Cox Vial, abogado chileno, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es Profesor de Derechos Constitutional de la Universidad Diego Portales; y Profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Palamara, Atala e hijas, Melinka, entre otros). Trabajó igualmente en apoyo de la extradición del General Pinochet a España, fue asesor principal del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.
iv) Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General de su país, nombrada en 2010. Es experta en derecho penal, fue jueza durante 18 años, y recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. Durante su periodo como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido varios premios de derechos humanos y actualmente vive en Estados Unidos, donde es Profesora Residente.
v) Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trabajado con Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington.
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Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR: cuando se nombró a grupos de expertos
Viernes 16.01.15|México, D. F. | Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de noviembre de 2014.
En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.
Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por las siguientes personas:
• Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional
• Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos
• Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas
• Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud
• Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario
A la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.
El Estado mexicano continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014. Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos.
'@SRE_mx, 16 de Enero de 2015 18:33
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