Matrimonios gay: iniciativa oportunista e insuficiente

Revista Proceso # 2064, 22 de mayo de 2016..

Matrimonios gay: iniciativa oportunista e insuficiente/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

La comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, se mostró sorprendida porque el martes 17 –Día Nacional de Lucha contra la Homofobia– el presidente Enrique Peña Nieto hizo pronunciamientos que avalan sus derechos. Lo desconcertante de los dichos y hechos presidenciales es que los hizo de manera sorpresiva, a poco más de dos semanas de las elecciones intermedias del 5 de junio y  poco después de que cundieran  las críticas mundiales contra su gobierno –en materia de derechos humanos–, a raíz del trato que se le dio al GIEI.

 Hasta el martes 17 nunca hubo un gesto, mención o anuncio del presidente Enrique Peña Nieto respecto a los derechos y problemas de la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI); tampoco incluyó a ese amplio sector poblacional en el Plan Nacional de Desarrollo.

Para decirlo en el lenguaje de los activistas, proclives a los anglicismos, el mandatario nunca se caracterizó por ser un gayfriendly, pues sólo había abordado el tema de manera tangencial. Y lo hizo el 7 de septiembre de 2010, cuando era gobernador en el Estado de México, ante el conductor del Noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga, quien le preguntó:

–Dígame, gobernador Peña Nieto, ¿tiene usted alguna postura sobre la legalización de los matrimonios entre personas de un mismo sexo y su derecho a adoptar?

–Mira, Joaquín, estoy a favor de respetar la preferencia sexual de cada quien. En lo personal, no comparto esta idea de que quienes se unen –dos personas de un mismo sexo– tengan derecho a adoptar. Porque aquí, yo creo, hay que valorar no sólo el derecho de quienes adoptan, sino también de quien es adoptado.

“Sin embargo, a partir de la definición última que tuvo la Suprema Corte sobre este tema, no queda más que acatar puntualmente esta definición y es justamente la definición que tengo políticamente.”

Agosto de aquel año fue histórico para el movimiento LGBTTTI, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad del matrimonio entre personas de un mismo sexo, un reconocimiento que días después se amplió a la adopción. A eso se refería el entonces gobernador mexiquense.

Para el 13 de junio de 2015, ese matrimonio se volvió jurisprudencia; toda ley que prohibiera la unión entre personas de un mismo sexo era inconstitucional, y tenía una generalidad (que, necesariamente, incluye la adopción): “Bajo ninguna circunstancia se puede restringir o negar un derecho con base en la orientación sexual”.

La jurisprudencia no dejaba opción a las entidades federativas hostiles a los derechos reclamados por las personas LGBTTTI. El derecho al matrimonio y la adopción estaban adquiridos y eran irreversibles. A casi un año Peña Nieto convocó a activistas a un encuentro en la residencia oficial de Los Pinos el martes 17 y, aparentemente sin aviso previo, anunció un paquete de iniciativas de reforma para incluir en el orden constitucional lo que ya era legal por decisión de la SCJN.

Por increíble que parezca, hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud tenía enlistada la homosexualidad como enfermedad mental. Hasta hace seis años, el matrimonio entre personas de un mismo sexo era impensable; sobra decir que las personas LGBTTTI encabezan la lista de crímenes de odio perpetrados en México. Y fue en 2015 cuando se reconoció en este país que la orientación sexual no puede restringir derechos.

El 17 de mayo –fecha que conmemora la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental– fue histórico para activistas y colectivos. No fueron pocos los que celebraron el gesto del Ejecutivo.

Por primera vez, un presidente mexicano encabezó el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; escuchó las propuestas de la comunidad LGBTTTI y giró instrucciones a sus subordinados para atender tópicos discriminatorios; lanzó también su paquete de iniciativas y, finalmente, iluminó inmuebles y páginas de internet con los colores del arcoíris, la bandera representativa de la diversidad sexual.

Lavado en rosa

El desprestigio internacional de México en materia de derechos humanos hizo crisis en abril pasado. Por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció hostigamiento y campañas de desprestigio contra el grupo de expertos que llegó a México como coadyuvante en las indagatorias sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos y dejó el país en abierto desencuentro con el gobierno.

La segunda semana de ese mes, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe descalificó a México en sus políticas de atención a la pobreza. El Departamento de Estado estadunidense emitió un informe en el cual destacó que las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad eran la constante en México.

Informes y reclamos coronaron una larga lista de desencuentros con organismos internacionales, entre otros asuntos, por el estado de la libertad de expresión y la tortura en el país (Proceso 2059).

La semana siguiente Peña Nieto presentó las conclusiones de los foros de consulta para la legalización de la mariguana. Si hasta meses antes su postura personal (inclusive argumentó hablando de sus hijos) y política era abiertamente prohibicionista, el 19 de abril planteó un viraje: ampliar a casi seis veces la cantidad permitida para consumo personal y permitirla para investigación clínica. El tema ha sido bien visto en el debate internacional.

Diez días después de la iniciativa sobre la mariguana, el Senado aprobó reformas al Código de Justicia Militar, creando, entre otras medidas, la figura de jueces de control, quienes podrán ordenar el cateo a domicilios particulares, oficinas del gobierno federal y a las dos cámaras del Congreso, al Poder Judicial y a los órganos constitucionalmente autónomos. La reforma fue criticada de manera unánime por organismos de derechos humanos de México y el extranjero (Proceso 2061).

En este contexto, la medianoche del lunes 16, de última hora, la Presidencia avisó del acto por el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, emulando la conmemoración internacional.

En el debate internacional LGBTTTI suele utilizarse otro anglicismo para situaciones de este tipo –explica el activista Omar Feliciano/Franka Polari, al mencionarle el recuento de la crisis de derechos humanos en México–, es pinkwashing, un término muy utilizado para referirse al Estado de Israel, que anuncia protección de derechos a la diversidad sexual mientras incurre, por ejemplo, en un bombardeo a los palestinos que viven en Gaza.

El nuevo debate

Artista y defensor de derechos humanos, Franka Polaris es una de las voces disidentes a la celebración que numerosos colectivos y activistas LGBTTTI encausaron a partir del evento, los anuncios y el gesto presidencial del martes 17. A su juicio, se abrió un frente de lucha innecesario y desgastante.

Su razonamiento es jurídico: “la Constitución, como está tras las reforma de derechos humanos, incluyó en el artículo 1 constitucional la protección de derechos humanos más amplia para todos, obliga a las autoridades a respetarlos y prohíbe la discriminación por género y preferencias sexuales. Eso y la jurisprudencia, ya era suficiente”.

Pero ahora, explica, el movimiento LGBTTTI se mete en un problema de batallar para que pase la reforma. De volver a pasar por el camino recorrido por la vía jurisdiccional y al margen de partidos que ahora cabildearán, negociarán y cederán a presiones en el Congreso y las legislaturas locales.

Por otra parte, cree que la iniciativa no es suficiente. En su revisión, Franka Polari identifica diferentes aspectos omitidos. Una cuestión con el matrimonio es que, estando tan incrustado en las leyes, necesita trabajo fino, técnica legislativa, e identificar situaciones de LGBT.

“Un ejemplo de omisión tiene que ver con las licencias de paternidad y maternidad. No es menor. Si estamos hablando de que parejas se casan para tener familias, adoptando, por inseminación o técnica de reproducción asistida (en el caso de dos mujeres) no podría tomar descanso para estar con su hijo o hija porque no es padre.”

Otro ejemplo: las estancias infantiles. Franka Polaris menciona que las leyes reproducen roles de género y, para el caso, consideran que son las mujeres las que deben estar al cuidado de los niños. Cuando un hombre solicita la inscripción de su hijo o hija a la estancia infantil, se la niegan.

“Eso es desprotección, es discriminatorio”.

También menciona que la iniciativa adolece de profundidad en cuanto a la filiación. Es decir, hay estados donde los niños no pueden tener nombre de sus padres LGBTTTI porque carecen de apellido paterno y materno.

Si bien la iniciativa considera la adopción, hay procesos que, según Franka Polari, no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, recuerda que hace tres semanas se aprobó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada para extranjeros y parejas del mismo sexo.

Añade: “al movimiento LGBTTTI, se le olvidaron estas acciones discriminatorias cuando fueron a aplaudir la iniciativa. Se tomaron la selfie, pero no leyeron”.

La reforma al artículo 4 constitucional, observa, no sólo es por derechos LGBTTTI, pues contempla la recomendación de Naciones Unidas para evitar el matrimonio infantil (por eso marca la edad de 18 años), o bien, el reconocimiento que ya había hecho la SCJN al libre desarrollo de personalidad, por lo que eran derechos adquiridos.

“El párrafo que propone Peña Nieto no era necesario. Va a meter al movimiento en un debate y en muchos estados como Chihuahua y Sinaloa, el movimiento es endeble. En esos estados, los más homofóbicos, el PAN, Morena y el PES serán el bloque que impedirá que pase el matrimonio (gay) en legislaturas locales”, insiste.

Recuerda que haber seguido la vía jurisdiccional hasta lograr la jurisprudencia se debió a que los afectados sabían que en el ámbito legislativo esa lucha no podía ser expuesta a los devaneos de los partidos.

Advierte que la legalización del matrimonio “es heteronormativa”; es decir, está dirigida a personas LGBTTTI que quieren vivir como heterosexuales pero no considera que, en la diversidad, la disidencia sexual tiene múltiples formas de amar que no se consideran en reformas como la planteada por Peña Nieto.

Y nota una incongruencia: el mismo día del evento en Los Pinos se discutía un instrumento en París contra la homofobia. La delegación mexicana, con el embajador a cuatro pisos de la discusión, no envió a un solo representante.

“Una balsa imparable”

Las redes sociales han dado cuenta desde el martes 17 de la diversidad que, más allá de lo sexual, se expresa en mosaicos interminables de distinto signo ideológico, lecturas e interpretaciones.

Juan Jacobo Hernández, del Colectivo Sol, es uno de los decanos del activismo LGBTTTI. Desde los años setenta no sólo ha participado, sino que ha historiado la lucha por la diversidad sexual. Frente al disenso de la comunidad, cree que “sin mezquindad, la mayoría tendrá que reconocer que se trata de una iniciativa que tuvo gran valor por parte de la Presidencia, sin omitir que cayó en blandito, pues sólo retomó el trabajo de los colectivos”.

Para él, la propuesta presidencial rebasó al PRD, que a través de los años abanderó las causas del matrimonio igualitario y la identidad de género, “una lucha que no puede negársele”, dice.

Interpreta lo ocurrido en Los Pinos como una hábil maniobra política, “como si el presidente viera que esa balsa ya no podía detenerse, pese a los obstáculos (grupos conservadores, iglesia militante, congresos renuentes), ya no se podía detener por los procesos jurisdiccionales”.

Y añade: “Peña Nieto será recordado como el presidente que impulsó el matrimonio igualitario y el cambio de nombre”.

Respecto al acto, no deja de observar que todo fue respetuoso, con propuestas previsibles, pero sin expresiones que tendrían que haber ido en la línea de reclamar Ayotzinapa, Tlatlaya, la crisis de derechos humanos, e inclusive, la falta de transparencia, la corrupción. Es decir, “temas que no fueron tocados por los colectivos ante la figura presidencial, en un momento que permitía a los oradores poner la cosas en blanco y negro”.

Aun así, considera que es un paso hacia adelante y quedan muchísimos temas muy sentidos por las comunidades, en especial el de discriminación particularmente cruel con las personas LGBTTTI.

Otra voz acreditada entre los colectivos LGBTTTI es Gloria Careaga Pérez, investigadora de la UNAM, integrante del Programa Universitario de Estudios de Género. En su opinión, el paquete de propuestas de Peña Nieto es para concretar el proceso de facilitación, toda vez que en algunos estados se obstaculiza lo que ya decidió la SCJN.

Para ella, lo que ocurrió el Día de la Lucha contra la Homofobia, cuando el presidente Peña Nieto encabezó el evento, es un hecho histórico, por lo que se muestra complacida.

Participante de la sesión en Los Pinos, para ella Peña Nieto actuó de manera expedita a lo que ahí le plantearon, al instruir a su gabinete acciones que los oradores LGBTTTI propusieron en el evento. Ella pidió que se les incluya en el Plan Nacional de Desarrollo.

Sobre el oportunismo de la propuesta, dice: “Creo que en este momento, en el cual el gobierno en general realmente está enfrentando desafíos muy importantes sobre la violencia y derechos humanos, nos coloca en una situación difícil como movimiento LGBTTI.

“Lo que aquí ocurre es que esto no quita nuestra participación en cuanto a solidaridad y participación de otros grupos y defensa de derechos humanos en el país. No estamos ciegos, sabemos cuál es la realidad que se vive en el país, pero tenemos que mantener la serenidad y la crítica respecto a la política general del país.”