Otra ley de avanzada, la de Niños, resultó inoperante

Revista Proceso # 2064, 22 de mayo de 2016..

Otra ley de avanzada, la de Niños, resultó inoperante/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

El proceso que siguió la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN) –desde la iniciativa presidencial hasta su armonización en los estados– mostró la improvisación del Ejecutivo en el diseño de normas de vanguardia, la presión de los grupos conservadores para modificar aspectos progresistas y la forma en que, ante esos grupos, sucumben los políticos de la mayoría de los partidos.

Las presiones conservadoras fueron a causa de temas históricamente reivindicados por el activismo lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI), o por el feminismo, cuyas posturas son ferozmente combatidas por los defensores de la más rancia tradición judeo-cristiana.

En particular, lo más rechazado por el conservadurismo tenía que ver con el libre desarrollo de la personalidad, así como con los derechos sexuales y reproductivos. Vencidos de antemano esos tópicos en la discusión, el acoso y campañas de odio soterradas marcaron la actuación de los grupos ciudadanos relacionados con las iglesias.

La consecuencia: los diputados eliminaron contenidos y matizaron conceptos.

Todo se inició el 1 de septiembre de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto decidió usar la facultad de enviar una iniciativa preferente, consistente en remitir a cualquiera de las cámaras del Congreso, el día de inicio del periodo ordinario de sesiones, una propuesta de ley que el Ejecutivo considere prioritaria y no implique reforma constitucional: debe ser votada en un mes y remitida a la cámara revisora para que la vote el mes siguiente.

Hasta ahora, esa es la única iniciativa preferente que Peña Nieto ha enviado, y su propósito fue que se creara la LGDN. El objetivo era establecer un marco legal para todo el país que garantizara los derechos de la infancia.

En realidad, la iniciativa presidencial no contenía los conceptos precisos de derechos de personalidad, tampoco lo relativo a derechos sexuales y reproductivos. Estaba tan mal elaborada, que durante el mes que se discutió en el Senado se cambió en 80%, según el análisis que hizo la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), dirigida por Juan Martín Pérez García.

Organizaciones, la mayoría integrantes de la Redim, habían trabajado durante cinco años en un proyecto de LGDN, y durante las consultas en el Senado se sumó la opinión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para resultar en un proyecto garantista que iba mucho más allá de la iniciativa presidencial, y que, como corresponde a las preferentes, se remitió en un mes a la Cámara de Diputados.

Las presiones, el acoso

 Pronto, durante el mes de discusión en el Senado, la Iglesia católica y las diferentes denominaciones protestantes desplegaron una campaña de cabildeo, descalificación e inclusive hostigamiento y acoso contra las senadoras que impulsaban las propuestas más avanzadas.

El caso más crítico fue el que sufrió la priista Diva Gastélum, quien presidía la Comisión de Equidad de Género. Primero en las redes sociales y luego a través de mensajes de amenaza personales hacia ella y su familia. El 29 de octubre de 2014, senadores del PRI, PAN y PRD denunciaron el hostigamiento ante el pleno.

Para entonces, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de su presidente, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, había emitido un comunicado para pronunciarse en contra de uno de los derechos previstos en la LGDN. Se refería a la inclusión del concepto “derechos sexuales y reproductivos”, que según ellos no se entendía.

En ese comunicado se citaba la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México, que establecía:

“Que niños, niñas y jóvenes tengan el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos que deseen; recibir información y tener acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; el derecho a contar con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir la identidad sexo-genérica que deseen.”

Luego planteaban su preocupación porque los derechos sexuales y reproductivos de la LGDN significaran eso.

En los días siguientes las organizaciones de corte católico Red Familia, Consejo Mexicano de la Familia ABP y Voz Pública emprendieron un cabildeo en la Cámara de Diputados y publicaron un desplegado en el cual exigían que se eliminara la expresión “derechos sexuales y reproductivos”, con argumentos similares a los de la CEM.

De nada sirvieron las reuniones y la insistencia ante el entonces líder de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Los legisladores de ese partido y los del PAN eliminaron la expresión, a gusto de la Iglesia. En entrevista, Pérez García recuerda:

“Se pusieron superduros (los grupos de Iglesia), empezaron a hacer campañas para tirar la ley; lanzaron una estrategia con mensajes de WhatsApp y redes sociales, diciendo que se permitía mutilación genital, cambio de sexo, pederastia, un montón de barbaridades y un video que circuló, principalmente, en colegios católicos.

“Salvo en algunas escuelas privadas y grupos en que se circuló todo eso, no hubo mayor eco. Pero los diputados del PRI y del PAN aceptaron el tema. Lo discutimos muchísimo con Beltrones, le dijimos que eliminar el concepto significaba retraso, dar el mensaje de que los conservadores doblaban al PRI.”

Y lo consiguieron. Lo importante, dijeron los involucrados tanto en el ámbito legislativo como de las organizaciones ciudadanas, era rescatar la mayor parte del articulado.

Del lucimiento a la inoperancia

En un acto propicio para el lucimiento presidencial, pese a que su iniciativa fue un auténtico fracaso y se modificó en su mayor parte, la residencia oficial de Los Pinos se convirtió, el 4 de diciembre de 2014, en el escenario de la promulgación, con un discurso de autoafirmación de compromiso del gobierno. Peña Nieto se llevó el mérito.

Como suele ocurrir en esos actos, siguieron las selfies y fotografías grupales. Toda una celebración. Sólo faltaba la armonización en las entidades federativas con un plazo perentorio al 6 de junio de 2015. Cerca de la mitad de los estados no lo lograron, pues se toparon con el muro religioso, marcadamente hostil a la LGDN, en los casos de Puebla y, peor aún, en Sinaloa (Proceso 2019).

En Sinaloa, el obispo Jonás Guerrero y los funcionarios de la curia pedían eliminar el término “igualdad sustantiva”; cambiar la frase “preferencias sexuales” por la de “género por sexo, pues los niños no tienen preferencias sexuales”; y eliminar “el concepto de libre desarrollo de la personalidad” y sustituirlo por el de “bienestar y desarrollo integral”. Esos matices, aparentemente inofensivos, tenía una carga homofóbica.

En las semanas siguientes, diputadas como la perredista Imelda Castro y la priista Sandra Lara Díaz empezaron a recibir agresivos mensajes en sus domicilios, celulares y correos, mientras los comentarios en redes sociales firmados por padres de familia de colegios privados se radicalizaban. Los mensajes eran persistentes, alegaban el derecho de los padres contra el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad sustantiva y preferencias sexuales.

De acuerdo con Pérez García, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló con el gobernador Mario López Valdez –quien promovía las peticiones de la Iglesia– para evitar que se trastocara el espíritu de la ley. Después de un tiempo, dice Pérez García, los conservadores se salieron con la suya y lograron que la ley local, entre otras cosas, incluyera el derecho de los padres.

El análisis de la Redim permite observar la influencia religiosa: sin efectos jurídicos, la exposición de motivos de la iniciativa de ley local, en Puebla, incluyó el reconocimiento a “la vida desde la concepción”. En tanto, en Quintana Roo la ley disminuyó a un lugar (y a propuesta del gobernador) la participación de la sociedad civil en el sistema de protección, mientras que en Querétaro se eliminó la presencia de ciudadanos.

Sólo la Ciudad de México pudo recuperar el apartado eliminado por los diputados.

Pérez García lamenta que no consiguieron el respaldo del gobierno federal para promover una acción de inconstitucionalidad en esos casos.

En diciembre pasado Proceso hizo una solicitud de información a la Presidencia de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. El propósito era saber si había estudios, si habían dado seguimiento a la implementación de lo que fue iniciativa preferente. También, si proyectaban acciones de inconstitucionalidad y si llevaban una verificación de cumplimiento de la armonización en los congresos locales. Nada. Ninguna de las dos instancias volvió a conocer sobre el avance en la implementación de la ley, por lo que declararon la inexistencia de la información.

Con todo y que se trata de una ley de avanzada, a decir de la Redim e instancias internacionales, la indiferencia del gobierno federal para la implementación de la LGDN se tradujo en la falta de presupuesto, por lo que hasta ahora es inoperante.

Realizada la armonización en todo el país, la LGDN no termina de implementarse, al menos en lo que compete a las modificaciones al Código Civil federal, a la Ley General de Educación o a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros, pero ya hay diputados que intentan hacer reformas legislativas. Es decir: todavía no se cumple pero ya la quieren reformar.

Entre otros puntos identificados por la Redim destacan los cambios en aspectos administrativos relacionados con adopciones, cambio de responsabilidades en dependencias e instancias oficiales y la modificación de palabras con un sentido cosmético o correcciones de estilo.

El problema, dice Pérez García, es que influenciados o bien, para justificar su productividad, hay legisladores que quieren reformar la LGDN, algo que desde la perspectiva de la Redim se considera peligroso, porque puede romper el equilibrio de la norma y generar retrocesos.  l