Gracias al periodismo de investigación pudimos saber que los hechos lamentables ocurridos durante las primeras horas del lunes 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, Estado de México, no sólo se registró un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército –un pelotón del 25 Batallón de Infantería perteneciente a la 22 Zona Militar con sede en Santa María Rayón–e integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, sino que hubo algo más: Presumiblemente una ejecución sumaria, es decir homicidio.
Sin embargo, la tarde de aquel lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado afirmando que soldados “abatieron” a 22 secuestradores en un enfrentamiento. Se reportó entonces que los militares liberaron a tres mujeres secuestradas y aseguraron 38 armas, incluidas algunas de alto poder a saber: 25 armas largas, 16 de ellas eran fusiles AK-47, calibre 7.62x39mm, seis fusiles AR15, calibre 0.223, un fusil marcar Calico, y dos escopetas calibres 12 y 0.22. También se aseguraron 13 armas cortas, cuatro de ellas calibre 9mm, tres calibre 0.45, tres calibre 0.38 súper, una calibre 0.22 y un revólver 0.38 especial, además de una granada de fragmentación, 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres.
Un solado fue herido sin gravedad. Punto.
Ese mismo día el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Damián Canales, informó que los hechos ocurrieron en las primeras horas de ese lunes en la comunidad de Arcón de Los Laureles, una pequeña población de 250 habitantes y que se ubica al sur de la entidad.
Nadie cuestiona el comunicado –me incluyo– y el asunto aparentemente quedaría ahí. Pero días después, el 8 de julio, un reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press –firmado desde San Pedro del Limón, Tlatlaya– planteó serias dudas de los hechos lamentables.
Reporteros de la agencia estadounidense sugirieron que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento sino de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército. Las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas tres días después del tiroteo plantearon interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara.
Un testigo anónimo entrevistado dijo que oyó disparos y golpes durante casi dos horas la madrugada del 30 de junio. Después de que se silenciaron los disparos observó a los soldados merodeando en los cerros.
Ante ello varias ONG, como Human Rights Watch pidieron al gobierno “una investigación imparcial y efectiva”. Aun con esa presión el asunto se manejó de bajo perfil, nadie dijo nada, salvo algunas excepciones.
Sin embargo, semanas después un reportaje de la revista Esquire– firmada por Pablo Ferri Tórtola –difundido el miércoles 17 de septiembre llevó que el Departamento de Estado norteamericano exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de los hechos.
La frase de Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense fue contundente: “Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”.
Declaró, según reportó el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, que “como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”.
Esa declaración ocurrió justo a una horas de que el presidente de México arribara a de Nueva york a una gira de trabajo.
¿Qué publicó Ferri Tórtola?
Consiguió la versión de una testigo presencial de los hechos de nombre “Julia“: “Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero, y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
¡La declaración es fuerte! Además el reportaje se difundió simultáneamente en varios medios.
Ante la presión que generó el reportaje y los comentarios adversos, sobre todo a la institución castrense se emitieron un par de comunicados, la Sedena dijo el 19 de septiembre:
“Esta dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, estamos obligados conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas. La Secretaría de la Defensa Nacional, prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento”.
Por su parte la PGR hizo lo propio –Boletín 164/14, dijo:
“La seriedad con que ésta administración toma en cuenta, tanto la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad.
“La PGR tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos.
“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos”.
Y el lunes 22 de septiembre el presidente Enrique Peña se vio obligado a emitir un breve posicionamiento. Le dijo por cierto a la agencia AP en las afueras de la ONU que “la PGR está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema".
Ante la presión, días después se detuvieron a ocho militares, de bajo rango.
En efecto, el jueves 26 de septiembre , ocho elementos del Ejército Mexicano–un oficial y siete de tropa– que participaron en el enfrentamiento fueron conducidos al Juzgado 6° del Campo Militar Número 1-A en calidad de presentados. La detención ocurrió casi tres meses después de los hechos lamentables.
La pelota del caso está en dos canchas: La justicia militar y la civil.
La Justicia militar los acusa, de acuerdo al comunicado de la Sedena por “la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.
Pero afortunadamente el comunicado dice que el personal castrense deberá responder ante la justicia militar por las faltas señaladas, “independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”.
Es decir la PGR.
El procurador en San Lázaro
Ese mismo jueves 25 de septiembre las cosas empezaron a tomar un nuevo cauce.
En efecto, el procurador General de la Republica compareció ante legisladores de las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Investigación de Contratos de Pemex en el marco del informe de gobierno. Las interrogantes fueron varias. Una de ellas fue de la joven diputada Lilia Aguilar Gil, de la bancada de PT, quien preguntó directo: “Señor Procurador, ¿cuánto tiempo cree usted que tendrá los elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de 21 personas cuando en otros casos en 88 días se le ha dado resultado a persecuciones que parecieran más importantes. No hablaría de justicia selectiva, por no utilizar un término ya usado en este espacio, sino diría investigaciones, unas más rápidas y otras menos importantes?
Agregó la legisladora de Ojinaga Chihuahua, haciendo referencia a Human Rights Watch que en lo que va de este gobierno 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares.
La respuesta del procurador fue directa. De entrada señaló que el asunto fue atraído por la PGR, y al que consideró como “un asunto bastante complejo en el que nuestra obligación es encontrar la verdad sea cual sea”. Y aprovechó para pedir tiempo: “Me tienen que dar el tiempo que necesito para poder hacer peritajes”, dijo que necesitaba “una ampliación del dictamen de criminalística, un dictamen de trayectorias de impactos y de vehículos, una ampliación de necropsias para el establecimiento de tiempo y modo de muerte, posición víctima-victimario para determinar trayectorias, reconstrucción de hechos, ampliar y recabar muestra hemática para confrontación de ADN, mecánica de lesiones y una cantidad mayor de investigaciones para determinar con precisión cuál es la verdad”.
Y fue muy claro al decir a los legisladores que “sería un gravísimo error que sin tener todos los elementos yo planteara una definición. El papel fundamental de una autoridad de este tipo es ser seria. En el momento en que la tenga, eso sí me comprometo, será la verdad la que salga“.
Comunicado del martes 30 de septiembre
Inconsistencias: hubo enfrentamientos y también homicidio de 3 militares
Y bueno días después, la tarde del martes 30 de septiembre el procurador concluye en un comunicado emitido, por cierto a un lado del Procurador de Justicia militar lo siguiente:
“La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, desde prácticamente el principio iniciaron una serie de investigaciones en razón de que la propia Secretaría de la Defensa había detectado algunas inconsistencias en cuanto a la aplicación de los protocolos de actuación: una sola camioneta en lugar de dos, un grupo reducido.
“Iniciamos en consecuencia, a partir de entonces, una investigación que después al poco tiempo, en razón de los datos recabados, se convirtió en averiguación previa para estudiar y analizar las inconsistencias que entonces veíamos y los hechos que hoy podemos plantear.
“Realizamos una serie de pruebas periciales; hemos hecho una serie de diligencias y de interrogatorios en los que nos queda claro que en un primer momento, efectivamente, como lo señalan prácticamente todos los participantes que pueden declarar, hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes, hoy podemos decirlo con toda claridad, que se encontraban al interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos.
“Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares, uno se quedó afuera porque estaba herido, el Teniente porque lo estaba asistiendo, el chofer, porque él lo era, y los otros tres entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna.
“Ante ello, quiero decirles que la PGR, ha tomado la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar, independientemente de que ya la Sedena les está siguiendo los proceso militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia.
“Independientemente de esas, la PGR el día de mañana – 1 de octubre, 4 meses después de os hechos– presentará acusación y solicitud de orden de aprehensión al juez para que se les juzgue a estos tres por homicidio y a los otros por las razones que pudieran aparecer tanto en el Código Militar, como las que nos dé el Código Penal en razón de su actividad”.
Agrega el procurador en el boletín número 175/14 que “esta información la quisimos señalar con toda claridad, porque los ocho participantes están detenidos en las instalaciones militares correspondientes y en consecuencia podemos hablar de una averiguación que está culminando y que estaremos consignando cuando tengamos completos todos los periciales, pero que con lo que ya tenemos, tenemos suficiente para poder determinar el exceso de la fuerza y la tipificación del delito de homicidio, esto es creo que suficiente y claro”.
Mmm.
No estamos tan seguros señor procurador y lo decimos con todo respeto que el asunto este claro. Creemos sí que hay avances. Usted se comprometió con los legisladores de que en el momento que tenga avances “será la verdad la que salga”.
Ha cumplido, en parte.
Sin embargo, la pelota de los homicidas está en dos canchas. Si aplican la justicia militar la pena es mínima, cuando mucho 3 años. ¡Nada! Los delitos por los que se les acusa son “en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.
Veremos que nos dice el juez penal que lleve el caso. Seguramente hará un trabajo fondo. Para ello, el Congreso ha tomado cartas en el asunto.
Este martes 30 de septiembre y por votación económica el Pleno de la Cámara de Diputados acordó solicitar –exhortar– a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia la creación de un Grupo de Trabajo plural – que no Comisión– de diputadas y diputados que cooperen con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos, y segundo “exhortar” a la CNDH a que investigue respecto de los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y determine si hubo violaciones a los derechos humanos.
No sé porque los diputados piden que el caso sea atraído por la PGR. Quizá no leyeron lo que les dijo el Procurador que el caso había sido atraído.
¿Y ante esto cuál es el papel del CNDH?
Nuestro ombudsman nacional dijo que entre cuatro a seis semanas tendría una conclusión de la investigación de Tlatlaya. Afirmó en entrevista radial la semana pasada que ellos realizan un principio una investigación de la que por cierto tiene cerca de 700 páginas, varios testimonios, inspecciones oculares y se revisan los exámenes de necropsias. Precisó que “la investigación no está terminada, se espera que en las próximas semanas se concluya porque se busca tener una visión clara de lo que sucedió, porque se tienen referencias de que se suscitó un enfrentamiento con el Ejército y algunas personas que se encontraban en una bodega”.
Habría que ver que nos dice nuestro señor ombudsman.
Pero, el periodismo de investigación sigue haciendo su trabajo. Probablemente salgan más cosas que obliguen a la autoridad a corregir los renglones torcidos de la justicia.
Por cierto, no sabemos los nombres de las victimas abatidas aquella madrugada en Tlatlaya. Sabemos que muchos de ellos son jóvenes.
¿Quiénes son? Nos dijeron que son presumiblemente criminales del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Por ultimo habría que hacerle caso a lo que nos dice Christof Heyns, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que “el Gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”. El experto señaló que “toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal”.
¡Caray!
¿Cuántos casos de los más de 600 habrán sido ejecutados por uso excesivo de la fuerza?
El Relator Especial pidió también al Gobierno mexicano proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo y los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron. Por su parte, el nuevo Relator Especial sobre libertad de expresión, David Kaye, se hizo eco del llamado del Sr. Heyns, y exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión.
Compartimos esa petición. El periodismo de investigación es necesario.
En los márgenes
¿Por qué la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió conclusiones erróneas y apresuradas y por tanto falsas sobre el caso. Un comunicado de prensa del 15 de julio de esa procuraduría señala contundente:
“1. Con motivo de los hechos referidos, la PGJEM inició la carpeta de investigación correspondiente, en la que se practicaron, entre otras diligencias, dictámenes periciales en materia de medicina legal, radizonato de sodio, mecánica de hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres personas femeninas (Sic) rescatadas en el lugar de los hechos. De lo anterior se desprende:
a) Que no existieron disparos a corta distancia.
b) De conformidad con las pruebas de radizonato de sodio practicadas a los cadáveres, las 22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego.
c) De los elementos balísticos encontrados y la criminalística de campo, se desprende un fuego cruzado donde el intercambio de disparos resultó proporcional, por encontrarse claros indicios de que éstos fueron realizados de adentro hacia afuera de la bodega y viceversa.
d) De acuerdo con el trayecto de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, la PGJEM no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución.
“2. Por lo anterior, la investigación arroja que los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense”.
Hasta este momento la Procuraduría – ¿quién es el Procurador?– ni el gobernador Eruviel han dicho nada. Leo Zuckerman y otros más hemos cuestionado el trabajo de la institución mexiquense. Lástima
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