El Pleno de la Cámara de Diputados avaló este martes
14 de junio de 2016, el dictamen a la minuta del Senado de la República que
expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescente.
Por ningún motivo, precisa el documento aprobado por
460 votos en lo general -y por 388 votos a favor y 57 en lo particular- una persona menor de
edad podrá ser juzgada en el sistema de justicia para adultos, por la
atribución de un hecho que las leyes penales señalen como delito, si fue
cometido cuando era adolescente.
Con la nueva ley, se prohíben todos los actos que
constituyan tortura contra adolescente, y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, así como los castigos corporales, la reclusión en
celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria. Las autoridades
deberán garantizar su seguridad física, mental y emocional.
El documento, enviado al Ejecutivo federal para sus
efectos constitucionales, precisa que no podrá ser sancionada ninguna persona
adolescente más de una vez por el mismo hecho y quedan prohibidas las sanciones
colectivas.Con el ordenamiento, se garantizan los derechos humanos a quienes se
les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como
delitos, y establece las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos
alternativos de solución de controversias del sistema integral de justicia para
adolescentes.
Debate:
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes. Y en virtud de que ya se hizo el
posicionamiento, más bien la argumentación por parte del presidente de la
Comisión de Justicia en una sola intervención para los tres dictámenes, está a
discusión en lo general el dictamen enunciado, y ya tenemos integrada una lista
de diputadas y diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos
parlamentarios.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Abdies
Pineda Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Hasta por cinco
minutos serán las intervenciones de posicionamiento.
El diputado Abdies Pineda Morín: Honorable asamblea.
Para Encuentro Social el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, es la mayor evidencia de que el tejido social se
encuentra gravemente lesionado; que las familias han sido duramente golpeadas
por diversos factores para degenerar en conductas graves de sus miembros.
Dolorosamente nuestra niñez está participando cada
vez más en la delincuencia organizada. Según las escasas cifras oficiales,
entre 2012 y 2013, el Ejército mexicano detuvo a 473 menores de los cuales 61
eran niñas, con un promedio de edad que no superan los 13 años de edad.
Según la Comisión de Seguridad Pública de esta
Cámara, habría 30 mil menores de edad dedicados al tráfico de drogas,
secuestros, extorsiones, contrabando, piratería y asesinatos, hechos que serían
pagados entre los mil y los tres mil dólares.
Por otra parte, un informe de la ONG, Infancia en
Movimiento, señala que los últimos años creció en un 34 por ciento la detención
de menores por delitos graves, y que el 70 por ciento de las aprehensiones
tuvieron que ver con homicidios, secuestros, torturas, tráfico de drogas, robo
y lesiones graves.
Encuentro Social es un partido político que aspira a
la felicidad de nuestras niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en los
parques, en sus casas con sus familias, no compartimos la idea de reprimirles.
Sin embargo los datos que he compartido hacen necesaria una Ley Integral de
Justicia Penal para Adolescentes.
No compartimos que no combatamos las causas de
origen, que nuestra niñez sea enrolada en células de la delincuencia
organizada, sin embargo considera oportuna la expedición de la presente ley.
Atinadamente la ley prevé tres grupos: el de 12 a
menos de 14 años; el de 14 a menores de 16; y el de 16 a menos de 18 años. Se
prohíbe imponer penas mayores a la que le correspondería a un adulto. Una de
las finalidades en las que coincidimos, es la de la reintegración social y
familiar para adolescentes y jóvenes.
Encuentro Social espera que con esta reforma se evite
que estos centros especializados continúen siendo escuelas de delito en las que
los jóvenes perfeccionan sus métodos delincuenciales.
Hacemos un llamado a la sociedad a acompañar esta ley
sin discriminación, sin prejuicios a nuestros jóvenes; debemos de darles una
oportunidad. Les exhortamos a votar a favor del dictamen que busca la
restitución del tejido social propiciando condiciones justas de tratamiento
para nuestros adolescentes y jóvenes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente
diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pineda. Tiene ahora
la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Todo
esfuerzo legislativo que garantice el respeto a los derechos humanos de los
individuos fortalece el Estado de derecho. Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores, establecer el Sistema Integral de
Justicia Penal para los Adolescentes, es un paso trascendental en la vida
jurídica y social de nuestro país. Por ello aplaudimos este esfuerzo y
votaremos a favor.
Esta ley tiene un gran mérito pues responde a la
necesidad de garantizar para los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que
han cometido delitos, un sistema de justicia que privilegie el interés superior
de la niñez cuando tengan que ser juzgados.
Además, contempla los derechos específicos que la
Constitución reconoce para los menores de edad, y refleja los principios de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Son muchos los menores que por alguna razón han
delinquido, y desafortunadamente viven una dolorosa realidad al enfrentar un
sistema penal que no les proporciona una opción verdadera para reintegrase de
manera digna y productiva a la sociedad.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que muchos de
ellos desean superarse, tener una familia, hacer una gran carrera, trabajar y
ser hombres y mujeres de bien. Por ello, entendemos la importancia de esta ley
que en 266 artículos se establecen las reglas generales y principios que
normarán el sistema integral de justicia para adolescentes incorporando
aspectos procedimentales y procesales para los supuestos bajo los cuales se
considera que los adolescentes cometen un hecho tipificado como delito y sus
grados de responsabilidad.
El sistema actuará bajo un esquema de proceso
acusatorio y oral, regido por la presunción de inocencia y el principio de
especialidad, lo que significa que todas las autoridades del sistema deberán
estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para
adolescentes.
Lo que se pretende con ello es, ante todo, respetar
el derecho de los menores a un proceso en el que salvaguarden sus derechos
humanos. En esta línea, para establecer una diferencia respecto de la respuesta
penal que debe aplicarse, la ley señala tres segmentos de edad: el primero, lo
componen los adolescentes con 12 años cumplidos y menores de 14 años; el
segundo, aquellos que tienen 14 años y menos de 16. Finalmente, quienes cuentan
con 16 años cumplidos y no más de 18 años de edad.
Cuando un menor de 12 años se le atribuye la comisión
a participación en un hecho delictivo, se debe de dar aviso de manera inmediata
a la Procuraduría de Protección Competente para que pueda solicitar las medidas
pertinentes para su protección integral.
En cuanto a las medidas de sanción para quienes se
les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito, que establece la
ley para la privación de la libertad, ya sea por detención o internamiento, se
debe aplicar como medida extrema y por el menor tiempo posible.
En el caso de ser recluidos los espacios destinados a
los adolescentes que hayan cometido algún delito deben ser exclusivos, es
decir, no podrán mezclarse con adultos, pues es bien sabido que en muchos
centros de internamiento y reclusión de jóvenes estos se especializan más en el
crimen, en vez de prepararse para su reintegración social.
Es de resaltar que bajo el principio de
proporcionalidad la ley prevé mecanismos alternativos de solución de
controversias, así como de ejecución de penas a fin de evitar la privación de
libertad de los menores, propiciando su integración social y familiar.
En Nueva Alianza entendemos la importancia de la
prevención. En ese sentido aplaudimos la preocupación que se refleja en el
libro quinto de esta ley, denominado De la prevención social de la violencia,
en él se precisa el conjunto de políticas, estrategias y acciones que de una
manera transversal para los tres órdenes de gobierno orientan para reducir los
factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia.
Aunado a ello se reconoce la importante función que juega a familia en la
prevención del delito.
En Nueva Alianza celebramos que esta ley tenga una
visión multidisciplinaria, que atienda los factores psicológicos, afectivos,
sociales y económicos por los que atraviesa un joven para involucrarse en la
comisión de un delito.
Compañeras y compañeros, México es un país compuesto
principalmente por jóvenes y son ellos quienes estarán en posibilidades de
hacer realidad los cambios que México necesita. Al aprobar esta ley damos la
posibilidad a estos menores de enmendar su error y reinsertarse en la sociedad
de manera digna y productiva, para que aporten lo mejor de sus capacidades en
la conformación del país que todos queremos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra el diputado
Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jonadab Martínez García: Muy buenas
tardes. Con su venia, señor presidente. Hemos confundido, un poquito, esta ley
que hoy seguramente vamos a aprobar por unanimidad en este pleno. No es una ley
a favor de los jóvenes, es una ley a favor de la justicia, de la implementación
y administración de la misma.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, que se va a aprobar seguramente en este recinto, es
una parte importante y un paso de vital importancia en el sistema penal
mexicano.
Encontramos favorable la implementación en tres
vertientes: la primera es homologar el lenguaje utilizado por el Constituyente
en la aludida reforma de 2008. Es también una facilidad para el proceso en
materia de justicia para adolescentes, el sistema acusatorio y oral. Faculta
también y es una exclusividad del Congreso de la Unión legislar en esta
materia.
Todo legislador, compañeros y compañeras, estamos
obligados a ser responsables en lo que decidimos en esta tribuna y en este
pleno. Hoy en día en este momento miles de jóvenes están siendo investigados,
son parte de alguna averiguación previa, están siendo parte de un proceso penal
acusatorio por diferentes tipos de delitos, como lo es lesiones, robos, daños a
la propiedad, muchos involucrados en la delincuencia organizada. Sin embargo, y
ese es el mensaje que quiero dejarles a todos ustedes hoy en esta tarde, y más
porque su servidor es secretario de la Comisión de Juventud, un problema grave
en México.
Hoy estamos priorizando el tema de impartición de
justicia a adolescentes y no hemos legislado a favor de oportunidades para
ellos, como de empleo y de educación.
Voy a citar solamente algunos datos que revelan lo que su servidor está
comentando.
Hoy en día el 1.4 por ciento de las niñas y niños en
nuestro país ya labora en la edad de 5 a 9 años de edad. El 6.3 por ciento de
quienes tienen hoy de 10 a 13 años ya trabaja. El 20 por ciento de las personas
adolescentes entre los 14 y 17 años de edad no estudia.
Asimismo, de acuerdo al informe de 2014 del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
que establece el derecho a la educación, hoy en día el 46 por ciento de
nuestros niños de cero a 17 años de edad no está matriculado, es decir no
estudia.
¿Qué estamos dejando de lado?, que un gran porcentaje
de jóvenes no tiene oportunidad de educación y hoy estamos legislando para un
sistema penal para ellos, cuando no hemos sido responsables en darles oportunidades
de educación.
¿Qué esperamos como país? Juzgar, sancionar, castigar
al adolescente hoy que no tuvo oportunidades ayer de empleo y educación. Es por
eso que también quiero dejar este menaje, porque hoy en la Comisión de Puntos
Constitucionales está una minuta, una minuta trascendente que es la Ley General
de Juventud, que simplemente ha estado ahí detenida, que ha estado
obstaculizada y que hoy es una prioridad en nuestro sistema legislativo
nacional.
Otros datos. El 53 por ciento de los desempleados en
México tiene entre 14 y 29 años de edad. Siete de cada 10 jóvenes consigue su
primer empleo a través de redes informales. Se estima que 45 por ciento de la
población mexicana enfrenta algún tipo de pobreza. De este total, la mitad
oscila entre los 12 y 25 años de edad.
La OCDE le otorga a México el tercer lugar, solamente
después de Israel y Turquía, 7.8 millones de jóvenes, según la OCDE, no estudia
y tampoco trabaja en nuestro país.
Solamente quiero que quede claro una cosa, hoy en
México, según Inegi, 7.8 millones de jóvenes, por falta de oportunidades de
estudio y que no tienen acceso a un trabajo digno y bien remunerado, pasará en
algún porcentaje en el futuro a ser parte de este sistema integral de justicia
para adolescentes, que hoy estamos legislando.
Creo que es tiempo de tomar consciencia y así como
hoy en día dimos prioridad a este sistema nacional de justicia penal, también
así prioricemos el tema de legislación a favor de los jóvenes. Tenemos un
pendiente con un gran sector de la población, esa Ley General de Juventud que
está pendiente y que la Comisión de Juventud de este Congreso de la Unión hemos
catapultado, hemos coincidido, hemos empujado, pero que ha estado detenido por
la mayoría. Es cuanto, señor presidente, agradezco su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con
su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, la Ley Nacional del
Sistema Integral Justicia para Adolescentes establece reglas y principios
mínimos, a partir de los cuales se estructura un sistema de justicia
especializado, destinado a garantizar los derechos a la libertad, a la igualdad
y la seguridad jurídica que deben privar en todo Estado de derecho para
cualquier persona, incluyendo aquellas menores de 18 años. Pero que además
cuenta con características y principios propios que se explican en función de
reconocimiento de los y las adolescentes, como personas en desarrollo y con
necesidad de asegurarse una protección especial para el pleno ejercicio de sus
derechos.
En el caso de México, la adopción de este modelo se
dio con la reforma al artículo 18 constitucional de 2005, que creó un nuevo
sistema de justicia para adolescentes, que actualmente enfrenta un gran reto de
implementación.
Se establece el principio de legalidad, de acuerdo
con el cual ningún adolescente puede ser acusado o declarado culpable por actos
u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales en el momento en
que se cometieron.
Asimismo, recojo lo planteado por la Convención,
respecto a que todo adolescente acusado de la comisión de un delito se le
observen las garantías del debido proceso, tales como son la presunción de
inocencia, ser informado de la acusación, recibir asistencia jurídica apropiada
para la reparación, presentación de su defensa, tener acceso a una autoridad u
órgano jurisdiccional competente, no ser obligado a presentar testimonio de
clase culpable, interrogar testigos, contar con un intérprete si no comprende
el idioma o no lo habla, y una segunda instancia.
En México, existe la obligación del Estado para la
implementación de las leyes especiales para este sector de la sociedad, tanto a
nivel federal como local, con el fin de que se establezcan los procedimientos a
seguir cuando los adolescentes se vean involucrados en la comisión de ilícitos.
Pero, compañeros y compañeras, quiero hacer énfasis
en algo muy importante, si bien es cierto hoy estamos legislando para tener un
marco jurídico para la sanción de los delitos que cometan adolescentes, hay que
priorizar la solución de las demandas de este gran sector que somos los
jóvenes.
En México, hoy millones de jóvenes han sido olvidados
y no están siendo atendidos por las políticas de Estado. ¿Por qué menciono
esto? Tenemos a millones de jóvenes sin acceso a la educación pública. Hoy por
hoy en México es más difícil estudiar que hace tiempo.
Tenemos a millones de jóvenes que no tiene acceso a
un empleo digno y la situación aquí, compañeros y compañeras, no es solamente
sancionar a aquellos que cometan un delito, sino hay que generar oportunidades
para todos y todas, los y las jóvenes, para que puedan desarrollarse
plenamente.
Espero que con la misma voluntad con la que aprobamos
hoy esta reforma y esta ley, también aprobemos, en su momento, una Ley General
de la Juventud, en la cual también se pongan derechos específicos para este
sector tan grande que tiene nuestro país.
También en el dictamen que se nos presenta en esta
ocasión, se establece lo relativo a la aplicación de las medidas sancionadoras,
en las cuales debe observarse el principio de proporcionalidad de acuerdo al
hecho realizado, teniendo como fin la reinserción y la reintegración social y
familiar del adolescente, así como su desarrollo integral, señalando el
internamiento como medida extrema y que sólo será aplicable a adolescentes
mayores de 14 años por la comisión o participación en delitos establecidos como
delitos por la ley y por el tiempo más breve.
En el proyecto de decreto que se presenta quedan las
características que debería revestir el procedimiento en materia de justicia
para adolescentes infractores, considerados sus derechos, como lo son, a la
participación, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos
judiciales y de procuración de justicia donde se ventilan los asuntos que les
competen.
Ello en los términos del capítulo décimo octavo de la
ley, como lo trata el artículo 72 de la misma. Es por eso, compañeros y
compañeras, que la bancada de Morena votará a favor del presente dictamen.
Y para concluir, yo le pido a cada uno de ustedes a
que volteemos a ver el sector de la juventud. Los jóvenes no somos el futuro de
este país, somos el presente al igual que todos los ciudadanos. Y necesitamos
que se atiendan esas demandas puntuales que si hoy no se atienden, mañana
tendremos a millones de jóvenes metidos en problemas, porque no hubo
oportunidades para que pudieran salir adelante. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Tiene ahora la palabra la diputada Lia
Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado
presidente. El tema de justicia penal para adolescentes en nuestro país ha
venido evolucionando desde hace varias décadas, transitando de un sistema
tutelar que replicaba las prácticas de la justicia para adultos a uno
garantista que pone en el centro el interés superior del menor.
Esta ley que hoy discutimos armoniza nuestro marco
normativo con los principios y derechos consagrados en nuestra Constitución y
en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que
México es parte.
En ella se prevé un sistema de justicia integral para
adolescentes que tengan entre los 12 años y antes de cumplir los 18 años de
edad, a quienes se les imputa la comisión de alguna conducta tipificada como
delito en la legislación penal.
Los fines de este sistema son de manera general,
fomentar la dignidad personal de los adolescentes. Hacer efectiva su
responsabilidad y propiciar su reinserción social y reconocer adicionalmente
los derechos propios de su condición de sujetos en desarrollo.
De la ley que hoy discutimos destacan diversos
aspectos que son de enorme importancia. Estoy convencida de que esta
legislación, además de ser una legislación de avanzada en términos comparados
con las leyes de otros países, es una legislación armónica con nuestro marco
normativo en materia de derechos humanos.
Primero. Se considera al adolescente como un sujeto
de responsabilidad y se establece un rango de edades para diferenciar la
aplicación del sistema. Así, entre menor es la edad, mayor es la especial
protección; cuidando que básicamente los menores entre 12 y 14 años sea solo
una excepción que puedan ser privados de su libertad.
Se adopta un régimen garantista y algunos de los
principios rectores son: el respeto a los derechos del adolescente, el interés
superior de la infancia, de la niñez, la protección integral del adolescente y
la reinserción de este a su familia y a su comunidad como principio
fundamental.
Se establece una perspectiva de equidad y género y se
definen regulaciones especiales para la efectiva protección de los derechos de
los adolescentes y de las adolescentes, particularmente de aquellas que sean
madres y que estén privadas de su libertad.
Se adopta un procedimiento acusatorio y oral, con los
justes razonables y congruentes propicios para los adolescentes, acordes con el
nuevo sistema de justicia penal.
Se privilegia el principio de mínima intervención, de
manera que la medida privativa de la libertad como sanción o preventiva solo
está reservada para las conductas antisociales más graves, por el menor tiempo
posible, estableciendo con claridad el tiempo máximo en que operaran dichas
medidas y solo para los adolescentes mayores de 14 años.
También se exige un régimen de especialización para
los operadores del sistema: policías, Ministerios Públicos, jueces y desde
luego para los defensores que estén involucrados, a fin de que estos sean
capaces de implementar este sistema de justicia para adolescentes, acorde con
lo establecido en la ley.
Se desarrollan las etapas del procedimiento y,
además, las bases para la operación de la justicia alternativa como un
mecanismo preferente al juicio para la solución del conflicto penal.
Se desarrollan también algunas pautas para la
prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de un conjunto de
políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir los
factores de riesgo y a combatir las distintas causas.
Se reconoce de manera muy importante la función
preventiva de las familias y el ámbito escolar y se involucra a las autoridades
directivas de los planteles de educación quienes deberán promover valores y
respeto y coadyuvar en el desarrollo de las aptitudes de los menores.
Por estas razones y por considerar que esta
legislación además de ser de avanzada, es una legislación que nos hace falta,
que llevaba su discusión rezagada mucho tiempo y que puede hacer la diferencia
en lograr la reinserción de los jóvenes en la sociedad y que justamente los
jóvenes son quienes están en el mejor momento para ser reinsertados en la
sociedad de manera adecuada, es que el Partido Verde votaremos a favor de esta
ley, pues constituye un enorme esfuerzo institucional para implementar el
desarrollo de este sistema sobre las bases principalmente de protección a sus
derechos humanos. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra, el diputado Jesús
Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su
venia, señor presidente, diputadas, diputados. En el caso del dictamen que nos
ocupa nos congratulamos de que el Congreso se encuentre al día de hoy en
condiciones de aprobar esta nueva ley, con los que se da cumplimiento a lo
establecido en los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 constitucional y el
inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en Materia
de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial, el 2 de
julio de 2015.
Los derechos de las personas adolescentes o en
desarrollo deben ser garantizados por el Estado de manera integral y con una
perspectiva de ampliación de derechos y no de su restitución. El Estado debe
encontrar la forma de establecer las condiciones en las cuales los adolescentes
podrán ejercer a cabalidad sus propios derechos y cuáles son los límites que a
su ejercicio corresponden.
Bajo esa lógica resultaba muy importante que esta ley
contuviera todos los elementos que pudieran garantizar que, aun y cuando un
adolescente se encontrará en un escenario de conflicto con la ley, este pudiera
tener a su disposición todos los mecanismos por los cuales pudiera solventar su
situación. Es por ello, que en el tránsito de un sistema de justicia penal
tutelar a uno garantista como éste, que se encuentra regido por los principios
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación,
resultaba ingente en un momento en el que nuestro país transita por la más
grave crisis humanitaria que jamás hayamos vivido.
La ley tiene por objeto establecer el sistema
integral de justicia penal para los adolescentes en todo el territorio nacional
a través de la garantía de los derechos humanos de las personas en desarrollo,
a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos
tipificados como delitos estableciendo las bases, requisitos y condiciones de
los mecanismos alternativos de solución de controversias, las medidas de
sanción correspondientes a aquellas personas que se les comprueba la comisión
de un delito, según su grupo etario, así como la asignación de obligaciones de
las instituciones, órganos y autoridades especializadas delimitando y
distribuyendo sus atribuciones y funciones para la aplicación de las nuevas
normas del sistema.
En el mismo tenor, el establecimiento de un
procedimiento especializado para los adolescentes en donde se deberá determinar
el autor o partícipe en el delito, su grado de responsabilidad y las medidas
correctivas que le corresponden.
De igual manera, se regulan las facultades de las
autoridades especializadas en materia de justicia penal que conforman el
sistema integral, según lo establecido en el artículo 18 de nuestro Texto
constitucional.
No obstante lo anterior, debemos señalar que en aras
del perfeccionamiento de ese ordenamiento el Grupo Parlamentario del PRD tiene
diversas observaciones al dictamen que se nos presenta, entre ellas, la más
importante de nuestras objeciones, tiene que ver con las disposiciones
relativas al régimen especial de la prescripción de los delitos que se
contemplan.
Hemos hecho llegar nuestros comentarios a la minuta y
expresamos nuestra mayor disposición para que, en términos de los acuerdos
alcanzados por los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, se instale
a la brevedad la mesa de discusión que podrá coadyuvar en la construcción de
nuevos acuerdos en beneficio de las y los jóvenes en conflicto con la ley.
Que quede claro. En el Grupo Parlamentario del PRD
nos manifestamos a favor del dictamen pues sabemos que es una ley necesaria, la
cual no criminaliza de ninguna manera a la niñez y adolescencia. Por el
contrario, protege de manera integral los derechos de la persona adolescente y
salvaguarda los derechos de quienes sean sujetos de la misma. Es importante
manifestar que esta ley cuida los derechos de las víctimas u ofendidos por la
realización de hechos señalados como delitos.
Compañeras y compañeros, con el voto a favor del
Grupo Parlamentario del PRD al presente dictamen, reafirmamos nuestro
compromiso con los derechos humanos de todas y todos los habitantes del
territorio nacional, especialmente con los adolescentes.
Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado
enérgico al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco,
para que retire su dicho ofensivo y discriminatorio contra las adolescentes y
embarazadas en ese estado, y se disculpe públicamente con este sector.
No podemos fomentar violencia desde ninguna
trinchera, y menos desde la trinchera de un gobierno. Es cuanto, señor
presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Valencia. Saludamos la presencia de integrantes de
Acción Juvenil de Zitácuaro, invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.
Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Tiene ahora la palabra el diputado José Hernán Cortés
Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con su venia,
señor diputado presidente; diputadas y diputados, hoy discutimos aquí más allá
de una ley, uno de los esquemas fundamentales de justicia para el futuro del
país.
¿Qué puede ser más importante para México que un
mañana promisorio para las nuevas generaciones y su correcta adaptación y
formación en un mundo cada vez más complejo?
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
expresa su voto a favor en lo general y en lo particular de este dictamen. Las
razones que nos impulsan son diversas. Una de las más importantes es el
cumplimiento de una deuda legislativa de hace casi 10 años.
El proyecto descrminaliza las conductas antisociales
de los jóvenes y dispone mecanismos apegados al nuevo régimen de derechos
humanos para garantizar el tratamiento preventivo como la intervención por el
tiempo estrictamente necesario con miras a la plena inserción del joven a la
sociedad.
Se limita la duración de la pena privativa de
libertad y donde las sanciones solamente se aplicarán cuando el adolescente o
joven incurra en conductas que impliquen realización de hechos categorizados
como delitos de alto impacto tales como secuestro, trata, terrorismo,
extorsión, narcotráfico, homicidio doloso, incluyendo el feminicidio y
violaciones, lesiones dolosas y robo con violencia.
Este sistema se basa en principios y características
procedimentales del sistema penal acusatorio dotado de adversarialidad,
oralidad y apego irrestricto al debido proceso. El régimen de tratamiento
dispuesto por la ley del cual tanto se espera es en beneficio de la juventud en
riesgo, y ello implica serias exigencias para los operadores de este sistema.
Esta Cámara, y especialmente los diputados de Acción
Nacional habremos de estar muy atentos de que tanto a nivel federal como
estatal, los operadores estén a la altura del desafío tanto en materia técnica
como en el respeto a los derechos humanos, y el cumplimiento de la premisa de
la primacía del interés superior de la niñez.
Otro de los aspectos importantes de la legislación
que discutimos, es el diseño normativo tendiente a que el adolescente que ha realizado
una conducta antisocial cobre conciencia de su responsabilidad y haga frente a
consecuencias tales como la reparación del daño sin menos cabo de los derechos
de las víctimas.
Señoras y señores diputados, el dictamen de la minuta
que hoy discutimos contiene una regulación integral en materia que cubre todos
los aspectos para tratar el preocupante
fenómeno de la antisocialidad, abarca desde la fase preventiva, la
investigación, la parte procesal, la sancionatoria, la terapéutica y la de
ejecución.
Si bien, la minuta tiene algunos aspectos que
consideramos perfectibles, no obstante ello expresamos que en el seno de la
comisión existe la unidad de propósito para abocarnos a trabajar en el
perfeccionamiento de esta ley y de otras relacionadas con este delicado tema.
Queremos decir a los jóvenes de nuestro país,
especialmente aquellos que viven en situaciones familiares o económicas
complejas, que México los necesita, y que por más adversidad que existe en el
camino, siempre hay forma de salir adelante y de abrirse paso por la vida.
Cuando hoy se plasme en el tablero el sentido de su
voto, consideren que este día daremos un sentido diferente a aquellos jóvenes
de nuestro país que por razones de circunstancia, familia o condición se
equivocaron, pero que como todos los seres humanos merecemos la oportunidad de
corregir y de continuar el camino en la búsqueda de un mejor vivir. Es cuanto,
diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Cortés. Tiene ahora la palabra el diputado Abel
Murrieta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI. Y con su intervención
también concluye el plazo para la presentación de reservas en este dictamen que
está a discusión.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Con su permiso,
señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es prioridad que el
marco normativo federal que regula la vida social de nuestro país cuente con
las disposiciones legales necesarias para el correcto funcionamiento de sus
instituciones.
Y en especial de los tres dictámenes que tenemos a
discusión me permito destacar el de los adolescentes, porque estamos
precisamente en una etapa donde más se ha utilizado a esta generación para
delinquir.
Y también tenemos que destacar esta disposición que
actualmente estamos sometiendo a su consideración, porque es sumamente
importante terminar el proceso para el cambio de justicia al sistema penal
acusatorio y, sobre todo, los jóvenes deben contar con esta garantía.
Hoy nos encontramos en un momento trascendente para
la vida política del país, estamos a escasos días de la entrada en vigor del
sistema penal acusatorio adversarial en todo el territorio nacional.
Y con orgullo podemos decir, compañeras diputadas y
compañeros diputados, que somos parte de ese gran logro, ya que con la
aprobación de diferentes normas legales, como lo es la miscelánea penal,
estamos buscando mejorar mediante las reformas aprobadas las herramientas que
servirán para lograr un correcto desarrollo de los procedimientos legales en
materia penal.
En este sentido debemos tener presente que, al
implementarse el sistema acusatorio adversarial, debemos contar con un marco
jurídico integral, que incluya a todos los sectores sociales, entre los cuales
desde luego se encuentran los menores de edad.
El sistema de justicia para adolescentes en México no
es un tema nuevo, todos coincidimos en que se necesita la especialización y la
capacitación para brindar a las personas menores de edad la posibilidad de
asumir su responsabilidad cuando estos se encuentran relacionados en la
comisión de un hecho que la ley califique como delito, aunado a que resulta
necesario implementar mecanismos que le permitan al menor desarrollar sus
capacidades de una manera positiva e integral.
Como todos sabemos, los menores de 18 años requieren
de procedimientos penales especiales, ya que independientemente de los derechos
que les otorga nuestra Carta Magna, tienen la protección de los tratados
internacionales. Por tanto nuestro país debe contar con un instrumento jurídico
que establezca el procedimiento a seguir en materia penal respecto de este
sector.
El día de hoy votaremos el dictamen a la minuta por
la que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral Penal para Adolescentes,
la cual tiene por objeto establecer de manera clara el sistema de justicia
penal para aquellas personas menores de edad, así como determinar las medidas
de sanción que en su caso le correspondan derivado de la comisión de un hecho
señalado como delito por las leyes penales, durante su adolescencia, así como
también busca definir las instituciones, órganos y autoridades especializados
para los procesos penales en los que se vean involucrados los adolescentes.
Finalmente, establece los procedimientos de ejecución
de esas medidas de sanción a los que, una vez que la autoridad jurisdiccional
los determine, sean acreedores.
Este instrumento legal es de suma importancia, ya que
complementa la reforma constitucional del año 2008 y contribuye para una
correcta procuración y administración de la justicia penal, ya que es evidente
se regirá bajo los principios y características del nuevo sistema de justicia
penal.
Con la aprobación de esta ley estamos acatando el
texto constitucional que establece el noveno párrafo del artículo 4º: En todas
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Lo
anterior se ve materializado en una ley que contempla aspectos específicos
inherentes a su calidad de adolescente, ya que establece la creación de
instituciones especializadas.
Una de las modificaciones sustanciales de esta ley lo
es el acabar con el área administrativa que estaba a cargo de la justicia de
adolescentes. En esta nueva ley los menores infractores serán juzgados o
estarán a cargo de instituciones especializadas. El proceso se seguirá bajo el
sistema acusatorio adversarial, acabando ya con la tutoría del Consejo de
Menores a cargo de la Secretaría de Gobernación, hecho muy cuestionado en la
práctica.
También es necesario votar esta ley a favor, a que la
anterior Ley para Tratamiento de Menores Infractores establecía que, derivado
de la comisión de un hecho que el Ministerio Público calificara como delito
menor, sería remitido a la unidad encargada de prevención y tratamiento de
menores, en donde se iniciaría su tratamiento.
Actualmente, en la nueva ley prevalece el principio
de presunción de inocencia respecto de sus derechos humanos, impera el interés
superior del niño y la protección por tratados internacionales, se acaba con el
principio que se ejecutaba cuando un menor era planteado como delincuente de
remitirlo inmediatamente, siendo que todavía ni siquiera era juzgado.
Sobre todo hay un tema muy polémico, en tratándose de
los menores que cometen delitos graves. Gran parte de la sociedad nos criticaba
que los poníamos en inmediata libertad, o que su periodo de internamiento era
muy bajo.
En esta nueva ley estamos modificando y damos
oportunidad al juzgador de darle un mayor periodo de internamiento. Esta no es
ninguna contradicción, tendrán la oportunidad de hacerlo los jueces, pero en
compañía de su familia y solo como casos de excepción.
Por todo lo anterior, compañeros, es relevante
aprobar este cuerpo normativo; el primero, es el que se contempla en todo
momento, el interés de los menores.
El Grupo Parlamentario del PRI lo hará
responsablemente votando a favor, porque sabemos sin duda que contribuyen de
manera importante para el avance de la implementación del sistema de justicia
penal, aunada que con la aprobación de este dictamen se da cumplimiento al
mandato constitucional establecido en el artículo 18, cuarto párrafo, en el
cual se establece la obligación para establecer un sistema integral de justicia
para adolescentes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Murrieta. Concluidos los posicionamientos de los
grupos parlamentarios entramos a la discusión. Tiene la palabra el diputado
Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para hablar
en pro.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de
los presentes. En los últimos años el Estado mexicano ha emprendido importantes
reformas legales e institucionales, con la finalidad de cumplir con los
compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos
del Niño de 1990 y garantizar su efectiva aplicación.
Por lo anterior, para quienes integramos el Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental la
aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, porque esta tiene su fundamento en la reforma al artículo 18
constitucional realizada en el año 2005, la cual sentó las bases para la
creación de un nuevo sistema integral de justicia para los menores de edad,
acusados de la comisión de actos sancionados por las leyes penales como
delitos.
Sin duda alguna, con la aprobación y posterior
entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, México ratifica su compromiso de cumplir con los criterios
internacionales en materia de sanciones penales para adolescentes, tales como
las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de
menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores
privados de la libertad, y las Directrices de las Naciones Unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil, los cuales representan los fundamentos
de la doctrina de protección integral de los derechos humanos de la infancia.
Con la aprobación de esta ley estamos propiciando que
se incorporen al sistema procesal penal las mejores prácticas en lo que se
refiere a los adolescentes en México, por ejemplo, los principios de mínima
intervención, de responsabilidad, de justicia restaurativa, especialización,
legalidad, aplicación de la ley más favorable, entre otros, los cuales
convierten al ordenamiento referido en un instrumento vanguardista en materia
de protección de derechos humanos y de debido proceso.
Además, no puede pasar inadvertido el hecho de que de
la nueva norma se establece de manera clara la integridad que exige el nuevo
modelo de justicia para los adolescentes, pues en la misma se establecen
criterios sobre la aplicación de la ley a quienes se atribuye la participación
en un delito y tengan entre 12 y 17 años de edad, por lo cual transitamos de un
modelo tutelar a uno en el que los menores estén en posibilidad de asumir su
responsabilidad frente a la comisión de conductas delictivas.
Por cuanto hace a la figura del internamiento, este
sólo se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
Por otra parte, las personas menores de 12 años a
quienes se atribuya que han cometido o participado en un delito solo podrán ser
sujetos de asistencia social. En este contexto es que estamos convencidos
quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México que la creación de esta ley representa un verdadero cambio de paradigma
que refuerza la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derecho.
De igual forma, se garantiza el pleno respeto a los
derechos humanos consagrados en la Constitución Política para toda persona, y
en específico, aquellos derechos que por su condición de personas en desarrollo
les han sido reconocidos a los menores de edad.
Es por todo lo anterior que votaremos a favor del
presente proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para adolescentes, porque con ello se protege el
interés superior del menor hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para
el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Por su atención, muchas
gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra la diputada Cristina
Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro, para hablar en
pro.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con
su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los juicios
penales para adolescentes en nuestro país se caracterizan por cometer
formalismos caducos y obsoletos, que provocan entre otros la acumulación de
expedientes y la violación sistemática de los derechos humanos contrarios a la
Constitución y a la Convención de los Derechos de los Niños.
Solo para tener una idea del alcance de esta ley,
será una alternativa para disminuir el número de adolescentes que se encuentran
internados en los 56 centros de tratamiento que existen en las 32 entidades de
la República, cuya cifra de población asciende a los 4 mil 734 entre los que se
encuentran 4 mil 448 hombres y 286 mujeres.
De acuerdo con los datos que se encuentran en el
informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que
infringen las leyes penales emitido por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de este universo de población, 1841 están sujetos a procedimiento, y 2
mil 893 cumplen una medida de tratamiento. Cuatro mil 438 de ellos se hallan
internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal.
Estos elementos fueron los factores que hicieron
necesario transitar de un sistema de justicia penal de corte tutelar a uno de
corte acusatorio y plenamente garantista, regido por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Congruente con estos principios, nuestro Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática incluyó en su agenda
legislativa el hacer accesible la justicia penal para todas y todos los
adolescentes de este país, buscando profesionalizar la investigación de los
hechos que señala la ley como delito; otorgándoles a las víctimas un papel
preponderante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes; sentando
las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución
de controversias y las formas de terminación anticipada, así como establecer
los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para
resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las
medidas.
Determinar los mecanismos de cumplimiento,
sustitución y terminación de las medidas sancionadoras, lo que en esencia
conforma el sistema integral de justicia para adolescentes establecido en el
artículo 18 de la Constitución.
De ahí la importancia que para el Partido de la
Revolución Democrática tiene el presente dictamen de votar a favor para expedir
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la
cual regulará el proceso penal acusatorio y oral, donde se observará la
garantía del debido proceso y se asegurarán los derechos humanos que tiene todo
adolescente.
Sin duda, estamos conscientes de que con este
dictamen en nuestro país habrá una transformación radical al sistema de
justicia penal para adolescentes, con el fin de disminuir los altos índices de
corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia. Sobre todo,
los juicios serán más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.
Con este dictamen vamos a contribuir para que la
federación y los estados cuenten con una ley nacional que estará armonizada con
los artículos 1o. y 4o. constitucional y con la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes; lo que sin duda impactara en la administración y
procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de Ministerios
Públicos, jueces especializados, magistrados, policías de investigaciones,
defensores públicos y personal de los centros de internamiento para
adolescentes en todo el país.
Por ello, compañeras diputadas y compañeros
diputados, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, porque
estamos convencidas y convencidos de que el actual sistema de justicia para
adolescentes permite que hoy exista un sinnúmero de adolescentes privados de su
libertad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputada García. Agotada la lista de oradores, consulte la
Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra
suficientemente discutido en dictamen en lo general.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por
instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la
asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Se informa que de
conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se
han reservado para su discusión en lo particular varios artículos del dictamen.
Pido a la Secretaría dé cuenta de ellos a la asamblea.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Los
artículos 22, 46, 51, 55, 59, 75, 102, 164, 266 y décimo quinto transitorio.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco
minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los
artículos no reservados.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento
de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no
reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:
¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar? Por favor, adelante; todavía
está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor
presidente, se emitieron 459 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se agrega al diputado Gustavo Cárdenas para que se registre. Está
votando un poquito retrasadito, pero ya; a favor. Sería el 460. Aprobado en lo
general y en lo particular los artículos no reservados por 460 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Ahora para la discusión en lo particular tiene la palabra la diputada
Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para
presentar propuestas de modificación a los artículos 22 y 46 del dictamen a
discusión sobre justicia penal para adolescentes.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su
venia, señor presidente. El artículo 22 reservado contempla los principios que
deberá observar todo proceso acusatorio y oral, por lo que es de suma
importancia el adicionar a este precepto legal el principio de defensa e
igualdad entre las partes.
Partiendo del punto de la defensa, que es un derecho
inviolable en todo estado y grado de proceso, haciendo notar que corresponde a
los jueces garantizarlos sin preferencias ni desigualdades, ya que la defensa
en el proceso penal acusatorio consiste en servir de contrapeso de la
imputación.
En relación a la igualdad entre las partes, significa
mantener el equilibrio entre el poder coercitivo de la vindicta pública y el
derecho de la defensa del acusado. Es decir, que exista una igualdad de armas
reflejada en el respeto del acceso del acusado a su defensor en la oportunidad
establecida en la ley, mismo respeto que debe ser observado en torno a la
participación de la víctima y sus abogados.
Y por otro lado también quisiera, si es factible, nos
permita presentar el argumento respecto al artículo 46.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Adelante, 46, sí.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: En este
artículo, en el párrafo primero de la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia para Adolescentes, se menciona que “las personas adolescentes durante
la ejecución de la medida preventiva de la libertad o las sanciones penales
impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Carta Magna, y
asimismo de los previstos en tratados internacionales”. Sin embargo impera la
necesidad de precisar que sólo la libertad y el ejercicio de derechos
electorales, se verían suspendidos en función de la sentencia decretada,
haciendo mención que a pesar de que se vean suspendidos en el ejercicio de
dichos derechos, no impedirá que gocen del derecho a la salud, a la seguridad
jurídica, así como un trato digno dentro de un marco de respeto y legal de sus
derechos fundamentales. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea en
votación económica si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En
votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en
términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Ariel Juárez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de
modificación a los artículos 51 y 55. Adelante, sí es una sola intervención.
Vamos a ser flexibles con el manejo del cronómetro.
También se va a presentar propuesta de modificación
en una sola intervención al artículo 75. Adelante, diputado. Sí, sí, yo
mencioné los artículos 51, 55 y agregó el 75.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: No obstante
que Morena votó a favor de esta ley, sé que si prestan un poco de atención van
a entender que es importante también que estas reservas puedan pasar.
Diputadas, diputados, presidente de la Mesa, uno de
los cambios negativos en la sociedad que se ha venido presentando en las
últimas décadas, donde ya no sólo participan adultos en los delitos, sino que
este mal social ha contaminado a nuestras niñas y niños.
Cada vez es más frecuente saber que participan
menores de edad en actos ilícitos, pero esto no es un fenómeno aislado, estos
jóvenes nacieron y crecieron en entornos violentos y discriminatorios con pocas
oportunidades de desarrollo de los padres hacia sus hijos.
Luego entonces hay que reconocer que el Estado ha
sido omiso y ha fallado en la eficiencia de políticas públicas para atender
este mal, debiendo prever que existe entre los ciudadanos igualdad de
oportunidades, ya que en muchas de las ocasiones por la necesidad económica
ambos padres tienen que trabajar, dejando desprotegidos a los menores para, con
grandes sacrificios cumplir con los gastos familiares.
El Estado no está respetando lo establecido en el
artículo 4o en su párrafo noveno, décimo y décimo primero de nuestra Carta
Magna. Nuestro grupo parlamentario trabaja para diseñar políticas públicas
eficientes que brindan alternativas de cuidado infantil y al adolescente
orientadas a familias de escasos recursos con el propósito de que puedan contar
con una estabilidad laboral.
Con esta ley México trata de avanzar en materia de
derechos humanos para los adolescentes. No obstante no sólo el trabajo del
Estado es controlar a esta población con sanciones que busquen respetar los
tratados internacionales suscritos por México, estos mismos tratados los
debemos respetar trabajando por los derechos de los niños y las niñas antes
mencionados, así como sus jóvenes, al mejorar las condiciones de vida de sus
familias.
El Grupo Parlamentario de Morena está a favor del
dictamen que se discute en este momento, debido a que establece la reinserción
de los menores infractores a sus familias.
En un estudio que realiza la maestra Elena Azaola,
antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, menciona que en México aproximadamente 5 mil niños y
adolescentes se encuentran internados por delincuencia, otros 16 mil cometieron
otra serie de delitos equivalente a una pena y que reciben tratamientos, han
vivido de una u otra manera el acumulamiento de violaciones a sus derechos
humanos.
También menciona la maestra que la mayoría se
salieron de su casa en un porcentaje de un 22 por ciento, no conocieron a sus
padres otro 35 por ciento, 22 de ellos por homicidio o delitos contra la salud,
19 por ciento por secuestro, 15 por ciento por robo de vehículo y delincuencia
organizada.
En las reservas que estamos haciendo al artículo 51,
en su párrafo segundo, estamos anexando que el Estado tendrá la obligación de
garantizar el acceso al nivel educativo que le corresponda o al que se requiera
de acuerdo al último grado de estudios comprobable que tenga el menor.
En el artículo 55 estamos agregando, después del
segundo párrafo, que el centro de internamiento proveerá de información
adecuada y medidas de control natal, toda vez que se habla de recibir visita
íntima, con el objeto de educar a los adolescentes internos en el sistema
integral de justicia para ejercer una vida sexual y reproductiva responsable.
En el artículo 75 estamos agregando que quienes sean
los consultores técnicos y peritos deberán contar con cédula profesional
emitida por la autoridad competente en nuestro país.
Si en realidad tenemos ese compromiso de poder
contribuir a poder tener jóvenes que estén libres de centros de integración,
receptorías juveniles, que no estén al asecho de la delincuencia, se tiene que
aprobar estas mejoras.
Aquí no venimos a cabildear políticamente qué es lo
mejor o qué conviene entre los partidos, sino es pensar en la ciudadanía; es
pensar en esos jóvenes, que muchos de ellos están lamentablemente encerrados. Entonces,
si realmente queremos tener políticas públicas que puedan servir para
recomponer el tejido social, no deben de rechazar estas propuestas.
Lo contrario sería, entonces, una simulación en donde
hay que reconocer que se ha fallado en las políticas públicas de este gobierno
de Enrique Peña Nieto y los anteriores, porque si vamos a la calificación y a
la aceptación que tiene la ciudadanía a la percepción del presidente de la
República, él tendría que renunciar porque está reprobado. Solamente el 3.5 por
ciento de la población está a favor de que el presidente continúe en su
mandato.
Entonces, luego entonces tendríamos que analizar de
manera muy perfecta y muy concienzuda que el Estado ha sido omiso a atender a
los jóvenes para evitar que caigan en los brazos de la delincuencia. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Consulte la Secretaría a la asamblea en
votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación
económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación),
gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en
términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Damián
González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de
modificación a los artículos 59 y décimo quinto transitorio.
La diputada Araceli Damián González: Alto a la
represión al magisterio y libertad a los presos políticos. Compañeras y
compañeros diputados, la aprobación de proyecto de decreto que expide la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes representa un
avance en materia de los derechos humanos, sin embargo es aún criminalizante y
deja a los menores con penas larguísimas de hasta 40 y 50 años, cuando
participan en delitos graves.
Esto que se propone va en concordancia con el
artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipula que
todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado.
A pesar de esto, el Estado mexicano mantiene una
deuda con los derechos de la niñez, pues la situación generalizada de impunidad
y violencia afecta de manera particular a niñas, niños y personas jóvenes.
Como evidencia tenemos los datos del Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que indican que de
2006 a 2014, 30 por ciento de las desapariciones se dan entre los menores de
edad.
Queremos primero proponer que se considere en el
texto del artículo Décimo Quinto, que todo, digamos, para... perdón, es de
primordial importancia garantizar el derecho humano al debido proceso y los
derechos de las víctimas. En tal sentido, el Estado mexicano tiene obligación
de proteger, promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Por tal motivo, proponemos que siempre haya, que se
garantice el acceso a traductores de todas las lenguas indígenas nacionales que
existen en el país, medida que debe ser priorizada para hacer efectiva la
protección de los derechos al debido proceso.
En segundo lugar, propongo que en el artículo 59, en
materia de derechos de las víctimas, las instancias de procuración de justicia
otorguen especial atención a las víctimas de delito de desaparición forzada de
personas, ejecutando mecanismos de búsqueda inmediata durante las primeras 24
horas posteriores a la recepción del reporte de desaparición, como lo
establecen los actuales protocolos.
Lo antes expuesto permitirá que el Poder Legislativo
favorezca la protección más amplia de los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputada Damián. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación
económica, si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En
votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en
términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas
Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de
modificación al artículo 102. ¿Diputado Llerenas? Estaba muy atento ahí con la
diputada Ochoa.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el
permiso del diputado presidente. Vuelvo a tratar el tema que plantee en la
discusión de la legislación anterior, en donde en este caso, en el caso de
justicia para adolescentes, por fortuna se rechazó la idea que venía en la
propuesta original de que hubiera una especie de cortes de drogas en materia de
justicia para adolescentes.
Aunque se deja dentro de los condicionantes que se
establecen para supuestos de libertad anticipada y en el tiempo que un joven
estaría en una condición de que se revise su desempeño, que hay un artículo 102
en que entre las condiciones está un numeral 5 que dice, abstenerse de consumir
drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas.
Volvemos a lo mismo, hay una idea criminalizadora de
que una persona que consume drogas por hacerlo es un peligro para la sociedad,
comete un delito, no es un delito consumirlas, hay otros delitos relacionados
con la misma, por cierto, parece que no fue tan urgente el tema de
descriminalizar el consumo de la marihuana en México, pero creo yo que no es
adecuado que dentro de las condiciones que se establezcan para este tipo de
prelibertades que esté el obligar a que no pueda haber un consumo en las
mismas, porque además esto implicaría que va a haber algunas pruebas de
antidoping y este tipo de ejercicios que en general se prestan a abusos.
A mí me parece que el abstenerse a consumir drogas o
estupefacientes no tiene que ser considerado como un requisito que tiene que
asumir una persona que está en una prelibertad y que por el contrario, es una
violación a sus derechos humanos.
Hay varias sentencias de la Corte que ya han
establecido que las disposiciones que establecen la obligatoriedad de mostrar
que no se ha consumido algún estupefaciente, en realidad violan los derechos
humanos de las personas.
En este sentido, propongo a esta asamblea que en el
artículo 102 se elimine el numeral quinto, que dice, abstenerse de consumir
drogas o estupefacientes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. En votación económica consulte la
Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En
votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en
términos del dictamen. Y tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita
Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de
modificación al artículo 164.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su
venia, diputado presidente. Resulta por demás absurdo que en lugar de proponer
medidas, planes y programas que fortalezcan el ejercicio de las juventudes
libres, en el dictamen que hoy se discute nuevamente trate de criminalizar a
los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 de edad.
Si a lo anterior añadimos la falta de trabajo, la muy
precaria oferta educativa del país que padecen millones de jóvenes de escasos
recursos, la ausencia de directrices de desarrollo personal y social, así como
la emigración, la delincuencia y otros muchos factores exógenos, por lo demás
inevitable pensar que ese sector de la población ha sido colocado por los malos
gobiernos en una condición de sobrevivencia particularmente precaria.
Lo anterior viene a colación toda vez que el artículo
164, inciso c) señala que para los efectos de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes podrá ser aplicado el
internamiento en caso de terrorismo, en términos del Código Penal Federal.
En ese contexto, la criminalización y riesgo que
padecen los jóvenes del país es como el de la criminalización que se está dando
a los maestros, a los que se les ha reprimido, asesinado y encarcelado;
resultado por demás de una medida fascista que esta soberanía, en caso de votar
a favor, adoptará en contra de nuestros jóvenes.
Por lo tanto, resulta preocupante que el principal
ofrecimiento formulado por el actual gobierno federal a este sector sea que se
incorpore a las leyes que comprenden el sistema penal nacional la figura de
terrorismo en los jóvenes, remitiéndose solo a señalar que se estará a lo
dispuesto por el Código Penal Federal, contraviniendo con ello la naturaleza de
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que
se discute.
En razón de lo anterior, se propone suprimir el
inciso c) del artículo 164 del dictamen en discusión; en virtud de que el trato
que se pretende dar a los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 será como el de
adultos, sin pensar en su reinserción social, en su propio beneficio. No
criminalicemos a nuestros jóvenes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Consulte la Secretaría a la asamblea, en
votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En
votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en
términos de dictamen. Por último, tiene ahora la palabra el diputado Germán
Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para
presentar propuesta de modificación al artículo 266.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas
gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la
adolescencias es una de las etapas más difíciles por las que cruza un ser
humano. Esto es por todos los cambios que se dan a nivel físico y mental. Y si
a eso le sumamos el vivir en un entorno violento, con falta de apoyo,
carencias, familias desintegradas, violencia intrafamiliar, pobreza,
marginación y desinformación, hace que los adolescentes se conviertan en
personas altamente vulnerables para ser enganchados por las mafias para
delinquir, aprovechando su situación y su necesidad.
En 2014, alrededor de 14 mil niños mexicanos, la
mayoría entre 12 y menores de 18 años, no acompañados, fueron aprehendidos en
la frontera, todos con la intención de llegar a Estados Unidos, sus principales
motivos, según comentan ellos mismos, fueron la violencia en sus estados o
comunidades y la violencia sobre todo familiar. De acuerdo con el estudio Niñez
y Migración, en Centro y Norteamérica el 48 por ciento de los chicos
entrevistados mencionó haber sufrido alguna clase de violencia criminal, el 11
por ciento había sufrido violencia social, así como abusos familiares; mientras
que el 58 por ciento dijo que la principal razón para huir fue para conseguir
protección internacional.
En México, compañeros, los adolescentes son el
principal blanco para los tratantes de personas. Jóvenes de entre 12 y 18 años
víctimas de abuso, violencia familiar y violencia de género son altamente
vulnerables para caer en las redes de tratantes de personas que aprovechan la
situación de necesidad por la que están pasando estos adolescentes para
engancharlos. De acuerdo a la ONU, en México el número de personas víctimas de
trata en 2014 aumentó en 104 por ciento, donde el 23.2 por ciento son niñas y
los niños pasaron de ocho a 22 por ciento. Actualmente una de cada tres
víctimas de trata es menor de edad.
Por lo antes expuesto propongo agregar el numeral 6
al artículo 266, que habla de la función preventiva de la comunidad,
estableciendo centros especializados en la prevención de temas de trata de
personas, violencia de género y violencia familiar, que respalden, atiendan y
orienten de manera integral a los adolescentes y a sus familias. Esto,
compañeros, porque creo firmemente que los adolescentes son los adultos que el
día de mañana pueden hacer la diferencia en nuestro país y que muchos de los
errores que cometen son a consecuencia de la violencia que estamos viviendo.
Por todo esto propongo que pongamos especial atención
en los programas preventivos para lograr orientarlos y apoyarlos, evitando así
la reinserción y que el día de mañana se conviertan en adultos productivos y no
en una estadística más de la delincuencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Consulte la Secretaría a la asamblea en
votación económica si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En
votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en
términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco
minutos, para proceder a la votación de los artículos 22, 46, 51, 55, 59, 75,
102, 164, 266 y décimo quinto transitorio, en términos del dictamen.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento
de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos,
para proceder a la votación nominal de los artículos antes mencionados en
términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:
¿Algún diputado, alguna diputada falta? Muy bien. Ciérrese el sistema de
votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 388 votos, en
contra 57.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano
Grijalva: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 388
votos. Y por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de
decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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