Revista
Proceso
# 2070, 3 de julio de 2016...
Malabares del
Congreso chihuahuense para proteger al otro Duarte/PATRICIA
MAYORGA
La
corrupción del régimen estatal de César Duarte Jáquez fue el principal
argumento de la oposición para arrebatarle al PRI la gubernatura y la mayoría
del Congreso de Chihuahua. La percepción de los votantes se refuerza con las
maniobras de los legisladores priistas para quitarle responsabilidades al
mandatario saliente. Sin embargo, las organizaciones sociales que hicieron
posible el cambio piden a los ciudadanos permanecer alertas ante posibles actos
de desestabilización contra el gobierno entrante, encabezado por el panista
Javier Corral.
Después
de la jornada electoral del 5 de junio, en la cual el panista ganó la
gubernatura y el PRI perdió la mayoría en el Congreso, Duarte Jáquez tardó una
semana en hacer declaraciones a los medios y sólo para explicar que no había
desabasto de gasolina, cuando las filas en las gasolineras eran interminables y
hubo pleitos entre los compradores.
A
dos semanas de la derrota priista se colapsó el sistema de transporte urbano
Vivebús. Los concesionarios y choferes de camiones recortaron las rutas por
falta de gasolina y de presupuesto, comenzaron a cobrar de manera arbitraria un
peso más (ocho en vez de siete) y con tarjeta electrónica.
La
gente enfureció, secuestró un camión y vandalizó al menos dos. Los usuarios
cerraron avenidas y se confrontaron con automovilistas. Las autoridades sólo
dijeron que 20 sucursales de Rendichicas (las gasolineras) estaban clausuradas
por un litigio civil, pero el desabasto empezó días antes, cuando aún no
cerraban la empresa.
Centenares
de automovilistas retuvieron tres pipas de Pemex, empresa que tampoco informó
nada pero amenazó dejar de surtir combustible si no cesaban esas prácticas. El
caos aumentó con ausentismo escolar y retraso laboral, dejaron de circular
taxis, y las ambulancias y patrullas tuvieron problemas para dar servicio.
El
problema aún no se resuelve. Los choferes de autobuses urbanos anunciaron que
realizarían un paro parcial porque el gobierno de Duarte Jáquez cambió las
rutas dos veces en una semana y el sistema de pago; los inconformes exigen
sueldo quincenal y que se garanticen sus prestaciones. Las autoridades los han
ignorado y suspenderán algunas rutas, todo ello en perjuicio de los usuarios.
En
medio del malestar social, el PRI impugnó los comicios el 16 de junio ante el
Tribunal Estatal Electoral. En su página de internet www.museodelfraude.org el
partido de Duarte publicó que el Instituto Estatal Electoral (IEE) mandó
imprimir 143 mil 354 boletas de más respecto de la lista nominal, las cuales no
se supo cómo fueron utilizadas. El presidente estatal de ese partido, Guillermo
Dowell Delgado, denunció con base en esos datos que no hay certeza jurídica en
la elección y que por lo tanto Corral Jurado es un gobernador ilegítimo.
El
IEE ya entregó los documentos que acreditan la impresión de las boletas y su
distribución, por lo que el tribunal emitirá su fallo este mes. Para el
dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, la impugnación es ridícula:
“(El
PRI) busca endosar responsabilidades a otros y enturbiar el proceso electoral
que los despojó del poder por su incompetencia y corrupción. No dudamos que
busquen delegar la responsabilidad de su estrepitosa derrota electoral a
terceras personas o busquen judicialización de la elección para presionar y
condicionar a su favor la entrega recepción. Ni permitiremos que se vulnere la
voluntad popular ni cederemos a posibles chantajes para que se libren del peso
de la ley.”
Para
los integrantes de la Alianza Ciudadana de Chihuahua, se trata de otro
mecanismo de Duarte para cubrirse las espaldas junto con el equipo que fue su
cómplice durante su sexenio.
Irma
Villanueva, abogada de esa organización, explica que la impugnación del PRI
tiene como principal argumento la supuesta violación del principio
constitucional de certeza de la elección por una serie de actos y omisiones de
los órganos electorales. Sin embargo, puntualiza que esos argumentos son “una
causal genérica que no está debidamente establecida en la legislación
electoral”.
Conato
de endeudamiento
El
gobierno estatal tiene un adeudo superior a 46 mil millones de pesos, entre
deuda directa, Cupón Cero y bursatilización. Son recursos futuros ya
comprometidos.
La
semana siguiente a su derrota electoral, Duarte envió una iniciativa al
Congreso a fin de que aprobara que se “monetice, bursatilice, potencialice,
ceda, afecte y/o transmita la propiedad fiduciaria hasta por un plazo de 25
años, el 25% de los recursos que anualmente le corresponden al estado del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.
El
anuncio de la iniciativa, filtrado por trabajadores del Legislativo, generó el
rechazo de la ciudadanía, que en las redes sociales comenzó a pedir juicio
político a Duarte e incluso llamó a tomar las instalaciones del Congreso
estatal para impedir que se aprobara la medida.
Corral
llamó a la tranquilidad y anunció que una comisión especial analizaría la
iniciativa.
Los
diputados priistas Laura Domínguez Esquivel, presidenta de la Diputación Permanente;
Rodrigo de la Rosa, coordinador de la fracción del PRI, y Juan Muñoz Rivera,
presidente de la Comisión de Programa, Presupuesto y Hacienda Pública, alegaron
que las iniciativas no representan más deuda:
“Los
3 millones de pesos que habían aprobado anteriormente y que iban en los
remanentes carreteros, y que corresponden a una proyección de crecimiento del
flujo vehicular de 2.6% anual, de ahí es de donde se iban a bajar los 3
millones de pesos, pagaderos con las mismas casetas carreteras, los cuales se
utilizarían para el término de las obras de infraestructura y para la salida de
esta administración y la entrada de la nueva, y así cerrar el año en diciembre
31, sin problemas financieros.”
El
secretario de Hacienda del estado, Jaime Herrera Corral, había advertido que si
no se aprobaba la bursatilización o una acción similar, el gobernador entrante
enfrentaría una “parálisis financiera”. Sin embargo, hasta ahora el equipo de
Duarte Jáquez ha desistido de volver a impulsar la medida.
En
un comunicado de prensa, la Alianza Ciudadana llamó a los chihuahuenses a
colaborar con Corral Jurado “para evitar cualquier amenaza de
desestabilización”.
Advirtió
que la aprobación de la iniciativa de bursatilizar y monetizar los recursos del
fondo federal para las entidades puede constituir una grave amenaza para el
gobierno electo:
“La
descomunal deuda pública de nuestra entidad, que asciende ya a más de 46 mil
millones de pesos, además de cerca de 10 mil millones que se les deben a
proveedores, fueron autorizados de manera sumisa por el Congreso y no fueron
justificados ni explicado su destino.
“…Hacemos
un llamado al gobierno saliente y al Congreso del estado a conducirse con
veracidad y sin imposiciones en este asunto; a informar a plenitud al
gobernador electo y a la ciudadanía la situación actual de las finanzas
públicas, a discutir con el equipo del gobierno entrante las condiciones del
nuevo endeudamiento.”
La
alianza pidió asimismo que se audite minuciosamente la deuda y todo el manejo
financiero de la administración estatal 2010-2016 para detectar posibles
delitos y fallas, deslindar responsabilidades y castigar a quien resulte
culpable, pero sobre todo para devolver los recursos sustraídos al patrimonio
estatal.
Y
como ya lo había hecho Corral Jurado, instó a los burócratas estatales a
vigilar que no se destruya ni desaparezca documentación ni bienes públicos que
estén a su cargo.
Por
su parte, ante las insistentes advertencias de trabajadores del gobierno
estatal sobre la destrucción de documentación y evidencia para deslindar a
funcionarios de procedimientos ilícitos, el gobernador electo estableció una
página de internet para recibir denuncias anónimas.
A
través de www.denunciachihuahua.mx el equipo de Corral había recibido, hasta el
viernes 1, 311 denuncias de cambios repentinos de disco duro a las
computadoras, destrucción de archivos y documentos específicos. Además, decenas
de maestros advierten que los quieren obligar a firmar documentos para
demostrar que recibieron equipos que nunca vieron.
Manifestación
infiltrada
El
dirigente de la Unión Ciudadana convocó a una manifestación el 22 de junio;
tuvo una gran respuesta. Aunque el día anterior el PAN y el gobierno entrante
se deslindaron de esa protesta, miles de personas se congregaron afuera del
Palacio de Gobierno a las 10:00 horas y allá se sumaron a título personal los
diputados panistas Rogelio Loya Luna y Ana Lilia Gómez Licón.
Un
grupo de infiltrados aprovechó el enojo de la gente; llamaron a derribar la
puerta del recinto oficial, donde no había funcionarios pero sí empleados, a
los que amenazaron con quemar las instalaciones. Adentro permanecían decenas de
policías estatales armados y con granadas lacrimógenas. Algunos de estos
uniformados, que pidieron el anonimato, dijeron que tenían la orden de disparar
si los manifestantes entraban.
Las
fuerzas policiacas esperaron a que la manifestación se descontrolara y después
se lanzó contra todos los jóvenes que llevaran mochila. En total aprehendieron
a más de 100 personas, según el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás.
A
los juzgados sólo llegaron 28, de los cuales ocho fueron absueltos y únicamente
tres enfrentan el proceso en prisión. En un primer momento el fiscal informó
que había alrededor de 30 oaxaqueños detenidos, pero resultó ser una versión
falsa: sólo fue detenido un músico de 20 años que había llegado al centro por
otra circunstancia; sin embargo fue el más torturado.
De
inmediato Duarte Jáquez culpó a Corral Jurado por la violencia en la
manifestación, mientras que éste señaló que los infiltrados fueron enviados por
el aún gobernador priista para desestabilizar y generar caos, como ha ocurrido
en otras manifestaciones de la Unión Ciudadana.
Varios
testigos identificaron entre los provocadores a líderes seccionales del PRI y a
jóvenes que ya se han infiltrado en otras manifestaciones, así como a policías
vestidos de civil.
Aunque
el gobierno del estado afirmó que se ocasionaron daños patrimoniales por 7
millones de pesos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aclaró que
no hubo tales, porque las puertas y ventanas no son las originales, así que
valuó las afectaciones materiales en 400 mil pesos.
Loya
Luna, constante crítico de Duarte, acudió a la manifestación y sus homólogos
priistas en el Congreso le pidieron que renunciara para iniciar su desafuero.
Sin embargo, él culpó al gobernador de enviar a provocadores para desvirtuar la
manifestación.
Tanto
Loya como su compañera de bancada Ana Lilia Gómez fueron denunciados por daños
ante la Fiscalía General del Estado, junto con los activistas Víctor Quintana
Silveyra, Óscar Castrejón Rivas, Benjamín Nogueira García y Jaime García
Chávez. Éste último tiene una demanda contra Duarte por peculado, uso indebido
de atribuciones y desvío de recursos públicos.
Los
denunciados promovieron amparos y los legisladores del PAN solicitaron a la
Procuraduría General de la República que atraiga el caso, pues no confían en la
fiscalía estatal en vista de que ésta envió agentes para provocar una detención
tumultuaria.
A
su vez, Loya Luna retó a Duarte para que renuncie y enfrente la denuncia penal
en su contra ante la PGR: “¿Qué le parece, gobernador, si yo me someto a
proceso de investigación y pido licencia como legislador local y usted hace lo
propio, es decir, que pida licencia como gobernador y permita una investigación
clara y objetiva por los hechos que los chihuahuenses sabemos pesan en su
contra, tales como se menciona en la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19,
por enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio público y otros
delitos?”.
Otro
favor legislativo a Duarte
Ante
la negativa de la administración saliente a transparentar los recursos y deudas,
Corral Jurado nombró al equipo que se hará cargo de la entrega-recepción y dio
instrucciones de iniciar trabajos tan pronto sea posible. Del lado de Duarte no
se ha creado una figura similar.
Mientras
tanto, esta semana el Congreso del estado aprobó la iniciativa de Duarte que le
quita a éste la obligación de pagar a los proveedores tres meses antes de que
concluya su administración. Les adeuda alrededor de 2 mil millones 900 mil
pesos.
La
diputada panista Paloma Aguirre calificó esa iniciativa como inconstitucional y
“palera”, ya que además abre la posibilidad para que el Ejecutivo adquiera más
deuda, como los 5 mil 900 millones que pretendía bursatilizar.
El
presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, el
diputado priista Eleuterio Muñoz, criticó a los legisladores panistas porque,
según él, tratan de coartar u obstaculizar la solución al problema de
viabilidad financiera del gobierno. Afirmó que la iniciativa de Duarte es la
mejor opción para que los pasivos del estado se paguen y así evitar la
contratación de crédito.
Añadió
que es falso que pretendan dejar de pagar las deudas a los proveedores porque
eso es imposible y justificó que la ley federal de disciplina fiscal es para
otros años, como 2017, 2018 e incluso 2020. “No es posible meter en una camisa
de fuerza para obligar a pagar… no se tenía previsto”, insistió.
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