Revista
Proceso 2087, 30 de octubre de
2016...
El miedo que todo lo blinda/Jenaro
Villamil
A
dos años de que termine el sexenio, Enrique Peña Nieto se apresuró a realizar
dos nombramientos de escándalo: colocó al priista Raúl Cervantes al frente de
la PGR y movió además a otra incondicional –Arely Gómez– a la desmantelada
Secretaría de la Función Pública. De igual modo maniobró para incidir en el
sistema de justicia electoral. Y todo en un solo día: el mismo en que afirmó
que no se levantaba pensando cómo joder a México… Organizaciones no
gubernamentales, cúpulas empresariales y actores políticos repudiaron las
designaciones pues, afirman, ignoraron a la sociedad y buscan blindar al
mandatario… algo que recuerda las estrategias de impunidad maquinadas por
gobernantes corruptos, como Javier Duarte, ahora prófugo de la justicia.
El
mismo día que Enrique Peña Nieto aseguró en el foro empresarial de Grupo
Interacciones que “ningún presidente se levanta pensando en cómo joder a
México”, el mandatario decidió realizar dos nombramientos sorpresivos: envió al
Senado sendos oficios para designar como procurador general de la República al
doctor Raúl Cervantes Andrade, y como titular de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) a la maestra Arely Gómez González.
La
maquinaria de operación política de Los Pinos en el Senado, a cargo del
coordinador de la mayoría priista, Emilio Gamboa Patrón, se echó a andar desde
el mediodía de ese martes 25. Por unanimidad, el pleno de esa cámara aprobó la
solicitud de licencia de Cervantes Andrade –quien apenas había vuelto al Senado
en noviembre de 2015, después de su fallido segundo intento por ser ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por
la mañana de ese mismo día, la aún procuradora Arely Gómez sostuvo una reunión
en Los Pinos con el presidente. Trascendió que discutieron los posibles
escenarios para la detención de Javier Duarte, mandatario con licencia prófugo.
Supuestamente fue por la tarde cuando ella se enteró de que dejaría la PGR y
que debía comparecer en el Senado para que la ratificaran como titular de la
SFP.
En
paralelo, y también durante esa jornada, los coordinadores de las bancadas del
PRI, PAN, PVEM y PRD aprobaron una iniciativa para ampliar los plazos de tres a
siete años, y de seis a ocho años, de cuatro de los siete magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que habían sido elegidos
días antes. Argumentaron que con esta extensión “se favorecería la pluralidad
de los criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional, lo que
mejorará la calidad de las resoluciones”.
La
campanada la dio el propio Cervantes Andrade durante su comparecencia en
comisiones el miércoles 26, cuando afirmó que no sólo aspiraba a ser el nuevo
titular de la PGR, sino el fiscal general de la República por nueve años,
posibilidad asentada en la reforma del artículo 102 constitucional.
“Pienso
que debemos trabajar en la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General
de la República, para que a futuro las víctimas del delito sean atendidas con
profesionalismo, pertinencia y prontitud”, sentenció Cervantes, a pregunta de
la senadora perredista Angélica de la Peña.
“Sí
vengo, y se los digo abiertamente, a generar una ley que tenga la potencia,
credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer acción
penal y que el transitorio que habilitaría que siendo procurador pasaría a la
fiscalía” (sic), asentó en esa comparecencia.
Cervantes
Andrade no tuvo que sortear mayores objeciones públicas de la oposición. Sólo
tres votos en contra de la bancada del PT, coordinada por Manuel Bartlett, se
enfrentaron a los 82 votos a favor de los senadores del PRI, PVEM, PAN y PRD.
Culminó
así una operación fast track que en menos de 24 horas lo encumbró como nuevo
procurador y lo encarriló como probable fiscal general, sin que nadie le
reprochara su militancia priista ni sus compromisos como abogado corporativo de
poderosos grupos –como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la
Asociación Mexicana del Gas Natural y la Cámara Nacional de la Industria de
Radio y Televisión (CIRT).
Por
el contrario, su nombramiento tuvo tintes de coronación. Un senador se le
acercó para decirle: “Más vale saludarlo, con tal de que no tenga órdenes de
aprehensión en los próximos nueve años”. La broma hizo sonreír a Cervantes y al
coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, quien lo acompañó en
el besamanos final.
También
fue tersa la despedida de Arely Gómez, quien en febrero de 2015 dejó su escaño
para asumir la titularidad de la PGR en relevo de Jesús Murillo Karam. En
aquella ocasión, Gamboa la llenó de elogios: “El Senado extrañará tu sonrisa,
tu sencillez, tu amabilidad, tu trabajo serio y responsable”.
El
jueves 25, la comparecencia y la sesión en el pleno senatorial para que Gómez
se convirtiera en la nueva titular de la SFP fueron un mero trámite. Nadie le
cuestionó sus desaciertos en la PGR ni el hecho de que nunca consultó a las
organizaciones ciudadanas para configurar el nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción.
Gómez
se comprometió a “romper los cotos de poder” en la SFP, a eliminar los “amiguismos”
y a revisar a los integrantes de todos los órganos internos de control de las
dependencias federales. “No echaré a la borda 30 años de servicio por
amistades”, sentenció.
“Duartismo”
en Los Pinos
La
prisa y la ausencia de debate para concretar estos cambios generaron una airada
reacción de decenas de organizaciones civiles que trabajaron en la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción y en las consultas para formar una Fiscalía
General de la República autónoma.
“Lo
que acaba de suceder demuestra la discrecionalidad, una total ausencia de
rendición de cuentas y de criterios claros que sostengan las decisiones. El
Senado no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin
dar espacio a la reflexión crítica y al debate abierto”, reprocharon en su
comunicado del 28 de octubre más de 50 agrupaciones de todo el país, como
Artículo 19, Alianza Cívica, Fundar, Freedom House, Todos los Derechos para
Todos.
Sobre
la llegada de Cervantes a la PGR, el comunicado advirtió: “Es la mayor muestra
del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que
sí reconocen una grave crisis en el sistema de justicia penal de México”.
Reprocharon
que el relevo se dio “tan sólo días después de que más de 200 personas y 50
organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo
nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia”.
Sobre
el nombramiento de Gómez subrayaron: “Viola el compromiso internacional hecho
por la Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la
Alianza para el Gobierno Abierto”. Recordaron que en septiembre de 2016 Peña
Nieto se comprometió a “conducir una consulta técnica con sociedad civil,
academia y expertos para elegir al secretario o secretaria. Esta consulta nunca
se realizó”.
Tan
dura fue la reacción que en redes sociales circuló un mensaje de la
organización México Unido contra la Delincuencia que decía: “#JoderAlPaís Es
nombrar a un fiscal general de la República que sea militante de un partido
político, primo del consejero jurídico de la Presidencia y que sea, además,
abogado en ejercicio. Señor presidente, aunque usted diga que no lo hace a
propósito, hay días que realmente parece que se levanta con muchas ganas de
joder al país”.
Para
el senador Manuel Bartlett –uno de los pocos que argumentó en tribuna en contra
de la designación de Cervantes y de Gómez– se trata de “actos de poder de Peña
Nieto para imponer la protección de sus intereses y de los intereses que él
representa”.
“Es
un Duartismo en Los Pinos”, resumió Bartlett aludiendo a la maniobra similar
que hizo el gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte, actualmente
prófugo, para designar un fiscal anticorrupción a modo.
Cervantes
“no es un hombre autónomo. Están nombrando a un abogado vinculado a los
intereses de Peña Nieto y de su partido. En lugar de designar a un hombre que
le dé garantías a todos los mexicanos, prefirieron un operador del PRI”,
puntualizó Bartlett.
“Lo
que se requiere para que la procuraduría funcione es un poder brutal. Y si tú
pones como procurador a un ostensible militante del PRI, estás diciendo que no
será un poder autónomo, sino vinculado a los intereses de Peña y de su
partido”, abundó el exsecretario de Gobernación y extitular de la Secretaría de
Educación Pública.
El
senador petista fue más allá y consideró que se observa “un perfil fascistoide”
del primer mandatario en tres decisiones: el reparto partidista de los jueces
de la Sala Superior del Tribunal Electoral que calificarán las elecciones de
2018, de 2021 y hasta de 2024; la cooptación de posiciones importantes para la
lucha contra la corrupción, y “el nombramiento como procurador de un abogado
especialista en los intereses corporativos y del partido”.
Defensor
de Echeverría
y
de gaseras
Tres
veces legislador federal plurinominal, consejero político nacional del PRI,
coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista
durante la dirigencia de Roberto Madrazo (2004-2006) y las de Humberto Moreira
y Pedro Joaquín Coldwell (2011 hasta 2012), Cervantes Andrade ha jugado un
papel clave para los intereses de los grupos dominantes priistas, sobre todo para
el actual presidente.
En
julio de 2004, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió
al Estado mexicano que el expresidente Luis Echeverría Álvarez fuera juzgado
por delitos de “lesa humanidad”, el CEN del PRI asumió la defensa del mandatario
acusado de ser artífice del Halconazo de 1971. El entonces director jurídico de
ese partido, Raúl Cervantes Andrade, el exdirigente nacional priista Mariano
Palacios y el exprocurador Sergio García Ramírez defendieron a Echeverría.
“Lo
que nosotros queremos es que no parezca esto una persecución inadecuada contra
el Estado, porque a lo mejor hay movimientos sociales en el futuro y nadie se
va a atrever a mover un dedo porque los que cometen delitos van a ser
amnistiados (como los guerrilleros) y después van a hacer imputaciones”,
argumentó Cervantes Andrade el 22 de julio de 2004.
En
su comunicado de entonces, la dirigencia nacional del PRI advirtió que en la
defensa jurídica de Echeverría, del exsecretario de Gobernación Mario Moya
Palencia y del exprocurador general Julio Sánchez Vargas (imputados por su
responsabilidad en la guerra sucia) “no se trata de que priistas defiendan a
priistas o militares a militares. Se trata, exclusivamente, de la defensa de
las instituciones, más allá de las personas”.
Tres
años después, en 2007, Cervantes fue integrante de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados y presentó una iniciativa, que apoyaron el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) y los magnates del gas de Chihuahua, para
reformar tres artículos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional
para permitirle a Pemex celebrar “contratos compartidos” en producción y
obtener utilidades en exploración y explotación de hidrocarburos.
También
propuso modificar la Ley Orgánica de Pemex para crear un nuevo consejo de
administración en el cual participaran la iniciativa privada y la paraestatal.
Hasta 20% de las acciones irían a inversionistas privados (Proceso 1636).
Siete
años después, en 2013 y 2014, la máxima apertura en la industria petrolera fue
aprobada en el Senado cuando el presidente de la Mesa Directiva era el propio
Raúl Cervantes, quien hábilmente permitió que la oposición hablara y presentara
sus argumentos en contra de la reforma energética, aun cuando la aprobación ya
estaba garantizada.
Igual
que en 2009, en 2014 Cervantes aspiró a ser ministro de la SCJN, su verdadera
ambición desde joven, según ha comentado él mismo. En las dos ocasiones se
frustró su ambición. En septiembre de 2014 pidió licencia al Senado con tal de
llenar los requisitos del artículo 95 de la Constitución, que exige a los
aspirantes a ministros no haber sido secretarios de Estado, legisladores,
gobernadores ni líderes partidistas un año antes de su nombramiento.
Supuestamente
había un acuerdo entre las bancadas del PRI y del PAN para nombrar a Eduardo
Medina Mora y a Raúl Cervantes Andrade, pero lo rompió la bancada panista. A
pesar del intenso cabildeo de su sobrino “en quinto grado” Humberto
Castillejos, consejero jurídico de Los Pinos, y del apoyo de Luis Videgaray,
entonces secretario de Hacienda, Cervantes no logró ser ministro.
En
noviembre de 2015 se reincorporó al Senado: “Sé también que no es el único
lugar en el que puedo aportar a lo que yo denomino la democracia
constitucional”.
Favores
a Peña Nieto
Desde
que Humberto Moreira fue presidente nacional del PRI, de marzo a noviembre de
2011, y después con Pedro Joaquín Coldwell, Cervantes jugó un papel
determinante en la campaña presidencial de 2012, sobre todo frente a los
escándalos de compra de votos y presunta triangulación ilegal de dinero a
través de Monex.
En
la etapa de Moreira como dirigente priista, Cervantes hizo una defensa jurídica
de los cambios realizados en la convocatoria del partido para la selección del
candidato presidencial. Esto le permitió a Peña Nieto ser el “candidato único”
y recibir las “expresiones de simpatía” de gobernadores y organizaciones. Es
decir, revivir la “cargada”, a la vieja usanza priista.
Durante
el litigio del Monexgate, Cervantes llegó a admitir que el PRI utilizó 7 mil
851 tarjetas de prepago para distribuir 66.32 millones de pesos, pero negó que
fuera por un monto superior a los 250 millones de pesos y que el PRI hubiera
realizado la transacción directamente.
En
abril de 2012 atacó directamente al empresario mexicano-estadunidense José
Aquino, quien denunció un presunto intento de extorsión en la compraventa de
espacios publicitarios a favor de Peña Nieto en las televisoras de Estados
Unidos.
Desde
diciembre de 2012 se reencontró en el Senado con un viejo amigo y aliado suyo:
Emilio Gamboa Patrón, quien como titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes conoció al entonces joven litigante de la CIRT, de grupos de transportistas
como Estrella Blanca, de Salvador Sánchez Alcántara y también de la Asociación
Mexicana del Gas Natural (AMGN).
De
septiembre de 2013 a agosto de 2014 Cervantes asumió la presidencia de la Mesa
Directiva del Senado, justo en el periodo en que se procesaron y aprobaron las
reformas estructurales más importantes del peñanietismo: educativa, fiscal,
telecomunicaciones, financiera y energética.
En
diciembre de 2013, en plena discusión de la reforma constitucional en materia
energética, con las calles cercadas y tomadas por granaderos y opositores a la
reforma, Cervantes –doctor en derecho por la Universidad Panamericana y
exprofesor en el ITAM– permitió que se incluyera una adenda que modificó de
fondo los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y varios transitorios sin
discusión previa en las comisiones. Estos cambios abrían aún más la inversión
privada en el sector.
Los
servicios prestados por Cervantes en aquel intenso periodo son ahora
retribuidos con su nombramiento.
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