10 oct 2016

Enardecido, el Ejército se despliega en Badiraguato

Enardecido, el Ejército se despliega en Badiraguato
REDACCIÓN/RÍODOCE/Revista Porcesxo # 2084, 9 de octubre de 2016
Tras la emboscada del 30 de septiembre contra un convoy del Ejército en Culiacán, la institución castrense advirtió que iría con todo para dar con los responsables del ataque. Estos visos de “venganza” –como los considera en esta sección el investigador Erubiel Tirado– comienzan a tomar forma con la reciente instalación de un puesto militar en Badiraguato, donde los cárteles de Los Chapos y de los Beltrán Leyva libran una encarnizada guerra por el control de la zona. El semanario estatal Ríodoce comparte a Proceso nuevos detalles de la emboscada y de la visita a Mazatlán de Enrique Peña Nieto, quien, según fuentes consultadas por ese medio informativo, ordenó atacar sin distingos todas las estructuras del Cártel de Sinaloa.
 CULIACÁN, SIN.- Un destacamento del Ejército está apostado de nueva cuenta en la sierra de Badiraguato, donde el cártel de los Guzmán y el de los Beltrán Leyva se disputan la zona desde mediados de mayo, lo que provocó el desplazamiento de familias enteras en la sierra del norte de Sinaloa.

 Esa guerra, negada al principio por el gobierno de Sinaloa, derivó la semana antepasada en un cruento ataque contra un convoy militar en el acceso a Culiacán cuando trasladaba a un presunto delincuente herido.
 En rueda de prensa, Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, confirmó que después de la emboscada en la capital el Ejército colocó nuevamente su campamento en el poblado de Huixiopa, Badiraguato, el mismo que había sido recuperado en las últimas semanas por la gente de Joaquín Guzmán Loera.
Dos semanas antes del ataque a los militares, Ríodoce informó que, tras fuertes enfrentamientos que dejaron un número indeterminado de muertos, en Huixopa y Badiraguato la gente de los Guzmán había logrado recuperar el territorio que estaba ocupado por los Beltrán Leyva.
Corte parejo, 
la consigna del gobierno
 La llegada del presidente Enrique Peña Nieto y su comitiva a Mazatlán el miércoles 5 no sólo tuvo como propósito visitar a los militares heridos en la emboscada del 30 de septiembre, a raíz de la cual también murieron cinco soldados, sino también para pedir cuentas al gobierno estatal, pues los informes sobre la gran corrupción que impera en las corporaciones policiacas locales son conocidos en Los Pinos.
 Acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; del comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Arturo Duarte Múgica, y el gobernador Mario López Valdez, el presidente Peña Nieto recorrió el Hospital Militar, donde habló con los heridos.

 Luego vino la reunión privada. Y los reclamos por la falta de coordinación derivada de la gran corrupción en el seno de las corporaciones policiacas.
 Las autoridades castrenses expusieron que el propósito del ataque fue rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, el segundo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien presuntamente lo envió a la sierra con apoyos financieros y armamento para Aureliano Guzmán Loera, El Guano, quien encabeza la defensa de aquella zona contra los Beltrán Leyva.
 Cuando le informaron al presidente que las policías estatales y municipales trabajan para el crimen organizado, él volteó a ver al secretario de la Defensa, quien respondió: “Sí. Ya tenía conocimiento de eso”.
 También se enteró de que, antes de ser rescatado, El Kevin alcanzó a declarar que las heridas de bala en el hombro y la pierna las recibió de los militares durante el intercambio de disparos en el retén instalado en las cercanías de Bacacoragua.
En ese encuentro, de acuerdo con las fuentes consultadas por Ríodoce, la orden del presidente Peña Nieto fue atacar todas las estructuras del Cártel de Sinaloa sin distingos, lo mismo a Los Chapos que a la gente del Mayo Zambada y a Los Dámasos.
 Un día después de la visita presidencial llegaron a Mazatlán 100 policías federales, mientras en la sierra elementos de la Marina y el Ejército seguían tomando posiciones en la zona disputada por los Guzmán y los Beltrán Leyva.
En el homenaje a los soldados muertos en el ataque, el general Salvador Cienfuegos dijo, molesto: “No descansaremos hasta que (los criminales) sean juzgados por sus delitos. Sepan que vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria. Nadie por encima de la ley. Que la fuerza que apliquen tendrá la respuesta que corresponda por parte de la autoridad.
“Este artero y cobarde ataque no es sólo una afrenta al Ejército o a las Fuerzas Armadas; es también una afrenta a la naturaleza humana, a la convivencia colectiva, a los principios sociales, a las leyes que nos hemos dado. Es también una afrenta al estado de derecho.”
Y agregó: quienes perpetraron el ataque son “enfermos, bestias y criminales”. Una semana después del manotazo, las “bestias” siguen ahí.
Gobierno en el banquillo
 La semana posterior al enfrentamiento continuó la guerra en el sur del estado, donde se registraron 17 asesinatos en los municipios de Mazatlán, Escuinapa y Concordia.
 El gobierno de Mario López Valdez se enfrascó en una recia defensa del tiempo transcurrido desde la primera llamada de auxilio al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) hasta el minuto en el que arribó la última corporación policiaca.
 Después del homenaje póstumo encabezado por el general Cienfuegos en la Novena Zona Militar, las autoridades estatales guardaron silencio durante los tres días siguientes.
El miércoles 5, cuando los colectivos nacionales Causa en Común, Instituto Mexicano de la Competitividad, México Unido contra la Delincuencia, México SOS, Mexicanos Primero, Insyde y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), entre otros, publicaron un desplegado en el cual exigen una investigación para saber si hubo omisión o complicidad de las autoridades locales.
La respuesta fue inmediata. El gobierno de Sinaloa filtró a un diario local y a otro nacional una cronología de las llamadas recibidas en el CERI de la Policía Municipal de Culiacán según la cual el ataque duró entre ocho y 10 minutos y la ayuda tardó en llegar 13 minutos.
 Un día después de la filtración, el jueves 6 por la tarde, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal envió por correo electrónico a la prensa la cronología de los hechos, y el viernes 7 convocó a una rueda de prensa para dar lectura al documento.
 Según la información oficial, el Ejército llegó una hora después al lugar, a partir de la primera llamada de auxilio registrada. El reporte de la Policía Ministerial explica que los heridos fueron trasladados a los hospitales en patrullas de los municipales, en la ambulancia baleada y en un taxi.
 Las fotografías ubican al convoy militar entrando a Culiacán a las 3:22:18 horas en un punto conocido como La Presita, a 1.9 kilómetros del lugar donde las tropas fueron emboscadas.
 Tensos minutos
 De acuerdo con el reporte del CERI, la llamada de auxilio se recibió a las 3:25:02 horas del 30 de septiembre. Era de una persona que reportó detonaciones de arma de fuego afuera del fraccionamiento Espacios Barcelona, en el acceso norte a la ciudad.
 Hubo más llamadas en las que se escuchaban gritos; otra fue para comunicar el traslado de un herido del municipio Badiraguato y para informar sobre un paramédico herido. La última entró a las 3:37:55 para indicar que aún no había llegado la ayuda.
 La retransmisión del primer reporte a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal Preventiva, Tránsito Municipal de Culiacán, Policía Ministerial, Policía Federal, Protección Civil Estatal, Bomberos de Culiacán y Cruz Roja fue a las 3:26:23.
 Además, por medio del reporte del Sistema de Localización Vehicular se enlista que el primero en llegar al lugar fue un policía ministerial (3:38 horas). Desde la última vez que una cámara de videovigilancia captó al convoy militar a las 3:22, hasta el momento en el que arribó la primera patrulla de auxilio, transcurrieron 16 minutos.
 “Estamos hablando que fue a las 3:26 cuando dieron el reporte y nosotros llegamos a las 3:38, pues yo creo que está muy fácil calcular el tiempo. Tuvo que ser menos de ese tiempo. Los expertos nos dicen que no pudo haber pasado de siete a ocho minutos, así lo platicamos”, defendió el secretario de Gobierno en una rueda de prensa del viernes 7.
 Según la cronología, dos minutos después de las 3:38 arribó una segunda unidad de la Policía Municipal. En los siguientes 12 segundos llegaron otras dos patrullas de policías municipales.
 De acuerdo con el parte oficial, las patrullas de la Policía Municipal de Culiacán ya se encontraban en el lugar, pero a 50 metros de distancia. Se acercaron hasta que arribó la fuerza estatal.
A las 3:45 llegó al lugar el general Moisés Melo García, coordinador de Seguridad Pública estatal; siete minutos después, una unidad de la Policía Estatal.
 A las 3:56 arribó una segunda patrulla de la Policía Estatal y 20 segundos después otra de la misma corporación. A las 4:00 horas acudieron dos patrullas de la Policía Ministerial y 15 minutos después una ambulancia de la Cruz Roja. A las 4:28 –casi una hora después del reporte– aparecieron dos unidades del Ejército.
 El documento entregado a medios de comunicación y organismos empresariales de Sinaloa también contiene reportes de los ingresos de los heridos al Hospital Civil de Culiacán, al IMSS y al ISSSTE. Este último, según la información, recibió a cinco heridos con arma de fuego –cuatro militares y un paramédico de la Cruz Roja– a las 4:00.
 En el Hospital Civil, los pacientes llegaron entre las 3:45 y las 4:00, mientras que al IMSS ingresaron a las 4:15.
 El parte homologado elaborado por elementos de la Policía Ministerial, primera corporación en llegar al lugar de la emboscada, indica que había 11 heridos tirados en el pavimento; también cuatro cadáveres y un paramédico herido.
 “De manera urgente e inmediata subimos a las personas heridas a patrullas de la Policía Municipal para que fueran trasladadas a diferentes hospitales de esta ciudad (Culiacán), así como también al paramédico en mención que fue trasladado en un taxi hacia un hospital para que recibiera atención médica e inmediatamente se reportó a C4 de los hechos”, señala el informe.
 Además, se encontraron dos vehículos incendiados: una ambulancia de la Cruz Roja y una Pick Up blanca de doble cabina con placas UE65352, con impactos de arma de fuego en el cristal delantero.
 Testimonio cuestionado
El testimonio de María “N” sobre “el combate” de la madrugada del 30 de septiembre es rechazado por el gobierno de Sinaloa, que una semana después emprendió una intensa campaña mediática para desmentir a los ciudadanos que afirman que la ayuda nunca llegó.
María y su hija amanecieron escondidas debajo de la cama. La madrugada del 30 de septiembre, dicen, la balacera duró más de media hora. Ella vive a 300 metros del lugar donde un grupo delictivo emboscó a un convoy militar, provocándole cinco bajas y 11 heridos.
Esa madrugada, cuenta, no dejaba de ver su reloj mientras trabajaba en un documento. Su propósito era terminarlo antes de las 4:00 horas. La última vez que vio el reloj eran las 3:30. En ese momento escuchó un estruendo de balas. Corrió a refugiarse.
Subió al segundo piso de su hogar y entró al cuarto de su hija de ocho años. La envolvió en un cobertor y se tiraron debajo de la cama.
A los 10 minutos el combate cesó. María bajó al primer piso por su teléfono celular y volvió a subir. Despertó a su esposo, quien le ordenó regresar abajo de la cama. En ese momento el combate reinició, aunque con menos estruendo. Diez minutos después hubo una tregua, pero las balas volvieron.
“Yo dije –cuenta María–: esto nunca va a terminar. Me levanté por una colchoneta y ahí amanecimos debajo de la cama.” (Con información de Miriam Ramírez y Nelda Ortega.)#
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Venganza y chantaje político en la Sedena/ERUBIEL TIRADO, especialista en el estudio de las Fuerzas Armadas.
El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.
Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.
La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.
Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.
El discurso y la acción
del general Cienfuegos
El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.
A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.
La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.
Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).
Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.
A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).
Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.
El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.
Oportunismo político
El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.
Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).
Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.
Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.
El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.
Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general” (Raymundo Riva Palacio en El Financiero, 4 de octubre), “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido” (José Cardenas en El Universal, 4 de octubre..)… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.
Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.
Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

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