Exoneran a los funcionarios procesados por la fuga de “El Chapo”

Revista Proceso # 2084, 9 de octubre de 2016..

Exoneran a los funcionarios procesados por la fuga de “El Chapo”

Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga, los funcionarios penitenciarios de más alto rango presuntamente responsables de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en julio de 2015, finalmente fueron exonerados de todo cargo. La decisión la tomó el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, el mismo que los había consignado al principio, luego de un intercambio de información con Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

 En común acuerdo, la Procuraduría General de la República (PGR) y un juez federal exoneraron a quienes se perfilaban como los principales responsables de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015:  Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga.

 A pesar de que inicialmente habían sido consignados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR por ser los funcionarios de más alto rango en el manejo directo de los penales federales en el país, ambos libraron la prisión y cualquier otro proceso penal.

 Hernández Mora sólo fue cesado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mientras que Uribe Arriaga se mantiene como director general de Administración del órgano, donde una de sus tareas es la de contratar los servicios de seguridad periféricos y subterráneos en las cárceles federales, lo que omitió en el caso del penal del Altiplano.

 De acuerdo con documentos judiciales conocidos por este semanario, Hernández Mora y Uribe Arriaga fueron advertidos de esa falla cuando El Chapo ya estaba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, de donde el capo sinaloense escapó a través de un túnel de casi kilómetro y medio el 11 de julio de 2015, aunque fue recapturado siete meses después.

 La gracia para Hernández Mora y Uribe Arriaga se concretó en un intercambio de información entre la SEIDO, a cargo entonces de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, a quien el Poder Judicial de la federación le dejó hacerse cargo de los procesos penales contra todos los implicados en la fuga en julio de 2015.

 Muñoz Vázquez pertenece al entorno del presidente Enrique Peña Nieto. Trabajó en la PGR con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y dejó de ser subprocurador horas antes de que el juez decretara la formal prisión contra los funcionarios ahora procesados.

 Lo que ocurrió después con Hernández Mora y Uribe Arriaga fue algo más que suerte. Al entonces comisionado del OADPRS no lo pudo sostener quien lo promovió para hacerse cargo de los penales federales, Monte Alejandro Rubido García, quien lo tuvo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al inicio del actual gobierno, aunque su relación en esa instancia viene desde el sexenio de Felipe Calderón.

 Casi dos meses después de la fuga, Rubido también tuvo que dejar el cargo como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que dependen tanto las prisiones federales como la Policía Federal. Todas esas instancias están bajo el mando de la Secretaría de Gobernación (Segob).

 Uribe Arriaga tenía mejor respaldo: el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ha trabajado desde los años noventa, pasando por el gobierno del estado de Hidalgo y ahora como jefe de la seguridad en el país (Proceso 2030 y 2052). Pese al desprestigio internacional que la fuga representó para su gobierno, Peña Nieto mantuvo en su cargo al exgobernador de Hidalgo, quien ahora busca ser precandidato presidencial del PRI.

 El pacto con la SEIDO

 De acuerdo con una queja interpuesta en contra de Víctor Octavio Luna Escobedo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por acoso laboral, intimidación y ejercicio indebido del cargo, la consignación de los presuntos responsables de la fuga del capo del Cártel de Sinaloa fue pactada entre la SEIDO y el propio juez.

 La actuación del juzgador fue denunciada en diciembre del año pasado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de la vigilancia, administración y disciplina de los juzgadores federales. El consejo está presidido por el ministro Luis María Aguilar, quien es también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El CJF desechó la denuncia tres meses después sin siquiera ser investigada.

 En un ir y venir de funcionarios de la SEIDO al juzgado con sede en Toluca, en septiembre del año pasado, el Ministerio Público (MP) federal y el juez Luna Escobedo terminaron por excluir a Hernández Mora y a Uribe Arriaga de cualquier cargo por la fuga.

 Durante una semana, entre el 6 y el 14 de septiembre de 2015, la SEIDO administró con el juez la consignación por la evasión del Chapo. Según la queja, el MP de la subprocuraduría presentó varias veces la misma consignación, pero con proyectos diferentes. El artículo 134 del Código de Procedimientos Penales dispone que en cuanto aparezca la probable responsabilidad de una persona, el MP ejercerá la acción penal en los tribunales.

 El personal del juzgado no sólo trabajó la misma causa penal con distintos pliegos de consignación, sino que supo por anticipado que el caso recaería en el juez Luna Escobedo, de acuerdo con la queja interpuesta ante el CJF. Contrario al turno de los casos que se asignan en la Oficina de Correspondencia Común, la SEIDO se entendió en todo momento con el juez.

 El domingo 6 de septiembre de 2015, día en que el juzgado estaba de turno, el juzgador avisó a sus secretarios que llegaría el expediente por la fuga. Al día siguiente, en efecto, llegó la consignación de la causa penal 55/2015, a pesar de que el juzgado ya no estaba de guardia. El MP federal, a través de la SEIDO, ejercía acción penal en contra de 18 personas, a quienes les imputó el delito de evasión de reos por omisión y ejercicio indebido de servicio público. Las dos primeras mencionadas eran Hernández Mora y Uribe Arriaga.

 Desde la llegada de ese primer pliego de consignación el juez decidió qué secretarios se iban a encargar de cada uno de los acusados. El segundo texto con el que trabajaron los secretarios del juzgado lo presentó la SEIDO el 9 de septiembre. Era más voluminoso, pero mantenía la acción penal en contra de los 18 empleados de Gobernación. El viernes 11 siguiente, el juez anunció a sus secretarios que había recibido un tercer pliego, pero no se los entregó.

 Fue hasta el domingo 14 cuando el juzgado dio por recibida oficialmente la consignación por parte de la SEIDO. En ese documento final ya no fueron consignados Hernández Mora ni Uribe Arriaga, a pesar de que los secretarios que revisaron su situación los habían encontrado responsables de la fuga, por omisiones graves y ejercicio indebido de servicio público.

 Los encuentros con el juez

 Según la queja ante el CJF, la consignación definitiva en nada se parecía a la orden de aprehensión solicitada originalmente por la PGR. En la consignación original, a Hernández Mora y a Uribe Arriaga la SEIDO los acusaba de haber favorecido el escape por la falta de funcionamiento de los sistemas de seguridad perimetrales y subterráneos. La supervisión, puesta en marcha y contratación de esos servicios dependían de ambos. Además, se les acusaba del ejercicio indebido de servicio público por ser omisos ante las advertencias que esos sistemas de seguridad en el Altiplano no estaban funcionando.

 Contra quienes sí procedió finalmente el juez por esos mismos cargos fue contra Celina Oseguera Parra, entonces coordinadora general de penales federales en el OADPRS; Valentín Cárdenas, exdirector del Altiplano, custodios, policías federales y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otros empleados de la secretaría de Gobernación.

 Uno de ellos, Enrique Angulo Cervera, Director General de Informática, Administración de Recursos y Servicios del OADPRS, quien dependía directamente de Paulo Uribe. Angulo Cervera está prófugo. Tanto Uribe como Angulo Cervera fueron los responsables de la contratación del brazalete de vigilancia del Chapo y que también se reportó como inservible.

 En otra causa penal, la 48/2015-III, relacionada asimismo con la fuga, el juez Luna Escobedo dictó el auto de formal prisión a otros tres empleados públicos a los que un juez de Guanajuato había dejado en libertad. Ante esa negativa, la PGR gestionó para que esos tres casos fueran resueltos favorablemente para el MP por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México.

 De acuerdo con testimonios recogidos por Proceso, durante toda la semana previa a la consignación de los 16 empleados de Segob, funcionarios de la SEIDO no dejaron de ir al juzgado. “Se encerraban con el juez por horas, en cualquier hora del día”, aseguran. En medio del reacomodo de la consignación, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez renunció a la PGR y se fue a la Segob.

 El presidente Peña Nieto lo designó secretario ejecutivo del SNSP. Pero sólo duró dos meses. Desde marzo pasado es el procurador de Justicia de Colima, promovido por el nuevo gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

 Muñoz Vázquez estaba al frente de la SEIDO cuando se elaboró la consignación en la que iban los dos principales funcionarios del OADPRS. Había regresado a la PGR en marzo de 2015 luego de que durante el gobierno de Felipe Calderón trabajó en la procuraduría con el actual consejero jurídico presidencial, Humberto Castillejos.

Castillejos fue de 2006 a 2008 coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la SCJN, mientras que Muñoz Vázquez era el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, cargo que dejó en 2010 para irse de subprocurador al Estado de México, primero con el entonces procurador Alberto Bazbaz y luego con Alfredo Castillo, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), otro de los hombres cercanos a Peña Nieto.

 Muñoz después fue procurador de Aguascalientes y de ahí regresó a la PGR para hacerse cargo de la SIEDO en marzo de 2015. Cuatro meses después, fue el responsable de las averiguaciones ministeriales por la fuga del Chapo Guzmán.

 Las potestades del juez

 La queja presentada ante el CJF señala que una vez dictada la formal prisión, entre el 17 y el 21 de septiembre de 2015 se tomaron las declaraciones preparatorias de los inculpados. Pero en una de ellas, la del día 17, el juez Luna Escobedo prácticamente vació el juzgado. Ordenó a todo el personal, casi una veintena entre secretarios, oficiales, actuarios, así como a los defensores de oficio, que se trasladaran al penal del Altiplano, a pesar de que sólo iban a declarar cinco de los acusados. La excepción, en las “tareas de apoyo” en el penal la hizo con sus colaboradores de confianza.

 El personal protestó. Le dijeron que no era necesario que fueran todos. Aun así, el juez les ordenó presentarse a las seis de la tarde en la prisión del Altiplano para tomar la declaración de los acusados. Pero tuvieron que esperar tres horas a que se presentara el juzgador. La diligencia acabó alrededor de la medianoche.

 Ante la denuncia contra el juez, que fue acompaña de dos cajas de documentos, el CJF consideró que era improcedente y evitó así la investigación. El caso no llegó al pleno del consejo. Fue desechado el 26 de marzo pasado por el secretario ejecutivo de Disciplina, el juez Antonio González García.

 En su respuesta, González García desestimó los señalamientos de los empleados del juzgado, como la de propiciar la confrontación entre ellos, las amenazas de despido, la extensión de la jornada laboral por sus métodos de trabajo y actos de intimidación, entre otras. Incluso mencionaron el suicidio de un empleado que padecía esquizofrenia y que de acuerdo con lo asentado en la queja, su familia aseguró que se sentía presionado por el juez Luna Escobedo.

 El secretario ejecutivo de Disciplina negó todos los cargos bajo el argumento de que el juez tiene la potestad de organizar el trabajo del juzgado como quiera, a pesar del continuo movimiento de secretarios, oficiales y actuarios en el juzgado.

 Lo mismo hizo respecto a la interferencia de la SEIDO en la gestión de las causas penales relacionadas con la fuga del Chapo Guzmán. Dijo que las acusaciones se apoyaron en “argumentos genéricos” y refirieron situaciones “subjetivas y ambiguas”.

 En su exculpación, el secretario ejecutivo de Disciplina argumentó: “Los promoventes se limitan a relatar que en la tramitación de las causa penales… relacionadas con El Chapo, se suscitaron ‘circunstancias extrañas’, sin relatar a qué circunstancias se refieren y qué entienden por extrañas”.

 Además, “no realizan alguna imputación directa que se encuentre relacionada con las visitas al juzgado de ‘un subprocurador’ que sostuvo pláticas privadas con el juez señalado, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubiesen ocurrido los actos generadores de responsabilidad administrativa que estiman cometió el referido juzgador federal y que justifiquen iniciar un procedimiento disciplinario de tal naturaleza en su contra”.

 La respuesta lleva también la firma del presidente del CJF y de la SCJN, el ministro Luis María Aguilar Morales. Otro de los integrantes del consejo, Alfonso Pérez Daza, es señalado en los testimonios obtenidos por este semanario como cercano al juez Luna Escobedo, quien comenzó su carrera de juez en 2013 en Baja California y de ahí pasó al Estado México.

 De acuerdo con los mismos, Pérez Daza acompañó al titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en los festejos de fin de año del Poder Judicial federal en esa entidad justo cuando se había presentado la queja contra el juzgador, en diciembre pasado.

 El juez Luna Escobedo fue requerido por Proceso, pero a través de su secretario particular, Iván Sánchez Ruiz, respondió que no daba entrevistas periodísticas y remitió a la oficina de Comunicación del CJF, donde se reiteró la negativa del juzgador.