Grupo Imagen dobla a Mancera/SARA PANTOJA

Revista Proceso # 2085, 15 de octubre de 2016..

Grupo Imagen dobla a Mancera/SARA PANTOJA

En un hecho sin precedente en su administración, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dobló las manos ante las presuntas violaciones a las leyes ambientales y de construcción, así como a los derechos humanos de unos 25 mil habitantes de la zona sureña de Copilco y Universidad, que cometió el Grupo Imagen Multimedia (GIM).

Las acusaciones contra el emporio de Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir se debieron a la edificación de las instalaciones de Canal 3 “Imagen Televisión”, la tercera cadena de señal abierta más grande del país, que se estrenará este lunes 17.

El gobierno del hoy aspirante presidencial facilitó así el enriquecimiento de dos de los empresarios consentidos del gobierno de Enrique Peña Nieto, dueños del Grupo Empresarial Ángeles (GEA), que concentra a la cadena de hospitales Ángeles, la de los hoteles Camino Real, el Grupo Financiero Multiva, el periódico Excélsior y Excélsior TV, además de las estaciones de radio Imagen Informativa y Reporte.

Alarmada por el riesgo a su seguridad y ante la indefensión derivada de las autoridades capitalinas y de la delegación Coyoacán, la asociación Vecinos Unidos Copilco-Universidad (VUCU) interpuso dos amparos ante un juez federal en materia administrativa contra los gobiernos de Mancera y del jefe delegacional Valentín Maldonado (PRD) por actuar “omisiva y permisivamente” al “regularizar obras irregulares en beneficio de un inversionista abusivo”.

El motivo: la instalación de una torre con antena electromagnética de 60 metros de altura, tres tanques de combustible, una subes­tación eléctrica y, por si fuera poco, un helipuerto en el predio ubicado en la avenida Universidad 2014, colonia Romero de Terrenos, donde desde 1982 estuvo la mueblería Hermanos Vázquez, también propiedad de ambos empresarios.

Se trata de un espacio de 32 mil 300 metros cuadrados, situado en medio de seis unidades habitacionales –con unos 5 mil departamentos–, rodeado de escuelas, pequeños comercios, plazas comerciales, parques y reservas ecológicas y una línea del Metro, en una zona ya de por sí colapsada por el tráfico de la ciudad.

De acuerdo con Liv Espinosa Otero, del despacho Lex Excellence Organik (LEO) y representante de los vecinos afectados, las secretarías de Gobierno (SG), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Medio Ambiente (Sedema), así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la delegación Coyoacán permitieron que el Grupo Hermanos Vázquez –otra filial de los Vázquez– se saltara trámites administrativos, alargara plazos o se desentendiera de sus obligaciones legales, ignorando por completo a vecinos y comerciantes de la zona.

Los inconformes advierten que las nuevas instalaciones les traerán contaminación auditiva (ruido y vibraciones) por el aterrizaje y despegue de helicópteros, además de que incrementarán el riesgo de un accidente aéreo.

Además, la estructura está por debajo del nivel de algunas torres departamentales–las hélices prácticamente pasarían frente a sus ventanas–, muy cerca de los cables del Trolebús que circula por avenida Universidad y a escasos tres metros de las banquetas, por donde diario transitan miles de personas.

No es el único riesgo. Los vecinos alertan de posibles explosiones debido a que los tanques de combustible están a menos de 10 metros de la red de gas natural que alimenta a las unidades habitacionales, así como de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, temen padecer futuros daños a su salud y la interferencia en sus aparatos electrónicos por las señales de alta intensidad que se emitirán desde la torre.

Por si fuera poco, auguran el caos vial en la zona, ya de por sí afectada desde 2015 por la construcción de la Plaza Oasis y el incumplimiento de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de reordenar el paradero de la estación del Metro Miguel Ángel de Quevedo.

Incluso, los vecinos alegan la vulnerabilidad en la que quedarán las 337 especies vegetales y unas 500 más animales que, según estudios científicos, sobreviven en la reserva ecológica de la UNAM, el Jardín Botánico, el parque de Los Viveros y el Parque Dos Conejos. Todos cercanos a la zona bajo presión.

Con todo este contexto, Liv Espinosa, experta en derecho ambiental por la Universidad de Aix-Marseille, Francia, es clara: “Más allá de tener una postura de sancionar una irregularidad, lo que demuestra la autoridad de la Ciudad de México es que su política es la de regularizar obras irregulares y peligrosas en beneficio del inversionista, sin importarle el vecino”.

Por esas razones, la semana pasada los quejosos interpusieron dos amparos ante un juez federal en materia administrativa “para intervenir de manera inmediata en el actuar permisivo y omisivo de las autoridades del gobierno capitalino”. La intención, explica Espinosa, es que la autoridad federal ordene la suspensión de la operación de las antenas, las bodegas y el helipuerto –pues aún no tiene el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)–, sancione a las autoridades que permitieron su instalación y ordene la protección de los derechos humanos de los vecinos demandantes.

Y van más allá al denunciar que el problema es un ejemplo más del fenómeno político-urbano que ocurre en la capital y que el poder vecinal ya está denunciando: “Es la política que está teniendo el gobierno de la Ciudad de México de tolerar y regularizar las construcciones ilegales y que se ha vuelto ya costumbre desde que entró Mancera. Ahora tenemos millones de metros cuadrados adicionales en construcción por esa moda, locura extasiante hacia arriba, que nos ha llenado de cemento y en ningún momento es sustentable ni sostenible y mucho menos en beneficio de la ciudadanía”.

Regularizar lo irregular

El 11 de marzo de 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que Grupo Imagen Multimedia ganó la concesión de una cadena nacional de televisión abierta digital, la tercera, detrás de Televisa y Televisión Azteca. La oferta al gobierno federal fue de mil 808 millones de pesos, con lo que adquirió el poder de transmitir en 123 frecuencias de televisión con cobertura nacional y llegar a los hogares de más de 106 millones de mexicanos. Vázquez Aldir anunció que invertiría 10 mil millones de pesos adicionales a la contraprestación pactada.

A finales del año pasado, el GIM, a través de Grupo Hermanos Vázquez, puso manos a la obra. El predio fue cubierto con tablones de madera que ocultaban a vecinos y transeúntes lo que ahí se edificaba: foros de televisión, cabinas de radio y salas de redacción periodística.

Las semanas pasaron sin alertar a los habitantes. Pero la noche del 25 de marzo, en plena Semana Santa, vecinos de la Unidad Habitacional Fovissste observaron desde sus ventanas que empleados de la obra instalaban una estructura metálica vertical. En menos de una semana se enteraron que era una torre de transmisión.

En mayo, de la misma manera, los condóminos descubrieron el helipuerto en el techo del cuarto piso de un edificio ahí construido y, según sus mediciones, a menos de 60 metros de las ventanas de los departamentos de otra unidad habitacional. Así también observaron la erección de bodegas que guardaban tres tanques con capacidad de 15 mil litros de combustible cerca de las instalaciones de gas natural.

Fue entonces que convocaron a asambleas vecinales, hicieron solicitudes de información al gobierno central y al delegacional para saber qué se construía en la zona y si la empresa responsable tenía todos los permisos legales de lo que, para ellos, ya era un riesgo. También interpusieron seis denuncias ciudadanas a distintas dependencias del gobierno capitalino, y así empezaron a descubrir la irregularidad.

El 4 de agosto de 2015, Jorge Jasso Ladrón de Guevara, apoderado de Grupo Hermanos Vázquez S.A. de C.V., ingresó a la delegación Coyoacán el aviso de que en el predio se harían trabajos de “remodelación”. El 12 de agosto, la Dirección de Desarrollo Urbano de la delegación Coyoacán emitió el oficio DDU/SMLCCUS/3098/2015 para informar que el trámite se apegaba al artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Así lo informó Mario Carrillo, director de Desarrollo Urbano delegacional, a Emigdio Roa Márquez, subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, el 20 de julio de 2016 en el oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/3036/2016, emitido a raíz de una de las denuncias ciudadanas y cuya copia tiene Proceso.

En esa respuesta, la delegación dijo que “únicamente” tenía ese oficio de Grupo Hermanos Vázquez, aun cuando, un mes antes –el 14 de junio–, el subprocurador pidió a Leticia Nolasco, directora general de Obras y Desarrollo Urbano delegacional, el envío de tres documentos: Registro de Manifestación de Construcción, planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), memoria descriptiva del proyecto y certificado de uso de suelo “en cualquiera de sus modalidades”, emitido por la Seduvi.