Consultoras que hacen leyes, leyes que son negocio..

Revista Proceso # 2108, 26 de marzo de 2017..

Consultoras que hacen leyes, leyes que son negocio.../ Jesusa Cervantes...

Un ejemplo de los gastos injustificables de la Cámara de Diputados es el pago a despachos de consultoría externa, no por asesorar, sino por realizar el trabajo de algunas comisiones. Proceso obtuvo copias de dos contratos que revelan la forma discrecional con que se beneficia, en un caso, a prestadores de servicio ligados al PRI, y en el otro, a especialistas ligados a empresas cuyos proyectos ya fueron rechazados.

El presupuesto anual de la Cámara de Diputados supera los 7 mil 600 millones de pesos, ya que los 500 legisladores ganan mensualmente 148 mil 325 pesos, más prestaciones. Pero además, tanto ellos como los directivos de las secretarías del recinto de San Lázaro contratan despachos privados que les ayuden o de plano realicen su trabajo de analizar y dictaminar las iniciativas de ley.

No son todas las comisiones ni en todo momento las que contratan asesorías externas. Por los asuntos que abordan, tradicionalmente lo han hecho las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Gobernación, Derechos Humanos, Energía, Infraestructura, Comunicaciones y Competencia Económica.

Sin embargo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social que encabeza la priista del sector obrero Georgina Zapata Lucero, quien determinó que se contratara en diciembre pasado al despacho MXP Abogados Consultores S.C., que cobró 300 mil pesos por realizar durante aproximadamente un mes la labor parlamentaria y legislativa de los 22 integrantes de la comisión. En ese periodo los 22 legisladores cobran en total 3 millones 278 mil pesos.

Otro caso es el de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que preside el diputado del PVEM José Antonio Arévalo González. La Junta de la  Mesa Directiva decidió recurrir a los servicios de JC Consultores en Ingeniería Hidráulica para que elabore la nueva Ley General de Aguas, según denuncia a Proceso el legislador Rodrigo Abdalá Dartigues, de Morena.

En marzo de 2015, el PRI intentó aprobar la nueva Ley General de Aguas que contemplaba heredar las concesiones, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construyera un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua.

La entonces diputada federal del PRD Aleida Alavez impidió el albazo y logró enviar a la congeladora esa iniciativa, conocida como “Ley Korenfeld”, pues la autoría del último documento que llegó a San Lázaro el 11 de febrero de 2015 se atribuyó al entonces director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.

La propuesta se frenó por considerar que su objetivo era privatizar el agua y que detrás de ello estaba la empresa islaelí Mekorot.

La firma JC Consultores en Ingeniería Hidráulica cuenta entre sus especialistas con Federico Guillermo Moritz Parra, quien según su currículum fungió en 2014 como “traductor de documentos técnicos para Mekorot Develoment & Enterprise, dentro de las actividades de cooperación entre esta empresa islaelí y la Conagua”.

El contrato con JC Consultores es de 416 mil pesos por seis meses.

De candidata a consultora

En 2007 Silvia Guadalupe Palazuelos era subcoordinadora de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en 2011 ya era mencionada como excoordinadora de asesores del vicecoordinador del PRI en el Congreso de Sinaloa y figuraba en la lista de candidatos a diputados federales suplentes.

Ocupó la posición 16 de la cuarta circunscripción, lo que hacía casi imposible que llegara a San Lázaro, pero rápidamente fue rescatada.

Pasadas las elecciones, el entonces recién estrenado senador Raúl Cervantes –hoy procurador general de la República y primo del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes– la propuso como secretaria técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales. Después de representar al PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en abril de 2012, su nombramiento en la cámara se aprobó el 9 de octubre siguiente.

El siguiente paso de Palazuelos fue iniciar su propia empresa consultora con una inversión de 500 mil pesos. De acuerdo con las escrituras de la firma  MXP Abogados Consultores S.C., José Juan Torres Tlahuizo es el único “socio industrial” de la fundadora. También él fue candidato a diputado federal suplente por el PRI en la cuarta circunscripción, sólo que en la posición 17.

Al no llegar a la curul federal, en agosto de 2012 Torres Tlahuizo fue el apoderado del PRI que dio fe de la conformación del grupo parlamentario del Senado, encabezado por Emilio Gamboa, y de la Cámara de Diputados, entonces con Manlio Fabio Beltrones al frente.

El 29 de agosto de 2014, tras crear su consultora con un perfil que nada tiene que ver con la materia laboral, consiguieron que los contratara la Comisión de Trabajo y Prevención Social de la actual legislatura.

Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal por Morena e integrante de la Comisión de Trabajo, solicitó formalmente el 19 de octubre de 2016 conocer el contrato suscrito con MXP Abogados Consultores S.C., pero la presidenta priista, Georgina Zapata, se negó a entregarlo y le indicó que lo pidiera en el Comité de Administración de la Cámara de Diputados “si tanto le interesaba”.

De acuerdo con los documentos que MXP Abogados Consultores  entregó a la Cámara de Diputados –copia de los cuales tiene Proceso–, su fuerte es el área electoral y sus “productos y servicios” están dirigidos a “asesoría y representación legal para candidatos a ocupar un cargo de representación popular, desde el proceso interno, precampaña, campaña y poselectoral”.

Además, ofrece “representación legal” ante organismos electorales, impugnaciones, denuncia, alegatos y “capacitación”. Como uno de sus “sus puntos fuertes” y dentro de las “ventajas del servicio” incluyen su participación en los proceso electorales federales de 2000 y 2012.

Nada de eso se relaciona con los servicios que prestó a la Comisión de Trabajo, los cuales enumera en la cotización que entregó el 21 de diciembre de 2016, de la cual este semanario también tiene copia.

La “descripción del servicio” consta de cinco puntos, que el diputado Ariel Juárez califica de “absurdos”, pues se trata de labores que cualquier legislador puede realizar.

En su plan de trabajo, MXP Abogados Consultores establece un plazo aproximado de un mes para llevarlo a cabo a cambio de cuando menos 300 mil pesos.

Por ejemplo, en cuanto al tema de “guarderías y permisos especiales”, establecen en el primer punto el “análisis y estudio de las iniciativas en materia laboral presentadas por los diferentes grupos parlamentarios y turnadas a la Comisión de Trabajo de la LXIII Legislatura”. Este análisis les lleva tres semanas y cobran por él 62 mil 310 pesos.

El punto dos es la elaboración de las “conclusiones” de un foro sobre el tema. Esto costó 51 mil 150 pesos. El tercer punto consta de “estudio, revisión y clasificación de las conclusiones que deriven” del foro mencionado, en un plazo de dos a tres días y por 19 mil 995 pesos.

Por elaborar el “anteproyecto de dictamen” sobre guarderías y permisos especiales, el despacho cobró 68 mil 355 pesos en una semana. El último servicio fueron las “reuniones técnicas de trabajo para la construcción de acuerdos del anteproyecto de dictamen”, con un costo de 55 mil 800 pesos. Todo ello sumó un cobro de 298 mil 610 pesos, IVA incluido.

Legisladores sustitutos

Aún más cuestionable es el caso de la Comisión de Recursos Hidráulicos,  señala su integrante, el diputado Rodrigo Abdalá.

El contrato, del que tiene copia Proceso, está fechado el 28 de diciembre de 2016 y se liquidó 100% a su firma, según establece la cláusula tercera. El costo total fue de 416 mil pesos, incluyendo el IVA, y se cubrió mediante el cheque 0747648 a favor de Juan Javier Carrillo Sosa, quien figura como socio principal de JC Consultores en Ingeniería Hidráulica.

Este semanario no pudo comprobar la fecha de creación del despacho de asesoría porque la documentación aparece a nombre de Carrillo Sosa y a título personal.

Como objeto del contrato figura “establecer por parte del prestador del servicio para la comisión, diagnóstico, evaluación, apoyo técnico, de investigación, elaboración de documentos y todo lo que engloba el trabajo legislativo y parlamentario…a efecto de que permitan obtener los resultados verídicos, confiables y objetivos sobre los trabajos, procedimientos, apoyo técnico y de investigación, a la comisión y contar con elementos suficientes y sustentables que le permitan realizar su trabajo interno… para las labores y quehaceres legislativos de dictaminación, investigación y elaboración de documentos”. El contrato tiene cláusula de confidencialidad y vigencia de seis meses.

Según el documento, la empresa ha realizado proyectos para “Conagua, CFE, Pemex y gobiernos locales”.

En el contrato y sus anexos no se establece en ningún momento que elaborará el dictamen de la Ley General de Aguas, pero sí se establece “asesoramiento técnico-jurídico en el desarrollo de la ‘Ruta crítica para la elaboración de la iniciativa de Ley General de Aguas’”.

También cobra por realizar “estudio, análisis y elaboración de la opinión técnica de las iniciativas y puntos de acuerdos turnados a la comisión”, así como “fichas sinópticas” de temas de interés para los diputados.

Entre los “productos esperados” para los 27 miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos está un “diagnóstico de las necesidades de los distritos electorales, municipios o estados representados por los diputados para el fortalecimiento en materia de conocimiento hídrico”.

Llama la atención que el despacho ofrece “asesoramiento” y gestión” para obtener recursos federales de los “proyectos de agua potable y saneamiento” y de “infraestructura hidráulica e hidroagrícola”, aplicando las reglas de operación.

Los diputados federales Ariel Juárez, de la Comisión de Trabajo, y Rodrigo Abdalá, de Recursos Hidráulicos, cuestionan en entrevista la contratación de despachos externos, no debido al elevado costo, sino porque las empresas están haciendo el trabajo de análisis y dictaminación que deben realizar los legisladores y por lo cual se les pagan 148 mil 325 pesos al mes. “Es un absurdo y un insulto”, coinciden.

Los contratos son autorizados por la Conferencia de Trabajos Legislativos, en la cual están representados los coordinadores de todos los partidos políticos y la Mesa Directiva.

Sin embargo, según el artículo 148 del reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones deben contar “con asesores parlamentarios de carrera que proporcionará el Comité de Administración conforme a la disponibilidad de los recursos humanos y el perfil del conocimiento requerido para cada tema”. Las comisiones prefieren contratar dichas asesorías por fuera y con empresas.

La Cámara de Diputados cuenta con 56 comisiones ordinarias, 45 especiales, cinco bicamarales y una de investigación. En el portal en internet de San Lázaro no figura ningún despacho externo para realizar el trabajo de ninguna de ellas, pero tampoco aparecen las contrataciones aquí reportadas.