No hay que detenernos”, les decía Miros a sus colegas periodistas

Miroslava se convierte en la periodista número 22 que es asesinada en Chihuahua de 2000 a la fecha.

Revista Proceso # 2108, 26 de marzo de 2017..

No hay que detenernos”, les decía a sus colegas periodistas/MARCELA TURATI

En conversaciones privadas con sus compañeros y compañeras de batalla, Miroslava Breach –Miros, como le decían de cariño sus amigos– se decía consciente de que el oficio periodístico crítico conlleva riesgos inmensos, sobre todo en una entidad como Chihuahua, donde la oleada de violencia de los últimos años mantiene en la zozobra a periodistas, a campesinos e indígenas que defienden sus tierras y a defensores de derechos humanos… a los chihuahuenses en general. Y aun cuando confesó que temía por su vida, los animó: “No hay que detenernos”.

CHIHUAHUA, Chih.- Miroslava Breach Valducea dejó dicho que si llegaba a morir no quería ser velada. Deseaba ser depositada en una cripta, con sus dos hijos y su familia más cercana como únicos testigos,  y evitar el escándalo y a los políticos con sus discursos. La periodista tenía 54 años, pero la idea de que podían asesinarla no le era lejana.

Las amenazas de muerte que la tenían inquieta se cumplieron el jueves 23 a las 7 de la mañana, mientras a bordo de su camioneta esperaba a que su hijo de 14 años saliera de casa para llevarlo a la escuela. Hombres armados se acercaron. Su cuerpo recibió ocho tiros. En el lugar quedó una cartulina: “Por lengüona. Ahora sigue tu gobernador. (Firma) El 80”.

La noticia no fue una más en un estado donde la violencia se hizo costumbre; en un país como México, donde se calcula en 200 mil el número de personas asesinadas desde el inicio de la llamada “guerra” contra el narco, entre ellas más de cien periodistas. La noticia corrió en redes sociales. Un portal de noticias local tituló así: “Asesinan a una periodista crítica”.

En el periodismo de Chihuahua y en todo el norte del país, Breach Valducea era considerada una institución: comenzó su labor como reportera hace más de 30 años. En los últimos 20 años colaboró en el diario de circulación nacional La Jornada, 15 años de éstos como corresponsal. Trabajó al mismo tiempo en los medios locales El Heraldo y El Diario, así como en la agencia El Norte de Ciudad Juárez, y fundó la agencia de noticias MIR. Escribía la columna política “Don Mirone” en Norte Digital de Ciudad Juárez.

Inquisitiva. Crítica. Comprometida. Sensible. Nunca perdió la capacidad de indignación ante las injusticias, aunque éstas se volvieron cada vez más frecuentes en la entidad que desde muchos años se ha mantenido en los primeros lugares en violencia a nivel nacional, con más de 30 mil asesinatos en los últimos 10 años.

Para Miros, como le decían sus amigos, el periodismo fue su pasión y estilo de vida.

En una plática con sus colegas, habló con lágrimas de su miedo a morir, pues había sido amenazada. Dijo que como periodistas no podían detenerse en su misión de tomar registro veraz de las injusticias y los actos de corrupción en el estado y el país. Ella no concebía otra manera de enfrentar la vida, pensando en el futuro de sus hijos, que fuera diferente a la que marcan la ética, la dignidad y la justicia.

Se decía consciente del riesgo de abordar los temas que la apasionaban y la indignaban: la corrupción, los abusos y el autoritarismo de la clase política; las luchas populares y los movimientos sociales; el despojo de las comunidades indígenas por causa de megaproyectos o por obra de los cárteles de la droga; la violencia contra las mujeres; los efectos de los operativos militares en el estado, y la cada vez más descarnada violencia a la que están sometidos los habitantes de la Sierra Tarahumara, de donde era originaria.

En marzo de 2016 publicó en La Jornada un reportaje que señalaba que precandidatos del PRI y del PAN en la zona serrana, especialmente en Chínipas y Bachíniva, habían sido impuestos por el narcotráfico, y revelaba sus vínculos familiares.

En el caso de Bachíniva, reveló que la precandidata Silvia Mariscal Estrada era suegra de Carlos Arturo Quintana, alias El 80, presunto líder del cártel de La Línea en la región noroeste, y que el prospecto priista para la alcaldía de Chínipas era Juan Manuel Salazar Ochoa, sobrino de Crispín y de Adán Salazar Zamorano, alías Don Adán, quienes presuntamente lideran la célula criminal Los Salazar del Cártel de Sinaloa.

A partir de la publicación de este reportaje comenzó a recibir amenazas vía telefónica.

Aunque en ningún momento presentó una denuncia formal, en varios foros dio a conocer que su vida corría peligro. El 12 de octubre de 2016 lo repitió en una reunión con el Mecanismo Federal para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. De esa reunión se generó una alerta, que jamás se activó.

Fueron varias las llamadas en las que le advirtieron que dejara de escribir sobre la delincuencia en la sierra.

En agosto de 2016 publicó una nota sobre el desplazamiento de los serranos ante la irrupción de grupos criminales  en la zona (“Destierra el narco a centenares de familias de la Sierra de Chihuahua. Con amenazas de muerte les impiden regresar, se apropian de sus casas, ganado, tierras”). Según La Jornada, esa publicación le acarreó también amenazas de muerte.

El 20 de febrero último el mismo diario le publicó un texto titulado “Infiltra narco gobiernos municipales en Chihuahua”, en el que dio cuenta de 10 directores de seguridad pública (de los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos) relacionados directamente con el narcotráfico.

En la nota citó un reporte de inteligencia militar y de la Fiscalía General del Estado según el cual “por amenazas o complicidad, los cabecillas del narcotráfico en distintas regiones del estado, principalmente las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron directores de seguridad pública, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas”.

En una de sus notas reveló que el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez reprobó los exámenes de confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hecho a partir del cual fue suspendido.

La semana pasada escribió sobre los recientes enfrentamientos en los municipios de Cuauhtémoc y Bachíniva.

Miroslava estaba consciente de los riesgos que estaba corriendo, pero no concebía callar y dejar de decir la verdad. Decía que no podría ver a la cara a sus hijos por la vergüenza de no haber cumplido con su deber.

Periodismo crítico e incorruptible

El 27 de mayo de 1997 La Jornada publicó la nota “Foto censurada en la prensa de Chihuahua”, en la que se informó que la periodista Miroslava Breach había sido despedida de su medio por haber documentado el violento desalojo de indígenas rarámuris y tepehuanes del ejido Monterde perpetrado por policías del exgobernador del estado panista Francisco Barrio.

La nota se acompañó con la fotografía de un tarahumara bañado en sangre y sometido a los pies de un policía; en primer plano el lema de la campaña panista “El México que todos queremos ver”, y al fondo una fila de policías antimotines listos para desalojar a los manifestantes que defendían sus tierras.

La reportera Olga Aragón, quien cubrió el hecho con Breach y colaboraba con La Jornada, dice que esa anécdota pinta entera a su colega: “Miroslava entendía el periodismo como se comprendía en generaciones formadas con mucha ética y que no podían desligar el ejercicio del periodismo del hondo compromiso social”.

A partir de entonces La Jornada contrató a Miroslava. Su primera colaboración se publicó bajo el encabezado “Insuficientes, los esfuerzos para evitar guerra de narcos: Barrio. Acribillan a tres personas en Ciudad Juárez”.

Estudió ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABS), entidad donde comenzó a ejercer el periodismo, primero en el semanario Concepto, de La Paz, y después como directora de La Opinión de Los Cabos.

De regreso a Chihuahua, hace 22 años, le tocó cubrir hechos periodísticos a lo largo del sexenio del panista Francisco Barrio, así como los relativos al regreso de las administraciones priistas, con Patricio Martínez, José Reyes Baeza y César Duarte a la cabeza. Fue en estas dos últimas cuando la violencia en el estado se desbocó. Ahora comenzaba a atender los asuntos que se gestaban en el nuevo gobierno, del panista Javier Corral.

Miroslava tenía como norma devolver los regalos que querían hacerle políticos de distinto signo, razón por la cual ya nadie se atrevía a enviarle presentes.

Durante la administración del priista César Duarte fue una de las reporteras que destapó los escándalos del Banco Unión, desde el cual el mandatario presuntamente se prestaba dinero del erario, y otras corruptelas del gobernador.

A lo largo de ese sexenio negro de violencia en Chihuahua, Duarte hostigó a defensores de derechos humanos; presionó a medios de comunicación y a reporteros para que dejaran de cubrir los hechos de violencia y sus manifestaciones: desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones de personas.

Uno de los lugares más amados de Miroslava era la Sierra Tarahumara, donde tomaba registro de los padecimientos de los grupos indígenas, especialmente los rarámuris, y sus luchas contra el proceso amañado para la construcción del aeropuerto de Creel, contra la contaminación, la construcción de un gasoducto y el despojo de históricos territorios por parte de grupos criminales.

Las organizaciones de derechos humanos, acosadas por Duarte, la consideraban una aliada.

Miroslava Breach nació en Chínipas, en su sierra adorada, donde a partir del 2008 comenzaron las masacres y los grupos criminales se fueron descarando. Sin embargo, dejó de viajar a su tierra por precaución desde que fue amenazada.

Semanas antes de su asesinato decía sentirse frustrada y enojada por los que consideraba errores políticos del actual gobernador, el panista Javier Corral, cercano a los movimientos ciudadanos y a quien consideraba su amigo.

“Voy a tener que escribir lo que hace. Ni modo: la están regando feo”, llegó a decir luego de consultar diferentes puntos de vista para contrastar su criterio.

Al iniciar este año, abrió la agencia de noticias MIR, a través de la cual vendía notas al mismo Norte. Sus planes eran crecer y expandir su clientela. En MIR reclutó a reporteros afines a su línea crítica e intentó a ayudar a otros que no conseguían ingresos.

Madre y profesional de tiempo completo

“Los ocho tiros con los que mataron a Miroslava hieren de muerte al periodismo de Chihuahua”, sentencia la reportera Olga Aragón, y añade que su amiga y colega ejerció un periodismo muy pulcro: “investigaba mucho pero no publicaba nada hasta tener los datos bien amarrados, confirmados, y procuraba escribirlos con una redacción muy limpia”.

Aragón, identificada como una de las periodistas críticas que cubrió junto a Miroslava el paso de tres gobiernos estatales, tiene fija una imagen de su amiga que sintetiza otra de sus facetas: madre y periodista.

“Era una apasionada de la política; eso estudió. Se le facilitaba la comprensión de los conceptos políticos y sociales. Recuerdo una vez que tuvo que quedarse hasta tarde en el Congreso del Estado, y mientras redactaba con pasión su crónica, al mismo tiempo arrullaba sobre sus piernas a Andrea, que era una bebita como de dos años. La cargaba siempre, como hemos hecho las reporteras que somos madres. La arrullaba al ritmo que hacía su crónica.”

Otras veces la vio preparando comida, redactando notas que quedaban impecables y revisando la tarea de sus hijos. O levantándose a las cinco de la mañana a preparar a sus hijos para la escuela. Y a partir de las siete, cuando había terminado ese rol, “aparecía la periodista sagaz, incisiva, inteligente”. Otros colegas recuerdan que a las dos de la tarde paraba de trabajar para recoger a su hijo adolescente.

Con su muerte, Miroslava se convierte en la periodista número 22 que es asesinada en Chihuahua de 2000 a la fecha.

Marzo de 2017 ha sido un mes fatídico para la prensa mexicana: Miroslava fue silenciada menos de una semana después del asesinato del periodista veracruzano Ricardo Monlui Cabrera, y a tres del de Cecilio Pineda Brito, reportero de la fuente policiaca en Guerrero.

En Chihuahua, numerosos colegas acudieron al Congreso local, desde cuya tribuna exigieron justicia y recordaron que los homicidios de periodistas continúan impunes.

El deceso generó también pronunciamientos de exigencia de justicia y esclarecimiento del caso por parte del movimiento de mujeres y organizaciones serranas, PEN México, las principales agrupaciones estatales, nacionales e internacionales de protección de periodistas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea. En el Senado y la Cámara de Dipu­tados se hicieron reconocimientos a su labor y se guardó en ambos casos un minuto de silencio.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informó que abrió una carpeta de investigación del caso.

La Red Libre de Periodistas de Chihuahua expresó: “Entre abrazos, lágrimas de tristeza, indignación y rabia, se le ha recordado conteniendo el llanto, porque ella ya hubiera regañado a quien lo hiciera. Hubiera dicho: ‘no hay tiempo que perder porque urge seguir adelante’. Hoy, urge sacudirse y seguir su legado”.

El viernes 24 el nombre de Miroslava Breach Valducea fue inscrito en la Cruz de Clavos, el lugar –frente a la puerta del Palacio de Gobierno– donde son registrados los nombres de las mujeres víctimas de la violencia en el estado y sitio desde el que ella reporteaba cuando había manifestaciones de familiares con hijas desaparecidas o nuevos asesinatos.

La periodista crítica, valiente y comprometida fue sepultada el mismo día en una ceremonia discreta, familiar, alejada de la publicidad, como lo había dispuesto.