Foro: La libertad de Expresión en México, en San Lázaro

Boletín N°. 3525/Cámara de Diputados.../Inauguración

24- 04- 2017.- La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Cámara de Diputados, afirmó que es innegable que los frecuentes ataques sufridos por los periodistas en México, muchos de los cuales han perdido la vida, son “un problema de Estado y de sensibilidad social, que reclama nuestra atención y solución inmediata”.

 “Es necesario levantar la voz y la conciencia para exigir castigo a los responsables. Basta de impunidad. Basta de simulaciones. Basta de complacencias, porque una sociedad sin periodistas comprometidos con la verdad, podría estar en riesgo de quedarse sin historia”, sostuvo.

 Al inaugurar el foro “La libertad de expresión en México”, organizado por la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la Cámara de Diputados, destacó la relevancia de “contar con un marco jurídico que garantice nuestro derecho a expresar lo que pensamos, creemos y sentimos”.

 Murguía Gutiérrez aseveró que ante el nuevo contexto internacional que vivimos y la realidad particular de nuestro país, defender el derecho de manifestar lo que pensamos y a ser informados con veracidad y con oportunidad, “es más necesario que nunca”.

 “Estos tiempos ameritan y exigen que expresemos nuestras ideas con firmeza, que levantemos fuerte la voz, ante las acciones arbitrarias y unilaterales que vemos en el entorno internacional y los lamentables actos de corrupción que tienen indignada a la sociedad mexicana”.

 Sin duda, agregó, la manifestación y divulgación de ideas pueden generar discrepancias y malestares; sin embargo, “no es a través de la censura y la represión como pueden resolverse las diferencias. Por el contrario, será siempre mediante el diálogo y la confrontación de ideas, como lograremos alcanzar beneficios y acuerdos para todos”.

 La libertad de expresión es una condición imprescindible para asegurar condiciones que permitan avanzar en la construcción de una democracia plural y participativa, dando cauce a las múltiples ideas y convicciones que converge en nuestro país y en el entorno internacional.

Ello implica, necesariamente, respeto y reconocimiento a las diferentes ideologías y formas de percibir la realidad, sus problemas y sus soluciones, destacó.

 Refirió que la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagran el derecho a manifestarse libremente y sin censura gubernamental, el derecho de réplica, el derecho a la información y el derecho a la difusión de opiniones, información e ideas.

 La libertad de expresión en nuestro país ha sido producto de muchos años de lucha, por eso vale la pena reconocer a todos los comunicadores que le han apostado, arriesgando incluso su propia seguridad y su propia vida, a su ejercicio pleno y responsable.

 Señaló que del año 2000 a la fecha, se han documentado 103 homicidios de periodistas, que han privilegiado su labor, incluso a costa de su propia integridad. Evocó a Miroslava Breach, del periódico El Norte de Chihuahua; Adrián Rodríguez, Antena Radio 7690, de Chihuahua; Gerardo Nieto, Nuevo Siglo, de Guanajuato; Gregorio Jiménez, Notisur, Veracruz; Regina Martínez, Proceso, Veracruz, y desafortunadamente muchos otros, subrayó.

 En tanto, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), señaló que este foro se da en un “contexto lamentable, pues en los últimos cien días hemos sido testigos de cinco homicidios y numerosas agresiones a periodistas en nuestro país”.

 Indicó que se han implementado recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se han creado leyes, mecanismos, unidades administrativas, Fiscalías especializadas, comisiones legislativas “y el problema no sólo no se ha solucionado, sino que parece empeorar”.

 Además, el actual sexenio ha sido identificado como el más violento contra la libertad de expresión.

 “Está claro que las medidas adoptadas han sido ineficaces. Por un lado, el mecanismo de protección a periodistas no cuenta con los fondos necesarios para continuar con las medidas (de salvaguardia) otorgadas este año (a comunicadores)”, por lo que exhortó a canalizarle recursos y en el siguiente año se consideren en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejecutivo.

 Por otro lado, continuó, se tiene un ambiente de impunidad que genera que el 99.7 por ciento de las agresiones quede sin castigo.

 Ante este panorama, el foro convocó a las fuerzas políticas del Congreso, al gobierno de la República, órganos autónomos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia, para dialogar y debatir ideas y propuestas para construir, juntos, una solución a este grave problema.

 Confió en lograr conclusiones útiles que permitan cumplir con el objetivo más importante: que en México exista una verdadera libertad de expresión, y se respete, valore y garantice la vida, seguridad e integridad de los periodistas.

 Pidió un minuto de silencio por Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach y Maximino Rodríguez Palacio, y por todos los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio legítimo de su profesión.

Disposición del Congreso de la Unión para legislar

El diputado Marko Cortés Mendoza, coordinador del grupo parlamentario del PAN, afirmó que el país enfrenta una amenaza “peor que la del propio gobierno que reprime, que controla y que prohíbe hablar o decir: la amenaza de la violencia y de la delincuencia organizada”, y ese es uno de los grandes retos.

 Es indispensable garantizar la libertad de expresión ante la inseguridad, los delincuentes. El Estado, apuntó, “no ha tenido capacidad de hacerlo”.

 Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben responder y hacer un frente común, para poner un alto a la violencia, la inseguridad y las amenazas que no garantizan la libertad de expresión y “atentan contra lo más preciado que es la vida, contra los más queridos --que son nuestros familiares--, y no respetan más que la ley de la selva”.

 Reiteró la preocupación del Congreso de la Unión por esta situación, su disposición a legislar lo necesario, nutrir el debate con exposiciones y “decirle al gobierno mexicano que necesitamos tomar cartas en el asunto y garantizar en los hechos –no en la letra—la libertad de expresión”.

 Destacó que en el foro se conocerán las mejores prácticas que podemos aplicar aquí en México, para que en la actual circunstancia del país, “garanticemos la libertad de expresión no sólo de dicho sino de hecho”.

 En 10 años, 120 periodistas asesinados y 20 desaparecidos

 El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, afirmó que la impunidad con que se cometen esos crímenes alienta su continuación, “y es lo que estamos viviendo en México”.

 Actualmente, continuó, el país enfrenta un problema gravísimo de violación de los derechos humanos, pues desde los diferentes niveles de gobierno se prohíbe la libertad de expresión y el derecho a la información; además, el asesinato de periodistas es mucho más grave, porque va contra el fundamento de una sociedad democrática.

 “Hace años que se ha venido construyendo un régimen autoritario que tiene su feroz expresión en el acallamiento del periodismo y de la comunicación”, señaló.

 Dijo que, en 10 años, se ha registrado el asesinato de 120 periodistas y la desaparición de 20. “Son cifras aterradoras”, pues implican la violación del derecho a la vida, y además, “a lo que se supone que es el fundamento de un régimen democrático: el derecho a expresarse y a saber”.

 Hizo un llamado a los legisladores a defender el derecho a saber, a conocer y recibir información, pero la desaparición de medios de comunicación, donde colaboraban los periodistas ahora fallecidos, “es la prueba de que de lo que se trata es de desaparecer la posibilidad de informar; vamos hacia un régimen autoritario y hacia eso quiero pedirles que orientemos nuestro pensamiento”, enfatizó.

 México no transitará a una democracia mientras persistan homicidios y desaparición de comunicadores: CNDH

 Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseveró que mientras continúen ocurriendo homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a los medios de comunicación, como sucede en diversas regiones del país, México no podrá transitar y consolidarse como una democracia robusta.

 En tanto persista esa situación, enfatizó, “existirán zonas de silencio y miedo, como consecuencia de la impunidad; ante la falta de una protección real y efectiva a sus tareas, los propios periodistas preferirán sesgar o censurar sus investigaciones y noticias, para no exponerse a mayores riesgos al divulgar y publicarlas”.

 Los ataques que lamentablemente siguen sufriendo periodistas y medios de comunicación, como consecuencia de la labor social que realizan, son hechos complejos e inaceptables, que agravian a personas y sociedad, requieren ser investigados de manera pronta, objetiva e integral.

 Es un reto para las distintas autoridades, que tienen la obligación de proteger y generar condiciones propicias para el ejercicio de la actividad periodística, entre los cuales se encuentra, la salvaguarda de la vida e integridad física de periodistas y comunicadores, precisó.

 “Todos los casos deben ser investigados y sancionados. No puede haber impunidad, porque es el círculo perverso que propicia que se vuelvan a actualizar nuevas y más violentas agresiones a los comunicadores. Con esa violencia se busca silenciar la libertad de expresión, pero tenemos que poner diques precisamente para que esto no suceda”.

Se requiere construir una política de Estado que proteja mejor a los comunicadores, así como voluntad política de los gobiernos federal y estatal para abatir y combatir la impunidad; sino logramos erradicar ese vicio que genera se sigan cometiendo laceraciones a la libertad de expresión y, sobre todo agresiones a los periodistas, de nada serviría tener los recursos y brindar medidas de protección.

“Vuelvo a exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la número 24, que establece elementos para la construcción de esa política de Estado, para generar las condiciones que permitan que los comunicadores ejerzan su labor profesional exenta de amenazas o afectaciones a su integridad”.

Destacó la necesidad de revisar los mecanismos y esquemas de protección, a efecto de hacerlos más eficaces, eficientes y operativos. Las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales hacen que el desarrollo de la actividad periodística tenga facetas y alcances diversos a los tradicionalmente aceptados, que deben ser considerados por los sistemas de prevención que actualmente operan.

Pidió a la Cámara de Diputados, quien elabora el presupuesto, y a la Secretaría de Hacienda, sensibilizarse de la importancia para que fluyan recursos hacia el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se requiere el esfuerzo de todas las autoridades del Estado, de contar con leyes en los ámbitos federal y local que protejan esa libertad de expresión y establezcan acciones claras para salvaguardar, de manera preventiva, la integridad y la vida de las y los periodistas”.

 Necesario agenda legislativa que garantice libertad de expresión

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apuntó que “la Cámara de Diputados tienen un rol fundamental para generar las condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión en México”,

La instó a trabajar coordinadamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reasignar recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que brinde medidas de protección durante 2017 y 2018.

Asegurar que tipos penales como las injurias, difamación y calumnias sean derogados a nivel estatal; generar regulación para contrarrestar el uso de demandas civiles como forma de coartar la libertad de expresión.

Regular el uso de la publicidad oficial y construir un marco legal que proteja a quienes denuncien irregularidades, así como asegurar que las iniciativas sobre la Ley General de Archivos tengan como finalidad primordial garantizar el derecho a la verdad a sociedad y a víctimas, y que haya máxima publicidad al acceso a archivos históricos particularmente los que contienen violaciones graves a los derechos humanos.

Jan Jarab reiteró la plena disponibilidad del organismo internacional para brindar asesoría técnica y cooperación que requiera la Cámara de Diputados, para que la legislación incorpore los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección a periodistas; el momento que atraviesa el ejercicio de la libertad de expresión en México requiere una reflexión amplia y participativa, y una discusión que traduzca acciones efectivas que transformen la compleja realidad, combatan la impunidad y se adopten medidas preventivas.

Destacó el deber y obligación del Estado para proteger a los comunicadores y definición de quién es periodista. “La creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, no ha revertido la realidad para que sean castigados estos delitos.

“No hay mejor medida de protección para la libertad de expresión que una investigación pronta, imparcial y efectiva de todo tipo de agresiones”, en la medida en que procuradurías federales como locales no lo hagan, seguiremos siendo testigos de estos delitos, y todas las medidas que puedan adoptarse serán meros paliativos”, aseguró.