Cambio de magistrados «le hizo bolas el engrudo» al Congreso

Columna EL ANCLA/Luis Enrique Ramírez

El Debate,  08/06/2017 

Cambio de magistrados «le hizo bolas el engrudo» al Congreso

A la solicitud de juicio de amparo de Lucila Ayala de Moreschi para ser restituida en su cargo se agrega la de su excompañero (y enemigo confeso) Gilberto Plata Cervantes, quien también exige que le sea devuelta su magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La principal arma de ambos es un dislate cometido por los diputados: nombraron a sus sucesores, Héctor Samuel Torres Ulloa y Jesús Iván Chávez Rangel, como magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa el pasado 7 de abril, cuando el cambio de nombre de esta entidad pública no se había consumado. Si bien la ley que desaparece el Tribunal de lo Contencioso fue aprobada hace tres años, le faltaba el requisito de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa para que, un día después, se le considere promulgada.

Es decir, a Torres y a Chávez se les nombró magistrados de un tribunal que oficialmente todavía no existía. 

En el rango de las posibilidades, la balanza se inclina a favor de que los demandantes vuelvan a ocupar sus sillas en el tribunal. Esto, en lo jurídico, pero existe también la salida alterna: dar una solución política al caso, vía un acuerdo conveniente para ambas partes. De manera que no le extrañe que de pronto Ayala y Plata desistan de la demanda y sean nombrados en un nuevo cargo público. En el caso de Lucy, el arreglo pudiera ser también concederle la pensión que durante años ha buscado para su esposo, Renato Moreschi, quien sirvió por décadas al Gobierno del Estado, pero hasta hoy se le ha negado ese beneficio.

Se dice que el interés en este —que muchos pudieran considerar un tribunal menor— radica en las cantidades de dinero que allí se generan a través de demandas contra actos de Gobierno por parte de ciudadanos, a los que les dan el gane para que cobren sumas millonarias a la administración pública. Un mecanismo de «moches», pues.

Fue la propia Lucy Ayala quien puso públicamente al descubierto este tipo de prácticas en sus legendarios «agarrones» con Gilberto Plata, quien contra viento y marea se mantuvo como presidente del Tribunal, ya que gozó siempre de la protección del otrora poderoso secretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros.

El conflicto político en que la actual legislatura metió al Estado no es poca cosa: recordemos que inclusive una sobrina del exgobernador Jesús Aguilar Padilla iba directo a una de esas magistraturas, y de última hora tuvo que ser «sacrificada» (y con ella el equilibrio de género en el tribunal) para dar su sitio a Héctor Samuel Torres Ulloa, a modo de cuota para Héctor Melesio Cuen, cuyos diputados lo proponían inicialmente como auditor general del estado.

En el plano legal, otro elemento juega en favor de Moreschi y de Plata: en 2007, Claudio Gámez Perea logró su reinstalación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de que fuera despedido fruto de guerra política interna. Existe, pues, jurisprudencia sobre el tema en Sinaloa, lo cual suele abonar al éxito de nuevos casos.

Ahora bien, el problema de origen aquí es el llamado «veto de bolsillo», «de cajón» o «de gaveta» de que goza el Ejecutivo estatal. De nada sirve que el Congreso apruebe leyes: mientras en el tercer piso no decidan publicarlas en el órgano oficial de difusión, son letra muerta. Urge acotar la supremacía del Ejecutivo sobre los demás poderes.