En busca de la credibilidad perdida/JOSÉ GIL OLMOS

 Revista Proceso # 2121, 25 de junio de 2017
En busca de la credibilidad perdida/JOSÉ GIL OLMOS
En 2018, frente a los comicios del 1 de julio –los más concurridos de la historia del país, pues ese día se dispu­tarán más de 3 mil 300 cargos en 30 entidades– el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que desplegar una estrategia pedagógica para “corregir detalles y recuperar la credibilidad ciudadana y ganar la confianza de los votantes”. En entrevista con Proceso, Lorenzo Córdova, titular de esa institución, admite que en el proceso recientemente concluido el domingo 4 hubo fallas y acepta las críticas; sólo pide que éstas tengan una “dosis de realismo”.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), lo admite: el árbitro electoral llegará a los comicios de 2018 con problemas de credibilidad. Por ello, agrega, se tiene que trabajar para recuperar la confianza ciudadana; de no hacerlo, la legitimidad de quien resulte ganador en la contienda presidencial será cuestionada.
Y abunda: “Como pocas instituciones del Estado, el INE necesita de credibilidad pública; de ella depende la credibilidad en las elecciones y en sus resultados; y de esta depende la legitimidad de quien resulte electo”.
Entrevistado en sus oficinas, Córdova acepta –a la luz de lo ocurrido en la jornada electoral del día 4– que el instituto electoral no está en su mejor momento. Las críticas que se le hicieron en 2006 –“no necesariamente demostradas”, dice–, provocaron una caída importante en términos de su credibilidad.

Sin embargo, puntualiza el consejero presidente, ese problema no es exclusivo del INE, sino de la mayoría de las instituciones del Estado, en algunas de las cuales, incluso, esa falta de credibilidad es más grave. Córdova reconoce las críticas al instituto, pero demanda que éstas sean informadas y objetivas.
Para recuperar la confianza, debe retomarse la función pedagógica que el instituto ha tenido en sus 27 años de existencia y maximizarla. Es urgente instrumentar una campaña ciudadana en estos meses previos al proceso electoral de 2018 para corregir los “detalles” y “comportamientos atípicos” que se registraron en el proceso que concluyó el domingo 4, sobre todo en el Estado de México y en Coahuila.
En el caso mexiquense, dice, hubo fallas informáticas en el sistema de registro de representantes de los partidos políticos; en Coahuila se presentó un “comportamiento atípico” tanto en el conteo rápido como en el Programa de Resultados Preliminares (PREP), algo que no había sucedido en los últimos años.
La falla en la selección de la muestra fue de 54%, “un problema del manejo estadístico muestral, técnico, del conteo rápido”. Esos datos, puntualiza, eran insuficientes para tener una representatividad estadística que pudiera anticipar los intervalos de votación de los candidatos.
Pese a todo, insiste Córdova, eso no implica que haya habido fraude porque los resultados del conteo rápido y los del PREP no cuentan para efectos legales, sólo son válidos los del cómputo total.
“Es importante no dejar esta imagen de que asumimos que todo ocurrió sin contratiempos”, reitera Córdova, y adelanta que se investiga qué pasó con las actas que estaban en los paquetes electorales de Coahuila.
Omisiones y justificaciones
Con relación a las críticas de que en el Estado de México el instituto no actuó como se lo pidieron partidos como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional para impedir el uso de los programas sociales a favor del candidato del PRI, Alfredo del Mazo y de que el INE se responsabilizara del conteo rápido o del PREP, e incluso se hiciera cargo de la elección, Córdova responde:
De acuerdo con la ley electoral aprobada en 2014, el INE no está facultado para impedir la aplicación de esos programas. Por lo que atañe a la atracción del proceso electoral, la petición debió hacerse con mucha anticipación, no unos días antes, como lo pidieron los dos partidos mencionados.
Y expone: De acuerdo a la ley, para atraer una elección sólo el Organismo Público Local encargado de organizar las elecciones en cada estado o cuatro consejeros del INE pueden solicitar al Consejo General del instituto la asunción del proceso electoral en alguna entidad.
En cuanto al uso de los programas sociales, recuerda que en enero pasado el INE emitió un acuerdo para que esos programas estuvieran previstos en los presupuestos; también aclaró que las reglas de operación y el padrón de beneficiarios fueran publicadas antes de las elecciones. Más adelante se agregó al acuerdo que se prohibiera la entrega de los recursos en eventos masivos.
“Pudimos haber hecho más –dice el entrevistado–, pero el problema es que la ley nos fija lo que tenemos que hacer. No podemos actuar sin un fundamento legal.”
También precisa que la petición de que el INE realizara el conteo rápido y el PREP se hizo cinco días antes de la jornada del domingo 4, lo cual era técnica y materialmente imposible. Y arguye:
“Se plantearon fuera de tiempo, lo digo sin intención de polemizar, pero en muchos casos se hizo para cubrir el expediente público mediático. Pero insisto, esas cosas por ley las tiene que hacer el Organismo Político Local. Eso es lo que los partidos pactaron en su momento y lo pusieron en la ley. Si la asunción de atribuciones estuviera prevista como la regla, pues simple y sencillamente no habría Oples.”
–Para 2018, ¿el INE llega preparado para enfrentar todas las posibilidades de conflicto y las críticas? ¿Tendremos un INE confiable y fuerte? –se le pregunta a Córdova.
–Necesitamos un INE más fuerte de lo que hoy es. En 2018 vamos a enfrentar una circunstancia inédita en la historia electoral del país. Va a ser la elección más grande, pero también la de mayor intensidad por el número de cargos en disputa.
Avances electorales
Las elecciones de los últimos tres años, dice, han ayudado a mejorar los mecanismos de organización y fiscalización del INE. Han dejado enseñanzas que deberán asumirse para actuar en consecuencia y llegar lo más fortalecidos bajo una premisa: “que la elección salga bien, porque es un momento donde la disputa por el poder político se procesa de manera pacífica y, en la medida de lo posible (es) generadora de legitimidad de los gobiernos que emanen de esa elección”.
Para eso, indica, se requiere de la confluencia de varios actores, porque no es sólo responsabilidad del INE, sino también de las autoridades jurisdiccionales y en gran medida de los partidos y candidatos.
“El no cumplimiento de la responsabilidad que les toca a los partidos y candidatos también es un elemento del que depende que una elección salga bien”, dice Córdova.
Lo mismo señala para los gobiernos locales y federal, que tienen una responsabilidad que cumplir, no sólo jurídica, sino también política:
“Las anclas de la responsabilidad política de una elección no solamente corresponden a los órganos electorales, también a los propios gobiernos que, cuando violan la ley, se le tiene que fincar responsabilidades. En esto tengo que ser claro: si alguien compra el voto, si desvía recursos públicos, está cometiendo un delito. Eso debería de ser penado; si no, esto abona a la impunidad de los grandes problemas nacionales que sustenta la corrupción.
“Hay que saber deslindar responsabilidades. Eso también lo tiene que aclarar el instituto. ¿El INE puede impedir la compra y coacción del voto o eso les corresponde a las autoridades ministeriales? Y si las autoridades de procuración de justicia son incapaces de cumplir con ese cometido, entonces el problema no es de la autoridad electoral, sino de las autoridades ministeriales. Eso hay que revisarlo.”
Según él, hay una “sobrecarga de expectativas” en el INE. Sin un afán de deslindar responsabilidades, comenta, deben precisarse los linderos de cada actor e institución que participa en las elecciones.
“Insisto, hay responsabilidad de todos los actores, así como de los gobiernos locales y federal. Quien no cumpla con las responsabilidades jurídicas, hay que fincarle responsabilidad conforme a la ley. Si hay delitos, deben perseguirse; si hay violaciones penales a las leyes, los responsables tienen que acabar en la cárcel. También hay responsabilidad de los medios de comunicación como generadores de información y del espacio del debate público.”
Para 2018, comenta el consejero presidente del INE, el reto es desplegar una pedagogía para superar el profundo malestar social hacia la política, los partidos y a lo público y afinar las reglas para el próximo proceso electoral.
Aunque advierte: ante la imposibilidad de hacer cambios a las leyes, sólo se harán ajustes al reglamento de elecciones, se intentará acabar las fiscalizaciones pendientes de los procesos de este 2017, estudiar la posibilidad de cambiar el reglamento de radio y televisión y, eventualmente, emitir los nuevos reglamentos para que el trabajo de las Oples sea más controlado de lo que les va a tocar hacer el próximo año.
–¿El INE está preso o es rehén de los intereses de los gobiernos estatales, del federal y de los partidos y entrará a una crisis como la de 2006?
–La pregunta es muy pertinente. En un escenario ideal, la autoridad electoral no debería estar sujeta a presiones de gobierno, de partidos, de candidatos y de gobiernos de los estados. Pero este no es el mundo ideal, es el mundo de la política; los órganos electorales estamos llamados a ser árbitros de la disputa por el poder político. Creo que una dosis de realismo es importante.
“Esto quiere decir que todo el tiempo hay presiones de gobiernos, de partidos que son parte del órgano electoral y buscan que las decisiones de la autoridad sean conforme a sus intereses. Hay presiones todo el tiempo, el problema no es que haya presiones; las ha habido y las va a haber. En ocasiones son muy burdas; en otras son más sutiles. El problema es que los órganos electorales sean refractarios a las críticas.”
–¿Cómo garantizar que no se van a doblegar frente a las presiones?
–La respuesta es múltiple. Hay una dimensión interna en la cual vemos que las instituciones electorales no son monocráticas y que el presidente del INE juega un rol importante, pero no es el que toma las decisiones porque son colegiadas y por eso la cohesión del Consejo General del INE y de las Oples es muy importante. El trabajo hacia adentro, a partir de la pluralidad, es muy importante.
“Pero también hay una dimensión externa. En la medida en que hay mayor credibilidad pública, mayor será la capacidad de resistir frente a esas presiones. La credibilidad no es un cheque en blanco, sino que se construye de manera lenta, paulatina; todo lo contrario, al proceso de descrédito que ocurre de golpe, es muy difícil revertirlo.”
Rectificaciones 
A principios de septiembre, probablemente el día 8, iniciará oficialmente el proceso electoral más grande en la historia del país que se realizará en 2018. En un solo día se disputarán más de 3 mil 300 cargos en 30 entidades, además de la elección presidencial y la renovación de la Cámara de Diputados y el Senado, para lo cual serán capacitados 930 mil representantes de casilla.
Ante este “reto histórico”, Córdova reconoce que tendrán que revisar con sumo cuidado el funcionamiento del conteo rápido y el PREP para que el 1 de julio de 2018 no se presente ninguna falla o anomalía.
Reconoce que ha habido voces críticas respecto a la reforma electoral de 2014, pero advierte que ya no hay tiempo de cambiar las leyes, pero sí de asegurar que las que existen sean aplicadas de manera severa, como por ejemplo la fiscalización de los recursos.
Destaca que en los últimos tres años ha habido 24 elecciones de gobernador, en 14 de ellas ha habido alternancia, lo mismo que en prácticamente la mitad de los cargos de diputaciones de mayoría relativa y en el ámbito municipal.
No obstante, advierte, a la par de alternancia política, también hay una pérdida de confianza y un mal humor respecto a los gobiernos electos en tiempos recientes, así como problemas estructurales irresueltos, como la pobreza, corrupción, impunidad e inseguridad. “Eso genera un malestar social. Este es el contexto en el que las elecciones se están llevando a cabo”.
Ante la enorme expectativa en el proceso electoral 2018, Córdova pide analizar la tarea del INE a la luz de la reforma de 2014 que generó un modelo híbrido en el cual se establece, como excepción, la intervención del INE.
Le preocupa, dice, que las Opes estén financiadas por los gobernadores, lo cual las pone “en una posición de debilidad respecto de los actores políticos frente a los que deben ser autónomos”.
–¿Cuál es el compromiso del INE para 2018?
–Tratar de revertir ese déficit de credibilidad en el que hoy nos encontramos. Es un problema de todas las instituciones del Estado, pero es compromiso que el INE tiene que plantearse con independencia de lo que pase con el resto de las instituciones públicas. Más aún, el gran compromiso es que en la elección de 2018 la democracia dé un paso importante.