La ruta venezolana

La ruta venezolana/Miguel Henrique Otero, presidente del diario «EL Nacional de Caracas».
ABC; domingo, 16/Jul/2017
Este artículo tiene el propósito de sintetizar en diez aspectos lo que llamo la ruta venezolana del populismo a la dictadura. Obviamente, la complejidad del fenómeno venezolano sobrepasa a las diez categorías que consigno a continuación. Mi objetivo no es reduccionista, sino lo contrario: aportar esta especie de decálogo, al que se podrían sumar los otros muchos elementos que la componen.

El primer elemento, que está en la base de toda la operación, es y ha sido el uso del petróleo como herramienta política y geopolítica. En el ámbito interno se usó para crear una enorme red de mecanismos de distribución de subsidios directos e indirectos que, mientras los precios del petróleo estuvieron altos, establecieron controles y obligaciones políticas en la sociedad: quien era beneficiado por algún subsidio debía apoyar y votar por Chávez. En el ámbito geopolítico la operación fue la misma: comenzó a venderse petróleo a precios muy por debajo del mercado, especialmente a los países más pequeños del Caribe, para garantizar el aplauso y la impunidad de los gobiernos de Chávez y Maduro en los organismos multilaterales, especialmente en la Organización de Estados Americanos, OEA.

Esta promoción de un ciudadano dependiente de los subsidios gubernamentales se coaligó con el segundo elemento que quiero anotar, que es el de la destrucción paulatina del aparato productivo privado y de la productividad. Desde 1999 a esta fecha han sido destruidos casi el 70% de las empresas que había en el país, y la productividad promedio ha caído en no menos de 60%. Chávez fue especialmente activo en el objetivo de erosionar la cultura del trabajo y del mérito en Venezuela. La sola revisión de las leyes aprobadas, de las empresas expropiadas, de los ataques a empresarios, constituyen una línea de actuación gubernamental muy clara.
Los altos ingresos petroleros hicieron posible la construcción paulatina de un régimen cada vez más presidencialista, que fue socavando la independencia de los poderes públicos, para convertirlos todos en apéndices de la voluntad del presidente. La destrucción de la independencia de los poderes públicos es el tercer elemento que quiero consignar aquí, y que ahora mismo tiene una enorme vigencia, porque es el sustento que mantiene en el poder a una minoría enfrentada a un rechazo, que supera el 90%, de acuerdo con las encuestas más recientes.
El cuarto elemento es indisociable del anterior: la colonización, politización y control absoluto del sistema judicial, encabezado por el control del Tribunal Supremo de Justicia, que pretende funcionar como un meta-poder, por encima de la institución democrática por excelencia, el Parlamento, escogida con los votos de los ciudadanos. Sobre este proceso, ya se han publicado estudios que narran el proceso. El TSJ produce legislación, despoja al resto de los poderes públicos de sus funciones, viola la Constitución y ha creado una estructura que garantiza la impunidad del narco-régimen.
La politización e ideologización de la Fuerza Armada Nacional es el quinto factor que debe considerarse. Al igual que en el punto anterior, fue una meta que se propuso Chávez apenas alcanzó el poder, y que no ha cesado hasta el momento. De hecho, el control de las Fuerzas Armadas, del TSJ y del Consejo Nacional Electoral –el organismo encargado de los procesos electorales en Venezuela también opera a favor de los intereses del Gobierno–, son los últimos recursos de los que dispone Maduro para mantenerse en el poder.
En la medida en que Chávez logró el control absoluto de todos los poderes públicos, puso en movimiento tres de sus estrategias, estrechamente vinculadas unas con otras: la persecución física y judicial de los opositores –sexto factor–, la destrucción sistemática de los medios de comunicación –séptimo factor– y, un objetivo anunciado abiertamente y sin rubor ninguno por el régimen, el de construcción de una hegemonía comunicacional –octavo elemento–, que le permitiera el control absoluto de las informaciones y la opinión que circulaba en Venezuela. Esa hegemonía, es importante señalarlo, se logró en buena medida. El diario «El Nacional» y algunos otros medios de comunicación que resistieron a los ataques, junto con un significativo segmento de las redes sociales, son hoy las únicas fuentes de información que actúan con plena independencia ante el poderío mediático del Gobierno, que controla más de 70% de los medios de comunicación de Venezuela.
El noveno elemento, fundamental en este recorrido, y que no siempre se analiza en su específico significado, sino como una consecuencia, es lo que llamaré la destrucción sistemática de los símbolos y valores de la república. Este proceso, el más extendido y profundo que ha ocurrido en Venezuela, no solo se refiere al modo cómo han sido desarticulados los principios de la convivencia, sino que mentir, robar, desconocer, insultar, descalificar, humillar, falsear, improvisar, deslegitimar, impostar, extorsionar, coaccionar y vulnerar, se convirtieron en las prácticas con el que poder se ha ejercido y se ejerce, destruyendo toda una tradición democrática y republicana, que en Venezuela se había construido con muchos esfuerzos.
Por último, el décimo elemento en esta corta enumeración es el de una cultura política basada en la polarización, que tiene consecuencias muy duraderas: brutaliza el ejercicio de la política, destruye los mecanismos de convivencia, impone la ley del más fuerte, establece la negación del otro como base de los intercambios sociales, autoriza al ejercicio de la violencia, impide la comprensión objetiva de la realidad. La polarización como estrategia ha sido uno de los datos, posiblemente uno de los más importantes, en la prolongación nefasta del régimen de Chávez y Maduro. Por fortuna, esa polarización se rompió de forma definitiva, y la realidad hoy es que la dictadura en Venezuela es, en términos políticos, una evidente minoría que aglutina el rechazo categórico y activo de la inmensa mayoría de los ciudadanos.