La CEAV desdeña su reclamo
Revista Proceso, 9 de septiembre de 2017
Señor director:
Sin embargo, nunca fue integrada conforme a derecho y el 30 de julio de ese mismo año las autoridades determinaron el no ejercicio de acción penal contra el denunciado. A partir de entonces se inició un acoso policiaco en mi contra.
El 19 de octubre de 2011 fui a Províctima –hoy Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)– a exponer mi problema. Se abrió el expediente provictima/cav-df/00187/10/2011, pero no se me dio la atención debida.
Después de insistir mucho tiempo, el 3 de abril de 2017 me recibió el titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, quien instruyó a la directora de “atención inmediata”, la licenciada Adriana Carmona, se me diera el apoyo económico permanente para el pago de hospedaje y alimentos y se me asignó un número del Registro Nacional de Víctimas (renavi rnv/ceav/9/9153/2017).
Después de varios contratiempos, se me otorgó un apoyo emergente por 21 días –de finales de abril al 15 de mayo, fecha en la que entraría en vigor el apoyo permanente autorizado por el comisionado Rochín–; sin embargo, éste no llegó, por lo que me congelaron la ayuda.
Decidí presentar una queja en la CNDH, donde la visitadora que me atendió me dijo que el licenciado Balam Quitze Salas Monroy, subdirector de atención inmediata de la CEAV, le indicó que debía presentar facturas sobre mis gastos de hospedaje para que éste se me reembolsara.
Presenté nueve facturas a la CEAV por un total de $7,142.00 el 2 de junio junto con una carta en la cual solicité la ampliación del apoyo emergente, dado que se incrementó el acoso contra mí en esos 21 días.
El 15 de agosto me reembolsaron sólo $2,390.00; con respecto a los $4,850.00, me dicen que estas facturas no se me van a pagar pues están repetidas. He pedido se me demuestre lo anterior, pero nadie lo hace.
Una semana antes, el 7 de agosto, recibí una resolución del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) firmada por el comisionado Rochín, en la cual se me indica que fue autorizada mi petición de apoyo para hospedaje y alimentos de manera permanente, que él mismo me había autorizado el 3 de abril y es que entraría en vigor el 15 de mayo.
(El 2 de junio hice una petición al CIE para que se me ampliara el apoyo emergente a 90 días. ya que se me había dado por 21 días, contraviniendo la Ley General de Víctimas, según la cual los apoyos son por un mínimo de 30 días y un máximo de 90. Sin embargo, esta petición fue ignorada por completo y no se me ha dado ninguna respuesta, pues bien saben que sí procede mi petición y que tienen la obligación de otorgármela.)
La resolución indica que será otorgado el apoyo permanente contra reembolso. Es decir, los empleados de la CEAV quieren repetir la historia: que pague y presente facturas, pero no me indican cómo ni cuándo se me pagarán.
Ellos saben que no tengo ingresos económicos para solventar los gastos. Y aun en el supuesto de que pagara mi hospedaje y alimentos y les presentara facturas, no me las pagan.
La resolución del CIE agrega que, de no estar de acuerdo en la resolución, el recurso a interponer será un juicio de amparo indirecto. ¿Cómo hacer esto, si ellos mismos no me proporcionaron nunca el abogado como están obligados a hacerlo?
Es evidente que todo está planeado no sólo para no darme el apoyo al que tengo derecho, sino para dañarme por completo. En la CEAV saben que estoy pasando las noches en la central camionera de Observatorio porque no tengo dinero ni para comer y estoy enferma. Pese a ello, me niegan todo el apoyo. (Carta resumida.)
Atentamente,
Adriana H. Medel,
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