Para el caso Tlahuelilpan, Pemex no hizo valer una póliza de seguro/

Revista Proceso # 2216, 21 de abril de 2019..
Para el caso Tlahuelilpan, Pemex no hizo valer una póliza de seguro/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado –asociación civil que representa a las víctimas de actos gubernamentales para el reclamo de resarcimientos–, se dice sorprendido de que Pemex no haya reclamado una póliza de 250 millones de dólares a la aseguradora Mapfre, con la que suscribió un convenio en julio de 2017 para indemnizar a las víctimas de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan. También asegura que ese documento ya no aparece en ningún portal gubernamental.

Cuatro meses después de la explosión de una toma clandestina en un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo –que provocó 134 muertes, numerosos heridos y 28 desaparecidos–, Amairany Díaz empezó a tomar conciencia de su viudez, pues en ese fatídico 18 de enero falleció su esposo Misael Contreras Pérez.
Misael era tablajero y el sostén de su familia, compuesta por su esposa y dos pequeños. Sus ingresos eran modestos y carecía de seguridad social; semanas después, el gobierno federal le otorgó a Amairany 15 mil pesos y la inscribió en los programas de Bienestar. 

Las autoridades federales hicieron lo mismo con otras 162 viudas. Cada una recibió también ayuda del gobierno estatal para gastos funerarios, sin saber que desde 2017 había una póliza de seguro contratada por Pemex a la empresa española Mapfre que pudo haberles entregado unos 5 millones de pesos –una suma 333 veces superior–, según un análisis del contrato de seguro realizado por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), asociación civil que representa a víctimas de actos gubernamentales para reclamar resarcimientos.
La cláusula 2.12.2 del contrato de la ONRE ya preveía la cobertura de siniestros como el de Tlahuelilpan a los que se refiere como “actos malintencionados”. 
En su “Sección de responsabilidad civil por actos de terrorismo, daños por huelguistas, conmoción civil, actos mal intencionados, alborotos populares, vandalismo y sabotaje”, sostiene: “Se entiende (por tales) a la acción realizada por una o varias personas ajenas al asegurado que obrando ilícitamente perforan (o dañan) tuberías, ductos o válvulas, mangueras y accesorios por robo o intento de robo”.
Dentro de ese supuesto se consideran diferentes criterios de cobertura, que debieron solventarse sin que el gobierno tuviera que destinar recursos para gastos de emergencia, costos judiciales, atención médica por lesiones físicas o daños psicológicos, así como la pérdida neta definitiva.
La póliza desaparecida 
Al presidente de la ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas, quien tiene un doctorado en derecho, le sorprende la falta de explicación oficial sobre las causas por las cuales Pemex no hizo el reclamo del seguro, aun cuando para eventualidades como la de Tlahuelilpan contaba con una póliza de 250 millones de dólares. Y eso está contenido de manera explícita en la póliza, que cubría responsabilidad civil, insiste Guerrero Rojas.
Signada en julio de 2017 y con vigencia hasta junio de 2019, esa póliza integral ampara tanto a Pemex, empresa productiva del Estado, como a sus empresas productivas subsidiarias, organismos subsidiarios, empresas del Grupo PMI y filiales, “la cobertura de daño físico directo a todo bien todo riesgo en tierra y mar y la responsabilidad civil general derivada del desarrollo de sus operaciones”. 
En su clausulado ni siquiera las excepciones dejan fuera de cobertura las explosiones en los ductos de Pemex.
El 28 de marzo Proceso solicitó a la dependencia una explicación sobre los motivos por los cuales no reclamó el seguro. Al día siguiente personal de comunicación social pidió tiempo. Hasta el cierre de edición la respuesta no llegó.
Además del silencio de Pemex, en los portales de información pública gubernamental no existe rastro del contrato celebrado con Mapfre, la transnacional española de seguro y coaseguro que ganó las licitaciones convocadas por la petrolera en 2015 y (su renovación) en 2017, año en que obtuvo la adjudicación por 546 millones de dólares para cubrir siniestros, con vigencia hasta junio de 2019.
La póliza fue hecha a modo por Pemex, que lanzó licitaciones bienales con las condiciones a la medida que necesitaba, entre éstas la de responsabilidad civil por daños causados por terceros a sus instalaciones, que afectaran también a población civil.
–Un argumento que se puede oponer es que en el siniestro las víctimas estaban incurriendo en un hecho ilícito y por ello no tendrían posibilidad de reclamar –pregunta el reportero al presidente de la ONRE.
–Eso es lo que social y técnicamente pueden deducir porque se ha vuelto una extrapolación hasta decir: “Les pasó lo que les pasó porque andaban robando”. Pero ¿cómo van a saber quiénes estaban robando? Eso se inició a las 3:00 de la tarde y la explosión fue alrededor de las 7:00. Así que la primera señal de que ese ducto estaba derramándose fue a las 2:30 o 3:00 de la tarde. La persona que perforó ya no estaba ahí.

Guerrero Rojas abunda en las condiciones de la fuga: en las imágenes se ve a cientos de personas que llegaron al sitio con cubetas y garrafas, pero eso, en su opinión, no era robo. Jurídicamente, dice, el combustible era desperdicio, era irrecuperable.

Independientemente de eso, una eventualidad así estaba cubierta por el seguro.

Campos vacíos 

Amairany y las 162 familias censadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como víctimas de la explosión de Tlahuelilpan recibieron ayuda del gobierno, cuando en rigor Mapfre debió cubrir los gastos. Ello debido a que los afectados desconocen la existencia del seguro. 

En el alfalfar donde ocurrió la explosión, la yerba crece y prácticamente ya no queda ni el hollín de la quemazón del 18 de enero. La tierra fue removida y el ducto fue cubierto. Hoy, al fondo se observa un memorial con una cruz de metal de cuatro metros, otras pequeñas y varios nichos.

El pasado 28 de marzo familiares de Julio César López Pérez –un pipero que murió el pasado 28 de enero en Tlahuelilpan–, quien ese día cumpliría 25 años. Llevaron comida, refrescos y pastel y amenizaron el convivio con música. Se concentraron en torno a un nicho en cuyo interior hay un par de minúsculas pipas de juguete, en recuerdo de lo que hacían Julio César y su compañero Adrián Dorantes Pacheco, dos conductores de pipas para reparto de gas, conocidos en la región como Los Piperos.

La familia de López Pérez no quiere saber nada del gobierno, ni de los apoyos ni de los 15 mil pesos: “Que ni se arrimen”, dice el padre de Julio César.

Por lo que toca a Pemex, nada más ayuda a ampliar el panteón de Tlahuelilpan, que fue lo que el alcalde Juan Pedro Cruz Frías pidió al presidente López Obrador al día siguiente del accidente porque, afirma, era una demanda de ese momento.

El munícipe nada sabe de seguros ni de los llamados Programas de Bienestar. Dice que nunca lo invitan a reuniones como la celebrada en Palacio Nacional dos días después de que los deudos protestaron y pidieron reunirse con López Obrador durante la conmemoración de la Expropiación Petrolera en Tula, el 18 de marzo.

La ampliación del panteón local o la construcción de uno nuevo en el vecino municipio de Tlaxcoapan, de donde procedían decenas de víctimas, aún está a discusión.

El coordinador estatal de Programas de Desarrollo, Abraham Mendoza Centeno, el “superdelegado”, confirmó al reportero el jueves 11 la entrega de los 15 mil pesos a cada familia afectada, así como la revisión de los programas sociales a los que podrán incorporarse.

El caso de San Martín Texmelucan

El 19 de diciembre de 2010 en San Martín Texmelucan, Puebla, una toma clandestina provocó la tragedia que cobró 29 vidas. En esa ocasión la ONRE se dio cuenta de que Pemex ha mantenido –por obligación legal– un seguro de cobertura amplia desde 2004.

Guerrero Rojas, quien como presidente de la ONRE representó a las familias de las víctimas de esa explosión, lamenta que cuando hay algún siniestro nadie les explique a las víctimas cuáles son sus derechos.

Sostiene que el seguro –contratado con Inbursa en ese tiempo y que aún está en litigio– no había cambiado desde 2004; su clausulado, que garantiza cobertura por responsabilidad civil, es el mismo.

Con el contrato base en mano, Guerrero Rojas explica la Sección de Responsabilidad Civil por Actos Malintencionados descritos en la mencionada cláusula 2.12.2, cuyo inciso L) aborda las lesiones corporales: “donde quiera que se utilicen, todas las lesiones físicas a terceros que sean seres humanos, incluida la muerte, enfermedad o incapacidad, así como cualquier lesión mental, ansiedad o shock sufrido por ser humano que derive de la dicha lesión física”.

Pese a ello, en la conferencia mañanera de 21 de enero, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que todos los gastos de atención médica se estaban cubriendo con presupuesto público.

El jueves 11, Proceso solicitó a la dependencia que encabeza Alcocer que informara la erogación correspondiente y un desglose de esa suma. No hubo respuesta.

Según Guerrero Rojas, si se hubiera usado el seguro, la atención médica habría incluido ambulancias y helicópteros, así como la infraestructura de los hospitales privados donde sí existen pabellones de quemados. “Se pudieron salvar muchas vidas”, sostiene, y admite que los nosocomios públicos no cuentan con ese tipo de atención especializada.

La cobertura del seguro de verdad es amplia. Y cita como ejemplo el inciso G, según el cual “gastos de atención de la emergencia” como los “relacionados con las actividades coordinadas o contratadas por el asegurado (sirven) para controlar la contingencia ambiental, mitigar, minimizar o contener la extensión de los daños ambientales y/o propiedad de terceros”.

Guerrero Rojas insiste: el seguro cubría todo lo relacionado con la contención del incendio, recuperación y remoción del combustible, transporte y confinamiento, entre otras acciones. 

El miércoles 3 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó a partir de análisis de suelos que los daños eran irreversibles en las tierras de alfalfa de San Primitivo, Tlahuelilpan, aledañas al ducto. Insiste en que debieron cubrirse con el seguro, pues los incisos M) Limpieza del sitio y N) Pérdida neta definitiva incluyen la remediación y restauración del sitio siniestrado, los suelos, subsuelos, ríos y acuíferos afectados, así como el costo total de reparación de daños patrimoniales.

En el I) se establecen los gastos de defensa, que incluyen la investigación, apelación y litigio frente a cualquier reclamación iniciada o esperada; es decir, abogados, costas judiciales, fianzas, intereses, dictámenes, peritajes y todo lo inhe­rente a juicios en cualquier materia. 

A la familia de los “piperos” no le importa nada de eso, pero la ONRE insiste en que los deudos deben saber a qué tienen derecho y conseguir representación legal, porque los 15 mil pesos que están recibiendo son “una ofensa”.

Dinero perdido

La explosión en Tlahuelilpan dejó en la orfandad a los dos hijos de Amairany y a otros 166 menores. Hasta ahora no han sido beneficiados con ninguna beca para que continúen con sus estudios, aun cuando eso también está previsto en la póliza que Pemex firmó con Mapfre.

El coordinador estatal de Programas de Desarrollo, Abraham Mendoza Centeno, quien levanta un censo entre los niños en edad escolar, advierte que puede haber una cifra negra por personas que temen ser perseguidas por andar llenando bidones o porque simplemente “les da pena”.

El propósito es sujetarse a la normatividad y establecer cómo entregar los apoyos a los menores, que en algunos casos tienen pendiente la asignación de patria potestad debido a que en la explosión del 28 de enero murieron sus progenitores.

Para la ONRE, esos menores son sujetos de cobertura por diferentes conceptos contenidos en la póliza que, en suma, los harían beneficiarios de recursos para su manutención.

En contraste, por el contrato, los accionistas y altos ejecutivos de Mapfre recibieron 572 mil 310 pesos en 2018 como dividendo, de acuerdo con sus reportes financieros.

Y es que, aunque Pemex no responde sobre el asunto ni hay registro del contrato en los portales de información gubernamental, es posible acreditar su existencia, porque la explosión del pasado 28 de enero tuvo un impacto internacional significativo para Mapfre.

Los reportes financieros de la aseguradora en España mencionan ese contrato con frecuencia. En su informe integrado de 2017, por ejemplo, la aseguradora destaca la adjudicación de la póliza, mientras que en su “Reporte de solvencia y condición financiera” del mismo año aparece el contrato como el causante de su competitividad, hasta colocarse como la quinta aseguradora más importante del país.

Según la adjudicación, que explícitamente es bienal, el contrato da cobertura a eventualidades y se extiende hasta junio de 2019, según la información publicada por el diario El Economista del 27 de julio de 2017, en el que se cita un comunicado de la aseguradora que ya no está disponible y en el que establecía que la firma se celebró el 24 de julio de 2017.

Lo que si se subió al sitio de la aseguradora es el comunicado por el fallo de la licitación emitido el 5 de julio de 2017, cuando, además de un boletín, el director de Mapfre Latinoamérica, Jesús Martínez Castellanos, colocó un video en YouTube para presumir el contrato.

Escribió: “(Es) la póliza más importante en el mercado mexicano y, por volumen de prima, de las más importantes a nivel mundial. Nos refuerza como líderes indiscutibles en el sector de daños en México y demuestra la capacidad y gran fortaleza de Mapfre”.

Guerrero Rojas advierte que, aun cuando el contrato no es público (debería serlo por ley y hasta por la cláusula 4.25 de la póliza, que compromete transparencia), el dinero entró, pues ninguna empresa reportaría un ingreso y entregaría dividendos a sus accionistas.

En el contexto de cancelación de seguros por la “austeridad republicana”, hubiera sido ilógico que el contrato se desapareciera, en principio porque es obligación legal de la empresa y no decisión personal de funcionarios. Además, ya estaba pagado y tenía vigencia hasta junio próximo. 

El presidente de la ONRE concluye: “No hay explicación. Sin ser suspicaz, yo no creo que el presidente de la República se hubiese animado a proteger a esa gente. Otra: no sabían… pero yo lo dudo mucho. Ese tipo de contratos se hacen desde hace 15 años, la ley los exige y el director de Pemex tiene que saber que hay un contrato. La tercera es que el gobierno decidió cobijar a Mapfre (lo que hace pensar en la posibilidad de) que entre funcionarios y la aseguradora haya corrupción”.