Las columnas políticas, hoy, viernes 24 de septiembre de 2021

 Desaira EU invitación de AMLO a festejo patrio 

¡Por qué?

 El C. Presidente  López Obrador informó en la mañanera que el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, no acudirá a México para participar en festejo por el Bicentenario de la Independencia.

"No, no, viene posteriormente, vienen otras personalidades, representantes de todos los gobiernos o varios gobiernos del mundo, francés, de Rusia, viene un representante del Papá Francisco, en fin, vienen muchos representantes de gobiernos extranjeros",  comentó...

Esta confirmadísmo la presencia de Blinken  a los festejos por el bicentenario de la Independencia de México.. De hecho, originalmente, el invitado era el Presidente Joe Biden, sin embargo,  no pudo asistir.

"Ya lo hemos hablado, lo hablamos con su asesor, (Jake) Sullivan, él lo consideró importante de que, independientemente de asuntos específicos, como lo migratorio, eso fue lo que él me transmitió, a título personal él consideraba importante una plática entre nosotros, el Presidente Biden y el Presidente de México", señaló López Obrado hace días..

El  27 de septiembre se tiene prevista una representación de la entrada a la ciudad del Ejército Trigarante y se va a inaugurar una exposición en el Museo de Antropología con códices y piezas que se obtuvieron por gestiones ante gobiernos de Europa y América. 

Una de ellas son 

¡Qué pasó? ¿Un desaire por las expresiones de López  Obrador en las mañaneras?

Quizá estemos exagerando..Incluso ayer se dio a conocer que Washington entregó a decir de Ebrard documentos históricos del siglo XVI, entre ellas una carta de Hernán Cortes, recuperadas por  la oficina del fiscal general de Nueva York; se  trata de documentos que habían sido perdidos y vendidos ilegalmente ..

Hace unas semanasel archivo general de la Nación  dijo a conocer que 16 documentos son reclamados de México a EU,  Todos ellos han sido sustraídos ilegalmente de su Acervo...

¿Pero  algo pasó...Acaso, México no es tan importante, o es un mensaje directo a López Obrador para que le baje dos rayitas ?

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Suspende de momento, EU uso de agentes a caballo  tras agresión a migrantes  

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos suspendió el uso de patrullas a caballo en el sector de Del Río, Texas, esto luego que se difundiera el momento en el que agentes agredieron a migrantes.

“Hemos cesado temporalmente el uso de la patrulla a caballo en Del Río. Daremos prioridad a otros métodos para identificar a las personas que podrían estar en problemas médicos”, informaron funcionarios a la cadena CNN. 

¿Por qué es importante? Tras la agresión a migrantes también se detalló que se inició una investigación contra los agentes de la Patrulla Fronteriza en patrulla a caballo que realizaron estos actos. 

El funcionario que habló para CNN añadió que se está “trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de México y nuestros socios en el Gobierno Federal para tratar de tirar de ese hilo y ver cómo podemos mejorar la visibilidad de esos movimientos organizados”.

En tanto,  la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria, comentó que el secretario (de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas) le habría manifestados a líderes de derechos civiles que ya no usaremos caballos en Del Río”..

Las imágenes del maltrato a indocumentados por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza provocaron una oleada de críticas al Gobierno del presidente Biden, cuyo Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

Hay que decir, que el uso de caballos para patrullar la frontera se ha “suspendido temporalmente”, no de forma definitiva, y que se “dará prioridad a otros métodos para identificar a personas que puedan tener problemas médicos” entre los migrantes que cruzan.

Numerosos activistas y políticos demócratas han denunciado además que el Gobierno de Biden esté deportando de forma masiva a los migrantes a Haití, un país sumido en una profunda crisis política y marcado por la inseguridad.

Además, la polémica sobre la situación en la frontera provocó este jueves la dimisión del enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, quien renunció en protesta por el “trato inhumano” del Gobierno estadounidense a los migrantes haitianos y el hecho de que se los deporte a un país con tantos problemas como Haití.

La portavoz de Biden alegó  que “no son deportaciones”, porque “la gente no está entrando en el país por métodos legales”.

Psaki precisó que “quedan menos de 5 mil migrantes” en la zona de Del Río, donde alrededor del triple de esa cifra llegaron a concentrarse en un campamento improvisado bajo un puente internacional.

Desde el pasado 19 de septiembre, aseguró Psaki, se ha expulsado a Haití a “14 mil 101 ciudadanos haitianos” en doce vuelos, y otros 3 mil 206 haitianos han salido del campamento en Del Río y están bajo custodia de las autoridades fronterizas, cuyo objetivo es expulsarlos del país con base en diversas regulaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional detalló que aproximadamente dos tercios de las personas que intentan cruzar la frontera son familias y el resto son adultos solteros y relativamente ha habido pocos niños no acompañados.

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Las columnas políticas, hoy, viernes 24 de septiembre de 2021

Templo Mayor/ REFORMA

SI HOY llegaran los aliens a México, sería bien difícil explicarles que en este país se libera en caliente al narco Ovidio Guzmán y, en cambio, se busca encarcelar a 31 científicos y académicos, nomás por capricho.

Y MÁS cuando ya dos jueces han desechado la denuncia de la Fiscalía General de la República por improcedente, pero Alejandro Gertz Manero está empeñado en desquitarse de un gremio en el que nunca fue aceptado, como lo es el de los investigadores. No hay que olvidar que durante 11 años intentó entrar al Sistema Nacional de Investigadores, y sólo lo logró de la mano de la 4T.

EL COLMO es que la titular (es un decir) de las políticas científicas del país, María Elena Álvarez-Buylla, fue quien presentó la denuncia contra esos científicos y hoy, con la ligereza del hidrógeno, dice que ¡ni estaba enterada! Mal están las cosas en un país cuando para los delincuentes hay abrazos y para los científicos hay porrazos.

AHORA QUE Rogelio Ramírez de la O ya está metido de lleno en poner orden a las finanzas nacionales, tal vez podría echarle ojo a lo que está pasando en el ISSSTE. Resulta que la institución arrastra un mega adeudo millonario con sus proveedores.

LO RARO es que el retraso en los pagos no es por falta de recursos, porque dinero hay en caja y de sobra. El asunto, según dicen, es porque alguien está reteniendo esos recursos, por alguna inconfesable razón. Tan es así que el propio director del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, ha "ordenado" pagar las deudas... pero no le han hecho caso.

EN TANTO, las empresas proveedoras sí tienen que seguir pagando nóminas, a sus acreedores y, por supuesto, sus respectivos impuestos. Lo más grave del asunto es que quienes están en riesgo son los derecho- habientes, pues en una de ésas se podrían quedar sin servicios o suministros de un día a otro. Sería bueno saber quién en el ISSSTE se está pasando de listo.

MAÑANA acaba la Feria Aeroespacial México 2021 y todo indica que no alcanzó a despegar el vuelo. Cosa de recordar que durante más de un año se hicieron preparativos para que se llevara a cabo en Querétaro, peeero a ya saben quién se le antojó que mejor se hiciera en el aeropuerto de Santa Lucía.

EL PROBLEMA, evidentemente, no fue sólo el cambio arbitrario de sede (el pretexto fue la pandemia), sino que dejaron colgados, vestidos y alborotados a todos los empresarios, hoteleros y restauranteros queretanos que esperaban una importante derrama económica con la feria. Y no sólo ellos fueron los afectados: varias empresas cancelaron su participación, lo que propició que se redujera drásticamente el número de stands, lo que en nada ayuda al clima de negocios que se busca propiciar.

PERO, bueno, lo importante es que quienes sí acudieron a la Famex, pudieron disfrutar de la hermosa vista de un aeropuerto en obra negra y refrescarse con las constantes tolvaneras que empolvan la región.

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Estrictamente Personal

El ataque a científicos, desde arriba/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, septiembre 24, 2021 |

Una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt conforman, para el gobierno federal, un cártel más peligroso que el Del Pacífico o el Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, pedirle a un juez órdenes de aprehensión contra ese grupo por delitos que incluyen los de delincuencia organizada y que los encerrara en una prisión de máxima seguridad, era más apremiante que cualquier acción contra el líder de una organización criminal, donde la acción del gobierno es la opuesta: no hay persecuciones en su contra.

Lo que el gobierno, a través de la Fiscalía General, no hace contra los líderes de los cárteles de las drogas, sí lo hizo contra los científicos. La fuerza del gobierno no se aplica en ellos, sino en quienes han disentido del gobierno, como se aprecia en la orden de aprehensión contra los científicos, solicitada el 24 de agosto pasado al juez de Distrito en El Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, que revela sevicia y despropósito.

En esa reveladora solicitud señaló que los investigadores y académicos –muchos de ellos reconocidos internacionalmente– tenían una conducta criminal, que de acuerdo con sus investigaciones, por las “enormes cantidades de dinero” y “capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones”, pues tenían recursos “para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión”.

La acción del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, provocó un tsunami de críticas, no tanto por la investigación sobre presuntas ilegalidades con el manejo de recursos públicos, sino por las acusaciones de delincuencia organizada. Sin embargo, Gertz Manero no actuó sólo. Hay evidencias para argumentar que la embestida contra los científicos contó con el aval de las más altas esferas del gobierno.

El fiscal partió de la denuncia que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, el 10 de julio del año pasado. En 36 días, la Fiscalía General puso nombres y apellidos en la querella, con lo que pasó de ser “contra quien resulte responsable” a personalidades específicas, y de los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, escaló a manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, crímenes federales donde se ingresa a la cárcel sin posibilidad de defensa en libertad. Las penas que pidió en contra de los principales científicos imputados fueron de hasta 40 años de prisión.

Gertz Manero actuó de forma expedita. Nueve días antes de solicitar la orden de aprehensión, el 15 de agosto, recibió documentación y constancias de la Secretaría de Hacienda para apoyar su petición de los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin Hacienda, la Fiscalía General no podía haber incorporado esos delitos. Lo que tuvo como sustento para su solicitud al juez Salazar Hernández fue una denuncia de hechos formulada por el procurador fiscal, Carlos Romero, en suplencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O –quien llegó al cargo el 3 de agosto–, de acuerdo con el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Este movimiento es el que sugiere que el fiscal actuó de conformidad a lo que deseaba el gobierno federal, o el de funcionarios, específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esa denuncia debía haberla firmado el secretario de Hacienda, quien, sin embargo, por una razón que no se explica en la documentación del caso, no lo hizo. A la par de ello está otra anomalía. El procurador fiscal tiene la facultad para presentar una denuncia de esa naturaleza sin necesidad de la autorización del titular de Hacienda, con lo cual, al presentarle como “suplente”, dejó en Ramírez de la O la carga de la denuncia, deslindándose, para efectos prácticos, de ella. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó en consecuencia con la demanda del Conacyt y una moción, sin saberse hasta este momento de dónde, para presentar la denuncia ante la Fiscalía General y darle así los elementos para fincar los delitos de delincuencia organizada.

Las constancias que entregó Hacienda no explican en qué se sustentan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, si la denuncia del Conacyt habla de varias decenas de millones de pesos que salieron del presupuesto que aprobó Hacienda. Aunque la denuncia corrió en tiempos donde Arturo Herrera era el secretario de Hacienda, los materiales legales de apoyo a la fiscalía se le entregaron con Herrera en el cargo. Ni Gertz Manero, y menos aun Ramírez de la O, como encargado de despacho, operan de manera autónoma.

Un asunto de esta envergadura, dentro del marco de referencia del método de trabajo que utiliza López Obrador para gobernar, es impensable que lo desconociera el Presidente, y poco probable que no se hubiera consultado con él. Los temas de mayor alcance que maneja Gertz Manero siempre los ha tratado con la Presidencia. El propio López Obrador reconoce que es “un poco obsesivo” y que no le gusta delegar los asuntos fundamentales. La corrupción es el tema central de su discurso, de su proyecto y de su visión de país. Lo que sucedió con los científicos era de su conocimiento, como lo admitió el miércoles, donde lejos de criticar o tomar distancia de las acusaciones por delincuencia organizada, respondió que “el que nada debe, nada teme”.

El juez Salazar Hernández rechazó esta semana la segunda solicitud de orden de aprehensión contra los científicos, y antes de que terminara el día, la Fiscalía General volvió a acometer contra ese grupo con una tercera petición para que los detengan. Se han eliminado, cuando menos por ahora, los delitos relacionados con delincuencia organizada, pero la embestida va para adelante y no va a terminar. Gertz Manero, con el apoyo presidencial, irá más allá de los límites, y hasta donde le permitan llegar.

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La verdad de Iguala

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

en REFORMA

"Esta es la verdad histórica

de los hechos, basada en las pruebas

aportadas por la ciencia". Jesús Murillo Karam

 En su tercer informe de gobierno el presidente López Obrador hizo a un lado un momento su abrumador optimismo para decir: "De los 100 compromisos que hice en el Zócalo hemos cumplido la gran mayoría, 98. Solo tenemos pendientes dos: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa".

Para desentrañar lo ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, hace siete años, se requiere conocer la verdad, lo cual no parece ser el deseo del gobierno, que se muestra más preocupado por generar una narrativa alterna ajustada a propósitos políticos. Hay más interés en descalificar la "verdad histórica" del exprocurador Jesús Murillo Karam y en perseguir a quienes realizaron la investigación que en desentrañar lo ocurrido y castigar a los responsables. La designación de Omar Gómez Trejo como fiscal especial del caso es reveladora. Él fue secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que desempeñó un papel eminentemente político en las investigaciones.

"Verdad histórica" es un término legal que se usaba en el viejo sistema penal inquisitivo para señalar la hipótesis que la Procuraduría sometía a un juez. Se distingue de la "verdad jurídica", porque ésta la define el juzgador en su fallo. La verdad histórica de la PGR en este caso fue que policías municipales de Iguala atacaron a un grupo de normalistas de Ayotzinapa que se trasladaban en autobuses robados y secuestraron a cuando menos 43, los entregaron a una organización delictiva, Guerreros Unidos, que los ejecutó e incineró porque pensaba que eran parte de una banda rival, Los Rojos. La hipótesis fue rechazada por los líderes del "movimiento Ayotzinapa", un grupo político, porque consideraba que el responsable debía ser el Estado mexicano. Estos líderes ordenaron callar al sacerdote y activista social Alejandro Solalinde, que fue el primero en señalar que los estudiantes habían sido quemados.

En su afán de rechazar la verdad histórica, el GIEI trató de demostrar que los normalistas no podían haber sido quemados en el basurero municipal de Cocula, pese a que este no era el meollo de la hipótesis. Uno de sus integrantes afirmó que la quema era imposible, pero otros expertos lo contradijeron. El GIEI sostuvo también que quienes confesaron su participación habían sido torturados y logró que los tribunales liberaran a varios autores confesos, no porque no fueran responsables, sino porque se habían violado sus derechos. No propuso, sin embargo, una versión alternativa coherente con las pruebas.

La Comisión de Derechos Humanos publicó el 28 de noviembre de 2018 un detallado trabajo que cuestionó muchas actuaciones de las autoridades, como la de los elementos del 27º Batallón de Infantería que tuvieron conocimiento de los hechos y no presentaron denuncias, pero avaló en general la tesis del homicidio por Guerreros Unidos. Concluyó que por lo menos 19 personas habían sido incineradas en el basurero y pidió que se mandaran 114 restos al laboratorio genético de Innsbruck para su análisis. No solamente no se han atendido las recomendaciones, sino que la nueva titular, Rosario Piedra, eliminó la Oficina Especial para el Caso Iguala.

Los actuales responsables están tratando de quedar bien con los líderes de Ayotzinapa. Buscan presentar acusaciones contra quienes estuvieron a cargo de la investigación, pero no esclarecer los hechos y castigar a los responsables. No sorprende que el caso no se haya resuelto.

· ANGELA

Este próximo domingo habrá elecciones en Alemania que marcarán el fin del gobierno de Angela Merkel que dio inicio el 22 de noviembre de 2005. Ha sido uno de los regímenes más exitosos del mundo. Vale la pena estudiarlo y entenderlo.

@SergioSarmiento

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Símbolos y realidades/Juan Villoro

en REFORMA

El pasado 11 de septiembre, Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, miembros de la Junta de Buen Gobierno del Caracol "Floreciendo la Semilla Rebelde", se dirigían a San Cristóbal de Las Casas para despedir a la delegación zapatista que viajaba a Europa cuando fueron interceptados por miembros de la Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo), que desde hace meses amedrenta a los pobladores de la comunidad autónoma Moisés-Gandhi.

La camioneta de los zapatistas fue encontrada en la localidad de 7 de Febrero, municipio de Ocosingo, donde la Orcao tiene su sede. El incidente fue denunciado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que el 12 de abril había sufrido también el secuestro de dos de sus miembros.

La Orcao ofreció liberar a los detenidos a condición de que la Junta zapatista se presentara en el lugar. Se trataba, a todas luces, de una trampa para canjear a unos presos por otros.

El lunes 13, el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, del que formo parte, informó del secuestro a la Secretaría de Gobernación. Se sabía dónde estaban Sebastián y José Antonio y quién los tenía detenidos. ¿Qué hizo el gobierno? Absolutamente nada.

Sólo gracias a los párrocos que ofician en la región, los detenidos fueron puestos en libertad el domingo 19 de septiembre. Chiapas se ha convertido en bastión del crimen organizado y de cuerpos paramilitares. Ni el gobierno estatal de Rutilio Escandón ni el gobierno federal toman medidas para evitar el polvorín que presagia un incendio.

La realidad de los pueblos indígenas no puede ser más preocupante. Víctimas de un despojo centenario, no han dejado de defender los recursos naturales. Esa resistencia, que debería ser vista como un beneficio para la sociedad en su conjunto, ha puesto en peligro sus vidas. Mientras en México las compañías canadienses practican la minería a cielo abierto en condiciones prohibidas en su país, quienes se oponen a la devastación de la biósfera son asesinados. En 2019, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental registró 39 agresiones a ambientalistas. En 2020, esa violencia aumentó de manera significativa: 18 asesinatos, 65 ataques y 90 agresiones. La mayoría de las víctimas han sido indígenas, y en el 40 por ciento de los casos hubo participación de agencias gubernamentales.

Hace apenas unos meses fue asesinado el líder yaqui Tomás Rojo, que se oponía al acueducto Independencia que privará de agua a las comunidades yaquis (con 40 mil habitantes) para llevarla a Hermosillo. De Chiapas a Sonora, México es un país donde defender la tierra significa regarla con sangre.

Pero en vez de intervenir en el mundo de los hechos, el gobierno busca alterar el laberinto de los símbolos. Los indígenas que se atreven a existir padecen toda clase de riesgos. No se persigue a sus asesinos, pero se buscan paliativos como cambiar la estatua de Colón por la ciclópea cabeza de una mujer indígena. Sin una discusión de por medio, el proyecto se encargó al artista Pedro Reyes, de probada trayectoria pero que en modo alguno representa al género femenino ni a las comunidades indígenas. Un colonialismo sustituía a otro. Por suerte, el despropósito está siendo reconsiderado.

Pensar que el problema no está en la realidad sino en las estatuas equivale a suponer que la discriminación se limita al pasado y no atañe al presente.

La solicitud de que España y el Vaticano pidan perdón por la Conquista se inscribe en la misma tesitura. Al término de la Nueva España, cerca del 70 por ciento de la población hablaba una lengua indígena. Hoy sólo el 6.6 por ciento las habla. La destrucción del patrimonio cultural prehispánico ha sido, en lo fundamental, obra del México independiente.

En vez de asumir la responsabilidad que le corresponde ante la realidad, el gobierno opta por sancionar a un marino genovés del siglo XV y mandar cartas al piloto de la barca de San Pedro.

El historiador Federico Navarrete ha recordado que durante la caída de Tenochtitlan sólo el uno por ciento de los combatientes pertenecía a las tropas de Cortés. Posteriormente, se construyó una narrativa que acreditaba el triunfo en exclusiva a los españoles y presentaba una empresa de dominio como un proyecto evangelizador. Hoy el gobierno propone otro discurso ideológico. Mientras tanto, los descendientes de los pueblos originarios padecen el oprobio.

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