La trama rusa del avión presidencial/Mario Maldonado

La trama rusa del avión presidencial/Mario Maldonado

El país que compró el avión no habría si-do el desconocido Tayikistán, sino Rusia.

EL UNIVERSAL, 24 de abril de 2024

El anuncio triunfal del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la venta del Boeing 787 adquirido en la administración de Felipe Calderón y utilizado mayormente por el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser la puntilla de una atribulada relación de su gobierno con los Estados Unidos. Según fuentes internacionales bien acreditadas, el país que tendió este salvavidas al gobierno mexicano no habría sido propiamente el desconocido Tayikistán, sino Rusia.

Los 92 millones de dólares que significa la transacción provendrían realmente del gobierno de Vladimir Putin, pero se tuvo que hacer una triangulación con la pequeña nación soviética que gobierna Emomali Rahmon, básicamente porque el sistema financiero ruso está vetado de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria (Swift), el sistema por el que hacen transferencias internacionales más de 11 mil bancos de 200 países.

Rusia y sus bancos fueron excluidos de este sistema a mediados del año pasado, como parte de las sanciones económicas que la comunidad internacional le impuso por la invasión a Ucrania. El régimen de Putin carga actualmente con más 15 mil sanciones económicas impuestas por diversos países del mundo, un récord en la historia económica de cualquier país. Las dos naciones que se resistían a romper relaciones comerciales con los rusos, Corea del Sur y Taiwán, también se sumaron al veto.

Junto con Venezuela, los rusos intentan desarrollar un esquema propio de transferencias internacionales, en el que la moneda preponderante no sea el dólar. Según especialistas en la materia, dicho sistema tiene pocas posibilidades de prosperar, por lo que el gobierno de Putin debe convencer a naciones aliadas para cerrar sus negocios.

México es uno de esos pocos países que, a contracorriente de la mayoría de posturas internacionales, se atreve a hacer negocios con ese régimen, en una coyuntura en el que el presidente mexicano estaba desesperado por deshacerse del avión al que le ha cargado todo el simbolismo de la corrupción, mientras Putin quiere fortalecer sus relaciones con el país vecino de su histórico rival norteamericano.

Desde el punto de vista geopolítico, la operación fue estratégicamente planeada; es decir, se cierra el acercamiento ruso con México justo cuando se perciben tensiones del presidente López Obrador con el gobierno de Estados Unidos por temas como la producción y distribución de fentanilo y por el supuesto espionaje que el pentágono realiza sobre los cárteles de la droga y el Ejército Mexicano.

Por si fuera poco, el anuncio sobre la venta del avión presidencial se hizo el mismo día en que el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, apareció de manera virtual en el Congreso mexicano para explicar su “Fórmula Ucraniana de la Paz”, un plan con diez puntos para terminar con la invasión rusa a su país.

En el evento impulsado por el diputado Salomón Chertorivski (con orígenes ucranianos), participó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. En el mismo los morenistas se esmeraron en asegurar que se trató de un encuentro no oficial y con declaraciones a título personal.

Las señales confirman lo que declaran las fuentes internacionales: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vendió el simbólico avión presidencial al régimen de Vladimir Putin a través de un país que hasta principios de los 90 formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el cual ni siquiera tiene una fuerza aérea.

Si tomamos en cuenta que el avión se remató al 40% de su costo y que muy probablemente tendrá consecuencias en la relación con el gobierno de Estados Unidos, nos encontramos ante una de las decisiones de mayor riesgo que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador.

Posdata 1

Las derrotas que el pasado 2 de enero sufrió el presidente López Obrador en la Corte y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) empiezan a cobrarle factura. El retorno de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es el resultado del descarrilamiento de las aspiraciones de la ministra Yasmín Esquivel, mientras que el fallido intento de imponer a la magistrada Natalia Téllez Torres en la presidencia del órgano jurisdiccional está por revivir como proveedoras del sector público a compañías que en Palacio Nacional han sido señaladas por corrupción.

Resulta que el Tribunal que encabeza ahora el magistrado Guillermo Valls resolvió dar entrada a un juicio de nulidad promovido por la firma de servicios de laboratorio y banco de sangre Grupo Falcón, con el que pretende superar la inhabilitación que le impuso este gobierno a mediados de 2022 para adjudicarse nuevamente millonarios contratos en el IMSS, de Zoé Robledo, y el ISSSTE, de Pedro Zenteno.

Se dice que ya se tiene listo un recurso de apelación que será ingresado en el TFJA, además de que la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación una segunda inhabilitación contra la empresa que dirige Noé Ramírez.

Posdata 2

Neixar Systems fue una contratista de los gobiernos federales anteriores y en la 4T cayó parada: en los últimos años se contabilizaron varios contratos con dependencias como la Secretaría de Energía, el Senado de la República y la Auditoría Superior de la Federación

Su principal accionista es el empresario Ángel Beltrán Acosta, ligado principalmente al sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, junto con su socio David Adissi.

Actualmente, Beltrán Acosta hace negocios a través de N. Technology y en sociedad con KIO Networks, que lleva Sergio Rosengaus, o por lo menos eso presume. También participa en las empresas La Estofadería San Ángel, Grupo Inmobiliario Legan y en la desaparecida Marine Warehouse. La competencia del empresario en el sector TIC y otros han presentado denuncias por supuestas malas prácticas.

@MarioMal