El laberinto de la verdad y el silencio cómplice de las instituciones

El laberinto de la verdad y el silencio cómplice de las instituciones

Por Fred Alvarez Palafox

@fredalvarez 

«La verdad os hará libres», dicta el Evangelio de Juan. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad se convierte en un laberinto diseñado por el Estado no para iluminar, sino para confundir, ocultar y, finalmente, sepultar la justicia bajo metros de impunidad?

Hoy, viernes 22 de mayo, la realidad nos obliga a mirar hacia donde el poder preferiría que mantuviéramos los ojos cerrados. La investigación de Daniela Wachauf en El Universal no es una simple nota de primera plana; es un espejo roto puesto frente al rostro de nuestras instituciones. Se nos desvela la trama de los hermanos Farías Laguna, un desfalco millonario por «huachicol fiscal» en las aduanas y, lo que es una herida abierta en la nación, una estela de sangre: la ejecución de tres marinos y una empleada de la fiscalía.

Detengámonos en el nombre del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Él no fue una estadística ni una nota al pie; fue un hombre que, desde la entraña del sistema, decidió denunciar la podredumbre. Lo ejecutaron en Manzanillo. Y lo que hiela la sangre, más allá de la estridencia del gatillo, es la sospecha técnica: la frialdad quirúrgica que sugiere que la información para cazarlo salió de su propia casa. Esa misma sombra, dicen los documentos, alcanzó a Magali Janet Nava en Colima.

Ante esto, el guion oficial se ejecuta con precisión de autómata. La Fiscalía General de la República lanza el comunicado 286, un muro de concreto destinado a atajar el golpe. «No hay imputaciones», sentencia el Estado, descalificando la evidencia como meras «aseveraciones de medios». Horas después, desde el Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum refuerza el cerco, apoyada en la voz de la fiscal Ernestina Godoy: «Es falso», repite, minimizando la gravedad de la filtración como si se tratara de una simple desavenencia administrativa.

Aquí es donde el abismo se ensancha. De un lado, una filtración con detalles técnicos, sustentada en la «Resolución respecto a la petición de orden de aprehensión» de la cual el periódico posee copia; del otro, el desmentido oficial que ignora la existencia de esos folios.

Pero seamos claros: la tragedia no entiende de comunicados de prensa. Los hechos son tercos, y los cadáveres, irrebatibles. Las familias que hoy lloran a estos elementos no necesitan lecciones sobre lo que el poder define como «noticia falsa»; necesitan justicia.

Lo que presenciamos no es una gestión de crisis, es un peligroso cambio de paradigma: la respuesta ante la crítica incómoda ya no es la investigación, sino la estigmatización. El anuncio de un programa semanal para «desmentir» a los medios, coordinado por la Consejería Jurídica, es un aviso: la verdad oficial será la única permitida. Bajo esta lógica, la realidad que incomoda al poder será etiquetada, por decreto, como fake news.

Si la verdad nos hace libres, ¿por qué el sistema teme tanto a los documentos que revelan su opacidad? Cuando la corrupción se mimetiza en las cúpulas, el periodismo deja de ser un oficio para convertirse en el último refugio de aquellos que, como Guerrero Alcántar, intentaron limpiar la casa desde adentro.

Hoy, la pregunta resuena con una urgencia brutal: ¿Quién cuida a los que se atreven a ser honestos? ¿Quién protege a los buenos cuando el Estado ha decidido que el silencio, o la desaparición de quienes rompen la omertá, es el precio a pagar por la estabilidad política?

El Estado podrá intentar blindarse contra el espejo, pero afuera, la realidad sigue cobrando vidas. La verdad podrá ser enterrada en un boletín de prensa, pero el dolor de las víctimas no se desmiente con conferencias. Ese dolor, s la única verdad inalterable; es el grito que ninguna institución, por más poder que acumule, podrá callar para siempre..