El Escudo de Cristal y la Tempestad de Hierro
La política mexicana suele bailar a un ritmo que desafía la lógica del ciudadano de a pie. Es una coreografía de sillas musicales donde el servicio público, a veces, parece más un refugio que una vocación. Apenas ayer, Luisa María Alcalde cerraba las puertas de la dirigencia del partido en el poder y hoy, sin soltar las llaves, estrena el despacho de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Pero no llega para ordenar papeles. Su estreno es una misión de contención: levantar un escudo de técnica jurídica frente a la embestida que viene de Washington. Ya no es solo contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; ahora el tablero es mucho más amplio y las piezas que caen tienen cada vez más peso.
El argumento oficial es, en el papel, impecable: "falta de urgencia". Invocan el tratado de extradición como una muralla. Pero para quien observa desde la barrera, el tecnicismo suena a bofetada. Es paradójico que una acusación que vincula a un mandatario con el crimen organizado sea tratada con la parsimonia de un trámite de ventanilla.
Raymundo Riva Palacio nos revela que la lupa de Washington ya no solo está en Culiacán; se extiende a Baja California, Sonora y Tamaulipas. Incluso los nombres de Mario Delgado y la propia Alcalde figuran en expedientes que la Casa Blanca considera "casos concluidos". Aquí, el Derecho no busca la verdad, sino que actúa como un freno de mano; es intentar explicarle a una tempestad las reglas de urbanidad mientras los rayos ya están cayendo.
En Palacio parecen ignorar que el reloj de Washington no se detiene. Ronald Johnson fue claro en Los Mochis: la paciencia se agotó. Como señala Salvador García Soto, la administración Trump no acepta "chicanadas"; para ellos, la firmeza contra estos nexos es combustible electoral puro.
Mientras aquí se busca ganar tiempo, allá se construyen destinos. El tiempo se evapora cuando los protagonistas buscan salidas de emergencia. Como advierte Roberto Rock, ya no es ruido, son "pasos en la azotea". Empresarios como Enrique Díaz de la Vega ya no esperan el debido proceso aquí; prefieren el refugio —o la confesión— del testigo protegido en Nueva York. Los aviones privados vuelan al norte cargados de secretos.
La última pieza es la protección federal a Rocha Moya. ¿Se le protege del riesgo o se le resguarda para evitar que sea otro pasajero hacia el norte?
En una analogía que hiela la sangre, Jorge Fernández Menéndez advierte que estamos replicando el guion suicida de 1985. Al igual que Miguel de la Madrid ante el caso Camarena, hoy se prefiere el escudo de una soberanía atonal por encima del rigor de la justicia. Pero la tormenta no cesa porque se le ignore. Cuando los testigos vuelan y las órdenes de arresto se firman con tinta de hierro, el escudo de la técnica se vuelve de cristal. México ha elegido la defensa política, pero la realidad siempre termina derribando las puertas de cualquier despacho jurídico.
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Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU
El Universal, | 04/05/2026 |; reporteros..Pedro Villa y Caña y Alejandra Canchola…
Ingresos en base a su declaración patrimonial…
En Sinaloa, el poder no solo se ejerce, se posee. Tras el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las declaraciones patrimoniales de diez hombres clave han dejado de ser trámites burocráticos para convertirse en espejos de una realidad fracturada. No es solo un listado de bienes; es el rastro de cómo la función pública se entrelaza, a veces con la fortuna empresarial y otras, con el silencio más absoluto.
El Imán de la Opulencia: El Expediente Díaz Vega
Los reporteros Pedro Villa y Caña y Alejandra Canchola, de El Universal, han puesto nombre y cifra a la opulencia: Enrique Díaz de la Vega percibió 7.8 millones de pesos en 2024. No son solo números; son terrenos adquiridos bajo la sombra del cargo público y una colección de metales preciosos sobre ruedas —un Lexus de dos millones y un par de BMW— que brillan tanto como las dudas que generan. Su éxito, cobijado por apellidos de la talla de los Coppel, hoy habita en el incómodo territorio de la sospecha pública, donde cada centavo parece exigir una explicación que aún no llega.
El Refugio de las Pensiones: La Seguridad del Retiro
En el otro extremo de la balanza, la política se vive como un retiro dorado. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ha construido un blindaje financiero basado en la seguridad social. Percibe 2.3 millones de pesos anuales, una cifra alimentada por la "trinidad" de sus pensiones: la de la UAS, el IMSS y la viudez del ISSSTE. En su garage habitan los contrastes de una vida pública larga: el modesto VW Gol que la suerte le entregó en una rifa convive con la sobriedad de un Mercedes Benz adquirido a crédito. Es la imagen de un hombre que, habiéndolo sido casi todo en la academia y la política, hoy ve su estabilidad cuestionada.
De igual forma, el senador Enrique Inzunza Cázarez encuentra su solidez en la memoria del Poder Judicial. Con más de 1.6 millones anuales producto de su jubilación como magistrado, Inzunza se permite un matiz de nostalgia: la compra, también de contado, de un GMC clásico de 1970, un objeto de colección que parece hablar de un gusto por el pasado en medio de un presente turbulento.
El Rastro Tenue y el Muro del Silencio
Conforme la jerarquía desciende, el dinero parece volverse más discreto, o quizás, más esquivo. El alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, presenta una estampa de austeridad relativa, con una sola propiedad y el salario propio de su encargo. Por contra, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, no resistió la tentación del estatus, sumando un Mercedes Benz de un millón de pesos a su historial crediticio.
Sin embargo, el capítulo más inquietante de esta crónica no se escribe con números, sino con espacios vacíos. Cuatro de los señalados —entre ellos figuras de la justicia como el vicefiscal Dámaso Castro— han optado por el anonimato administrativo: no hay declaraciones presentadas. En una tierra donde lo que no se dice suele pesar más que lo que se grita, este vacío documental se levanta como un muro infranqueable justo cuando el Departamento de Justicia exige respuestas.
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Las columnas políticas hoy, lunes 4 de mayo de 2026
Templo Mayor de REFORMA/
SI ALGO QUEDÓ claro ayer en el Congreso Nacional de Morena es que en el partido guinda no se les da, ni tantito, eso de la autocrítica.
JUSTO CUANDO enfrentan el mayor escándalo de su corta historia (que no el único, por cierto), las y los morenistas optaron por ignorar el narcoelefante en la sala. Ni una mención hubo sobre las graves acusaciones que pesan en contra de un gobernador, un alcalde y un senador, los tres de Morena, señalados en Estados Unidos por complicidad con el crimen organizado, específicamente con "Los Chapitos".
ESO SÍ, LA NUEVA PRESIDENTA del partido, Ariadna Montiel, advirtió a quienes quieran una candidatura el próximo año, que deben tener una trayectoria "impecable"... aunque no estableció ningún requisito para evaluar tal limpieza en el pasado de sus militantes. También afirmó que no habrá cabida para los corruptos... pero no dijo cómo le hará para fumigar el barco, si es que realmente es su plan.
TANTO MONTIEL como el sonorense Alfonso Durazo, en su papel de presidente del Consejo Nacional, reconocieron que Morena atraviesa un "momento complejo"; pero se envolvieron en la bandera nacional para culpar a quien sea... menos a sus propios militantes.
QUIEN ANDA esta semana en México es Isabel Díaz Ayuso, gobernante de Madrid y la política conservadora más reconocida dentro y fuera de España.
LA VISITA seguramente no ha caído bien en Palacio Nacional y, en general, en las filas de la 4T, pues la funcionaria madridista ha sido una dura crítica del gobierno guinda. Inclusive al grado de tener diferencias marcadas y explícitas con la propia Claudia Sheinbaum.
CLARO QUE su visita es también respuesta a la recepción que le dio el presidente español Pedro Sánchez a Sheinbaum y a la normalización de relaciones entre los dos gobiernos.
MÁS ALLÁ DE LO ANECDÓTICO como el homenaje que rindió Díaz Ayuso al conquistador Hernán Cortés o escribir en sus mensajes "Méjico" en el castellano del siglo XVI, la agenda de la española contempla reuniones con dirigencias y personajes opositores. Y como la señora Díaz Ayuso tiene por característica hablar duro y directo, sin escalas en la diplomacia, sin duda provocará olas todos y cada uno de los días que esté en México.
BUENO Y A TODO ESTO, ¿ya tienen dinero en el gobierno de Campeche para pagar la luz? Fue la propia gobernadora, la polémica Layda Sansores, quien se aventó a decir que las arcas estaban vacías y que si le cortaban el servicio eléctrico, se quedará a oscuras.
CURIOSAMENTE el performance de la morenista está enfocado a criticar ¡al gobierno federal!, precisamente por haberle recortado el presupuesto. ¡Se llevan pesado!
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Las autoridades electorales que no quisieron ver las acusaciones contra Rocha Moya
Bajo Reserva/El Universal
Y ahora que se está investigando la presunta participación del narcotráfico en la elección que dio la gubernatura de Sinaloa a Rubén Rocha Moya, nos hacen ver que no sería nada ocioso investigar a las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el Tribunal Electoral de Sinaloa, quienes desdeñaron las impugnaciones de la oposición sobre robo de urnas, presión a funcionarios de casillas, levantones masivos a representantes de la oposición, entre otras irregularidades. Quizá luego de una revisión exhaustiva sean más de diez los funcionarios y exfuncionarios los que se sumen a la lista de personas con ordenes de aprehensión, e incluso solicitudes de extradición.
Luisa María alcalde, soberbia hasta el último día
Algunos morenistas nos hacen notar que, durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena de ayer, quien no mostró un ápice de autocrítica al frente del partido fue la exdirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján. Nos explican que, aunque doña Luisa María hizo un enérgico llamado a la militancia para cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y velar por la unidad, en su discurso no hubo lugar para atajar las acusaciones que pesan sobre el gobernador de Sinaloa. Aunque durante su dirigencia no se eligió a Rocha Moya como el abanderado morenista en Sinaloa, sino en la dirigencia de Mario Delgado, se extrañó alguna referencia de doña Luisa. Tampoco hubo alguna palabra que dejara ver que su salida a solo un año y medio de gestión responde a la necesidad de preparar al partido para las elecciones de 2027, tarea que en los altos mandos del movimiento no le podían confiar.
Inzunza, el que tiene fuero nada teme
Nos comentan que la decisión del senador de Morena Enrique Inzunza de no solicitar licencia para que, al igual que el gobernador Rubén Rocha Moya, sea investigado por la Fiscalía General de la República, genera muchas suspicacias. Inzunza, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, afirma que las acusaciones del gobierno de Estados Unidos son “falsas y dolosas”, además de calumniosas, pero, lo que es claro es que el legislador se aferra a su escaño y a no perder el fuero. Y para prueba, anunció que el miércoles, seis días después de haber huido de la sesión del Senado tras conocerse la imputación en su contra, sí asistirá a la sesión de la Comisión Permanente. El manto protector del fuero lo cobija.
Alistan marcha madres buscadoras para el 10 de mayo
Nos dicen que colectivos de madres buscadoras van a participar en la 14 marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia con el lema “Las madres llegaremos al final”. En el caso de la Ciudad de México iniciará a las 10:00 horas en el Monumento a la Madre para llegar al Ángel de la Independencia. También nos comentan que el objetivo es aprovechar la narrativa del Mundial del Futbol 2026 en México para visibilizar la desaparición de sus seres queridos y preparar la movilización para la inauguración de la copa del Mundo. Ya se verá, nos dicen, la manera en la que el gobierno de la capital del país, que encabeza Clara Brugada, reacciona ante estas movilizaciones.
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Estrictamente Personal
Por quiénes vienen/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, mayo 04, 2026 |
México y Estados Unidos se encuentran en la peor crisis de relación bilateral que se recuerde en tiempos de paz. Y lo más grave es que puede profundizarse por el endurecimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, condicionada por el ala dura de Morena al servicio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Rocha Moya fue el detonante. Están listas otras cinco acusaciones de la Fiscalía en la Corte Sur de Manhattan, y su difusión dependerá principalmente de si la presidenta comienza a actuar contra políticos vinculados con el crimen organizado, como se lo estuvieron pidiendo en Washington por meses.
Una señal en esa dirección fue la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dos de las 10 personas acusadas por la fiscalía estadounidense de haber llegado al poder con el respaldo de Los Chapitos y servir a sus intereses, junto con la publicación en X del coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, quien, al tomar partido en el viejo debate entre constitucionalistas sobre el fuero, dijo que quien está con licencia y no ejerce su función puede ser detenido.
Estas acciones son mensajes a Washington de un ajuste en las decisiones presidenciales, que son las que cuentan, por encima de los discursos nacionalistas irrelevantes en la política realista, y que tienen como destinataria a la gradería local. No comenzó así la semana pasada, cuando se tocó el nadir de la relación bilateral, que aunque mantuvo su volumen en la arena pública, tuvo un punto de inflexión.
Funcionarios federales revelaron que en la escalada retórica de protección a Rocha Moya y la exigencia de pruebas a Estados Unidos, la Presidencia tuvo acceso a información del Departamento de Justicia sobre el esquema de protección y colaboración de políticos con el crimen organizado en México, que, a cambio de trabajar impunemente, inyectaron dinero para elecciones donde Morena ha resultado el partido mayormente beneficiado, y entregaron millones de pesos a políticos para su peculio, a quienes les fueron detectadas operaciones para el lavado de dinero.
La información sugiere un mapa nacional que incluye al menos cuatro estados gobernados por Morena y al menos uno más, en el capítulo de la oposición, gobernado por Movimiento Ciudadano.
Funcionarios estadounidenses dijeron, por su parte, que además de Rocha Moya, en la primera lista de casos que están prácticamente concluidos sobre figuras de Morena presuntamente involucradas con el crimen organizado, se encuentran los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal. Junto con ellos se preparan, en esta primera relación, los expedientes de los dos últimos líderes nacionales de Morena, Mario Delgado y Luisa María Alcalde.
Ávila, Durazo y Villarreal tienen conexiones directas con Delgado y con el expediente en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, que incluye financiamiento a ocho candidaturas a gobernador en 2021 por parte del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones. Las victorias de los tres actuales gobernadores fueron alimentadas con dinero del combustible robado, de acuerdo con las investigaciones.
Delgado, que ha sido un nombre recurrente en las peticiones de las autoridades estadounidenses para que la presidenta actúe penalmente para deslindar responsabilidades, tiene prácticamente cancelada su aspiración a gobernar Colima, tras lo cual la nueva dirigencia de Morena tendrá que realizar una doble verificación de su selección de coordinadores de la cuatroté en los 17 estados con elecciones para gubernaturas –virtuales candidatos a ellas–, para confirmar que no tengan relaciones directas o indirectas con el crimen organizado.
Sería un cambio radical en Morena. De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, el partido fundado por López Obrador fue parte de la estructura criminal en algunos estados del país. De ahí la inclusión de Alcalde en esta primera lista para acciones prontas del Departamento de Justicia, porque aunque no estuvo en la etapa crítica que revisó la Fiscalía en Manhattan, cuando era secretaria del Trabajo, se presumen relaciones con personas que están implicadas con el crimen organizado en la Secretaría de Gobernación, donde estableció relaciones con el Grupo Tabasco que encabeza el senador Adán Augusto López, que es otro de los nombres que siempre aparecen en las peticiones de Washington para que se le abran procesos penales en México.
Las autoridades estadounidenses han ido soltando información al gobierno mexicano sobre lo que tienen sobre políticos vinculados al crimen organizado, pero siguen siendo generalidades porque no están dispuestos a entregar información sólida que no sea como parte de la integración judicial de sus casos. No obstante, lo que están haciendo ha subido el nivel de presión por la exasperación de Washington ante la inacción del gobierno mexicano.
Sin control sobre lo que sucederá, los tiempos están fuera de las manos de la presidenta, y los dos secretarios que más contacto tienen con la administración Trump, los de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no han sido tomados en cuenta por Washington en la apertura de causas judiciales, y lo más probable es que siga agriándose la relación y se anuncien nuevos acusados.
Sheinbaum necesita crear un gabinete de crisis. El gabinete de seguridad, con el que procesa estos temas, está rebasado. Con policías, militares, y un reducido grupo de políticos ideológicos y sin conocimiento profundo del Estados Unidos de hoy, no llegará a buen puerto. Se vio el martes de la semana pasada, cuando le informaron a la cancillería de la solicitud de captura y extradición de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios sinaloenses.
Las únicas decisiones que tomaron en el gabinete de seguridad convocado esa noche fueron que la Consejería Jurídica de la cancillería analizara la solicitud –lo hizo mal, mezclando tiempos procesales– y silenciar a la fiscal Ernestina Godoy, que suele equivocarse en sus declaraciones, dejando en el fiscal Ulises Lara la voz institucional. Un equipo tan limitado no recomienda opciones sólidas y, en cambio, amplía el riesgo para decisiones contraproducentes.
Las cartas de Washington están completamente abiertas. La opción militar todavía es un plan en la Oficina Oval, y lo único que puede impedirla en este momento es procesar en México a políticos vinculados con los cárteles. Ya saben quiénes pueden ser los primeros. Falta tomar la decisión sobre qué hacer, con la opción de no hacer nada, cancelada.
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La Feria
Morena y la caída del primero de la tribu/Salvador Camarena
EL Financiero,
El pacto de impunidad dentro del régimen cruje. La desgracia del gobernador Rubén Rocha podría sumergir en un torbellino sin precedente al movimiento que pretende gobernar décadas. El riesgo intestino es más alto que la embestida misma de Washington.
Andrés Manuel López Obrador resistió las crisis de su sexenio sin hacer dimitir a ningún funcionario de alto nivel, menos aún a los electos. Un ejemplo fue Cuauhtémoc Blanco, a quien defendió en 2022 cuando se publicaron fotografías suyas con presuntos narcos.
AMLO sostenía que nadie que hubiera triunfado en las urnas tendría que dejar su puesto. Lo llegó a decir meridianamente sobre el expresidente peruano Pedro Castillo: “Si lo eligió el pueblo, ¿por qué lo van a quitar?”.
Gran ardid de quien consolidó el padrón de beneficiarios de programas sociales con obvia utilización electoral, al tiempo que desarticulaba los contrapesos –incluidas autoridades electorales y sociedad civil– y violentaba la ley apoyando desde el gobierno a sus candidatos.
De que no había escándalo, por grande que fuera, suficiente para remover a un gobernante es prueba el mismísimo Rocha, que con Andrés Manuel todavía en Palacio Nacional capoteó la crisis de verse involucrado en el rapto en julio de 2024 de Ismael El Mayo Zambada.
AMLO lo mantuvo a pesar de que Zambada denunció que Rocha estaría en la cita de su secuestro, y a pesar de que la Fiscalía General de la República denunció un montaje de la fiscalía sinaloense para falsear la muerte en esos hechos de Héctor Melesio Cuén.
Es verdad que es imposible saber si como presidente López Obrador habría intentado la permanencia, costara lo que costara, de Rocha en la gubernatura ahora que este es solicitado en extradición, acusado en EU de narcotráfico.
El hecho es que por primera vez Morena muerde el polvo de la humillación al ver a un barón suyo forzado a dimitir. Siendo un paso trascendente por inaugural, nadie debe concluir que es el final de esta historia, o siquiera un hecho que mitigue la crisis. Al contrario.
Se abrió la caja de Pandora y los esperpentos impactarán por doquier. Donald Trump no se va a conformar con la renuncia de Rocha y del alcalde de Culiacán (ni qué decir de que el senador Enrique Inzunza amaga con permanecer sin más en su escaño), y dentro de Morena entran en una dimensión desconocida: si “amor con amor se pagaba”, ahora que unos se sientan traicionados podrían delatar a otros.
El perfil puesto al frente del gobierno de Sinaloa, así haya sido de manera provisional, habla de una gran falta de operación política nacional: no hay tal cosa como el inicio de una nueva etapa que margine a los acusados, no hay pase de página en el estado.
Y en el plano federal, cuántos dentro de Morena no se sienten ahora expuestos luego de que se dejara caer a Rocha, que no es el único que de tiempo atrás está señalado por haber resultado electo en 2021 gracias a la operación de grupos del crimen organizado.
Rocha es el inicio de una crisis que, si se tradujera en la depuración de múltiples cuadros tóxicos morenistas, podría resultar muy benéfica para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo mismo, los riesgos para ella de una rebeldía interna no son menores.
Morena está en un gran predicamento cuyas implicaciones van más allá de asuntos partidistas. O desarrollan alguna especie de disciplina interna “a la priista”, o al sentirse traicionados más de uno querrá, en su desgracia, hacer caer las columnas mismas del templo guinda.
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Horas cruciales para Sheinbaum /Héctor De Mauleón
|El Universal, 04/05/2026 |
Un día después de que, en un hecho inédito, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a una decena de altos funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido al gobernador, Rubén Rocha Moya, de estar vinculados con la facción del Cártel de Sinaloa que dirigen Los Chapitos, un comando asesinó a las puertas de su casa al secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, STASAC, Homar Salas Gastélum.
El líder sindical fue acribillado en el fraccionamiento Las Brisas, al lado de su escolta. Apenas en febrero pasado su casa había sido rafagueada, a manera de aviso.
La acusación en contra de Rocha Moya no solo no ha detenido la dinámica criminal que sacude Sinaloa: por el contrario, esta se ha acelerado en los últimos días. No parece detener, tampoco, el interés de las facciones, Los Chapos y la Mayiza, que desde hace meses intentan controlar uno de los sindicatos más importantes del estado: nada menos que el que opera en la sede del poder local.
Al acercarse la renovación de la dirigencia del STASAC, dos de los candidatos fueron obligados a renunciar “por motivos personales”, horas después de que anunciaran su interés por tomar parte en la contienda. Uno de estos ni siquiera se presentó a registrar su planilla.
Información de inteligencia reveló que Los Chapos operaban para imponer gente suya en la dirigencia. Al mismo tiempo, el exlíder de la STASAC, exalcalde de Culiacán y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, intentó promover una candidatura afín a sus intereses.
Torres Félix fue atacado a finales de enero pasado, en un atentado a tiros del que milagrosamente salvó la vida, aunque dejó gravemente heridos, junto a otra víctima del ataque, a una legisladora de Movimiento Ciudadano que aquel día lo acompañaba.
El reciente asesinato de Homar Salas, apagado por el terremoto político que desataron las revelaciones del Departamento de Justicia, demuestra que la pugna sigue viva, que los cárteles no se han replegado, y que la situación de violencia en que el estado lleva casi dos años sumergido se mantiene al margen de la caída en desgracia del gobernador
Según la acusación de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa allanó a Rocha Moya el camino al poder y, a cambio, el grupo criminal recibió protección desde la secretaría general de gobierno, la secretaría de finanzas, la secretaría de seguridad pública, la fiscalía de justicia y el Ayuntamiento de Culiacán.
Expertos consultados dudan de que los cambios en la gubernatura y en la alcaldía de Culiacán, cuyo titular también salió del cargo, tengan de momento algún impacto en los acuerdos establecidos con el crimen, puesto que ambos funcionarios fueron remplazados por figuras extraídas de sus propios círculos políticos.
El estado ha vivido, sin embargo, días de violencia desatada. Solo el 30 de abril se registraron 10 homicidios dolosos, el 20% de todos los que ocurrieron en el país, y algunos de estos fueron perpetrados por comandos.
En los próximos días se verá si la caída de Rocha Moya llega acompañada de la activación de otros grupos criminales que verían la puerta abierta para intentar controlar plazas que quedarían debilitadas, y ese movimiento se refleja en un aumento en la violencia.
Aunque según la información de Estados Unidos la entrega al crimen de los principales cargos políticos del estado convirtió a Sinaloa en un narcoestado, y a Rocha Moya en un narcogobernador, el exmandatario caído en desgracia ha sido arropado por diversas voces de su partido, que han llamado a la unidad para hacer frente a las presiones externas, y que han pedido el cierre de filas, esgrimiendo como razones “la falta de pruebas” y el rechazo al injerencismo.
En el Congreso Nacional de Morena la indicación, sin embargo, fue la mesura: la línea fue que no se hiciera una defensa expresa del gobernador. El intento de la delegación de Sinaloa por hacer esto, no fue secundado.
Mientras se resuelve qué hacer con los funcionarios señalados (la versión anoche era que estos iban a ser abandonados a su suerte), las horas corren. En la cúpula de la 4T se vive un clima de miedo y de nerviosismo. Muchos saben que pueden ser los próximos mencionados.
Fuentes de Palacio Nacional sostienen que en el escritorio de Claudia Sheinbaum están ya los nombres que la embajada de Estados Unidos le ha entregado, y que es cuestión de días para que el siguiente misil estalle.
A Sheinbaum, su propio círculo le ha advertido el riesgo de que los funcionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia vayan a tocar la puerta de Estados Unidos en busca de un criterio de oportunidad que les permita convertirse en testigos protegidos, lo que sería una bomba nuclear no solo para Rocha Moya, convertido ya en cadáver político, y quien tarde o temprano, de una manera u otra, tendrá que enfrentar la justicia de aquel país, sino para la 4T entera: el esquema revelado en el caso Sinaloa se replicó en al menos seis estados, en donde el crimen organizado operó electoralmente a favor de Morena.
La advertencia fue llevada a Palenque, según las fuentes de Palacio, en donde se había pedido defender a Rocha Moya a toda costa.
En un estado crítico de vulnerabilidad frente a Donald Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum dispone de horas para resolver el crucigrama: o acepta la acusación contra Sinaloa, limpia las instituciones y desarticula la colusión con el crimen en lo que se llega a un acuerdo con Estados Unidos, o sigue alegando la “falta de pruebas”, y hablando de soberanía, en un intento por detener un derrumbe que, de cualquier modo, ya ha comenzado.
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Sinaloa sube a Trump; Inzunza ¿testigo protegido?/Salvador García Soto
El Universal, | 04/05/2026 |
El caso Sinaloa y las acusaciones contra 10 políticos mexicanos de asociación con el narcotráfico, hicieron que ayer el presidente Donald Trump registrara un incremento de tres puntos en su popularidad, según los trackings diarios de la Casa Blanca y medios estadounidenses. Lo que no logró el estrecho de Ormuz y su fallida guerra contra Irán, lo están haciendo las acciones contra la narcopolítica mexicana, por lo que ayer el gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de una orden de arresto internacional en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y el resto de los acusados, mientras que el Departamento de Justicia ordenó la confiscación de sus bienes.
Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum siguió repitiendo en sus giras del fin de semana su discurso demagógico que equipara la defensa de morenistas con la defensa del país y su soberanía, y el Congreso Nacional de Morena se desmarcaba de los “corruptos” pero ignoraba las acusaciones contra 10 de sus militantes en Sinaloa, fuentes de Washington confirman que el senador morenista Enrique Inzunza, quien ayer anunció que no pediría licencia a su cargo, estaría buscando, a través de sus abogados, negociar con el gobierno de Estados Unidos para convertirse en “testigo protegido”.
Pero como ese beneficio no lo puede obtener al estar ya acusado, y sólo se lo concederían “si entrega información de alguien por arriba de Rocha Moya”, el senador ha dicho a través de sus abogados que está dispuesto a cumplir con esa condición. Y por arriba del gobernador sinaloense, sólo estaría el expresidente López Obrador, lo que convertiría al legislador originario de Badiraguato, y de quien se dice en Culiacán que fue el principal operador del pacto con Los Chapitos, en una auténtica “bomba de fragmentación” para el partido Morena y para el gobierno de Sheinbaum.
Porque está más que claro que el régimen de la 4T busca ganar tiempo y se niega a detener y a entregar al gobernador ya con licencia, Rubén Rocha Moya, y al resto de los nueve acusados como colaboradores del Cártel de Sinaloa y aliados de la facción de “Los Chapitos”. Pero también es evidente que en Washington se les acabó la paciencia porque saben que la licencia en fast track otorgada a Rocha Moya para que se separara del cargo, al igual que al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, si bien deja a esos personajes sin el fuero constitucional que facilitaría su detención, también los libera para facilitar que se escondan o incluso para una posible fuga del país con la intención de que no puedan ser detenidos o extraídos del territorio nacional por operativos militares estadounidenses.
Hasta ahora la posición de Morena y de la presidenta Sheinbaum no ha variado y sigue negando la presunta culpabilidad que les imputa el gobierno de Washington a Rocha Moya y a los otros nueve políticos extraditables que tienen acusaciones concretas y puntuales en la Corte Sur de Nueva York, la misma donde se juzga al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en donde históricamente han sido procesados políticos mexicanos y de otros países a los que se les relaciona con los cárteles de la droga, con un alto nivel de condenas para quienes pisan ese juzgado federal en Estados Unidos.
En medio de la profunda crisis que enfrenta su gobierno en su relación con la Casa Blanca, y con el riesgo de que su negativa a entregar y proteger a sus correligionarios detone acciones y sanciones por parte del gobierno de Trump que irían desde posibles operativos militares en territorio mexicano hasta la cancelación del TMEC que está en fase de revisión, la doctora Sheinbaum intensificó este fin de semana sus actividades inaugurando obras en el Caribe mexicano y repitiendo su demagogia soberanista, mientras baila y sonríe en un intento de demostrar una normalidad que aleje a los fantasmas y las amenazas de ruptura con el gobierno de Trump.
Lo mismo hizo el partido Morena, el mismo que postuló a Rocha Moya, al alcalde Juan de Dios Gámez y al senador Inzunza. En su Congreso Nacional que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México, al que acudieron dirigentes, gobernadores y congresistas de toda la República, si bien no hubo muestras de apoyo a los extraditables sinaloenses, tampoco hubo una condena clara y puntual sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. A lo más que llegó la nueva dirigente nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel, quien ayer tomó posesión del cargo, fue a una condena retórica de la corrupción en la que dijo que su partido no apoyará y expulsará a los corruptos, pero sin mencionar nombres ni cargos.
“Si alguien comete un acto de corrupción, aunque hayan ganado la encuesta, no serán candidatos. Y, desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027: deben tener una trayectoria impecable”, dijo en su primer discurso al asumir la presidencia de Morena, Ariadna Montiel.
Así es que, si Sheinbaum y su asesor de Palenque, creen que ganarán tiempo protegiendo a los extraditables solicitados por Washington y permitiendo su fuga, el anuncio ayer de la orden de arresto emitida por el Departamento de Justicia, e informada desde el Homeland Security, confirma que la administración Trump no esperará eternamente a que le respondan su petición oficial de extradición, ni acepta las chicanadas morenistas sobre la “falta de pruebas contundentes” y la supuesta investigación que iniciará la FGR.
Jurídica y políticamente este tema ya fracturó y dinamitó la confianza de Trump en el gobierno de la presidenta. Lo que veremos a partir de ahora es una cacería, al estilo del gato y el ratón, en el que cualquier cosa puede pasar y las trampas y bombas aparecerán en todos los ámbitos de la relación bilateral. ¿Quién será el primero en caer?
NOTAS INDISCRETAS… Y a propósito del Congreso morenista, dicen que a veces el que más grita es el que más nervioso o preocupado se encuentra. Y ayer en el evento nacional del partido oficialista, donde el ambiente era más bien tenso, el que más gritó y trató de mostrar entusiasmo fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien llamaba a los morenistas a mantener el ánimo arriba y arengaba, con la voz aguardientosa a cuidar al partido gobernante y a hacer que sus adversarios, en 2027, muerdan el polvo: “Que ninguno de ellos espere de nosotros un paso atrás ni concesión alguna. Porque el 27, como el 18, el 21 y el 24, van a morder polvo nuevamente”. Curiosamente el gobernador que trataba de levantar el ánimo de los asediados morenistas ante la cacería iniciada en su contra por la Casa Blanca, no sólo aparece mencionado como uno de los posibles mandatarios que serían acusados por el Departamento de Justicia, sino que además, Durazo enfrenta en estos momentos tremendo escándalo porque su hijo, Alfonso Durazo Chávez, aparece señalado en una trama de corrupción relacionada con el fraude multimillonario del huachicol fiscal. Resulta que el junior del gobernador sonorense es pareja de la hija del empresario de su estado, Gilberto Salazar Escoboza, quién además de haber sido sentenciado en 2013 por el gobierno de Estados Unidos por simular exportaciones a ese país, recibió transferencias de 15 millones de pesos en sus empresas de parte del contralmirante Fernando Farías Laguna, el sobrino político del exsecretario de Marina, detenido en Argentina y acusado por el gobierno mexicano de ser uno de los operadores de la red de huachicol fiscal que importaba gasolinas y diésel simulado desde Estados Unidos para ser vendido en el mercado negro de los combustibles en México, en lo que se considera el fraude más grande al fisco mexicano. Es decir, que el consuegro de Durazo, Salazar Escoboza, y suegro de su hijo, está siendo investigado también por la UIF por esas “transferencias inusuales” y aparece mencionado en el expediente oficial de la investigación de la Fiscalía General de la República, al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso. “El expediente al que MCCI tuvo acceso, detalla que, tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos que suman más de 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales, entre los que destaca una operación de 5 millones de pesos que Farías Laguna recibió de la empresa Agroexportadora SE. Por su parte, el Contralmirante realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen tres operaciones que suman 10 millones de pesos hacia cuentas de la compañía Agronegocio SE”, dice el reportaje que señala que mediante una búsqueda en registros mercantiles se comprobó que detrás las empresas Agronegocios SE y Agronegocios se encuentra Gilberto Salazar Escoboza, quien preside el Consejo de Administración en ambas empresas. Mientras que sus hijos, María Eugenia y Gilberto Salazar Escalante, son los accionistas de las dos compañías”. Así que, a reserva de que el tema escale en las indagatorias de la FGR y se demuestre presunta culpabilidad, la relación entre el gobernador, su consuegro y el suegro de su hijo con el fraude del huachicol fiscal podría ser la causa de tanta enjundia y entusiasmo en las arengas de Durazo Montaño… Le preguntamos a un consultor político que trabaja en Estados Unidos sobre el dato que nos comparten fuentes estadounidenses sobre el incremento de tres puntos de aprobación que habría logrado el presidente Donald Trump tras las acusaciones contra los políticos mexicanos por vínculos y asociación con el Cártel de Sinaloa y cómo se explica ese aumento. Su explicación fue simple y directa: “Tras el fracaso en Irán, el que Trump se meta con México y sus narcopolíticos, que son vecinos de Estados Unidos, y comience a acusarlos y buscar procesarlos, aumenta entre sus votantes la percepción de que eso sí va a mejorar la seguridad de su país y de sus familias, mucho más que una guerra por el petróleo iraní”. Así que, ante su urgencia de detener su pronunciada caída en las encuestas, está claro que el presidente Trump volverá a lo que ya en su primer periodo de gobierno le dio más votos y aprobación: la guerra contra los narcos mexicanos y los políticos que lo protegen… Los dados abrieron con Doble Escalera. La semana se viene fuerte.
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Rocha Moya y los otros expedientes de morenistas/Mario Maldonado
El Universal, | 04/05/2026 |
La licencia de Rubén Rocha Moya era inminente. El fin de semana dejó de ser gobernador en funciones y difícilmente volverá a serlo. Es el inicio de una ruta obligada para contener un caso que, si no se procesa con rapidez en México, terminará siendo finiquitado por Estados Unidos. La lógica de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido investigar a fondo y, eventualmente, judicializar el caso, pese a que la Fiscalía General de la República asegura que hasta el momento no hay pruebas “contundentes” e “irrefutables”.
Fuentes de agencias estadounidenses confirman que en el Departamento de Justicia existen expedientes abiertos contra al menos cuatro gobernadores y exgobernadores de Morena con líneas de investigación similares, cuyas carpetas llevan meses alimentándose. Se trata de cruces de información financiera, testimonios y seguimiento de operaciones vinculadas al narcotráfico. El caso de Sinaloa es apenas la primera pieza de una explosiva caja de pandora.
La renuncia de Rocha Moya la pidió la Presidenta. El gobierno federal necesitaba sacarlo de la escena para evitar que el costo político se siguiera acumulando en Morena y en el gobierno de Sheinbaum. La apuesta es ganar tiempo y mandar la señal de que el asunto se atenderá en México. Sin embargo, el margen para controlar el daño es cada vez menor. Si no hay acciones concretas, la temible intervención de Estados Unidos podría materializarse.
Con esa crisis a cuestas, este domingo se llevó a cabo el Congreso Nacional de Morena. Como lo escribí el viernes, Rocha fue el elefante en la sala. Su ausencia marcó el tono de un encuentro que evitó definiciones de fondo. Nadie quiso asumir el costo de defenderlo abiertamente, aunque tampoco hubo espacio para un deslinde abierto. El partido optó por la contención y por mantener la agenda interna lo más ordenada posible, pese a que la crisis ya lo rebasó.
En ese contexto, Andrés Manuel López Beltrán fue uno de los que más llamó la atención. El secretario de Organización se la pasó repitiendo que no se va de Morena. Lo dijo en corto y frente a quienes le preguntaron por los rumores que lo colocan fuera de la estructura del partido tras la elección de Coahuila, el próximo 7 de junio.
Morena entró en una fase donde las decisiones relevantes exudan mucha presencia de Palenque y de Palacio Nacional. El mensaje de Ariadna Montiel, sobre la “pureza” del perfil que se busca para todos los candidatos del movimiento que competirán en el 2027, pretendió enviar un mensaje de cambio; de que ya no habrá cabida para personas con pasados oscuros. El timing luce desfasado; demasiado tarde.
Por cierto que llamó la atención que Ariadna Montiel pidió ubicar en el presidium del evento a Jesús Ramírez, pese a no pertenecer al Consejo Nacional, lo que fue leído como una señal directa de alineamiento con el círculo más cercano al obradorismo.
También la escena en la que “Andy” López Beltrán se fundió en un abrazo largo, cercano, con palabras al oído de Ariadna Montiel, como para que no se equivoquen quienes piensan que la extitular del Bienestar no está alineada a Palenque.
Lo cierto es que el partido enfrenta su primera gran crisis en el nuevo sexenio. No es solo un tema reputacional. Si los expedientes en Estados Unidos avanzan, no habrá margen para administrar el daño con más discursos.
La decisión principal está con Sheinbaum: procesar los casos y asumir el costo o resistir y entrar en una ruta de confrontación con Estados Unidos. Lo que ya quedó claro es que el caso Rocha Moya es el inicio de algo mucho más grande. Y Morena lo sabe.
Posdata 1
El senador Enrique Inzunza Cázarez salió a negar cualquier señalamiento y aseguró que se mantiene concentrado en su trabajo legislativo. Sin embargo, fuentes vinculadas a agencias estadounidenses sostienen que el tema ya se mueve en otro plano. De acuerdo con esas versiones, integrantes de su defensa legal habrían establecido contactos iniciales con representantes de Estados Unidos, incluido personal de la embajada en México, para explorar escenarios de cooperación ante el avance de las investigaciones.
Hasta ahora no existe información pública verificable sobre la naturaleza jurídica de esos acercamientos. En lo que sí coinciden distintas fuentes es que se trataría de gestiones preliminares, habituales en expedientes de alto perfil, donde se busca medir el alcance de posibles beneficios legales a cambio de información relevante. Es el tipo de movimientos que no se anuncian y que suelen negarse mientras no exista una ruta definida.
El contraste entre la postura pública del senador y lo que se comenta en círculos de seguridad añade presión al caso que rodea a Rubén Rocha Moya. En EU, el interés no se limita a los cargos individuales, sino a la posibilidad de reconstruir redes completas de operación política y criminal. En ese contexto, cualquier actor con información de primera mano adquiere un valor estratégico.
Posdata 2
El caso de José Luis Moyá Moyá expone un proceso judicial que concluyó mediante la figura de procedimiento abreviado, luego de que el acusado aceptara los hechos que se le imputaron. Inicialmente, su detención se dio en octubre de 2024 tras el anuncio de la entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy, del inicio de una investigación, en 2023, por acusaciones que incluían extorsión.
La sentencia incluye una pena privativa de la libertad menor a cuatro años. La resolución fue emitida tras una audiencia realizada en marzo pasado, en el marco de una causa penal iniciada en 2024. De acuerdo con el tribunal, se identificaron depósitos recurrentes en cuentas personales y de familiares, sin respaldo de actividades económicas comprobables. Los montos acumulados superan los cuatro millones de pesos, con conceptos que simulaban ingresos por arrendamiento.
La investigación tuvo origen en una denuncia de autoridades financieras capitalinas, que detectaron inconsistencias en movimientos vinculados con la obtención de información pública. Desde 2002 Moyá presentó más de mil solicitudes ante el INAI e interpuso alrededor de 700 recursos de revisión, utilizando los datos obtenidos para exigir beneficios económicos.
Posdata 3
El colapso de Spirit Airlines exhibió la fragilidad de las aerolíneas de bajo costo y dejó al descubierto las distorsiones de un modelo que durante años sobrevivió más por financiamiento barato que por rentabilidad real. Si bien es cierto que la compañía acumulaba pérdidas, deuda y reestructuraciones fallidas desde antes del choque energético, el discurso del “ultra low cost” terminó siendo una apuesta insostenible en cuanto cambió el entorno.
El detonante fue el encarecimiento del combustible tras la escalada en Medio Oriente, pero sería simplista atribuirle toda la responsabilidad. Spirit ya venía operando con márgenes mínimos, presionada por costos crecientes, competencia agresiva y una base de ingresos altamente vulnerable. El aumento de la turbosina sólo aceleró un desenlace que se anticipaba desde hace tiempo.
Tampoco funcionó el intento de rescate. El paquete de financiamiento no logró convencer a acreedores ni inversionistas, en un momento en el que el mercado dejó de premiar riesgos excesivos. La negativa a inyectar capital refleja un cambio de ciclo. Se acabó la tolerancia a empresas que crecen sin generar flujo suficiente para sostenerse.
¿En ese espejo pueden verse las aerolíneas mexicanas, principalmente la recién fusionada VivaAerobus y Volaris?
@MarioMal
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Con Rocha igual que con Camarena/ Jorfe Fernández. M.
Exceslior,
Con un abrazo para mi amigo Diego Paulino por el fallecimiento de su padre, Agustín.
El gobierno de Claudia Sheinbaum está actuando ante las acusaciones contra Rubén Rocha, Enrique Inzunza y los otros nueve inculpados de ser parte de las redes del cártel de Sinaloa por la justicia estadounidense, de la misma forma en que lo hizo el gobierno de Miguel de la Madrid ante el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985: cerrándose a la evidencia, protegiendo a quienes estaban relacionados por los acusados originales (en ese caso Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y figura clave en el diseño de aquella estrategia y años después del lopezobradorismo), y prefiriendo ir a la confrontación con Estados Unidos con un discurso soberanista atonal en lugar de hacer justicia.
En el caso Camarena no se actuó en México contra las redes de protección y complicidad del cártel de Guadalajara e incluso cuando Miguel Angel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca fueron detenidos se negaron a enviarlos a Estados Unidos.
El costo de esa política fue altísimo: hubo un cierre de la frontera que debilitó gravemente la economía nacional; directivas de seguridad nacional que convirtieron a México prácticamente en un narcoestado; un congelamiento de relaciones, que se exhibió en un visita de De la Madrid a Washington, donde fue recibido por Reagan con denuncias en los medios y con una frialdad glacial; se impuso la certificación anual antidrogas y Reagan declaró la guerra contra las drogas. Comenzaron las acciones unilaterales: fue extraído de México el médico Alvarez Machain (acusado de haber estado en la tortura a Camarena) y en Estados Unidos Unidos fue detenido, como cómplice del asesinato de Camarena, el cuñado del presidente Echeverría, Rubén Zuno Arce, que fue condenado y pasó el resto de su vida en prisión.
La economía, ya fuertemente debilitada por la crisis de 1982, terminó en los suelos, mientras que el narcotráfico siguió creciendo inconteniblemente con la tolerancia de las autoridades. Cuando De la Madrid desapareció la Dirección Federal de Seguridad y el área de investigaciones políticas (DIPS), que controlaba Bartlett, muchos de sus comandantes se pasaron con armas e información al narcotráfico: ahí nacieron muchos de las complicidades actuales. En el contexto de esa relación naciente entre política y narcotráfico, fue asesinado por la DFS, uno de los periodistas más importantes de aquellos años, Manuel Buendía.
Con el tiempo esos políticos y funcionarios se convirtieron, junto con sus aliados políticos, como ahora, en la principal línea de confrontación para mantener, desde espacios de poder, una política de enfrentamiento abierto con Estados Unidos, escudados en un discurso soberanista y nacionalista. Lo hicieron con recursos que provenían del tráfico de cocaína (a lo que con el tiempo se fueron sumando las metanfetaminas y el fentanilo). Lo que era un cártel primitivo, intermediario con los colombianos, se transformó en unos años en por lo menos tres poderosas organizaciones criminales que adquirieron vida propia.
Muchos de los principales políticos involucrados en las actuales acusaciones abrevaron de aquellos políticos, que impulsaban la candidatura de Bartlett (que recordemos que era el candidato original de la corriente democrática del PRI, de la que terminó surgiendo el FDN y luego el PRD, y entre los que participaba Andrés Manuel López Obrador, dirigente del PRI en Tabasco), que terminaron aislados (y se pasaron a la oposición) con el triunfo de Carlos Salinas en 1988.
Todos los involucrados de una u otra forma en las actuales acusaciones vienen de allí: Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Américo Villarreal, Héctor Melesio Cuén, pero sobre todo Adán Augusto López, con largos años en el PRI, que terminó siendo el jefe político de todos ellos (que lo acompañaron en su precampaña presidencial en 2023), incluyendo al actual líder del senado, Ignacio Mier, sobrino y ahijado político de Bartlett y que fue el encargado de Sinaloa y Durango para Morena durante los comicios de 2018 y repitió esa responsabilidad en las cuestionadas elecciones de 2021. Y también López Obrador.
Pero el mundo de 2026 es muy diferente al de 1985. La relación de México con Estados Unidos también. Para entonces la economía apenas comenzaba a abrirse al exterior, la guerra fría permitía oscilar entre los bloques, aunque la economía desde hacía años ya lo no soportaba. Hoy estamos integrados económica y socialmente con Estados Unidos como nunca antes: en el primer trimestre de este año, el 85 por ciento de nuestras exportaciones fueron a la Unión Americana. El mundo es cada vez más unilateral pero dividido en bloques en el cual el nuestro, el único posible, es América del Norte. La estrategia global de Estados Unidos pasa por considerar el hemisferio americano como un espacio de seguridad interior, con todas las consecuencias que ello conlleva y, finalmente, la visión de Donald Trump es bastante más dura que la de aquel duro, que no lo era tanto pero que le alcanzó para tirar el Muro de Berlín y el campo socialista, Ronald Reagan. Los cárteles hoy son considerados organizaciones terroristas, con todo lo que legalmente conlleva.
Mantener la posición que ha exhibido la administración Sheinbaum en estos días es suicida, entre otras razones porque no se entiende que todos los acusados, si tienen oportunidad, están dispuestos a traicionarla. Y si no veamos al senador Inzunza buscando desde ahora al departamento de justicia de EEUU para convertirse en testigo colaborador.
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¿Rocha encarna la dignidad nacional?
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
La salida de Rubén Rocha Moya es parte de la estrategia del obradorato a la petición estadunidense de captura con fines de extradición.
Desde un principio la presidenta Claudia Sheinbaum lo colocó en una posición que rebasa la prudencia institucional, convirtiéndolo en virtual encarnación de la soberanía y la dignidad nacional.
El problema no es que defienda a uno de sus camaradas —que, en términos de debido proceso, es comprensible—, sino la narrativa elegida: transformar un tema de crimen organizado y narcotráfico en una disputa de carácter político.
La mandataria cometió la imprudencia de insinuar que las acusaciones contra Rocha y nueve funcionarios y exfuncionarios del estado se armaron como respuesta al reclamo por la presencia de agentes de la CIA en el operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua, lo cual es una simplificación altamente riesgosa.
Supuso, sin evidencia, que la solicitud del Departamento de Justicia es una represalia que reduce la complejidad de un proceso judicial a una narrativa de agravios a la patria.
La conversión del caso en bandera política esconde antecedentes incómodos: en los años recientes, casi un centenar de figuras del narcotráfico han sido entregadas a Estados Unidos en condiciones que difícilmente podrían presumirse impecables por haber sido inconstitucionales e ilegales (esto sí atenta contra la soberanía), y que han estado nutriendo a la DEA, el FBI, la CIA y demás agencias y dependencias gringas con información para obtener beneficios en sus condenas.
Solamente las delaciones de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán han alimentado los expedientes y éstos se han enriquecido mucho más con lo que Ismael El Mayo Zambada ha confesado o inventado.
No se trata de darles validez automática ni de prejuzgar responsabilidades, pero sí de reconocer que las imputaciones no surgen del vacío ni pueden despacharse en unos cuantos días como simple maniobra política.
La Presidenta en lugar de ceñirse a una posición institucional y de Estado —reconocer que la solicitud debe seguir los cauces legales establecidos, salvaguardar la presunción de inocencia y endosar la respuesta a las instancias competentes—, ha optado por una defensa de arenga partidista.
En ese desplazamiento hay un problema de fondo: el Ejecutivo no puede comportarse como si estuviera en campaña. Su investidura exige distancia, mesura y, sobre todo, respeto a los procedimientos.
Y es que lo que está en juego no es únicamente la situación de un gobernador o la relación bilateral con Estados Unidos, sino la consistencia del Estado mexicano frente a graves acusaciones.
Si todo se traduce en confrontación política, se diluye la posibilidad de esclarecer los hechos. Sin prejuzgar la culpabilidad de nadie, lo sensato sería dejar que las instituciones hagan su trabajo.
Convertir un expediente judicial de crimen organizado en símbolo de soberanía no tiene el menor sentido y abre frentes impredecibles de una mayor, innecesaria y contraproducente confrontación...
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Pemex pierde
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 04 mayo 2026
"Las industrias nacionalizadas
son notorias por su incapacidad
para operar con ganancias". J. Paul Getty
Con el típico triunfalismo de la 4T, Pemex ofreció este 30 de abril su último informe de resultados: "Pemex acelera el desendeudamiento y fortalece su desempeño operativo en el primer trimestre de 2026", pregonó. "Pemex redujo su deuda a 79 mil millones de dólares, el nivel más bajo desde 2014... La producción de hidrocarburos líquidos y la de gas incrementaron en 2.3 por ciento y 12.1 por ciento respectivamente... El fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación redujo los costos por importación de combustibles en 23.3 por ciento".
El documento, sin embargo, olvida el dato fundamental de cualquier informe de resultados: una pérdida neta trimestral de 45,993 millones de pesos, la tercera consecutiva. De nada le sirvió a Pemex el fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo tras el inicio de la guerra de Irán.
El informe tampoco explica la razón por la cual se redujo la deuda financiera de 85,248 millones de dólares al cierre de 2025 a 79,037 millones el pasado 31 de marzo. La empresa no se volvió súbitamente rentable, ni utilizó sus ingresos para hacer pagos de la deuda; no, los recursos provinieron del gobierno federal, o sea, de los contribuyentes.
El optimismo del informe cae por tierra al revisar los anexos. Los ingresos totales en pesos bajaron 7.6 por ciento. Las ventas nacionales tuvieron un ligero repunte, de 4.2 por ciento, pero las exportaciones se desplomaron 25.3 por ciento (anexos, p. 10). El costoso desastre es producto de la aplicación de la ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador -ese notable experto petrolero que decía que extraer crudo es muy fácil porque solo hay que clavar un popote en la tierra para que el crudo brote- de que es mejor vender gasolina y diésel en el mercado interno que exportar petróleo crudo.
Otras petroleras del mundo ganan dinero. Si bien fue un trimestre difícil para todas, en parte porque los precios del crudo fueron muy bajos en enero y febrero, antes de que subieran con la guerra de Irán, la mayoría registraron ganancias en el trimestre: ExxonMobil, 4,200 millones de dólares; Chevron 2,210 millones, BP, 2,400 millones. La brasileña Petrobras hoy ha rebasado ampliamente a Pemex. Su producción total de hidrocarburos, que incluye gas natural, alcanzó 3.23 millones de barriles diarios equivalentes en el primer trimestre de 2026, 16.1 por ciento más que un año antes. La tasa de utilización de sus refinerías fue de 96 por ciento, mientras que la de Pemex promedió 65.2 por ciento según los anexos del informe trimestral. Petrobras no ha dado a conocer todavía sus resultados financieros para el primer trimestre, lo hará el próximo 12 de mayo; pero en 2025 obtuvo ganancias netas por 19,200 millones de dólares.
Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y una de las pocas con pérdidas. Los malos manejos, es cierto, vienen de hace décadas, pero más de siete años de la Cuarta Transformación no han sido suficientes para resolver sus graves problemas. Las razones son claras: la empresa está tomando decisiones equivocadas, como desinvertir en producción de crudo, siempre la parte más rentable de la operación, e invertir en refinación, una actividad en la que los márgenes son pequeños o nulos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirma ahora que la refinación en nuestro país es rentable, pero esto es producto de una mentira contable que se logra entregando el crudo a las refinerías a un precio muy inferior al de mercado. Al final, ni siquiera estos trucos logran borrar las pérdidas de Pemex, una petrolera mal manejada.
· MORENA
La principal responsabilidad de Ariadna Montiel, la nueva presidenta de Morena, será convencer a los electores de que el partido no es guarida de narcopolíticos, a pesar de su defensa de los 10 de Sinaloa, acusados de asociación delictuosa con narcotraficantes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
www.sergiosarmiento.com
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La única salida
No es normal/Viri Ríos
Milenio,
El mensaje de la Presidenta ante el caso Rocha Moya fue impecable. (¿?) Enfatizó lo necesario sin dejar de decir lo obvio. Sheinbaum fue clara en que no dudará en ir en contra de un miembro de su propio partido si la evidencia es fehaciente, pero también clarificó lo que todos sabemos: que EU ha usado, una y otra vez, acusaciones judiciales para influir hostilmente en la política de otros países.
Retirar a Rocha Moya del cargo como gobernador también fue correcto. Tenerlo al mando invitaba a una crisis de relaciones públicas y gobernabilidad.
El dilema ahora consiste en qué sigue: extraditarlo a EU, juzgarlo en México o dejarlo ir.
Extraditarlo no es el camino. Hacerlo mandará una señal de debilidad de la que Trump se aprovechará. Creerá la sensación de que México no puede hacer justicia por sí solo. Y abrirá una posible cacería de brujas hacia otras figuras públicas porque Rocha Moya tendrá incentivos a declarar lo que sea que Trump quiera escuchar con tal de reducir su condena.
La probabilidad de que, si México no extradita a Rocha Moya, EU venga por él, como hizo con Maduro, es muy remota. México no es Venezuela y EU no tiene interés en que la relación bilateral implosione.
Aun en el caso de que sucediera, la acción terminaría favoreciendo a la Presidenta, pues el rechazo nacional hacia EU sería unánime. El mexicano promedio no quiere justicia extraterritorial. El 81% tiene una desfavorable imagen de Trump y el 76% piensa que debemos proteger la soberanía y no permitir que EU se meta, según encuesta de El Financiero.
La única salida real a este embrollo es juzgar a Rocha Moya en México con un proceso auténtico.
Enfatizo auténtico, porque juzgarlo para solo dejarlo ir tampoco es el camino. Ello refrendará la idea de que Morena no tiene interés en luchar contra la corrupción y de que se ha podrido. La mayoría de los votantes de Morena creen que la corrupción debe reducirse y entre los militantes existe un sentimiento similar. El mexicano promedio quiere ver justicia.
Es claro que un ala minoritaria, pero influyente dentro de Morena, cree que juzgarlo sería un error. Su temor es que, de hacerlo, EU continuaría solicitando más y más extradiciones, empujando a que Morena tenga que juzgar a más y más gente, y con ello destrozando la popularidad de Sheinbaum y la capacidad del partido de ganar elecciones.
No puede descartarse que Trump busque destruir a la Presidenta, pero me parece poco probable. México no tiene una oposición real. Desestabilizar al partido en el poder implicaría sumergir a todo el país en una crisis política y de gobernabilidad.
México tiene herramientas para presionar a EU que no ha usado por miedo o cautela. En un momento extremo podrían usarlas y son poderosas.
Más aún, Morena no tendría por qué reaccionar a todas las peticiones de EU por igual. Donde la evidencia sea sólida, se puede proceder; donde no, se pueden dar explicaciones que justifiquen la defensa. El electorado entenderá la injerencia de EU y la rechazará si sucede con demasiada frecuencia.
Lo que EU busca no es destruir a Morena, sino evitar que sea un partido de izquierda. La forma más fácil de lograrlo es que se avale a un candidato presidencial que no lo sea. Es ahí donde deberían prenderse las alertas.
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Poder y delito
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio,
La crisis del gobierno de México tiene muchas caras, pero quizá puedan ceñirse a dos: credibilidad y legitimidad.
El relato del obradorismo, poderoso como fue, vuela por los aires.
Dijeron que querían separar al poder político del poder económico, con lo cual hundieron la economía, y empeoraron la política.
Ahora tienen que separar al poder político del poder criminal, como dice Ana Laura Magaloni, pero no pueden hacerlo, porque son la misma cosa en demasiados gobiernos del país.
El relato y su credibilidad cambiaron de banda. Pasaron, como leí en un tuit, “ de la mafia en el poder a el poder a la mafia” (@cuartodepaz).
La colusión del poder político y del poder criminal en Sinaloa explica cómo y para qué López Obrador fusionó política y delito.
La línea de fondo es electoral. Nunca un gobierno había usado tanto a las redes criminales para robar elecciones, desaparecer candidatos y precandidatos, paralizar opositores, inventar votos y controlar el día de la votación.
¿A cambio de qué? A cambio de protección para los mafiosos, de impunidad y colaboración para sus crímenes, de persecución a sus rivales, de candidaturas para ellos en la contienda y de puestos en el gobierno ganador.
Sin esa mezcla orgánica de política y delito, sin esa participación directa del crimen, las elecciones de 2021 y 2024 habrían sido otra cosa, arrojado otros números, definido otro mapa de ganadores y perdedores.
Tendríamos un poder político cuantitativa y cualitativamente distinto, más ajustado a la voluntad de los ciudadanos, más equilibrado, más democrático.
Y más legítimo.
Esto último es clave. Dada la colusión de poder y delito en las elecciones de 2021 y 2024, habrá que volver a ellas, medir el tamaño del piso criminal inherente a los resultados, y la ilegitimidad de los ganadores.
La fusión de poder y delito no es cosa del pasado. Es nuestro presente. Explica las mayorías que le permitieron a la 4T cambiar leyes fundamentales y poner al país en la antesala de una dictadura constitucional.
La fusión de poder y delito es la vida diaria de muchos gobiernos locales. Es la trama de gobernanza criminal que se ha extendido como una epidemia sobre México.
Es nuestra verdadera tragedia democrática.
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El fiscal de hierro
Cuando la justicia llega de fuera/Javier Coello Trejo
Milenio,
Hay momentos en la vida pública de un país en los que la indignación no es suficiente. México está frente a uno de ellos.
La acusación formulada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, y contra otros servidores públicos y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el grupo de “Los Chapitos”, no puede tratarse solo como un pleito entre gobiernos. Esto es, ante todo, una alarma nacional.
Por supuesto, en un Estado de derecho la presunción de inocencia existe, pero una cosa es exigir pruebas y otra cerrarse a los hechos, de manera automática, y más aún cuando son de tal gravedad.
Cuando un gobernador, un senador, un alcalde y otros diversos “servidores públicos” son señalados de haber protegido operaciones de la delincuencia organizada, ocultado información y permitido el tránsito de narcóticos, la respuesta institucional no puede reducirse a decir que “es un ataque político”.
Lo verdaderamente humillante es ver al gobierno federal, a legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como Gerardo Fernández Noroña, convertir la soberanía nacional en escudo de impunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que no encubrirá a nadie, pero al mismo tiempo exige “pruebas claras” y afirma que, sin ellas, el caso tendría propósito político.
Esa postura, en apariencia prudente, se vuelve peligrosa cuando se constituye como escudo de un aliado, por encima de que las instituciones cumplan con su labor.
La licencia de Rubén Rocha Moya no es una sentencia ni una confesión. Pero sí es un reconocimiento presunto y político de que el asunto rebasó toda normalidad. Si las acusaciones fueran una falsedad, el gobernador habría permanecido en el cargo y habría exigido una investigación más abierta o que le permitieran defenderse adecuadamente.
Al separarse, acepta que el problema es demasiado grande. Y ese peso no solo cae sobre él, sino que cae sobre la clase política que lo protegió, lo defendió y lo presentó durante años como parte de una “transformación” que ha sido, más bien, una cuna de complicidades.
El caso no es aislado. También está la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por una red de huachicol fiscal; muestra otra cara del mismo cáncer, es decir, del vínculo entre el poder político y la delincuencia organizada.
Cuando un alto mando naval mexicano termina capturado fuera del país, con cooperación de autoridades extranjeras, por presuntamente participar en una estructura criminal dedicada al negocio del contrabando de hidrocarburos, queda claro que ya no hablamos de policías municipales corruptos ni de unas cuantas “manzanas podridas”.
México llegó al extremo de necesitar que autoridades estadounidenses y gobiernos de otros países hagan lo que nuestras autoridades debieron hacer primero, investigar sin miedo y sin complicidad.
Nadie sensato celebra la intervención extranjera. Es doloroso, incluso humillante, que la justicia tenga que llegar de fuera. Pero más humillante es que la delincuencia organizada se haga de territorios completos, de instituciones y de voluntades mientras el discurso oficial repite que todo es “politiquería”.
El problema no es Estados Unidos. El problema es que México dejó vacíos que otros ocuparon. El problema es que los cárteles entendieron que no solo necesitaban armas, sicarios y laboratorios; necesitan al poder político. Y cuando la delincuencia organizada compra silencio, compra también vidas, territorios y futuro.
Por eso esta discusión no puede reducirse a Morena contra PRI, PAN o PRD. No se trata de regresar al pasado ni de idealizar a otros partidos. Se trata de entender que quien prometió “transformar” al país, no puede dar protección a delincuentes cuando aparecen señalamientos de esta magnitud.
La corrupción de antes no justifica la corrupción de hoy. La impunidad previa no puede ser pretexto para una impunidad nueva con distinto color.
A los mexicanos nos toca abrir los ojos. La respuesta no es más política, la respuesta está en no premiar a quienes asesinan a nuestra patria mientras piden aplausos. No permitamos que nos convenzan de que exigir justicia es traición a la patria. Traición a la patria es permitir que la delincuencia organizada y la corrupción gobiernen desde dentro.
El estado de Sinaloa merece paz. México merece un rumbo limpio. Y si la justicia mexicana quiere recuperar dignidad, debe demostrar que puede investigar a los poderosos sin esperar la llamada de Washington o de otra capital.
Porque un país que solo investiga cuando lo presionan desde fuera no es soberano, es rehén de sus propias complicidades.
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