El “modelo ético” de Mouriño
Ernesto Villanueva, profesor investigador del IIJ-UNAM
Ernesto Villanueva, profesor investigador del IIJ-UNAM
Revista Proceso, 1637, 16/03/2008;
El escándalo en en que se ha visto envuelto el secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, ofrece varias lecciones que valdría la pena tomar en cuenta para el futuro. Más allá de que se haya afectado sus líneas de flotación como interlocutor para la reforma energética y de que sea blanco de las fobias de Andrés Manuel López Obrador –hecho que en todo caso, no deja de ser un asunto episódico-, lo importante es cómo desde la Presidencia se procesa el control de daños de esta crisis política.
Primero. No se trata solamente de uno más de los dardos de AMLO, sino de un caso que ha permeado en la opinión pública. El secretario de Gobernación ha dicho en los medios que firmó los contratos y que eso no sólo es legal, sino, además, un ejemplo de ética política. ¿No debió observar ese modelo ético el gobernador (Spitzer) de Nueva York, quien “cobardemente” aventó la toalla por mucho menos? Esto, por supuesto, no hubiera pasado jamás en México. Hasta hoy el estadunidense es acusado de haber utilizado prostitutas para satisfacer sus gustos y preferencias. No hay pruebas de nada más. Renunció por esas minucias que en México son el pan de cada día.
El secretario de Gobernación, considerado por algunos precandidato presidencial del PAN, ha ofrecido a la comunidad internacional un nuevo paradigma para resolver el dilema entre los intereses privados y el interés público. Ahora firmar como apoderado legal de una empresa contratista del gobierno y al mismo tiempo ser presidente de la Comisión de Energía del Congreso es una buena práctica.
Algo habría que decir en descargo de Mouriño: Es Alejandro Poiré el director de esta puesta en escena que tiene hundido al secretario de Gobernación. Cosa de recordar: Poiré fue uno de los directores del IFE de Luis Carlos Ugalde, y el primero en correr del barco antes de las elecciones presidenciales. Hoy, reciclado, maneja, define y coordina la estrategia de comunicación política de Mouriño, con los resultados que todo mundo sabe.
Segundo. El problema con el secretario de Gobernación es peor de lo que uno pensaba. ¿No fueron los jesuitas quienes afirmaban que si uno no puede ser casto, debe ser cauto? El señor secretario no sabe que no sabe. En otras palabras, cree en conciencia que el tráfico de influencias y el abuso de poder nada tienen que ver con su caso. Jorge Carpizo, en un texto para un libro en preparación, precisamente sobre moral pública, recuerda que “los niños y los jóvenes continúan viendo, sintiendo y viviendo que poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras son algunas de las coordenadas centrales de la sociedad mexicana. Son los ejemplos que conocen y a eso aspiran: ser un señor con poder y dinero, sin importar cómo se obtuvieron, ya sea en la actividad política, los negocios, el crimen organizado, dirigencias de organizaciones sociales o religiosas. El poder y el dinero –están seguros– traen consigo impunidad, y (a quien los acumule) se le considerará un gran señor”.
Tercero. Es poco menos que imposible que el secretario de Gobernación pueda convencer a la comunidad internacional de que toda la legislación vigente en el mundo democrático ha estado anclada en el error. Que los intereses de la familia son primero. Para su desgracia, la legislación comparada protege valores muy diferentes a los que, convencidos, defienden Mouriño y Poiré. Tal es el caso de la “Ley modelo de establecimiento de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado desempeño de las funciones públicas” de la Organización de Estados Americanos. En la misma dirección se inscribe la Convención Interamericana contra la Corrupción que, para desgracia de Mouriño y Poiré, México ratificó el 27 de mayo de 1997 sin reserva, razón por la cual es norma obligatoria en el país. Por citar sólo dos cuerpos normativos.
¿Cómo hará el doctor Poiré para que el tráfico de influencias y el conflicto de interés se conviertan en una práctica modélica en el mundo del buen hacer ético-jurídico? ¿Cuántos países habrán de reformar sus normas para incorporar estas aportaciones del gobierno mexicano a la comunidad internacional? Y eso no es todo. Al súper asesor de Mouriño se le ocurrió la brillante idea de que sean la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) las que investiguen las “buenas prácticas” del secretario de Gobernación para librarlo de culpa y pecado. ¿Cómo explicarle a quien tiene dos dedos de frente que la PGR y la SFP no son autónomas, ni independientes, sino dependencias cuyos titulares son designados por el presidente de la República, quien, por cierto, ofreció “completo respaldo” a Mouriño? ¿Cómo decir que la PGR y la SFP son instancias que tendrán como único propósito competir para ver quién defiende mejor a Mouriño, y donde lo de menos es el interés público? Todo queda, pues, entre amigos.
El caso Mouriño, visto en positivo, puede representar una oportunidad de oro para legislar sobre conflicto de interés, independencia de la PGR y supresión de la SFP para que nunca más el Ejecutivo federal se vigile a sí mismo y, por el contrario, se fortalezca a la Autoridad Superior de Fiscalización de la Federación. Ello sí sería un aporte del gobierno de Calderón a la democracia en formación de México. Soñar, por supuesto, no cuesta nada. Lo veremos.
El escándalo en en que se ha visto envuelto el secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, ofrece varias lecciones que valdría la pena tomar en cuenta para el futuro. Más allá de que se haya afectado sus líneas de flotación como interlocutor para la reforma energética y de que sea blanco de las fobias de Andrés Manuel López Obrador –hecho que en todo caso, no deja de ser un asunto episódico-, lo importante es cómo desde la Presidencia se procesa el control de daños de esta crisis política.
Primero. No se trata solamente de uno más de los dardos de AMLO, sino de un caso que ha permeado en la opinión pública. El secretario de Gobernación ha dicho en los medios que firmó los contratos y que eso no sólo es legal, sino, además, un ejemplo de ética política. ¿No debió observar ese modelo ético el gobernador (Spitzer) de Nueva York, quien “cobardemente” aventó la toalla por mucho menos? Esto, por supuesto, no hubiera pasado jamás en México. Hasta hoy el estadunidense es acusado de haber utilizado prostitutas para satisfacer sus gustos y preferencias. No hay pruebas de nada más. Renunció por esas minucias que en México son el pan de cada día.
El secretario de Gobernación, considerado por algunos precandidato presidencial del PAN, ha ofrecido a la comunidad internacional un nuevo paradigma para resolver el dilema entre los intereses privados y el interés público. Ahora firmar como apoderado legal de una empresa contratista del gobierno y al mismo tiempo ser presidente de la Comisión de Energía del Congreso es una buena práctica.
Algo habría que decir en descargo de Mouriño: Es Alejandro Poiré el director de esta puesta en escena que tiene hundido al secretario de Gobernación. Cosa de recordar: Poiré fue uno de los directores del IFE de Luis Carlos Ugalde, y el primero en correr del barco antes de las elecciones presidenciales. Hoy, reciclado, maneja, define y coordina la estrategia de comunicación política de Mouriño, con los resultados que todo mundo sabe.
Segundo. El problema con el secretario de Gobernación es peor de lo que uno pensaba. ¿No fueron los jesuitas quienes afirmaban que si uno no puede ser casto, debe ser cauto? El señor secretario no sabe que no sabe. En otras palabras, cree en conciencia que el tráfico de influencias y el abuso de poder nada tienen que ver con su caso. Jorge Carpizo, en un texto para un libro en preparación, precisamente sobre moral pública, recuerda que “los niños y los jóvenes continúan viendo, sintiendo y viviendo que poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras son algunas de las coordenadas centrales de la sociedad mexicana. Son los ejemplos que conocen y a eso aspiran: ser un señor con poder y dinero, sin importar cómo se obtuvieron, ya sea en la actividad política, los negocios, el crimen organizado, dirigencias de organizaciones sociales o religiosas. El poder y el dinero –están seguros– traen consigo impunidad, y (a quien los acumule) se le considerará un gran señor”.
Tercero. Es poco menos que imposible que el secretario de Gobernación pueda convencer a la comunidad internacional de que toda la legislación vigente en el mundo democrático ha estado anclada en el error. Que los intereses de la familia son primero. Para su desgracia, la legislación comparada protege valores muy diferentes a los que, convencidos, defienden Mouriño y Poiré. Tal es el caso de la “Ley modelo de establecimiento de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado desempeño de las funciones públicas” de la Organización de Estados Americanos. En la misma dirección se inscribe la Convención Interamericana contra la Corrupción que, para desgracia de Mouriño y Poiré, México ratificó el 27 de mayo de 1997 sin reserva, razón por la cual es norma obligatoria en el país. Por citar sólo dos cuerpos normativos.
¿Cómo hará el doctor Poiré para que el tráfico de influencias y el conflicto de interés se conviertan en una práctica modélica en el mundo del buen hacer ético-jurídico? ¿Cuántos países habrán de reformar sus normas para incorporar estas aportaciones del gobierno mexicano a la comunidad internacional? Y eso no es todo. Al súper asesor de Mouriño se le ocurrió la brillante idea de que sean la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) las que investiguen las “buenas prácticas” del secretario de Gobernación para librarlo de culpa y pecado. ¿Cómo explicarle a quien tiene dos dedos de frente que la PGR y la SFP no son autónomas, ni independientes, sino dependencias cuyos titulares son designados por el presidente de la República, quien, por cierto, ofreció “completo respaldo” a Mouriño? ¿Cómo decir que la PGR y la SFP son instancias que tendrán como único propósito competir para ver quién defiende mejor a Mouriño, y donde lo de menos es el interés público? Todo queda, pues, entre amigos.
El caso Mouriño, visto en positivo, puede representar una oportunidad de oro para legislar sobre conflicto de interés, independencia de la PGR y supresión de la SFP para que nunca más el Ejecutivo federal se vigile a sí mismo y, por el contrario, se fortalezca a la Autoridad Superior de Fiscalización de la Federación. Ello sí sería un aporte del gobierno de Calderón a la democracia en formación de México. Soñar, por supuesto, no cuesta nada. Lo veremos.
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