Derechos humanos en el actual gobierno

Columna PLAZA PÚBLICA/Migue Angel Granados Chapa

Desde dónde ver los derechos humanos
Publicado en Reforma, (706/2008;

Aunque se ha tratado de cerrar el caso de Ernestina Ascensio, la solicitud que un particular ha hecho de ese expediente dejará información del giro que tuvieron las indagatorias de esa muerteQuizá el diferendo entre México y Estados Unidos sobre las condiciones que acompañan al financiamiento de la Iniciativa Mérida sea resuelto mediante una acción bilateral que establezca un modo de supervisar el respeto a los derechos humanos en el combate al narcotráfico (si tal es la intención honesta de los condicionadores, y no la de obtener información y lograr control sobre la fuerza pública mexicana). El gobierno federal y la Comisión Permanente del Congreso rechazaron que el escrutinio se monte de manera unilateral, de donde se infiere que lo aceptarían si lo establecen las dos partes involucradas, como corresponde a un mecanismo que reclama la voluntad y el trabajo de dos gobiernos.

Si no fuera dicha unilateralidad la principal objeción a las condiciones del Congreso norteamericano, estaríamos caminando en reversa hacia la etapa en que el falso nacionalismo del gobierno autoritario priista se parapetaba en la soberanía para impedir el examen de los derechos humanos en nuestro país, practicado desde fuera. Varios signos preocupantes muestran que la actual administración panista se empeña en esa vuelta atrás. Por lo menos algunos de sus integrantes muestran una exacerbada sensibilidad ante la crítica llegada de más allá de las fronteras, demasiado semejante a la que caracterizó a los gobiernos que tendieron una "cortina de nopal" para que nadie atestiguara sus desmanes.

Hace algunas semanas, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, recibió incómodo a una misión internacional que le expuso casos de asedio y muerte a periodistas. El ex parlamentario distinguido, ex consejero jurídico de la Presidencia manifestó impaciencias impropias de su cargo en la conversación con sus visitantes y se permitió espetar una acusación a Aleida Calleja, que participaba en el grupo que requería conocer la opinión gubernamental mexicana sobre los casos expuestos. Descalificó a la vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, al llamarla "enemiga", de su gobierno o del Estado. El denuesto es grave de suyo, y lo es más proviniendo de una autoridad ministerial, que habló sin fundamento, como deberían tenerlo observaciones de ese alcance y magnitud. Más recientemente, Cecilia Romero, directora del Instituto Nacional de Migración, igualmente ameritada como congresista pero menos eficaz en su tarea administrativa, desestimó con ligereza un reporte de Jorge Bustamante, relator especial de la ONU sobre derechos de los migrantes y el mayor conocedor de la migración hacia Estados Unidos. Bustamante hizo notar el pésimo trato asestado a los centroamericanos que entran en México sin papeles, no menos cruel y vejatorio que el sufrido por los mexicanos que hacen lo mismo en territorio norteamericano. Se refirió en particular al pésimo estado y funcionamiento de las estaciones migratorias donde son recluidas las infortunadas personas detenidas en México sin derecho a estar aquí. La directora del INM desestimó el juicio de Bustamante asegurando que se basaba en casos aislados, ignorante de que el rigor profesional del relator y la conciencia de su responsabilidad como tal le impedirían improvisar observaciones sobre esa materia de su interés.

En tono también semejante al de sus predecesores priistas, el gobierno de Calderón recibe de mala gana los reportes de organizaciones civiles que reprochan el incumpliendo de reglas internacionales sobre derechos humanos y la dejadez con que se abordan los temas respectivos. Por ejemplo, hace ya año y medio que comenzó la actual administración y no se ha elaborado el Programa Nacional de Derechos Humanos que debió seguir al Plan Nacional de Desarrollo, omisión que denota más una actitud ante esos derechos que una negligencia.

La desdeñosa actitud gubernamental, magnificada por medios de comunicación y periodistas que pretenden ocultar su vocación autoritaria tras sarcasmos y burletas, ignora que una virtud de los reportes foráneos sobre derechos humanos es que actualizan casos que, de otro modo y en vista del tráfago de los acontecimientos cotidianos, se perderían en el olvido, a lo que aspira el cinismo social que avanza en México y que hace aceptables sucesos que a una conciencia colectiva mejor pertrechada le resultarían inadmisibles.

Por ejemplo, en el informe de Amnistía Internacional relativo al año pasado (de alcance mundial y con apartados nacionales) se hace una mención escueta al caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, un triste e indignante suceso que se intenta dar por cerrado no obstante que judicialmente nunca se abrió y algunas de cuyas derivaciones están en curso, o de cuya conclusión no se ha informado.Durante casi dos semanas, de fines de febrero al 9 de marzo de 2007, la muerte de aquella anciana, pobre, indígena, fue investigada como si fuera un asesinato que incluyó violencia sexual, y cuyos perpetradores podrían haber sido militares acantonados en el municipio veracruzano de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica. Se abrieron dos averiguaciones previas en ese sentido, una a cargo del Ministerio Público local y otra en el ámbito de la Procuraduría de Justicia Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la misma dirección se iniciaron las indagaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, un inopinado diagnóstico del presidente Felipe Calderón formulado el 12 de marzo imprimió al caso un giro radical. Sin que el caso le concerniera directamente, y con la notoria intención de apartar la mirada pública del Ejército a cuyos miembros se involucraba en el atentado, determinó que la señora Ernestina había muerto de gastritis crónica mal atendida. Esa afirmación fue el criterio rector de las investigaciones de la CNDH pero no de las procuradurías concernidas. La de Veracruz llevó adelante la averiguación previa por homicidio durante todo marzo y abril. Al final de ese mes, súbitamente adoptó el criterio de la CNDH, consecuente con el dictamen presidencial, de que no había una víctima de traumatismos letales sino una muerte por causas médicas agravadas por la edad y la pobreza. Por lo tanto, con celeridad contrastante con el ritmo procedimental seguido hasta entonces, la Procuraduría de Veracruz concluyó que no había delito, no habría por lo tanto acción penal que instaurar y que el expediente debía ser archivado.

No satisfecha con ese logro, al emitir meses más tarde sus recomendaciones sobre el caso, la CNDH embatió contra el personal ministerial que produjo la información inicial, la que daba cuenta de un ataque brutal a la señora Ernestina. Para garantizar la impunidad de quienes la agredieron hasta matarla, ahora el blanco de la acción ministerial son 13 funcionarios de la Procuraduría de Justicia que pueden ser procesados sólo por haber realizado su trabajo con atingencia, y no con los errores y omisiones que les imputa la CNDH. Es de hacer notar la convicción ética de los médicos legistas María Catalina Rodríguez Rosas, Pablo Mendizábal Pérez e Ignacio Gutiérrez Vázquez, que sostienen lo dicho en los documentos que signaron y describen las condiciones del cuerpo de la víctima. Lo hacen a sabiendas de que están en riesgo de ir a la cárcel.La opinión pública podrá pronto contar con nuevos elementos de juicio sobre el caso porque se ha ordenado entregar el expediente respectivo a un particular que lo solicitó a la Procuraduría veracruzana. A pesar de que el caso está archivado, y no pesa sobre su contenido la reserva que se aplica a los asuntos en curso, esa dependencia rehusó atender al solicitante, que acudió al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Aunque en atención a la confidencialidad de los datos personales se ordenó preparar una versión pública del expediente, la Procuraduría fue obligada por el IVAI a satisfacer la solicitud. Cuando se conozca dicha versión será posible precisar documentalmente las causas del giro copernicano que la conveniencia política del gobernador Fidel Herrera obligó a dar a su procurador.

También está abierto el caso de la señora Ernestina porque no se ha hecho público el resultado de la aceptación que hizo la Sedena de la recomendación de la CNDH y que debe incluir noticia sobre la actuación de la Procuraduría militar y sobre las veleidades de la respectiva información castrense. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com